Sobre el horizonte de la normativa de protección de datos en Honduras

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Por Daniel A. López Carballo

A principios de 2014 comenzaba la socialización de la propuesta de texto del “Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data” en Honduras, que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) elaboró con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Honduras avanza en este ámbito con un texto adaptado a las nuevas tendencias normativas, buscando una protección efectiva de la intimidad de las personas, de su derecho al honor, la propia imagen y la privacidad.

Aunque la Constitución de 1982 recoge en sus artículos 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y de Habeas Data”, quedaba pendiente un desarrollo normativo propio en materia de protección de datos, siguiendo la tendencia del resto de países iberoamericanos y su acción legislativa.

Cada vez son más los países que han desarrollado normas específicas sobre esta rama del derecho (México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Uruguay, entre otros), una tendencia avalada por la propia Organización de Estados Americanos, que apuesta por una unificación de criterios normativos y  de seguridad respecto al tratamiento de datos personales. En este mapa normativo internacional, el Instituto de Acceso a la Información Pública, da un paso más, proponiendo una regulación específica de este derecho.

Según se hacían eco los medios hondureños, para Doris Imelda Madrid, Comisionada Presidenta del Instituto hondureño, con la futura norma, “lo que se va a regular y buscar es el equilibrio de quienes manejen bases de datos públicos y privados tengan un control, una protección de esa información que manejan, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas, la Empresa Nacional de Energía, las compañías telefónicas y otras. Nadie quiere que se sepa nuestra información, porque es parte de nuestra intimidad”.

La propuesta de Anteproyecto se ha elaborado tomando como base la Resolución 45/95 Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computarizados de Datos Personales, la Directiva Europea 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como los diferentes documentos elaborados en el seno de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en concreto la Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares Internacionales para la Protección de la Privacidad y de los Datos de Carácter Personal. Además, se han tenido en cuenta los estándares internacionales en materia de protección de datos, así como el análisis de normas comparadas (Colombia, Costa Rica, España, México y Uruguay).

Aunque en posteriores artículos seguiremos desgranando el contenido concreto del Anteproyecto, analizando su tramitación, opiniones e influencia en la sociedad hondureña, así como las modificaciones que se puedan ir produciendo, a continuación reseñamos algunas ideas fuerzas del texto elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública elaboró con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en enero de 2014.

Se reconoce el derecho fundamental de las personas a su intimidad, a su honra y al reconocimiento de su dignidad, a que nadie sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia, ni ataques a su reputación, así como el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

La futura norma sería de aplicación a los datos personales registrados en bases de datos automatizadas o manuales, de organizaciones del sector público y privado, excluyendo las bases de datos mantenidas por personas naturales en el ejercicio de actividades personales o domésticas, las que tengan por objeto la seguridad pública, defensa, seguridad del Estado, materia penal e investigación de delitos, así como al creadas por leyes especiales y los archivos y datos de información periodística.

Aquellos que estén obligados a su cumplimiento deberán garantizar el pleno derecho y efectivo ejercicio del derecho fundamental de protección de datos, informar sobre la finalidad de la recolección y derechos, así como cumplir con las obligaciones relativas al aviso de privacidad, conservar la información bajo condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. El tratamiento de datos deberá regirse por los principios de lealtad y legalidad, exactitud finalidad, acceso a la información, consentimiento, no discriminación, seguridad y responsabilidad.

Así mismo, en la propuesta, se reconoce el derecho de las personas frente a la recolección de sus datos, debiendo ser informado, previamente de forma expresa, precisa e inequívoca mediante un aviso de privacidad, que deberá contener, al menos, la identidad y domicilio del Responsable que recoge los datos, las finalidad del tratamiento y posibles destinatarios, las opciones y medios que Responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, las consecuencia de proporcionar datos u de la negativa de hacerlo o su inexactitud, las transferencias de datos que pudieran realizarse, los medios para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, eliminación u oposición. En este sentido, al igual que ocurre en otros artículos del texto, encontramos influencias de otras normas, como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo referente al derecho de información en la recogida de los datos (artículo 5 de la norma española).

Se establecen excepciones cuando los datos provengan de fuentes públicas de información, tales como registros o publicaciones en medios masivos de comunicación; cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias del Estado o en virtud de una obligación legal; se trate de listados cuyos datos se limiten en el caso de personas naturales a nombres y apellidos, documento de identidad, nacionalidad, domicilio y fecha de nacimiento; deriven de una relación contractual, científica o profesional del Titular de los datos y sean necesario para su desarrollo o cumplimiento; se realice por personas naturales o jurídicas, privadas o públicas su uso exclusivo personal o doméstico.

Al igual que ocurre con otras normas sobre protección de datos en las diferentes legislaciones nacionales, se reconocen cuatro derechos a las personas sobre sus datos: acceso, rectificación, eliminación y oposición; además del derecho referente a la transferencia de datos y el derecho de indemnización.

Las entidades y sujetos obligados por la futura norma, deberán implementar un manual de políticas y procedimientos e informar al Instituto de Acceso e Información Pública cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información, cumpliendo con las instrucciones y requerimientos del Instituto.

El Responsable del Tratamiento deberá adoptar las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En este sentido, no se podrán registrar datos en bases de datos que no reúnan las condiciones que garanticen dicha seguridad, y que no cuenten con mecanismos de seguridad física y lógica.

El Manual de políticas y procedimientos nace como un compromiso vivo, que deberá ser implementado por aquellos que tengan funciones de recolección, almacenamiento, y manejo de los datos personales. Para ser válido, deberá ser inscrito, así como sus modificaciones ante el Instituto de Acceso e Información Pública. Este concepto conlleva un mayor compromiso del Responsable del Tratamiento, así como la posibilidad de un mayor seguimiento por parte de la Administración, aportando mayores garantías de transparencia a los propios ciudadanos sobre el tratamiento de sus datos.

En el texto de la propuesta de Anteproyecto, se establecen categorías especiales de datos, entre los que se incluye los datos sensibles, como aquella información que revele el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, así como los relativos a la salud, vida sexual y datos biométricos entre otros. Fijándose, además, criterios sobre el tratamiento de datos relativos a las telecomunicaciones y los relativos a bases de datos con fines publicitarios.

El Anteproyecto elaborado por el Instituto hondureño, se completa con la regulación de las Transferencias de datos, haciendo especial hincapié en el consentimiento de las personas; los requisitos para la creación de bases de datos del Sector Público y del Sector Privado; disposiciones especiales aplicables a determinados ámbitos; el establecimiento de mecanismos de vigilancia y control, la tipificación de infracciones así como el régimen sancionador aplicable (junto con las sanciones administrativas se reconoce el derecho de indemnización cuando el titular de los datos considere que ha sufrido daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia de incumplimiento legal, pudiendo ejercitar los derechos pertinentes para obtener la indemnización que proceda); así como el posible establecimiento de cánones, tanto para la regularización y administración de las bases de datos, la comercialización de consulta (un concepto que ya se viene aplicando por otras Instituciones europeas como  la Comissão Nacional de Protecção de Dados de Portugal).

Por último el Título X del Anteproyecto, aporta luz y clarifica lo dispuesto en la propia Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional hondureña, proponiendo “un esquema procesal para interponer el recurso de Hábeas Data” que complemente la citada normativa, previa modificación de la Carta Magna hondureña y la Ley Sobre Justicia Constitucional, elevando la protección y garantizando los derechos de las personas sobre sus datos, su privacidad y su honor

Con el texto elaborado en enero de 2014 se inició el camino para aprobar una norma que aportará seguridad jurídica tanto a los ciudadanos hondureños sobre el tratamiento de sus datos, como a las propias empresas e instituciones que traten dichos datos, tanto en el territorio nacional como en terceros países. Tras el proceso de socialización y mejora, el propio Instituto de Acceso a la Información Pública, tendría la intención de que la propuesta se pudiera enviar al Congreso Nacional a través del mecanismo de iniciativa ciudadana en el 2015, según informaba el propio Instituto a través de su página web.

La futura aprobación y adopción de una norma de estas características no es un asunto baladí, como iremos analizando en posteriores artículos, el clima de seguridad y transparencia que se genere tendrá una clara incidencia en la propia economía nacional, la generación de confianza en los usuarios e inversores, en el establecimiento de empresas en tierras catrachas, así como la expansión de las propias hondureñas. Un gran paso que evidencia, más si cabe, el importante momento de cambio y modernización que está llevándose a cabo en nuestra querida Honduras.

Artículo publicado originariamente por el autor en el Diario El Heraldo.

El secreto médico en Honduras y la protección de la privacidad de las personas

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Por Daniel A. López Carballo

A raíz de la noticia publicada en el Diario El Heraldo de Honduras, “Médico interno se luce en Facebook con foto de parturienta”, es bueno hacer unas consideraciones sobre la situación del secreto profesional y su regulación en Honduras.

El Diario informaba que “un médico interno subió a su muro de Facebook una imagen en la que aparece junto a una mujer en trabajo de parto en el hospital Santa Teresa, en Comayagua, región central de Honduras. La publicación, que violenta el derecho a la privacidad de la paciente, fue denunciada a ElHeraldo.hn por un ciudadano que se mostró indignado por la acción”.

“Él la tomó como que si nada pasara y orgulloso de eso, sin tener la autorización de la paciente. Realmente en medicina eso es un delito, porque viola la privacidad de la paciente”, afirmaba el denunciante al Diario.

Días después el futuro médico lamentaba la ofensa que provocara la fotografía y explicó que todo se debió a un error involuntario.

“Hago público mis disculpas por la fotografía a quienes muchos les repudió. La verdad no fue en mala fe que lo hice. Lo siento por los ofendidos, la quise privatizar y por cuestiones técnicas no lo logré”, expresó a través de un mensaje en la red social Facebook, donde se originó la primera publicación.

Es importante recordar que el Código de Ética del Colegio Médico de Honduras, tomando la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras en el Capitulo I, Artículo 3, inciso c), le confiere al mismo “una función ética, cual es, la de mantener incólume la integridad de la moral profesional y el prestigio del gremio que la sustenta”; y en el artículo 6 establece los entre sus fines aplicar y propender reformas a las normas de ética profesional; en su artículo 14 al referirse al secreto medico afirma que “se entiende por secreto médico al acto de salvaguardar la información que por razón del ejercicio profesional, llegue al conocimiento del médico en la relación médico paciente y su contexto, ya sea porque le fue confiada, o porque la observó o la intuyó. Esta información no debe ser compartida salvo previo consentimiento del paciente, por daño al mismo o a terceros”.

En su artículo 16 prosigue que “el médico tiene el deber de exigir a su equipo de trabajo absoluta discreción y observación escrupulosa del secreto médico” y en el 18 “cuando se emplean sistemas de informática médica, estos no deben comprometer el derecho del paciente a la intimidad, sin su consentimiento.

El Reglamento de Sanciones del Colegio Médico de Honduras establece en su artículo 43 que el secreto es un deber inherente a la profesión misma que exige el interés público, la seguridad de los enfermos, la honra a la familia, la responsabilidad del médico y la dignidad del arte, estableciendo una sanción en caso de violación del mismo de mil lempiras la primera vez y suspensión del ejercicio profesional hasta por tres meses en caso de reincidencia.

Es la propia Constitución de la República de Honduras garantiza en su artículo 76 el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen; como derecho fundamental de las personas, que debe ser salvaguardado y protegido, más aún por determinadas profesiones como la medicina, donde se tratan los aspectos más íntimos y personales de las personas, debe recordarse para terminar que cuando se apruebe y entre en vigor la futura ley de protección de datos hondureña, a las sanciones expuestas, habrá que unir el derecho a indemnización y mayor sanciones para quien quebrante el secreto profesional y el derecho a la intimidad de las personas.

Tratamiento de Datos Personales y Habeas Data en la Legislación Hondureña

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Por Daniel A. López Carballo

La Constitución del Estado Centroamericano de Honduras de 1982, recoge en su artículo 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y de Habeas Data”.

En consecuencia en el Habeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Habeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la manera siguiente: (…) 2. El Habeas Data: Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y-o enmendarla. Las acciones de Habeas Corpus y Habeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libres de costas. Únicamente conocerá de la garantía del Habeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad y a la seguridad personal. En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir estas acciones constitucionales, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.

Del tenor literal del citado precepto constitucional se eleva a rango constitucional el Habeas Data como garantía constitucional exhibitoria de datos de la persona humana y de sus bienes, pudiendo ser promovida únicamente por la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados; a la que se le reconocen los derechos de de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica española, al establecer que si fuere necesario, podrán actualizar, rectificarla y-o enmendar la citada información; tal y como se desprende del Decreto Legislativo N° 381-2005, mediante el que se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de Honduras, donde se reconoce la garantía del Habeas Data: “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.”

La acción de Habeas Data se constituye por tanto en un mecanismo procedimental de aplicación inmediata por las autoridades jurisdiccionales hondureñas, encaminada a hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. La Constitución hondureña al hacer un listado cerrado de supuestos, descarta la posibilidad que en otra clase de derechos y libertades constitucionales pueda ser posible utilizar este mecanismo procesal.

En el mismo sentido, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoce la garantía de Habeas Data, regulando en los artículos siguientes la sistematización de los archivos personales y su acceso y prohibición de entrega de documentación afirmándose que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas. Sobre la sistematización de la información, la citada Ley establece que los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los Derechos Humanos por sí o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS EN HONDURAS.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto número 170-2006) de la República de Honduras, garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública que de ellos tiene la Administración Pública y los diferentes organismos que la componen, en este sentido eleva el derecho a la información a cuestión de orden público e interés social.

Dentro de sus objetivos, recogidos en el artículo 2 de la Ley, se encuentran, garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; promover la utilización eficiente de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares, garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos de información clasificada como reservada por las entidades públicas conforme a esta ley, información entregada al Estado por los particulares, en carácter de confidencialidad y los datos personales confidenciales, entre otras.

La Ley obliga a los tres poderes, así como a las instituciones autónomas, las municipalidades y demás órganos e instituciones del Estado, la Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Privadas de Desarrollo y a aquellas personas físicas o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, nacionalidad. Para su cumplimiento las entidades obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, así como la prestación de un servicio de consulta y acceso por las personas, designando un Oficial de Información Pública como responsable de dichos subsistemas, formando en el espíritu de la Ley a los empleados y personas que accedan a la información o la traten por razón de su trabajo.

Se entiende por dato personal confidencial, aquellos relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número de teléfono particular, dirección electrónica particular, participación o afiliación a una organización política o ideológica, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal familiar o la propia imagen.

Se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, capacidad de decisión y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información, así como regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas.

El IAIP cuenta entre sus funciones el conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos en el marco de la citada ley, apoyar las acciones del Archivo Nacional en materia de formación y protección de los fondos documentales, establecer criterios y recomendaciones sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información, aplicar la potestad sancionadora marcada en la Ley entre otros.

En su Capítulo V la Ley trata sobre los datos personales y el habeas data, reconociendo esta última garantía y la prohibición de entrega de información cuando pueda conllevar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales a las personas. El acceso a los datos personales sólo se podrá realizar por orden judicial o a petición del propio interesado, representantes o sucesores.

La Ley recoge un sistema de infracciones entre las que se encuentran no proporcionar de oficio o negarse a facilitar la información pública en el tiempo estipulado u obstaculizar su acceso; copiar, captar, divulgar o comercializar la información reservada; eliminar o alterar la información pública o reservada sin seguir los procedimientos de depuración establecidos; negarse a rectificar, actualizar o eliminar información falsa referente a datos personales confidenciales contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las organizaciones e instituciones obligadas por la ley. Sin perjuicio a la responsabilidad civil derivada de las infracciones reseñadas, se establece un sistema de sanciones que incluyen, la amonestación por escrito, suspensión, multa, cese o despido y, multas entre medio salario hasta cincuenta salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Cuando la infracción sea constitutiva de delito, será sancionada conforme a lo recogido en la legislación penal hondureña, relativa a los delitos contra la Administración Pública.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y HABEAS DATA EN HONDURAS.

La citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras crea en su Capítulo III el Sistema Nacional de Información Pública, cuyo propósito es integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a la información de carácter público mediante los diferentes subsistemas de información ya existentes, que deberán integrarse en formatos uniformes, establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado.

Las instituciones obligadas deben difundir de oficio y actualizar periódicamente, informáticamente, la información relativa a su estructura orgánica, funciones y atribuciones, servicios que presta, así como tasas derechos y procedimientos; la normativa aplicable; sus políticas generales; planes, programas y proyectos; la información catastral que posean y su vinculación al Registro de la Propiedad Inmueble; los Registros públicos de cualquier naturaleza; las remuneraciones, presupuestos, contrataciones concesiones y otras operaciones de carácter mercantil, el nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública, entre otros.

El Congreso Nacional publicará las resoluciones que resulten de las mociones y decretos que se aprueben; las iniciativas legislativas y correspondientes dictámenes. Por su parte el Poder Judicial deberá dar publicación a las sentencias judiciales firmes que hayan causado estado o ejecutoria, sin perjuicio al derecho de las partes a oponerse a dicha publicación. El Tribunal Superior de Cuentas publicará los informes definitivos de las intervenciones fiscalizadoras practicadas, así como las resoluciones firmes de dicho organismo.

Por último deberá ser pública la información relativa a la actividad de las empresas privadas que suministren bienes y servicios públicos con carácter de exclusividad o que celebren contratos financiados con recursos y fondos del Estado.

La información de carácter público deberá facilitarse al solicitante que será responsable del uso y divulgación de la misma. El ejercicio de acceso a la información se verá restringido cuando lo establezca la propia Constitución hondureña; se reconozca como información reservada o confidencial o para desvelar fuentes periodísticas o cuando esta sea base de investigaciones que hayan sido debidamente publicadas o que obren en medios de comunicación.

Tendrán consideración de materia reservada aquella que afecte a la seguridad del Estado, a la vida seguridad y salud de cualquier persona o intereses legitimantes tutelados judicialmente o por la propia garantía del Habeas Data, entre otros tasado por la citada Ley.

La solicitud de acceso a la información pública se realizará por escrito, indicándose los detalles específicos de la información solicitada, no siendo precisa motivación alguna. La solicitud será resuelta en el plazo de diez días. En el caso del ámbito periodístico las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las expuestas anteriormente u otras que pudieran derivarse de otras leyes de la República.

En todo caso, será de aplicación directa la garantía constitucional del habeas data, en aras a una mejor trazabilidad y protección de los datos de carácter personal, del derecho al honor y a la propia imagen. Así como el ejercicio de los diferentes derechos que componen la garantía recogida en la Constitución de la República: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición a una determinada publicación tal y como ha sido reseñado anteriormente.

INFORMACIÓN CREDITICIA Y HABEAS DATA FINANCIERO EN HONDURAS.

La Ley de Justicia Constitucional de Honduras, bajo el Capítulo II “De la acción de exhibición personal y de habeas data”, en su artículo 13 reconoce que “El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o exhibición personal, y de habeas data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el habeas data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: (…) 2.) El Habeas Data. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. Únicamente conocerá de la garantía de habeas data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.”

En este sentido y para garantizar un correcto tratamiento de la información, para garantizar el derecho a la privacidad, intimidad y el honor de las personas, así como mantener los datos personales actualizados, las personas que se aparecen en el listado de morosidad de la Central de Información Crediticia hondureña, sin que medie justificación, pueden invocar el llamado “habeas data financiero”, mediante el cual se reconoce el derecho personal de modificación o rectificación de información incorrecta o falsa.

Cabe recordar que la garantía del habeas data facilita el acceso a la información; impedir su transmisión o divulgación; rectificar datos inexactos o erróneos; actualizar información, exigir confidencialidad y la eliminación de información falsa; respecto de cualquier archivo o registro, privado o público, que conste en medios convencionales, electrónicos o informáticos, que produzcan daño al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Esta garantía implica además, conocer quien está reportando los datos a la Central de Información Crediticia y el derecho a recibir el finiquito de pago de su obligación en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Para José Luis Moncada, Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros las modificaciones citadas deben ser ejecutadas por las instituciones del sistema financiero, instituciones de seguros, oficinas de representación de instituciones financieras del exterior, organizaciones privadas de desarrollo que se dedican a actividades financieras, así como emisoras de tarjetas de crédito, fondos públicos y privados de pensiones, instituciones de crédito de segundo piso, bolsas de valores sobre los financiamientos que obtengan en bolsa las entidades emisoras de títulos, entre otros, según informaba en 2009 el diario hondureño El Heraldo, momento en que entró en funcionamiento esta garantía financiera de los ciudadanos. El Presidente de la Comisión Nacional afirmaba en relación a la cancelación de los datos que “Si el deudor no cancela la obligación se mantendrá por cinco años, pero si la cancela solo se mantendrá por tres años”.

La acción del habeas data conlleva, conforme a su definición legal, el derecho de acceso, es decir conocer sobre el contenido de la información que a él se refiere, cuando ésta se encuentra registrada en un banco de datos, sea manual, electrónico o informatizado; el derecho de rectificación o actualización de los datos, buscando una mayor veracidad y precisión de la información; el derecho de supresión, eliminado los datos erróneos, falsos o discriminatorios que afecten la verdad; así como el derecho que tienen las personas a que se guarde la debida confidencialidad sobre la información especialmente protegida, que sobre él se tenga.

Se debe hacer referencia, por último, al principio de finalidad en el tratamiento de los datos de los usuarios, la propia Comisión Nacional, a través de su página web reconoce el derecho de las personas a que “la información proporcionada a las instituciones supervisadas sea utilizada y administrada exclusivamente en relación a los fines para los cuales se suministró. Salvo cuando dicha información deba proporcionarse en atención a un mandato judicial o en cumplimiento a una disposición contenida en el marco legal aplicable”.

Publicado por el autor en la Tribuna de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data en Honduras

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Por Daniel A. López Carballo

En un año crucial en el desarrollo de la normativa de protección de datos en Iberoamérica, Honduras avanza en este campo tan necesario y en ocasiones desconocido por las personas. Según se hacía eco el Heraldo el pasado 5 de mayo “El estado de Honduras se dispone a contar con una Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data. Esta ley que será introducida al Congreso Nacional en los próximos días tiene la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales del individuo, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas”.

La futura Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública hondureño, recoge las directrices de la Resolución 45/95, la Directiva Europea 95/46/CE, así como los diferentes documentos elaborados en el seno de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Cabe resaltar que la ley será de aplicación a los datos personales registrados en bases de datos automatizadas o manuales, de organizaciones del sector público y privado, excluyendo las bases de datos mantenidas por personas naturales en el ejercicio de actividades personales o domésticas, las que tengan por objeto la seguridad pública, defensa, seguridad del Estado, materia penal e investigación de delitos, así como las creadas por leyes especiales y los archivos y datos de información periodística.

El texto de la futura Ley, que iremos analizando en posteriores entradas, es sin duda novedoso y evolucionado, con respecto a otras normas en la misma materia, dota de contenidos y eficacia al Manual de seguridad, que al ser depositado en el Instituto, garantizará la observancia de las medidas en el recogidas, objetivizando su cumplimiento, y permitiendo a la institución velar por el derecho de las personas sobre sus datos y su privacidad.

Aunque el camino sólo acaba de iniciarse y queda seguir su tramitación y posterior desarrollo reglamentario, una vez leído y analizado el texto del Anteproyecto sí podemos destacar que es una norma avanzada que plasma una evolución de la responsabilidad de los Encargados de Ficheros, que incluye alguno de los aspectos que las nuevas normas (iberoamericanas y europeas) están contemplando. Este será sin duda, un año importante en materia de protección de datos, a los últimos acontecimientos internacionales (NetMundial en Brasil, Sentencia del caso Google en Europa, seguridad y confidencialidad en Internet), se unen desarrollos normativos que conoceremos en los próximos meses, donde países otros países como Ecuador iniciarán la tramitación de normas especiales.

Internet sin duda ha revolucionado la forma en que nos comunicamos y operamos acerca a personas de diferentes ubicaciones, facilita las relaciones empresariales y, cada vez más, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería nos permiten compartir información personal en tiempo real (fotografías, ubicaciones, opiniones). Esta nueva forma de relacionarse, beneficiosa sin duda, hace que nuestra información viaje a gran velocidad a través de la red, que otros conozcan, casi al mismo tiempo, lo que hacemos, también posibilita que otras personas utilicen nuestros datos e información con otros fines (delitos informáticos, conocer cuando no estamos en casa, estafas, entre otros), lo que debe implicar unas mayores medidas de seguridad y un marco jurídico que garantice la seguridad y mecanismos de defensa de las personas.

Si la normativa es necesaria, se debe recordar que la mejor seguridad es la prevención por uno mismo, saber dónde remitimos datos, dónde compartimos información o fotografías, quién puede acceder a nuestros perfiles.

Honduras avanza con paso firme en materia de protección de datos, una medida que beneficiará a las personas, a las empresas y -cómo no- a la economía del país, siendo referente en el ámbito internacional con los nuevos desarrollos que se comienzan a tramitar.

La protección de la voluntad soberana, elecciones presidenciales y protección de datos

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Por Belkis Jovinexa Laínez

El 24 de Noviembre del 2013, los Hondureños acudieron mañaneramente como cada cuatro años, a ser partícipes y actores de su propio destino,  de su propia democracia.

La elecciones presidenciales  2013 las más esperadas;  publicitadas,  concurridas y  observadas  por primera vez en la historia democrática de nuestro país  3,232,266 de hondureños  acudieron a ejercer el sufragio a las 5,000 urnas desplegadas a lo largo y ancho de este pequeño terruño centroamericano.

Alrededor de 12,700 observadores se dieron cita para acompañar a Honduras en esta fiesta electoral,  de los cuales 700 eran observadores extranjeros acreditados  y 12,000 veedores locales de los diferentes partidos, sociedad civil etc.

Tuvimos el acompañamiento muy de cerca;  antes,  durante y al final del proceso por parte de La Organización de Estados Americanos (OEA)   lo cual ha dado un gran respaldo a estas elecciones en materia de transparencia.   No se implementó el  tan anhelado voto electrónico  sin embargo  Tecnológicamente  se dio  un paso importante al utilizarse el sistema de  cómputo electoral, procesamiento de resultados, escaneo y transmisión de resultados electorales,  del Sistema Integrado de  Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE) transformándolo en el proceso más expedito hasta hoy.

Por primera vez en las elecciones de este año se pudo contar con el recurso más grande que una nación puede tener su juventud.

La Universidades públicas y privadas,  apoyaron este proceso integrando a 6,000 de sus  jóvenes,  capacitados por el Tribunal Supremo Electoral para que fungiesen como custodios electorales, con el propósito de transparentar aún más el ejercicio democrático.    La función que estos jóvenes desempeñaron fue vital, pues fueron ellos los encargados de facilitar las maletas electorales y todo lo relacionado a la instalación de las MER (Mesas Electorales Receptoras) fungieron como voceros del T S E, siendo los encargados de escanear las actas una vez firmadas y salvadas directamente desde la MER hasta el  centro de acopio del Tribunal Supremo Electoral.

Los partidos sometidos a este gran escrutinio se comprometieron a no divulgar información a boca de urna,  práctica común en el pasado, sino hasta las 6:00 p.m. del 24 de Noviembre  siendo esta la hora oficial acordada.    El proceso fue tranquilo, toda una fiesta catracha donde desde tempranas horas de la mañana (6:00 a.m.) se pudo observar kilométricas filas de ciudadanos ansiosos por comparecer a este llamado histórico.   Cabe resaltar que se auguraba un ambiente de temor  por posibles actos vandálicos y violentos,  se rumoraba que la población tenía miedo y desconfianza,  extremo que no se dio ni  empañó la fiesta.    A las 9:00 p.m. de ese día  el Tribunal Supremo Electoral perfilaba como virtual presidente al  Candidato oficialista Abogado Juan Orlando Hernández con un posicionamiento del 36.80%  en cifras reales actualizadas equivale a 1,131,516 votos;  seguido de la ex-primera dama  Xiomara Castro  de Zelaya con un 28.79%  (885,260 votos)  en representación del recién creado Partido Libre,  un 20.28% ( 623,407 votos)   el también abogado Mauricio Villeda  Bermúdez por el Partido Liberal;   el Ingeniero Salvador Nasralla con un 13.52% ( 415,860 votos) por el partido Anti- Corrupción (PAC), primerísima vez en escena.   0.20% (6,106 votos)  para el General Romeo Vásquez y el  recién creado Partido Alianza Patriótica  0.17% (5,099 votos)   Para el Señor Orle Solís  en representación de la Democracia Cristiana  (DC), 0.14% P (4,443 votos) para el Señor Jorge Rafael Aguilar Paredes por el Partido Innovación y Unidad (PINU) y  El   0.10% ( 3,060 votos) para el Señor Andrés Pavón Murillo y el también recién creado Partido Frente Amplio Popular en Resistencia (FAPER) en fusión  con el Partido Unificación Democrática (UD)

El pueblo Hondureño ha sido alabado por su participación en el fortalecimiento de la Democracia a través del sufragio,  donde el factor determinante   fue la masiva concurrencia ciudadana y el respeto a la protección de esa voluntad.         Como es común en estos procesos  se puede recoger un panorama de gozo, triunfo y algarabía;  pero también hemos podido ver  mucho sufrimiento falta de reconocimiento por algunos actores políticos, impugnaciones, denuncias de fraude (por aquellas partes que no dan crédito a semejante revés) irregularidades e inconsistencias en el conteo de actas; personajes históricos  de los partidos tradicionales que no  han sido reelectos y que han recibido  un duro golpe a su orgullo propio.   Estos ingredientes son necesarios pues  transparentan  las elecciones dando cabida y apertura al uso de las instancias legales  que deben resolver cualquier ápice de ilegitimidad  que le pueda restar crédito a dicho proceso.       Hoy el pueblo ha dado categóricamente una lección de democracia a través de su voto respaldando o negando el privilegio de ser servidor público.   El pueblo ha pasado factura al mal proceder,   a la falta de compromiso y de voluntad, a la práctica antigua del compadrazgo y conveniencia política en cada categoría sometida al escrutinio.

Este panorama ha dejado una clarísima lección con la participación concurrida de los y las ciudadanas  donde  el 95% de los votos fueron válidos, se venció el voto duro, el voto blanco y el abstencionismo;  esto para nosotros es histórico como histórico que el partido en el poder haya recibido el beneplácito de la reelección.

Acto seguido después de dilucidar la victoria que corresponde al Partido en Oficina, concurrieron como es costumbre a avalar este proceso;  nuestro Ombudsman  Señor Ramón Custodio, El Centro Carter de Estados Unidos, La  Unión Europea,  Hagamos Democracia,  el IAIP etc,  de igual forma  se unieron  al  reconocimiento  los países hermanos de la región y del mundo.     Como un borrón y cuenta nueva  y como quien cierra un ciclo  La Corte Penal Internacional,  ha dejado por sentado  que después de un análisis cuidadoso de los  hechos imputados a raíz del golpe de estado en 2009, no existe una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas  en ese tiempo  constituyan crímenes de lesa humanidad;  este hecho nos alivia pues limpia la cara de una gastada Honduras a  los más altos niveles internacionales.   (Tomado de Diario el Heraldo de Honduras  edición 11009; Domingo 1ero de Diciembre año 2013)

El próximo gobierno hereda una bomba fiscal a punto de explotar,  un país con altos índices de violencia,  batalla  abierta  contra el narcotráfico y la corrupción, retos en materia de empleo, salud, educación,  seguridad social para mencionar algunas achaques generales; sin embargo depositamos en la urnas nuevamente la esperanza el crédito y confianza como aval,  con la advertencia que cada 4 años tenemos una cita ineludible con la democracia donde el actor principal (el pueblo) retoma su papel estelar.

Se debe aprovechar para hacer algunas consideraciones relacionadas con la materia en protección de datos:, que afectan no solo a este, si no a otros procesos electorales:

En la concepción democrática, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, como recogen las diferentes Constituciones Iberoamericanas.  El ciudadano es el protagonista del proceso de selección de precandidatos y candidatos en un sistema electoral, para que posteriormente lo representen en sus derechos e intereses, y gobiernen respetando sus garantías. Los derechos económicos, sociales y culturales; civiles y políticos, se ven reflejados en las elecciones que cada individuo, protagonista de su presente histórico, elecciones que realiza en su derecho a sufragar, en el acto político del voto.

La protección de datos personales en el proceso tradicional de elección está establecida en los diferentes ordenamientos legales de Iberoamérica, donde se puede observar a través de su historia constitucional una fuerte y creciente tradición a los valores democráticos, donde se reafirma el secreto en la identidad del elector, y la elección política de quien lo representará; la opción que mediante su voluntad y raciocinio cree que es la mejor para la representar a la ciudadanía. Este principio se incorpora en los términos “universal, igual, libre y secreto para la elección de sus representantes”, salvaguardando la identidad del votante, la elección del elector.

El secreto del voto en la identidad del elector y preferencia política, garantizan la libertad y las trasparencia en la elección, durante todo el proceso electoral, desde su apertura hasta el escrutinio, conclusiones oficiales, publicidad,  y posteriores acontecimientos.

Información crediticia y habeas data financiero en Honduras

cnbs_hondurasPor Daniel A. López Carballo

La Ley de Justicia Constitucional de Honduras, bajo el Capítulo II “De la acción de exhibición personal y de habeas data”, en su artículo 13 reconoce que “El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o exhibición personal, y de habeas data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el habeas data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: (…) 2.) El Hábeas Data. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. Únicamente conocerá de la garantía de habeas data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.”

En este sentido y para garantizar un correcto tratamiento de la información, para garantizar el derecho a la privacidad, intimidad y el honor de las personas, así como mantener los datos personales actualizados, las personas que se aparecen en el listado de morosidad de la Central de Información Crediticia hondureña, sin que medie justificación, pueden invocar el llamado “habeas data financiero, mediante el cual se reconoce el derecho personal de modificación o rectificación de información incorrecta o falsa.

Cabe recordar que la garantía del habeas data facilita el acceso a la información; impedir su transmisión o divulgación; rectificar datos inexactos o erróneos; actualizar información, exigir confidencialidad y la eliminación de información falsa; respecto de cualquier archivo o registro, privado o público, que conste en medios convencionales, electrónicos o informáticos, que produzcan daño al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Esta garantía implica además, concoer quien está reportando los datos a la Central de Información Crediticia y el derecho a recibir el finiquito de pago de su obligación en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Para José Luis Moncada, Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros las modificaciones citadas deben ser ejecutadas por las instituciones del sistema financiero, instituciones de seguros, oficinas de representación de instituciones financieras del exterior, organizaciones privadas de desarrollo que se dedican a actividades financieras, así como emisoras de tarjetas de crédito, fondos públicos y privados de pensiones, instituciones de crédito de segundo piso, bolsas de valores sobre los financiamientos que obtengan en bolsa las entidades emisoras de títulos, entre otros, según informaba en 2009 el diario hondureño El Heraldo, momento en que entro en funcionamiento esta garantía financiera de los ciudadanos. El Presidente de la Comisión Nacional afirmaba en relación a la cancelación de los datos que “Si el deudor no cancela la obligación se mantendrá por cinco años, pero si la cancela solo se mantendrá por tres años”.

La acción del habeas data conlleva, conforme a su definición legal, el derecho de acceso, es decir conocer sobre el contenido de la información que a él se refiere, cuando ésta se encuentra registrada en un banco de datos, sea manual, electrónico o informatizado; el derecho de rectificación o actualización de los datos, buscando una mayor veracidad y precisión de la información; el derecho de supresión, eliminado los datos erróneos, falsos o discriminatorios que afecten la verdad; así como el derecho que tienen las personas a que se guarde la debida confidencialidad sobre la información especialmente protegida, que sobre el se tenga.

Se debe hacer referencia, por último, al principio de finalidad en el tratamiento de los datos de los usuarios, la propia Comisión Nacional, a través de su página web reconoce el derecho de las personas a que “la información proporcionada a las instituciones supervisadas sea utilizada y administrada exclusivamente en relación a los fines para los cuales se suministró. Salvo cuando dicha información deba proporcionarse en atención a un mandato judicial o en cumplimiento a una disposición contenida en el marco legal aplicable”.

Consideraciones sobre el voto electrónico en Honduras

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Por Belkis Jovinexa Laínez

Desde muy joven sentía atracción absoluta por la política, me parecía tremendamente inteligente aquel hombre o mujer que militaba en determinado movimiento o partido político de mi país. Recuerdo también que era muy jovencita cuando por primera vez estreche la mano de un presidenciable que llego a mi barrio para hacer política.

Este presidenciable  era encantador,  amado por muchos  y odiado por otros tantos; sin duda alguna el personaje más carismático de la historia de Honduras que eventualmente llego a ser presidente (1990-1994). Al ver a este hombre tan espontáneo, guapo,  simpático, joven, increíblemente inteligente, egresado de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos;   entonces decidí que definitivamente me gustaba la política.

Para el año  2001 ya era toda una estudiante universitaria y se me presentó la posibilidad de un entrenamiento para participar en los comicios de ese mismo año. Ni corta ni perezosa dije claro que si!!!!! Participe en las elecciones internas  y en las generales con un resultado enriquecedor para mi persona pues al partido que representé en las mesas electorales resulto ser el ganador absoluto, con una victoria arrolladora.

Esa experiencia fue crucial pues aprendí  ciertas lecciones:

Que las elecciones se ganan en las mesas, allí se liberan batallas campales entre uno y otro representante de los partidos políticos en contienda; allí se miden fuerzas, argumentos, astucias, estrategias; y se puede apreciar todo  aquello  que se presta para que estos procesos se vuelvan viciados etc.

Debes  mostrarte seguro ante tus oponentes y contrincantes, con una imagen sólida de que te conoces todo el proceso y por supuesto la ley. Para mi persona resultó muy fácil aprender el complicado proceso pues  tenía cuatro instructores especialistas en elecciones a mi entera y absoluta disposición; mi padre, mi tío y dos buenos amigos que el día de las elecciones se dedicaban nada más que a la logística y a la estrategia, tipos con un gran conocimiento electoral.

Aprendí  que después de largas y extenuantes reuniones y entrenamientos a lo largo de la campaña presidencial, al final  todo se resume a la elaboración de las benditas actas de cierre que por supuesto resulta en un tremendo tedio que implica conteo voto por voto, discusión de los votos que posiblemente se anulen, aquellos que son blancos, los sobrantes, relación de los incidentes durante el proceso; por supuesto la redacción final de las  mismas que son hechas   a puño y letra etc. En la mayoría de los casos una mesa electoral se gana a base de constancia, buen entrenamiento y por supuesto mucha garra para fajarte y luchar por los votos hasta el final.

Los partidos políticos grandes absorben con tal facilidad a los partidos emergentes y pequeños, prueba  de esto es que el proceso es tan largo que muchos de los integrantes de las mesas muestran signos de debilidad y cansancio  se desinteresan o se aburren, se levantan de la mesa con un mínimo pretexto, se desenfocan, tiran la toalla, misma  debilidad que es aprovechada por los partidos de siempre y de antaño. Al final cuando se ha levantado el acta de cierre, los representantes se reintegran con tal rapidez para que su  firma aparezca en la misma y así  asegurar que serán parte de la historia democrática del país.

De esto fui testigo por lo menos en el proceso que estuve presente siendo yo presidente de mesa. Esta práctica ha sido el pan nuestro de cada elección hasta noviembre del año pasado. Hasta hace poco parecía impensable siquiera traer a la mesa del debate público un tema semejante como la inclusión del innovador “Voto Electrónico”. Hoy con la aparición de un considerable número de partidos en la escena política que poseen en sus filas ilustres profesionales, gente de avanzada, rostros nuevos y frescos con grandes ideas, jóvenes talentosos, universitarios y profesionales de todas las disciplinas y de todos los estratos sociales pujan desde sus trincheras porque el voto electrónico en nuestro país se convierta en una realidad para los próximos comicios; lo que supondría el salto histórico de nuestra Honduras en materia tecnológica electoral.

Puedo imaginarme y es de suponer que está tecnología vendrá a modificar al cien por cien este tedioso, engorroso  y jurásico proceso manual del que hemos sido actores en su momento;  donde para entregar un voto conlleva toda una  ceremonia desde las firmas, el revisado de las mismas y por supuesto la larga espera que supone al votante el momento para poder ejercer el sufragio y cumplir con el sagrado compromiso de fortalecer la democracia.

Actualmente se ha integrado una Comisión Técnica que se dará a  la tarea de evaluar todas las implicaciones  económicas, políticas, técnicas y de factibilidad que conlleva este ejercicio; existe voluntad política de parte de los sectores involucrados;  ha habido claridad por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al pronunciarse sobre el mismo y decir que emitirán una opinión objetiva basados en nuestra realidad nacional y posteriormente será turnado al Soberano Congreso Nacional quien dictamine y de la última palabra sobre el tema. Nosotros los ciudadanos aguardamos impacientes porque este novedoso sistema sea aprobado en nuestro amado país y ayude a  fortalecer y  transparentar nuestra  democracia.

Sistema de Información y Habeas Data en Honduras

Por Daniel A. López Carballo

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras crea en su Capítulo III el Sistema Nacional de Información Pública, cuyo propósito es integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a la información de carácter público mediante los diferentes subsistemas de información ya existentes, que deberán integrarse en formatos uniformes, establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado.

Las instituciones obligadas debe difundir de oficio y actualizar periódicamente, informaticamente, la información relativa a su estructura orgánica, funciones y atribuciones, servicios que presta así como tasas derechos y procedimientos. La normativa aplicables, sus políticas generales planes, programas y proyectos, la información catastral que posean y su vinculación al Registro de la Propiedad Inmueble. Los Registros públicos de cualquier naturaleza; las remuneraciones, presupuestos, contrataciones concesiones y otras operaciones de carácter mercantil. El nombre d e los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública, entre otros.

El Congreso Nacional publicara las resoluciones que resulten de las mociones y decretos que se aprueben; las iniciativas legislativas y correspondientes dictámenes. Por su parte el Poder Judicial deberá dar publicación a las sentencias judiciales firmes que hayan causado estado o ejecutoria, sin perjuicio al derecho de las partes a oponerse a dicha publicación. El Tribunal Superior de Cuentas publicará los informes definitivos de las intervenciones fiscalizadoras practicadas, así como la resoluciones firmes de dicho organismo.

Por último deberá ser pública la información relativa a la actividad de las empresas privadas que suministren bienes y servicios públicos con carácter de exclusividad o que celebren contratos financiados con recursos y fondos del Estado.

La información de carácter público deberá facilitarse al solicitante que será responsable del uso y divulgación de la misma. En ejercicio de acceso a la información se verá restringido cuando lo establezca la propia Constitución hondureña. Se reconozca como información reservada o confidencial o para desvelar fuentes periodísticas o cuando esta sea base de investigaciones que hayan sido debidamente publicadas o que obren en medios de comunicación.

Tendrán consideración de materia reservada aquella que afecte a la seguridad del Estado , a la vida seguridad y salud de cualquier persona o intereses legitimante tutelado judicialmente o por la propia garantía del Habeas Data, entre otros tasado por la citada Ley.

La solicitud de acceso ala información pública se realizará por escrito, indicándose los detalles específicos de la información solicitada, no siendo precisa motivación alguna. La solicitud será resuelta en el plazo de diez días. En el caso del ámbito periodístico las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin mas restricciones que las expuestas anteriormente u otras que pudieran derivarse de otras leyes de la República.

En todo caso, será de aplicación directa la garantía constitucional del habeas data, en aras a una mejor trazabilidad y protección de los datos de carácter personal, del derecho al honor y a la propia imagen. Así como el ejercicio de los diferentes derecho que componen la garantía recogida en la Constitución de la República: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición a una determinada publicación tal y como ha sido reseñado anteriormente.

Transparencia y protección de datos en Honduras

Por Daniel A. López Carballo

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto número 170-2006) de la República de Honduras, garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública que de ellos tiene la Administración Pública y los diferentes organismos que la componen, en este sentido eleva el derecho a la información a cuestión de orden público e interés social.

Dentro de sus objetivos, recogidos en el artículo 2 de la Ley, se encuentran, garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; promover la utilización eficiente de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares, garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos de información clasificada como reservada por las entidades públicas conforme a esta ley, información entregada al Estado por los particulares, en carácter de confidencialidad y los datos personales confidenciales, entre otras.

La Ley obliga a los tres poderes, así como a las instituciones autónomas, las municipalidades y demás órganos e instituciones del Estado, la Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Privadas de Desarrollo y a aquellas personas físicas o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, nacionalidad. Para su cumplimiento las entidades obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, así como la pr4stación de un servicio de consulta y acceso por las personas, designando un Oficial de Información Pública como responsable de dichos subsistema, formando en el espíritu de la Ley a los empleados y personas que accedan a la información o la traten por razón de su trabajo.

Se entiende por dato personal confidencial, aquellos relativos al origen étnico o racial, característica físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número de teléfono particular, dirección electrónica particular participación, afiliación a una organización política o ideológica, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal familiar o la propia imagen.

Se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, capacidad de decisión y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información, así como regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas.

El IAIP cuenta entre sus funciones el conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos en el marco de la citada ley, apoyar las acciones del Archivo Nacional en materia de formación y protección de los fondos documentales, establecer criterios y recomendaciones sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información, aplicar la potestad sancionadora marcada en la Ley entre otros.

En su Capítulo V  la Ley trata sobre los datos personales y el habeas data, reconociendo esta última garantía y la prohibición de entrega de información cuando pueda conllevar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales a las personas. El acceso a los datos personales solo podrá realizar por orden judicial o a petición del propio interesados, representantes o sucesores.

La Ley recoge un sistema de infracciones entre las que se encuentran no proporcionar de oficio o negarse a facilitar la información pública en el tiempo estipulado u obstaculizar su acceso; copiar, captar, divulgar o comercializar la información reservada; eliminar o alterar la información pública o reservada sin seguir los procedimientos de depuración establecidos; negarse a rectificar, actualizar o eliminar información falsa referente a datos personales confidenciales contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las organizaciones e instituciones obligas por la ley. Sin perjuicio a la responsabilidad civil derivada de las infracciones reseñadas, se establece un sistema de sanciones que incluyen, la amonestación por escrito, suspensión, multa, cese o despido y, multas entre medio salario hasta cincuenta salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Cuando al infracción sea constitutiva de delito, será sancionada conforme a lo recogido en la legislación penal hondureña, relativa a los delitos contra la Administración Pública.

Protección de datos y Habeas Data en Honduras

Por Daniel A. López Carballo

La Constitución del Estado Centroamericano de Honduras de 1982, recoge en su artículo 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagenen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data.

En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la manera siguiente: (…) 2. El Hábeas Data: Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y-o enmendarla. Las acciones de Hábeas Corpus y Hábeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas. Únicamente conocerá de la garantía del Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar la acción de Hábeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad y a la seguridad personal. En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir estas acciones constitucionales, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.

Del tenor literal del citado precepto constitucional se eleva a rango constitucional el Hábeas Data como garantía constitucional exhibitoria de datos de la persona humana y de sus bienes, pudiendo ser promovida únicamente por la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados; a la que se le reconocen los derechos de de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica española, al establecer que si fuere necesario, podrán actualizar, rectificarla y-o enmendar la citada información; tal y como se desprende del Decreto Legislativo N° 381-2005, mediante el que se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de Honduras, donde se reconoce la garantía del Habeas Data: “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y /o enmendarla.”

La acción de Hábeas Data se constituye por tanto en un mecanismo procedimental de aplicación inmediata por las autoridades jurisdiccionales hondureñas, encaminada a hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. La Constitución hondureña al hacer un listado cerrado de supuestos, descarta la posibilidad que en otra clase de derechos y libertades constitucionales pueda ser posible utilizar este mecanismo procesal.

En el mismo sentido cabe citar el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoce la garantía de Habeas Data, parta en los artículos siguientes regular la sistematización de los archivos personales y su acceso y prohibición de entrega de documentación afirmándose que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar danos o riesgos patrimoniales o morales de las personas. Sobre la sistematización de la información, la citada Ley establece que, los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los Derechos Humanos por si o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores..