Antecedentes penales y Habeas Data en Ecuador

Por Daniel A. López Carballo

En un momento en que la reforma europea en materia de protección de datos y la elaboración del futuro Reglamento tratan sobre el recoconimiento de derechos de segunda generación en el ámbito de la privacidad y la protección a la intimidad de las personas, es importante mirar hacia otras legislaciones que, mediante la regulación constitucional del Habeas Data recogen desde hace años conceptos, hoy novedosos para nosotros en Europa como el derecho al olvido.

En ese sentido quisier poner como ejemplo la regulación ecuatoriana del procedimiento Habeas Data y su aplicación al derecho al olvido. La doctrina constitucional ecuatoriana entiende el derecho al olvido como el derecho inherente a la persona, que ha cometido una falta o infracción, cuya sanción recibió, que ya fue cumplida y prescritos los correspondientes antecedentes, a que toda referencia que conste en registros públicos acerca de la falta, de la sanción y del cumplimiento de la pena, sea borrada o anulada, sin que aparezca referencia alguna de la misma, debiendo constar la persona con un historial limpio, como que si nunca hubiera cometido falta alguna. En defintiva, el “derecho natural indispensable para que el peso de un pasado no destruya a un hombre, haciéndole perder el sentimiento de su libertad al impedirle rehacer su personalidad”.

Mediante el procedimiento del Habeas Data se establece la posibilidad de que se suprima o anule información de la persona, teniendo en cuenta de que en ciertos casos, tal información puede ser cierta, pero ya superada; tal como es el caso referenciado del cumplimiento de una sanción o pena. Ante tal situación, cuando la persona cumplió su falta y resarció el daño que cometió a la sociedad, el registro de aquella información pasada ya no procedería, y de mantenerse en los archivos respectivos, su conocimiento público ocasionaría discriminaciones de todo tipo, atentando contra uno de los fines consagrados en el derecho penal, en relación a la finalidad de la pena: la resocialización. Cabe recordar que la pena, en un sistema jurídico avanzado debe buscar la prevención de la autoría del delito, pero también la reeducación y resolialización de la persona, para una posterior reinsercción social con las garanatías suficientes de que no vuelva a delinquir y que puedar rehacer su vida en condiciones de normalidad..

Sentencia Habeas Data Tribunal Constitucional de Ecuador

Por Daniel A. López Carballo

La Sala Tercera del Tribunal Constitucional de la República del Ecuador sentencia en 2003 sobre el caso No. 022-2003-HD, donde la Compañía Corporación Pacifico del Sur CORPASURSA S.A. presentabra recurso de habeas data contra la Compañía KORMAL SA.

Según la sentencia la compañía recurrente al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Compañías había solicitado al representante legal de la Compañía KORMAL S.A. le otorgaran la información básica referente al manejo del negocio de la empresa, lo que no fue atendido por la compañía recurrida, lesionando el derecho de propiedad, lo que fundamentado en lo dispuesto en los artículos 94 y 30 de la Constitución Política del Estado y 34 y siguientes de la Ley del Control Constitucional en concordancia con el artículo 15 de la Ley de Compañías, interpusieron recurso de hábeas data, solicitándo que se presentara ante el Juez, entre otros, el balance general de la compañía de los últimos cinco años, información detallada de los préstamos otorgados por los accionistas a la empres, Actas de Juntas Generales, Libro de Acciones y Accionistas, …

La Compañía KORMAL SA., alegó que conforme a lo que establecido en el artículo. 34 de la Ley del Control Constitucional de Ecuador, la Compañía CORPASUR SA. tiene derecho a tener acceso a documentos e informes sobre sus bienes y no como solicitaba en el recurso planteado, información de cinco años atrás, tiempo en que no eran sus bienes. Así mismo trajo a colación que la Compañía CORPASUR S.A. ya demandó a la Compañía Industrial Química Andina IQUIASA, solicitando la misma información, lo que fue conocido por el Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil y por el Tribunal Constitucional, solicitándose se declarara improcedente el recurso hábeas data propuesto.

El Magistrado ponente del Alto Tribunal, Dr. Simón Zavala Guzmán, expresó en sus considerandos que “constituye una obligación constitucional tanto del Estado como de sus instituciones el asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas a favor de las personas, las cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad. Precisamente en el campo constitucional se dispone de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar derechos de las personas, tales como: la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, incluyendo los derechos a la propiedad intelectual, y en términos generales, la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre, etc.; este mecanismo de protección y garantía de los derechos de las personas es el hábeas data; se trata de una institución reciente, en relación a otras como el hábeas corpus que tiene muchas décadas de existencia, pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano, y que de acuerdo a precisiones de orden terminológico proviene del latín: el primer vocablo con el significado de “conserva o guarda tu” y el segundo con el de “fecha” o “dato”. El hábeas data a decir de Miguel Ángel Ekmekdjian Calogero, constituye “Una garantía básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales”. El hábeas data permite a toda persona acceder a registros públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o de su familia, para requerir su rectificación o la supresión de aquellos datos inexactos que de algún modo le pudiesen perjudicar en su honra, buena reputación e intimidad. El derecho a la protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o la finalidad que se persigue con ellos; el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el contenido de la información registrada, o participar de la información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el derecho a rectificar, que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos, inexactos u obsoletos sean rectificados en la medida en que, al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.”

“Lo anotado nos llevarla a afirmar que el corpus data al igual que al amparo constitucional tienen su origen en las exigencias o necesidades de las personas físicas o naturales, sin embargo, la Carta Política al referirse a quienes pueden acceder al hábeas data, habla de las personas, dejando abierta su cobertura a las personas jurídicas que son una creación artificial, y que por su relativa incapacidad solo pueden hacerlo por medio de representante legal, esto es por medio de una persona natural que actúa a nombre de la sociedad, y que fundamentalmente persigue intereses patrimoniales-rentabilidad; no obstante, y aunque no se trata de contraponer esta doble percepción o característica del habeas data, que a decir verdad, ha sido saldada en el Tribunal Constitucional, la pretensión del recurrente de requerir a través de esta garantía el historial o libro de vida de los últimos cinco años de una compañía, su movimiento administrativo, balances, deudas, prestamos, que implicaría desentrañar información que no únicamente le pertenece a su representada, desatiende el carácter del babeas data como mecanismos procesal de defensa y protección efectiva de los derechos garantizados en la Constitución Política.”

“Los socios de las compañías están en su derecho de examinar los libros y documentos relativos a la administración social, y dependiendo del tipo de compañía los accionistas pueden solicitar que se les confiera copia certificada de los balances generales, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de los administradores y comisarios, y de las actas de las juntas generales, así lo establece el Art. 15 de la Ley de Compañías.”

Una vez valorando el caso y entrando en su calificación jurídica en el fondo y la forma jurídica del mismo, entendió el Tribunal Constitucional que, al no haberse dado los presupuestos esenciales para la procedencia del hábeas data, sentencia (0022-2003-HD) negar la pretensión de la demanda peresentada por la compañía recurrente..

Legitimación y procedimiento del Habeas Data en Ecuador

Por Daniel A. López Carballo

Atendiendo a la naturaleza del habeas data, como mecanismo constitucional de protección de la persona, en la esfera de la información de carácter personal, en defensa de su intimidad, honor y privacidad, éste encuentra su acomodo jurídico como acción de garantía, encaminada a la protección de determinados derechos constitucionales de forma puntual, característica que lo diferencia, en el sistema procesal ecuatoriano, del recurso de amparo constitucional. El habeas data se encuentra dentro del derecho de petición, como mecanismo de protección y control constitucional al servicio de las personas.

El procedimiento de habeas data, se encuentra recogido en la Constitución Política de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, de 22 de octubre de 2009) bajo el Título II Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, en el Capítulo VI artículos 49 y siguientes. Sobre su aplicación, encontramos en otras Leyes de la República refrencias a este derecho constitucional.

Nos encontramos ante un procedimiento de carácter abreviado, que se inicia a instancia de la parte afectada, el sistema constitucional ecuatoriano no contempla la iniciación de oficio por el Alto Tribunal ni los juzgados competentes en la materia, es el propio afectado, cuyo derecho se ha visto vulnerado o amenazado, quien debe invocar la protección jurisdiccional en aras a conseguir un control preventivo frente a un daño que pueda llegar a producirse, o en caso de ya producido éste una reparación del mismo, cesando la acción que lo provocó e incluso habilitando la vía de la indemnización por los daños y perjuicios en la jurisdicción civil ordinaria.

Tal y como establece la Constitución Política de 2008, en su artículo 94, se encuentran legitimados para ejercitar este derecho todas las personas cuyos datos se encuentren en Registro o bancos de datos, entendidos éstos como toda aquella institución, pública o privada, donde se almacene información de las personas, independientemente del medio de tratamiento de la información que se utilice o la naturaleza misma de su creación (en el caso público, si es cumplimiento de un imperativo legal o no). A estos efectos no interviene en la legitimación el canal por el que la información ha llegado al responsable de su tratamiento, bien porque la recavó directamente de la persona o porque le llegará a través de un tercero y, el sólo la trate con fines de información y prospección comercial o cualquier otro; la finalidad es indiferente en el procedimiento constitucional ya que el hecho jurídiccamente reseñable es la tenencia en si misma de los datos.

La citada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 9, bajo el epígrafe de “legitimación activa” reza “las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y en esta Ley, podrán ser ejercidas por: a)cualquier persona, comunidad o pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o mas de sus derechos constitucionales (…) Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce”.

La legitimación activa, habilita, a cualquier persona natural o jurídica, con vinculación directa entre quien ejerce la acción y el dato o información que se pretende obtener, ya que debe regir el principio de personalidad del dato accedido por parte de su legitimo demandante, debiendo ser este determinado o al menos determinable por medio de otros datos (célula de identidad, número patronal ante el IESS, etc). No se encuentran en la jurisprudencia analizada objecciones al ejercicio de este derecho por parte de los progenitores de un nasciturus o por el propio menor de edad, caso diferente sería el acceso al procedimiento por parte de sociedades, entes empresariales o colectivos, si bien la Constitución deja aberta la puerta a dichos procedimientos, su aplicación queda fuera del alcance del presente artículo, centrado en el ámbito de los datos o información de carácter personal.

La pretensión que mueve al ciudadano a ejercitar su derecho puede ser de diversa naturaleza, tal y como desarrolla el Dr. Carlos Salmon Alvear en su magistral obra “Nociones acerca del Hábeas Data en El Ecuador”: acceso (derecho de la persona a conocer o acceder clara, total y oportunamente, a los datos que el registro tiene respecto al demandante), rectificación de aquella información que resulte incorrecta, actualización, reserva (atendiendo a la confidencialidad exigible), anulación, exclusión o supresión de la información y agregación entre otras.

La legislación ecuatoriana en la materia no exige un requerimiento previo a la interposición de la demanda. Para su presentación no es necesaria la prueba de que los datos o información se haya en poder del demandado, así como la especificación de la misma, ya que la esencia del procedimiento de habeas data es buscar y saber qué información se tiene sobre el demandante. Siendo competente para su conocimiento el Juez de Primera Instancia del domicilio del Registro o del poseedor de la información requerida, con independencia del orden jurisdiccional al que se adscriba el Juez (Trabajo, Inquilinato, Civil, …); conociendo el recurso de apelación, en segunda y última instancia, que se concede sin efecto suspensivo, la Corte Provincial, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Será inadmitida la demanda que fuere planteada ante Juez incompetente para conocer de la misma, cuando el demandante no alegue el derecho constitucional vulnerado, que tanga una pretensión diferente al acceso a la información o que no sea ejercitada por su legitimo actor, o en caso de mediar pretensiones improcedentes como el resarcimiento de daños y perjuicios por la parte actuante.

Correrá de parte del demandante la carga de la prueba referida a demostrar ante el Juez la falta de veracidad de los datos accedidos, a fin de que, habiendo suficientes elementos de juicio, se pueda decretar la corrección, actualización o supresión de la información objeto de la demanda.

Podrán establecerse medidas cautelares encaminadas a evitar que, al término del procedimiento, la información objeto del mismo deje de existir, medidas que, pese a no estar recogidas explícitamente en la normativa expuesta, buscan la evitación de un mal mayor para la parte actora.

Entre las medidas cautelares que pueden aplicarse al procedimiento se encuentran, la suspensión provisional de la difusión de los datos por el demandado, la anotación litigiosa (es decir el aviso de que la información esta siendo objeto de un procedimiento, debiendo informar de tal circunstancia a las personas que pudieran conocer dicha información). Para su aplicación debe tenerse el criterio de ponderación, valorando los intereses en conflicto, los derechos afectados y las circunstancias propias de procedimiento.

Una vez resuelto favorablemente por la instancia judicial, el registro o responsable del tratamiento y almacenamiento de los datos, deberá entregar al demandante la información requerida, siendo ésta clara, completa y actualizada; en los casos de rectificación la sentencia puede oficiar a las personas que hayan recibido o almacenado la información incorrecta la resolución judicial y la orden de rectificación que se haya dictado, pudiendo ser publicada en los medios de comunicación (asumiendo los costes la parte demandada). La resolución de este procedimiento constitucional posibilita al demandante a acudir a la jurisdicción civil ordinaria, para exigir la correspondiente reclamación económica por los daños y perjuicios ocasionados a su persona..

Habeas Data, Constitución y jurisprudencia en Ecuador

Por Daniel A. López Carballo

El derecho “habeas data”, nace como garantía constitucional para los ciudadanos de acceder a los datos que sobre ellos constan en un registro o banco de datos, así como la corrección de aquellos errores que podrían causarles perjuicios. Sobre su denominación, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional del Ecuador, afirma que el habeas data de acuerdo a precisiones de orden terminológico proviene del latín, compuesto por dos términos, el primer vocablo con el significado de “conserva o guarda” y el segundo con el de “fecha” o “dato”, considerándolo una garantía básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales.

La República del Ecuador recoge este derecho fundamental, ligado al derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, en su Constitución Política, concretamente en su artículo 92. El texto constitucional establece que “toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.

En relación a los derechos protegidos, cabe citar las sentencias del Caso 0049-2008-HD, Sala Primera del Tribunal Constitucional de Ecuador, dictada en Quito el 15 de octubre de 2008, en la que el Alto Tribunal afirma que “El Habeas Data es una garantía constitucional creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar”.

 Tal y como se recoge en la sentencia del Caso 0065-2008-HD de la Sala Tercera del Alto Tribunal, la aparición del derecho “habeas data” en la Constitución Política de la República es “creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, procura mantener el control de los datos que existan sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar”.

Garantía constitucional que, según criterio del Tribunal, “el recurso del Hábeas Data, tiene un rango de garantía en nuestra Constitución Política del Estado, siendo una herramienta eficaz en la búsqueda de la justicia, a la que todos los habitantes de su territorio pueden acceder, estando normadas las causales y los procedimientos mínimos para invocar esta garantía constitucional, siendo un pilar fundamental que la información peticionada vulnere derechos fundamentales”.

La propia Constitución, en su artículo 11, al referirse a los principios informadores del ejercicio de derecho, en su apartado 4, establece que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”, quedando taxativamente claro, que el derecho habeas data, regirá el resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano, no pudiendo ninguna Ley, Decreto o norma de rango inferior contradecir el citado principio constitucional. Precepto que a mi entender, se encuentra íntimamente ligado a la Teoría Constitucional de Kelsen, en la que se fija un sistema piramidal en el que la Norma Constitucional constituye la cúspide del sistema jurídico de un Estado.

La primacía de la intimidad de las personas y de su esfera personal y familiar, así como la aparición de mecanismos de control que la protejan al ciudadano frente a los graves perjuicios que un mal uso de la información o, los errores que entorno a ella se pudieran generar, no sólo al mismo, sino también a su entorno personal, laboral y familiar.

El precepto constitucional invocado, viene a recoger dos derechos fundamentales en el mismo texto, el derecho de acceso a la información pública y privada, y el propio habeas data. Dos conceptos íntimamente ligados en un sistema que busca la transparencia y establecer un sistema de garantías para el ciudadano. Cierto es que el desarrollo del habeas data, establece una serie de derechos del ciudadano que no son de aplicación directa a cualquier información pública que de él se tengan, en concreto lo relativo a la rectificación, eliminación o anulación, así como la posibilidad de demandar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados.

En la Sentencia del Caso 0004-06-HD de la Sala Segunda el Alto Tribunal, se recogen los principios jurídicos que informan el procedimiento habeas data, al afirmar “entre los principios y valores jurídicos que gobiernan el proceso de administración de la información personal en el contexto de los ámbitos protegidos por el derecho al hábeas data, esta Sala resalta los de: libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad y caducidad, siendo materia de estudio los dos últimos, esto es, los principios de utilidad y de caducidad o temporalidad, por ser aplicables a la especie”.

El derecho estudiado, así como el tratamiento y recogida de datos de carácter personal deben basarse en el principio de libertad, veracidad de los mismos, la integridad, así como la finalidad con que fueron recabados o para los que son tratados tanto por organismos públicos como privado. La caducidad de los datos, principio íntimamente ligado al de finalidad, a la prescripción y a la no necesidad de almacenamiento o mantenimiento de los mismos por parte del responsable de los mismos.

Cabe citar, en relación a la caducidad de la información negativa, la Sentencia del Caso 0004-06-HD, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ecuatoriano “Por otro lado, es menester señalar que la información negativa u odiosa, es decir aquella que asocia una situación (no querida, perjudicial, socialmente reprobada o simplemente desfavorable) al nombre de una persona, esté sometida a un término de caducidad o temporalidad bajo la idea de su permanencia limitada en el tiempo. En este sentido esta Magistratura reconoce la validez del principio de caducidad o de temporalidad de la información negativa, lo que implica que la información personal desfavorable al titular de la misma debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. Igualmente, se considera constitucionalmente inadmisible la conservación indefinida de datos personales que revelen información negativa una vez que las causas que justificaron su acopio y administración se hayan desvanecido”.

En desarrollo del citado artículo constitucional, el legislador ecuatoriano, mediante la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública, desarrollo y reglamentó parcialmente el derecho de acceso a la información, siguiendo las directrices internacionales recogidas en la Declaración de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 2003, concretamente el derecho a la información pública, la transparencia de las gestiones y acciones gubernamentales, la eliminación de todo tipo de actividad que genere corrupción en la administración pública y la reglamentación del habeas data, en aras a una futura homologación normativa del cono sur.

Para que el derecho surta plenamente efectos requiere la acción previa del ciudadano, titular de sus datos, planteando requerimiento previo al titular del registro ante el que se pretende ejercitar el derecho. Parece clara la legitimación activa, de la personas físicas o naturales para su ejercicio, aunque la Constitución Política, al referirse al ejercicio del habeas data, habla de personas, dejando una puerta abierta a la acción de personas jurídicas, actuando mediante representante legal, tal y como deja constancia en su doctrina el Tribunal Constitucional, debate normativo que, a mi entender, no queda resuelto con claridad taxativa.

En relación a la pretensión legítima en el juicio del habeas data, el Pleno del Tribunal ecuatoriano, afirma que “el derecho a la protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o la finalidad que se persigue con ellos; el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el contenido de la información registrada, o participar de la información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el derecho a rectificar, que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos, inexactos y obsoletos sean rectificados en la medida en que, al ser ajenos a la realidad le pueden causar perjuicio”.

De su doctrina obtenemos la vertebración del habeas data en tres derechos: derecho de acceso, derecho de conocimiento, derecho a la actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos; que se sustentan sobre la base de un derecho fundamental único, evitar que el uso incorrecto de la información pueda lesionar el honor, el buen nombre, y el ámbito de la privacidad de la persona, como consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, incompletos o inexactos.

Sobre la llevanza de determinados registros por parte de la administración, en lo relativo a temas policiales y penales, referidos a personas que por diversos motivos han sido incursas en causas procesales judiciales o investigaciones policiales no resueltas o que han recibido sentencia condenatoria, debe regir siempre el principio de confidencialidad y reserva exigibles por la norma consititucional, aplicándose el principio pro homine, aplicándose la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia.

No procedería la aplicación de este derecho, cuando el ejercicio del mismo no sea llevado a cabo pro el propio actor, el acceso de accionista o inversores a la información de una empresa, cuando la pretensión sea genérica sin precisión, exista falta de individualización o precisión de los datos requeridos, la información requerida sea inexistente, que la acción ejercitada sea extratemporánea al haber transcurrido más de seis años, o exista una finalidad o pretensión equivocada, entre otros.

El ejercicio de esta garantía consitutcional contaría con dos momentos procesales: a) El acceso a la información y el conocimiento del uso de la misma; b) La modificación de la información o su eliminación de ser el caso, precisamente porque mantener la información o mantenerla con errores, falsedades, incorrecciones, pueden afectar al buen nombre, la imagen personal o familiar, la dignidad o la honra de las personas.

Debe acreditarse en el proceso la fundamentación, legitimación y carga de la prueba que los sustente, demostrando el daño ocasionado a su honor, buena reputación, a su intimidad, acreditando el daño moral irrogado, así como lo perjuicios causados, en base a la posterior solicitud, ante las jurisdicción civil ordinaria, de la correspondiente indemnización por el afectado..