Estamos despidiendo el año 2014, un año importante para nuestro país en materia de telecomunicaciones, porque esta ley representa la apertura de la competencia en el sector, pero también puede ser la que ponga en riesgo la libertad de expresión en México y promueva de forma indirecta la censura de periodistas, blogueros, ciber activistas, y usuarios de redes sociales en internet.
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión logró despertar un amplio debate nacional, desde su génesis un año antes con las reformas constitucionales, a través de las que se visualizaba un México comprometido con el sistema democrático, sin embargo nos pusieron una trampa con el contenido de los artículos 189 y 190 de la citada norma.
Esto porque el tema de rastreabilidad y acceso a datos personales de los usuarios de telecomunicaciones serán efectivos a partir de enero, induciendo de forma indirecta a la censura y censura previa, porque “Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: 1. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable”. (El subrayado es propio)
Otorgar este poder a las instancias de procuración de justicia y seguridad es riesgoso porque las instituciones podrían abusar de esta facultad, sobre todo considerando el escenario adverso de la política y el reclamo social hacia el presidente Enrique Peña Nieto. Y es que estos instrumentos legales pueden ser utilizados para callar voces.
Organizaciones y activistas de derechos humanos promovieron amparos y han advertido del riesgo que supone la entrada en vigor de este punto de la Ley Telecom, toda vez que vulnera otros derechos humanos a parte de la libertad de expresión.
En México, 2014 se caracterizó por el hartazgo social generalizado hacia la ejecución del poder, tanto las calles como la red de internet han sido los espacios para manifestar el descontento del sistema de gobierno y político del país.
Este año cierra con nuevas batallas que pelear, y es que un Estado que no apuesta por el respeto a los derechos humanos condena a su población a continuar en la marginación, pobreza y subdesarrollo.