¿Sabés lo que Google sabe de vos?

GKNOWPor Sebastián A. Gamen

Hablar de la importancia de la información es realmente redundante. Mencionar que los datos que recaban las empresas es el oro de este siglo, en los tiempos del big data, es como explicar que el sol calienta.

Ahora bien, lo que las personas no pueden imaginarse es la cantidad de información que las empresas tienen de cada una de ellas. Para que tengan una dimensión y una verdadera aproximación de ello vamos a hacer un recorrido por algunos sitios web donde podrás observar los datos que guarda Google, como ejemplo.

La primera de ella es Google Dashboard (www.google.com/dashboard/). En este sitio podrás observar tu actividad en la web referida a los productos y aplicaciones relacionadas a tu cuenta.Google guarda tus nombres de usuario y claves de todos los sitios a que hayas accedido usando Chrome o Android, y hayas elegido salvarlos. (https://passwords.google.com/)

En https://history.google.com/  podrás encontrar los términos de búsqueda que utilizas, como así también tu actividad en aplicaciones y sitios web. También conservan tus búsquedas realizadas por voz (https://history.google.com/history/audio).

Google almacena la información de contactos, aplicaciones, datos de aplicaciones, búsquedas, estado del sistema u otros datos que el dispositivo envíe a Google (https://history.google.com/history/device).

¿Entraste a cada sitio y verificaste tu información? Seguimos con sitios que te sorprenderán aún más.Quedan registradas tus búsquedas en YouTube (www.youtube.com/feed/history/search_history) o también tus visualizaciones (https://www.youtube.com/feed/history).En https://security.google.com/settings/security/permissions  encontrarás todas las aplicaciones que tienen acceso a tus datos en Google y lo que se les permite hacer.

La frutilla del postre, en https://maps.google.com/locationhistory podrás ver como Google sabe y rastrea todos tus movimientos. Día a día ellos graban tus recorridos y lugares donde estuviste.Para finalizar, vamos a mencionar que toda esta información almacenada tiene como objetivo principal venderte publicidad.

Ingresa a https://www.google.com/ads/preferences/ y podrás ver como Google con toda la información recolectada ha editado un perfil tuyo.

Quiero avisarte que en cada uno de estos sitios puedes configurar tu privacidad. Solo de ti depende ahora, lo que Google sabe de vos.

La Globalización del Derecho al Olvido

global_doPor Juan Ignacio Zamora Montes de Oca

Hace algunos meses el Tribunal Europeo falló un caso (Costeja vrs. Google) en donde se pone en la palestra el derecho al olvido. Este fallo, que podría considerarse un tanto ridículo desde el punto de vista de la realidad en Internet, tiene su fundamento en  la interpretación que hizo el Tribunal de las normas de protección de datos en el sentido que los motores de búsqueda pueden ser obligados a eliminar enlaces de historias que son absolutamente ciertas.

Desde que se dio el fallo, Google Europa ha estado tratando de cumplir con las más de 150.000 solicitudes que ha recibido y ha procedido a retirar de su motor de búsquedas europeo la información solicitada en los casos que corresponde, buscando la manera de cumplir con la sentencia, todo con el fin de continuar proveyendo de sus servicios a los usuarios.

La solución de Google para cumplir con lo ordenado por el Tribunal ha sido que los resultados de búsqueda de Google Europa actualmente muestren un mensaje de que existen resultados que podrían haber sido eliminados.

Como parte de este proceso, una vez que Google comenzó a retirar las historias solicitadas, procedió a alertar a los sitios web donde se encontraban los enlaces originales de que estos estaban siendo removidos del motor de búsqueda. Los propietarios de estos sitios web no contestos con esta situación empezaron nuevamente a escribir sobre los enlaces eliminados, trayendo la noticia original de nuevo a la luz pública, haciendo las mismas nuevamente visibles.

Tratando de buscar una solución a esta ya de por sí difícil situación, los reguladores europeos han enlistado filas contra Google, Yahoo y Microsoft con el fin de discutir la posibilidad de que las remociones no fueran sólo a nivel europeo sino globales, y que los buscadores no informen a los sitios web de que han retirado los links de sus historias. Esta propuesta difícilmente será aceptada por las empresas buscadoras, pues la idea de que las autoridades europeas puedan dictar el cómo los motores de búsqueda en otras partes del mundo trabajan es bastante riesgoso.

En el momento en que tribunales y reguladores en un país piensen que pueden determinar cómo los sitios web funcionen en otros países, se generará un enorme problema jurisdiccional, así como también puede ser muy peligroso el permitir que los estados opresivos puedan reclamar ellos el derecho a dictar cómo funciona la web en países con legislaciones más abiertas.

El verdadero problema aquí ha sido la interpretación que hizo el Tribunal Europeo en el caso Costeja vrs. Google, pues esta abrió una posibilidad que presenta imposibilidades para ser cumplida a cabalidad. La idea de que la información pública que está ampliamente difundida en Internet pase a “eliminarse” es una afirmación bastante difícil de aceptar en estas épocas de Internet. Si a esto le sumamos las diferencias que existen a nivel global en cuanto a las legislaciones, lo que resulta es un asunto que más que aclarar vino a generar mayor incerteza jurídica entre los usuarios de la Internet.

Right to be forgotten, the Photoshop for Data?

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Por Laura Vivet Tañà

Recently the media have been echoing the landmark judgement of the European Union Court of Justice (ECJ) about the famous “right to be forgotten” starring Mario Costeja González, a Spanish forensic expert who decided to defy the laws of internet and challenge the giant Google, and defend his right to privacy.

It reminds us of the Ministry of Truth of the classic 1984 by George Orwell, whose function was to re-write history and falsify it.

The origin of this case started in 1998, before the approval of the current LOPD ( in Spanish acronym) – the Organic Law 15/1999 on personal data protection. Back then, the newspaper La Vanguardia ( newspaper of wide circulation in Catalonia ) published in its printed version an announcement of an auction of a property belonging to Costeja and his wife. An auction which was taking place as a direct result of social security attachment. Strangely enough this was also the year in which the company Google, our second principal star, was founded. 10 years later La Vanguardia digitized all its hermeroteca from 1881 to present day, facilitating free consultation by date or key words. 

At this time Google Search was one of the most popular search engines –for want of saying the most popular– and Costeja had already met all of his debts and was divorced. One day it occurred to him to carry out an “ego search” and to his surprise he saw that when he typed his name in the search engine, the auction in 1998 appeared in the search results.

But Mario was not the only one affected by the internet boom. Many other conflicts rose over the years; for example, with the digitalization of Official Bulletin came the indexing of such contents by the search engines, and thus the same consequences. There have been multiple claims by people who have requested that search engine results which are displayed upon typing their names, be excluded from the search engine.

Specifically, there was the case of a lawyer who claimed that, in typing in his name in the search engine a publication appeared which was related to a pardon for a person who had the same name and thus led to confusion. There was also the case of the sub director of a college who in his case, appeared in an Official Bulletin re the commission of a violation of civil order/coexistence, for relieving himself in public.

In these cases, as they were legal publications it was not possible to delete or suppress such information but in any event the fact that such content was indexed indefinitely in the search engine, by simply typing in the name of a person, appeared to be overreaching. For this reason the AEPD ( in Spanish acronym ) recommended that some Bulletins use exclusion tools(“robot.txt” or codes like noindex” or “noarchive)and as such avoid indexing content in search engines, especially when referring to really old information.

It was the view of the AEPD that, a person who does not have a public profile nor data which is of public interest should not be condemned to bear indefinitely and against his will, prejudicial data about him circulating in the internet about his person without the possibility to react to such data or correct such data.

In any event, the case of Mario was not simply limited to a legal publication, it involved a paper which was in circulation over a long period of time, protected by the right to freedom of expression and information and as such, the application of technical methods of exclusion may be conflicting. As a result, in 2010, the AEPD dismissed the claim against Google Spain y Google Inc.

Google Spain y Google Inc. were dissatisfied with the finding and appealed and in proceedings before the Audiencia Nacional ( Spanish High Court ) the court sought a preliminary ruling from the ECJ, which in its landmark judgment ruled that Google Search activities in Europe are subject to European data protection legislation, and considered that Costeja had the right to oppose to the search engine’s processing of his data, as it was sensitive and outdated information which lacked interest as it related to a person who did not have a public profile (well, at least, not until the publication of the court ruling ^_^ The Court observed that the data subject’s rights also override, as a general rule, the legitimate interest of internet users to access information.

Costeja in the meantime stated to the media that he was not worried about his image online but the impact it could have on his profession.

We must bear in mind that this information has not disappeared from internet; it has only been eliminated from the Google results when Costeja’s name is typed in. The information continues to be published in the digital hemeroteca of La Vanguardia. In fact, when typing his name in hemeroteca the infamous publication is newly displayed. This is so because an absolute right or full right to be forgotten does not exist. The original publication and the search engines’ results are considered separately.

As a result of the ruling, Google has made an online form available to enable users to request the deletion from search results linked to their name if they consider these results to be prejudicial. It has also launched a page dedicated to the right to be forgotten where it invites any user to publish his/her opinions and comments about the court ruling and how it should be applied.

The judgement does not determine whether the elimination of the results solely affects the search page in European territory ( for example, Google.es ) and thus not affecting the general search Google.com although it appears that it this is the direction which is being taken. Other search engines like Microsoft’s Bing have announced that they will offer the right to be forgotten to their users.

To date, Google have received more than 70,000 rights to be forgotten requests from European users. Some of these requests have affected well known newspapers such as The Guardian and the broadcasting corporation, the BBC who have already let it be known their displeasure announcing that this ruling has the characteristics of censorship and undermines freedom of information. This reaction seems to have been even stronger in the light of the fact that although it was not a requirement of the judgement, Google sent a notice to the relevant media warning of the removal of its pages from search results. One of the most commented was a publication by the well known BBC British journalist, Robert Peston, as a result of a request by a person mentioned in his article published by him.

The Director of the AEPD, José Luís Rodriguez, has stated to EFE (Spanish international news agency ) that the ruling is in “its initial stage” and that European data protection organizations are evaluating what actions to put it into practice, adding “we will say which activities we consider to be incompatible with the data protection law and which are not necessary to comply with the judgement because it would appear that in this initial phase Google is putting in place more measures than needs”. He also added that if anyone felt “damaged or distressed” they have “all legal channels open” to defend themselves.

Some experts have already indicated that Google’s reaction is a strategy to highlight the infeasibility of the right to be forgotten is before it is included in the new European Data Protection Regulation and at the same time, gain media and public opinion support.

It has to be said that Google has shown its willingness to comply with the ruling by designating a committee of 10 experts, amongst which we will find José Luis Piña ex-director of the Spanish Data Protection Agency (AEPD), Sylvie Kauffmann, Editor in Chief of the French newspaper Le Monde” and Jimmy Wales, founder of Wikipedia. In fact Wales has already in previous occasions expressed that he was not in favour of the right to be forgotten as Wikipedia has been busy with different requests for elimination of Wiki contents. One of the most well known took place in Germany when the ex-convict Wolfgang Werlé requested the removal of his name and that of his brother from wiki for the brutal killing of the actor Walter Sedlmayr, once they were released from prison for committing the crime.

The positions before the this leading judgement are absolutely contradictory. It reminds us of the Ministry of Truth of the classic 1984 by George Orwell, whose function was to re-write history and falsify it.

Others fear that, Google will be converted into a type of profile like Linkedin, Facebook or About.me and others such as Michael Fertik, founder of Reputation.com which helps people to improve their on-line reputation, celebrate the judgement highlighting that “for the first time human dignity will receive the same treatment online as copyright rights”.

On the other side of the Atlantic, the judgement is viewed skeptically, especially because it could be considered contrary to the First Amendment of the United States Constitution which, amongst others, protects the right to freedom of expression and prevents Congress from creating laws which restrict freedom of the press or rights of individuals to freely express themselves.

This event reminds us once again of the importance of valuing what we publish in the internet

We must not forget that the judgement only applies a European level and therefore, a request for rights to be forgotten only covers European citizen. The remaining users must follow the procedures in place to date, in other words, approach the Webmaster where the information which they do not agree with, is published, and if said webmaster does not give its authorization, they will have to contract an SEO to improve their online reputation or bring court proceedings.

It would seem legitimate that the European data protection law applies to search engines such as Google, who have offices in Europe and sell its products to European citizens. Nevertheless, bearing in mind the intermediate role they play in information society, it does not seem logical to omit the principal role of Webmaster in the solution to the problem.

In addition, bearing in mind the main problems and conflicts in media communications, perhaps the focus of reflections should start there, and even more so as they are the ones who are in the best position to evaluate whether an item news or a publication, fall within public interest, or not.

This event reminds us once again of the importance of valuing what we publish in the internet as the rules in this sector fluctuate and change. As of today’s date, it is possible to request search engines such as Google, the removal from their search engines links to specific search results, if in our particular case a number of requisites are met, but tomorrow this may not be so simple.

¿Sabe qué información suya se encuentra en Internet?

googlearse

Por Heidy Balanta

Googlearse es hoy en día una de las prácticas más comunes que tenemos muchas personas, es decir, buscar información de nosotros en internet. Pero qué sucede, cuando encontramos información negativa nuestra? Bueno, dependiendo de qué tipo de información negativa encuentra.

Ha emergido un supuesto y nuevo derecho llamado “derecho al olvido”, que es la facultad que tiene una persona de solicitar la eliminación de enlaces de motores de búsqueda como google, los cuales al dar clic pueden llevarlo a páginas de internet como periódicos donde encuentre información negativa de una persona.

De manera personal no me convence mucho este derecho. Sin embargo, otra situación diferente es, cuando una página se encarga de recolectar información de nuestra situación jurídica o procesal respecto a un asunto en litigio en cuestión y esta no se encuentra actualizada.

Precisamente, la Superintendencia de Inductria y Comercio ordenó el bloqueo de la página web www.datajuridica.com en palabras de la SIC por haber publicado información incompleta, desactualizada y fuera de contexto sobre procesos judiciales en los que los reclamantes han sido parte, cobra por el acceso a dicho contenido y no provee mecanismos que le permitan a los ciudadanos corregir, actualizar o eliminar la información errada.

Aunque usted también podía buscar libremente el nombre de la persona que quería investigar, y le aparecía la leyenda que sí tiene un proceso en trámite, sin decirle qué proceso era.

Esto afectó a muchas personas, para búsqueda de empleos, oportunidades laborales, o en general en sus relaciones interpersonales.

Cabe advertir que las multas que establece la Ley 1581 de 2012, son de carácter personal e institucional y van hasta $1.200 millones, así mismo, establece el cierre temporal o definitivo de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales.

Artículo publicado originariamente por la autora en Diario Occidente.

El derecho al olvido: ¿obligar a la gente a que sufra de amnesia?

amnesia

Por Heidy Balanta

En Psicología “el olvido” es la incapacidad del individuo para recordar un fragmento de información que está seguro que existía en su memoria. En Leyes, “El Derecho” es la potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a su favor.

Así las cosas, el “Derecho al Olvido” es la facultad que tiene una persona de exigirle a otra o a un colectivo que se olvide de alguna información de su vida. He aquí un pequeño problema: ¿cómo le exijo a alguien que a través de un proceso psicológico olvide información mía? Si usted no lo entiende, yo tampoco, o por lo menos, no debería ser el nombre de bautizo.

Ahora, en el contexto digital, El Derecho al Olvido es la facultad que tiene una persona de solicitar eliminar información sobre ella en páginas web y de resultados de motores de búsqueda. Esta información, supongo, debe ser negativa, pues hasta ahora, no conozco ningún caso donde el titular de información positiva, solicite su eliminación. Todo mundo le gusta que hablen bien de su persona.

Este derecho volvió a tomar relevancia, precisamente por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que el pasado 13 de mayo de 2014, falló en contra de Google, ordenándole retirar un enlace en los resultados de búsqueda del nombre “Mario Costeja González”, a quien le aparecía un embargo efectuado en el 1998.

La mayoría de mis colegas aplaudieron este fallo, debido a que el pobre señor llevaba años detrás de Google solicitando la supresión de este registro, y obviamente Don Google no había accedido a esas pretensiones.

Mi posición es notablemente contraria a la mayoría, no puedo estar de acuerdo, en principio, en que sea Google a quien le corresponda eliminar el registro de la información de este sujeto. Sin embargo, no me deja de llamar la atención dos cosas: el ‘Efecto Streisand’ que generó este caso. Este un fenómeno de Internet, que en el intento de ocultar una información por parte de un individuo, produce el efecto contrario, es decir, termina recibiendo mayor divulgación. Si busca en Google a “Mario Costeja González” hasta hoy, Google arroja 215.000 resultados. Es decir, en vez de lograr ocultar o eliminar esa información, ya existen miles de sitios replicando la información y medio mundo ya sabe quién es Costeja y que además tuvo un embargo.

Lo otro, que me genera curiosidad, es, si la Agencia Española de Protección de Datos en verdad tiene la precaución de eliminar la información personal en los casos que está investigando, porque al menos en esta situación no pasó, quedando en evidencia el nombre de la persona que solicitaba tal eliminación. Al menos desde mi percepción es una contradicción, es decir, aunque desee eliminar parte de mi información personal, igual todo mundo tendrá el precedente de lo que me pasó y sabrá cuál es mi nombre (no lo entiendo del todo).

Bueno, para no salirme más del tema, estos son mis argumentos, de por qué es tan desafortunado el fallo:

1. A quien debe solicitar la eliminación de una información negativa, es al administrador de la página web, quien fue el que subió la información, y le facilita eliminarla, actualizarla o rectificarla. Google solo rastrea la información, la sistematiza, la ordena y da a conocer el resultado.

2. El Tribunal europeo considera a Google como responsable del tratamiento de datos personales, porque al consultar el nombre de una persona, arroja toda la información que está relacionada con ella, (posición peligrosa), así las cosas, cualquier página o red social que contenga una herramienta de búsqueda, estará sujeta a este requerimiento. Estos motores no pueden considerarse responsables de ese tratamiento, toda vez que no conocen esos datos personales y no ejercen control permanente sobre ellos. Fíjense ustedes, ¿entonces el día de mañana nos tienen que solicitar el consentimiento de miles de datos de nosotros que andan en la red?

Por otro lado, en cualquier momento una página decide eliminar la información personal de una tercera persona y Google no puede hacer nada frente a eso, diferente fuera, si Google almacena los datos en una memoria temporal y deja la información por un mayor tiempo permitido.

3. La decisión rompe evidentemente con el principio de proporcionalidad, pues es a Google a quien le toca soportar la carga de eliminar un registro y no a la página que publicó la información inicial. Hoy en día es una practica común que muchos sitios web copien información de otras páginas, entonces ¿deben someter a un motor de búsqueda a esto?, ¿quién tiene más facilidad de remover la información, Google o quién la generó? Evidentemente este último, pues cuenta con los medios más eficaces y menos restrictivos para hacer accesible esa información.

4. Queda por último plantear varios interrogantes, ¿qué sucede con los sitios web, o redes sociales que también tienen motores de búsqueda?, ¿cómo será el proceso de baja de un enlace cada vez que una persona lo solicite?, ¿acaso no existe también un derecho a la información el cual es fundamental?, ¿cuál debe ser el equilibrio?, ¿por qué esa posición absurda de absolutizar el derecho al habeas data? Este tiene sus limites, y es el derecho a la información, y por supuesto ambos se deben ponderar.

No me confundan con los negocios dedicados a recolectar datos personales en la red, para después venderlos; o con la utilización de correos electrónicos e información personal para utilizarlos con fines comerciales. Por supuesto que este tipo de prácticas se deben sancionar, me refiero a la información personal que está suelta en internet y es legal, pero que al titular del dato no le da la gana de que aparezca en el resultado de búsqueda. ¿Qué debemos hacer?

Tengo muchas preguntas como las anteriores, pero lo que sé, es que la respuesta no está en eliminar los registros de búsqueda de un motor, pues estamos matando al mensajero de manera evidente.

El derecho al olvido, la mejor herramienta para recordar

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Por Javier Villegas Flores

Como ya es bien sabido, el pasado 13 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el Derecho al olvido o Derecho de cancelación de datos personales ante buscadores de Internet, mediante el cual los ciudadanos pueden dirigirse directamente aGoogle u otros buscadores para pedir que se eliminen determinados enlaces, dado que son responsables del tratamiento de los datos personales que ofrecen en sus resultados. Así,Mario Costeja González, representado porAbanlex y el letrado compañero Joaquín Muñoz, ganó la batalla al todopoderoso gigante de Mountain View, amparando también así la tesis defendida por laAgencia Española de Protección de Datos.

El TJUE exige al intermediario (Google) que desindexe (elimine de los resultados de sus búsquedas) el contenido en cuestión, sin que la fuente original de la información tenga que borrarlo. Se trata, a la postre, de ocultar o dificultar el acceso, para salvaguardar el derecho a la protección de datos personales.

Como consecuencia de la citada sentencia, Google articuló una herramienta para atender las peticiones de “Derecho al olvido”, debiendo ponderar en cada caso la procedencia o no de su ejercicio de acuerdo a los criterio señalados por el Tribunal.

Una de estas peticiones afectó a una noticia publicada por el diario El Mundo en el año 2008, según relata la misma cabecera. Pues bien, El Mundo ha publicado un artículo haciéndose eco de la desindexación de Google de dicha noticia como consecuencia del ejercicio del “Derecho al olvido” por parte de los afectadosCON LO QUE HA DEVUELTO AL PRIMER PLANO DE LA ACTUALIDAD LA NOTICIA QUEPRECISAMENTE LOS AFECTADOS QUERÍAN ENTERRAR Y OCULTAR PARA SIEMPRE. Sin citarlos directamente, pero dando todas las pautas y pistas, una sencilla búsqueda de acuerdo a las mismas en el pretendido “censor” buscador, nos muestra como este ejercicio del derecho al olvido ha devuelto a la primera plana de la actualidad aquella noticia que sus “inocentes” protagonistas querían olvidar.

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Búsqueda de Google 4-7-2014

Si todos los medios optaran por llevar a cabo esta medida, el derecho al olvido se convertiría, paradójicamente, en la HERRAMIENTA MÁS PERFECTA PARA RECORDAR.

Las Cookies ocultas de Google, nueva sanción

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Por Alberto Cuesta Ureña

Tiempos apasionantemente convulsos en mundo jurídico online: derecho al olvido, persecución de twitteros, usurpaciones de identidad digital, robo de datos de usuarios en plataformas de internet, nuevo reglamento europeo de privacidad, etc. Otro de los factores que está influyendo en esta espiral de constante aparición de nuevas realidades legales TIC es la problemática de las cookies.  Todo cambió respecto al tratamiento legal de esta pequeña información que envían algunos websites a los navegadores de sus usuarios desde la modificación del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI), introducida por el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas, y en materia de comunicaciones electrónicas.

Desde ese momento, se han venido analizando las formas jurídico-tecnológicas más adecuadas en los websites para llevar a la práctica lo establecido por el citado precepto. Pero las interpretaciones han sido muchas y variadas. Afortunadamente la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la AEPD) en los últimos meses está clarificando la situación. Por medio de una sanción y una “guía sobre el uso de las cookies”, los abogados especializados en derecho digital tenemos la oportunidad de empaparnos de los criterios de la AEPD para permitir a nuestros clientes cumplir con la normativa. Pues bien, la segunda sanción acaba de aterrizar, hace apenas unos días. Aquí está la Resolución R/00936/2014

Debemos trasladarnos al año 2012, cuando la Unión Cívica Provincial de Consumidores y Usuarios de Palencia y la Junta de Castilla y León pusieron en conocimiento de la AEPD que la página web basada en blogspot.com de un Centro Ecuestre, podría estar incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos y la LSSI.

Los fundamentos para imponer esta sanción no varían en su esencia respecto a los de la primera: falta de información adecuada sobre el uso de cookies y falta de obtención del consentimiento para su instalación. En cambio, el sujeto sancionado sí es diferente y en gran medida. Ya no se trata de sancionar a una PYME y sí a un gigante empresarial transnacionalque todos conocemos llamado Google Inc.  Específicamente la sanción de 25.000€ impuesta es consecuencia de la incompatibilidad con el artículo 22.2 de la LSSI del servicio de creación de blogs gratuitos que ofrece a través de la tecnología blogger.

Pero, ¿por qué sancionan a Google, Inc. sí la denuncia va dirigida contra un Centro Ecuestre de Palencia que ha creado un blog?

La AEPD fundamenta su decisión puesto que Google Inc. es el responsable del servicio yquien determina la infraestructura del sistema de blogs gratuitos limitando a los usuarios y editores de los mismos conocer si se instalan cookies o no:

“ha quedado acreditado que Google instala y utiliza, por defecto, en los terminales de los usuarios que acceden a los blogs creados bajo la infraestructura de su servicio on-line Blogger, y configurados sin la opción del campo “ID de propiedad web de Google Analytics”, cuatro cookiesasociadas a dicha herramienta analítica (“utma”, “_utmb”, “utmc” y “utmz”), y una cookie publicitaria (NID).

La descarga de dichos dispositivos y el acceso a los datos almacenados en los mismos se produce sin que Google proporcione a los editores que emplean la infraestructura de Blogger información sobre la utilización de tales dispositivos propios o de terceros ni los fines concretos para los que se tratan los datos recogidos (…)

Google tampoco proporciona directamente a los visitantes que acceden a los espacios web creados bajo la citada configuración la información relativa a los extremos anteriormente reseñados al objeto de obtener el consentimiento informado de los mismos con anterioridad a la instalación y uso de dichos dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales. (…)”

Asimismo, según la AEPD tampoco  existen opciones de configuración posterior por parte de los creadores de blogs. Las cookies están activadas por defecto y así deben permanecer si se desea utilizar el servicio online:

“Al crear los blogs Google no ofrece opciones de configuración que permitan a los editores de los mismos bloquear el uso de las cookies que dicha compañía instala por defecto sin informarsobre su utilización y finalidades a las que responde el tratamiento de los datos (…)”

Pero Google Inc. se defiende y, por una parte,  alega que las cookies usadas son necesariaspara la prestación del servicio de bitácora blogger y por tanto la entidad acogiéndose al tercer párrafo del artículo 22.2 no debe cumplir con los requerimientos sobre las cookies comentados. La AEPD niega este hecho y señala que no son necesarias para prestar el servicio puesto que si se desactivan las mismas, los blogs creados continuarían funcionando.

Por otra parte, la entidad estadounidense se defiende argumentando que la AEPD no está legitimada para actuar puesto que no se tratan datos personales por medio de las cookies instaladas. La Agencia replica indicando que el artículo 22.2  de la LSSI no contiene ningún mandato legal que limite el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo a laexistencia de un tratamiento de datos de carácter personal.

Respecto a la primera sanción sobre cookies en el que no encontró intencionalidad en la conducta infractora, en este caso la AEPD acusa a Google Inc. de actuar con dolo, ocultandodeliberadamente a los editores de los blogs el almacenamiento de cookies y las finalidades perseguidas.

En definitiva, tenemos ante nosotros una nueva resolución de la AEPD que consolida la obligación de información clara, sencilla y completa sobre el uso de  las cookies a los usuarios de los WEBSITES y la necesidad de solicitar el consentimiento previo a los mismos para poder instalarlas.

La pregunta es: ¿Google Inc. se adaptará a las obligaciones que le impone la legislación comunitaria sobre las cookies como acaba de ocurrir con el “derecho al olvido”?

Artículo publicado pro el autor en El Derecho.

Sentencia sobre derecho al olvido ¿algo ha cambiado?

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Por Francisco R. González-Calero Manzanares

Y esto es así porque la STJUE de 13 de mayo de 2014 en el asunto C-131/12 Costeja y AEPD vs Google INC y Google Spain SL interpreta y utiliza los instrumentos legales establecidos en la Directiva 95/46CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, para reconocer un derecho denominado “al olvido”, que no es otra cosa que la conjunción del principio de calidad de los datos y el ejercicio del derecho de oposición al tratamiento de datos, ambos regulados en la mencionada Directiva.

Lo que ha quedado claro es que ya no se depende de la aprobación del futuro Reglamento de Protección de Datos para poder ejercitar este “derecho al olvido” o tras las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, a “ser borrado”, aunque siempre que se delimite su alcance, objeto y contenido aportará seguridad jurídica.

Y esto es así porque el TJUE da la razón a la Agencia Española de Protección de Datos a la hora de interpretar el ejercicio del derecho de oposición y zanja una polémica entre esta y Google a la hora de interpretar la legislación española ya que hasta el momento, Google se ha dedicado sistemáticamente a recurrir ante la Audiencia Nacional las decisiones de la AEPD, provocando que en este momento estén pendientes de resolución más de 200 asuntos, lo que ayudará a delimitar aún más el alcance, el contenido y las consecuencias de esta sentencia y de este derecho. También se espera que la sentencia se analice en el Plenario del Grupo de Trabajo del artículo 29 del 3-4 de junio, y que de ahí salga una Opinión u otro tipo de documento que fije el criterio común de las autoridades nacionales de control.

Centrándonos en el asunto que nos ocupa, Google INC siempre ha entendido que no le era de aplicación la normativa española y europea de protección de datos al ser de su propiedad las arañas que rastrean continuamente la red, estar domiciliada en EEUU y no tener establecimiento permanente en España, ya que Google Spain SL sólo se dedica a comercializar los productos y servicios de Google INC. Tampoco entendía que con sus motores de búsqueda se produjeran tratamientos de datos personales en los términos establecidos en la legislación española y europea y, que en todo caso se debería acudir a la fuente para que o bien elimine el contenido o bien instale un dispositivo norobot.txt que evite la indexación del contenido por parte de sus arañas.

Estos alegatos no han sido tomados en cuenta por el TJUE, que da dictaminado que sí le es aplicable la legislación española y europea al tener una filial en España “destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro” y también entiende que se realiza un tratamiento de datos porque “la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado” y en lo que respecta al derecho de oposición y el derecho de rectificación, supresión y bloqueo de datos inexactos o incompletos que trata de garantizar el principio de calidad de los datos (artículos 12 b y 14 a de la Directiva 95/46CE) el Tribunal de Justicia dispone que:

.– De cumplirse los requisitos para el ejercicio de estos derechos, “el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”.

2º.- Al examinar los requisitos de estas derechos se tiene que analizar en concreto “si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”.

Llegados a este punto, podemos realizar las siguientes valoraciones:

  • Que se pueda bajo determinadas condiciones exigir a un buscador que nos elimine de su lista de resultados no impide que de pueda reclamar también a la fuente la eliminación del contenido (salvo que exista una obligación legal que obligue a ello o que se demuestre un interés legítimo en el tratamiento) o para los casos en los que no proceda la eliminación del contenido (como puede ser una publicación obligatoria en boletín oficial) a que se instale un mecanismo que impida su indexación por buscadores como se ha venido haciendo hasta la fecha.
  • Siempre será mejor acudir a la fuente para que elimine o evite la indexación, ya que los buscadores se actualizan periódicamente, y antes o después desaparecerá de la lista de resultados. Si nos dirigimos sólo al buscador corremos el riesgo de no poder localizar qué sitios web se están haciendo eco de ese contenido. No aparecerá en una lista de resultados pero cualquier internauta que acceda a ese sitio web tendrá acceso al contenido.
  • Estas valoraciones no tratan de restar valor a la sentencia analizada, ya que soluciona uno de los mayores problemas de la red ante amenazas y riesgos para la privacidad, a saber, la universalidad de la red y la falta de normativas sobre protección de datos en numerosos Estados. La retirada de los índices de búsqueda puede ser la única alternativa posible si el propietario de un sitio web o su servidor está domiciliado en alguno de estos países.
  • Los criterios para eliminar el resultado de búsqueda deben ser casi automáticos y la única verificación que deberían realizar los motores de búsqueda es la de comprobar la identidad del reclamante, al tratarse de derechos personalísimos. Por el contrario los editores de contenidos si tendrán que entrar a valorar si procede o no el ejercicio de esos derechos. Eso es lo que parece desprenderse de la siguiente afirmación contenida en el fallo “también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”.
  • El ejercicio de estos derechos no suponen ningún acto de censura en la red o atentado contra derecho de terceros que aparecen en ese contenido, puesto que se habla de eliminación de resultados de búsqueda “por persona” o instalación de mecanismos que impidan la indexación “de esa persona” por motores de búsqueda, no de la retirada en si de los contenidos que cuando procedan por ser delictivos, ofensivos, inexactos o se carezca de interés legítimo para su tratamiento, deberán utilizarse los cauces y herramientas legales destinados para ello.

Publicado originariamente por el autor en El Derecho.

Google da sus primeros pasos para hacer efectivo el derecho al olvido

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Por Daniel A. López Carballo

Hace poco conocíamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el famoso caso Google y derecho al olvido, un caso de gran relevancia al resuelve la cuestión prejudicial planteada en marzo de 2012 por la Audiencia Nacional española sobre la interpretación de la Directiva 95/46/CE en relación con la actividad de los motores de búsqueda de Internet. La decisión afecta a más de 220 recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, actualmente pendientes ante el citado organismo judicial español.

En ella se respalda el concepto de derecho al olvido, a la posibilidad de que un ciudadano pueda solicitar el borrado de su datos y el rastro de los mismos en Internet, de forma efectiva; clarificando definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia.

Dos semanas después Google presenta una herramienta para que los motores de búsqueda eliminen resultados de consultas que incluyan su nombre si esos resultados se consideran “inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes, o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados“.

Según informa la propia compañía “Google evaluará cada solicitud de forma individual e intentará buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información. Al evaluar tu solicitud, Google examinará si los resultados incluyen información obsoleta sobre ti, así como si existe interés público por esa información (por ejemplo, información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno)”.

Para ello Google ha elaborado un formulario que el usuario debe cumplimentar sus datos y los enlaces que desea retirar. En caso de no ser el propio interesado deberá tener autoridad legal para actuar en su nombre. Según se recoge en el mismo, se necesitará una copia de un documento de identificación con foto válido para completar este formulario.

Para evaluar la idoneidad de la solictud, Google evaluará cada caso por lo que solicita que se:

a) Indique la URL de cada enlace que aparece en una búsqueda de Google de su nombre y que solicita que se retire. (La URL se puede encontrar en la barra del navegador después de hacer clic en el resultado de búsqueda en cuestión).

b) Explique, si no están claros, los motivos por los que la página enlazada se refiere a usted (o, si envía este formulario en nombre de otra persona, a la persona indicada anteriormente).

c) Explique por qué esta URL de los resultados de búsqueda resulta irrelevante, obsoleta o inadecuada de cualquier otro modo.

Entre las diferentes problemáticas que se suscitar, se encuentra la resolución de dicha solicitud conforme a los plazos legales establecidos en las diferentes legislaciones, más aun si se establece un periodo de evaluación según detalla Google, así como la carencia del deber de información en cuanto a la recogida de datos, se da la paradoja de que el usuario solicita que se eliminen sus datos, dándole nuevos datos a Google, que pasara a procesarlos e incluirlos en sus ficheros, en cierta medida, incrementando la información que la compañía tiene sobre el mismo.

Por último, pese a que el formulario se realiza en base a la legislación europea, si echamos de menos que está práctica sea extensible a otras nacionalidades y países, donde el ciudadano pueda solicitar la retirada de contenidos, en este sentido se debe recordar que el derecho a la protección de datos, se encuentra ligado al derecho a la privacidad, la intimidad y el honor, en definitiva a la propia imagen, debiendo ser considerado como tal, un derecho erga omnes, con independencia de el país de residencia de las personas, más aún teniendo en cuenta la velocidad a la que la información traspasa fronteras en Internet.

Enlace al formulario de Google.

Audiencia de la Corte Suprema por el caso Rodríguez: libertad de expresión vs. derecho a la intimidad

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Por Agustina Callegari

Este miércoles 21 de mayo la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública sobre el caso “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios”. El mismo pretende determinar si existe responsabilidad de los buscadores por los contenidos que indexan.

Los buscadores de Internet, como Google y Yahoo, ofrecen en sus resultados de búsqueda un enlace a sitios web con diferentes contenidos que, muchas veces, pueden afectar los derechos al honor, la intimidad, la privacidad y la imagen de las personas. En esta ocasión, la imagen de la modelo aparecería enlazada con sitios web de contenidos sexuales.

De esta forma, el caso pone en escena la tensión entre dos derechos: la libertad de expresión y la protección de datos personales. El primero hace referencia al derecho a buscar, recibir y difundir informaciones en cualquier medio, en este caso, en Internet. Mientras que el segundo se refiere al derecho al honor, la intimidad y la autodeterminación informativa.

Para tomar una decisión la CSJ escuchó en la jornada de hoy las posiciones de los Amigos del Tribunal. Así, en un día histórico, en carácter de AMICUS se presentaron seis expositores: el Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal, el Centro de Economía y Derecho de la Facultad de la UBA, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los abogados: Raúl Martínez Fasalari, Andrés Gil Domínguez y Enrique Molina Quiroga y; la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Una vez escuchados todos los informes, la Corte llamo a cuarto intermedio hasta el 29 de mayo a las 10 de la mañana en la Sala de Audiencia del Máximo Tribunal, dónde se darán los argumentos de las partes.

El primero en abrir las exposiciones fue el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, representado por Laura Calógero. La abogada hizo hincapié en la no limitación de la información de las búsquedas de Internet y agregó que si se eliminan los contenidos se está implementando una censura previa. “La censura no está contemplada en nuestra Constitución”, destacó. En la misma línea, el Centro de Estudios en Derecho y Economía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se pronunció en contra de la eliminación de contenidos y comparó esta acción con la de concurrir a una biblioteca para arrancar una página de un libro.

Así, la mayoría de los Amigos del Tribunal se posicionaron a favor de la no eliminación de los contenidos en la Web. Sin embargo, los abogados Raúl Martínez Fasalari, y Andrés Gil Domínguez propusieron desde diferentes lugares la implementación de mecanismos para limitar el acceso a contenidos, sin que ello conlleve la eliminación de los mismos. Para ello, Gil Domínguez pidió la implementación de un hábeas data digital que no requiera de orden judicial.

Por su parte, Enrique Molina Quiroga advirtió la necesidad de que la evaluación judicial sea un requerimiento para retirar contenidos de Internet. Enfatizó que si se aplica la responsabilidad objetiva, se estaría trasladando a una empresa privada, como es en este caso Google, una facultad que la Constitución y los respectivos tratados internacionales le asignan a la justicia.

En favor del derecho a la protección de datos y la privacidad, se presentó Esteban Ruiz Martínez de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. El abogado basó sus argumentos en la ley N° 25.326 de protección de datos personales y resaltó la importancia de la protección de datos personales como derecho estratégico para la democracia. Así, señaló que los buscadores hacen tratamiento de datos. “El buscador relaciona datos, en algunos casos relaciona noticias y en otros datos personales. El resultado en este último caso puede ser perjudicial para el titular de esos datos”, afirmó. Además, añadió que la persona afectada puede pedirle a Google que bloquee el resultado, ya que el tratamiento de los datos que hace la empresa está alcanzado por la ley 25.326.

Cabe resaltar que, en los fallos previos a que la causa llegara a la Suprema Corte no se tomaba en cuenta a la protección de datos personales. Asimismo, se destaca como antecedente, el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se reafirma el derecho al olvido, y se establece la responsabilidad de los buscadores por indexar y facilitar contenidos que contienen datos personales. El peso de este fallo, si bien fue calificado de desafortunado por el Centro de Derecho y Economía de la UBA, será significativo para la decisión de la Corte.