Panamá Papers y la privacidad de los corruptos

Por Sebastián A. Gamen

Las sociedades off shore están hechas para delinquir dice Ricardo Nissen, abogado y ex titular de la Inspección General de Justicia. Si se quiere algo más suave, podemos decir que las sociedades offshore sirven para planificar tributariamente un negocio, es decir, eludir al fisco de algún país.

Caliente, por no decir en llamas, está la mayor filtración de documentos privados. Si, aún mayor que Wikileaks que divulgó 1,7GB. Panamá Papers filtró 2.600 GB, equivalentes a once millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, estudio jurídico que se dedica a crear sociedades en Panamá. Según sus dichos crearon 250.000 sociedades desde su fundación.

El escándalo salpica a 12 presidentes, incluyendo a sus familiares. Entre otros, se encuentran involucrados el expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exlíder de Libia Muamar Gadafi y el actual presidente de Siria, Bashar al Assad.

Todavía no se pudo determinar quién y cómo filtró los documentos confidenciales.

Hace 2 años Panamá se incorporó al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Este tratado internacional elaborado por el Consejo Europeo busca combatir los delitos informáticos y en internet, armonizando las leyes nacionales, mejorando las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional.

Justamente, el primer título de ese Convenio protege la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos penalizando el acceso deliberado e ilegítimo.

Hace pocos días vivíamos la pelea entre Apple y el FBI, para que se abriera el acceso a los datos encriptados de un celular. Apple argumentaba que acceder a la orden sería una violación injustificada de los derechos de Apple y de la privacidad de sus clientes. Por el lado del FBI decían que los derechos que Apple protegía cedían paso a un interés público imperativo como la prevención o detección de la delincuencia.

Ahora nos encontramos frente a una situación similar. Alguien violó la privacidad de los clientes de Mossack Fonseca, pero ¿acaso no sirvió para descubrir posibles delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y los que pudieren aparecer? ¿Debe primar el interés público?

Quién violó la seguridad de Mossack Fonseca y los periodistas que luego divulgaron los documentos gozan del derecho a la privacidad y a la confidencialidad de sus asuntos legales. Ese derecho corresponde a “todas” las personas.

Sin dudas, la transparencia y la rendición de cuentas son buenas para la sociedad. Pero también lo son el derecho a la privacidad y a obtener asesoramiento jurídico confidencial.

Transparencia versus Protección de Datos en la justicia abierta

translopdPor Aristeo García González

Consideraciones Finales

En un mundo cada vez más informatizado, los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información que es administrada por los poderes públicos.

Debido a la creciente incorporación de la tecnología al quehacer administrativo, se está pasando de “los papeles” al formato digital[1], lo que sin duda, ha venido a transformar el concepto de publicidad y el alcance de la privacidad, particularmente, de todo aquella información que es generada por los poderes del Estado. El ámbito judicial, no es ajeno a esta nueva realidad.

Los juicios son, en principio públicos, esto, en virtud de que la sociedad debe estar informada de lo que sucede en los procesos judiciales. Al mismo tiempo, hay asuntos que se deben mantener en reserva que sólo las partes involucradas deben conocer. Precisamente, la tecnología se está convirtiendo en un medio excelente para salvaguardar este doble propósito: hacer público lo que debe estar al alcance de la sociedad y mantener en secreto lo que exige proteger la intimidad.

En el ámbito judicial, la publicación de la información procesal, o bien, la divulgación de resoluciones emitidas por los Poderes Judiciales, en la mayoría de los casos quedan al descubierto datos de las personas. Los cuales pueden ser objeto de vulneración si éstos no son tratados adecuadamente por los operadores judiciales, sobre todo, con la creciente práctica de almacenamiento de la información personal en los medios informáticos.

La transparencia judicial, no es sólo un estado de cosas sino una forma de diálogo, esto es, carece de sentido hablar de transparencia sino existen formas de dialogo que deban ser mejoradas. Como el de una mayor accesibilidad a la información que es generada y administrada por los propios tribunales.

Precisamente, una de las dificultades en la relación del Poder Judicial con la ciudadanía, es la falta de un diálogo fluido y permanente, el cual sólo se hace presente en situaciones de crisis o en casos mediáticos.

Razón por la cual, la impartición y administración de justicia debe transformarse. Esto es, asumir un nuevo conjunto de tareas y responsabilidades, como lo es el respeto y la protección de dos derechos fundamentales en el presente siglo: el acceso a la información y la protección de los datos personales, en una justicia abierta.

Hacia una justicia abierta. Open justice.

El proceso de modernización en la impartición y administración de justicia es una realidad. De ahí que, la implementación de la tecnología cada día se constituye como un como un pilar fundamental para lograr su funcionamiento eficaz.

Toda vez que, la simple observancia de la realidad nos permite constatar como la tecnología ha abierto un nuevo campo de actuación al asumir un conjunto de tareas antes inexistentes, como es la posibilidad de recoger, añadir y tratar un gran número de información, ya sea sobre las personas o el quehacer jurisdiccional de los órganos judiciales.

Si bien es cierto, los principios de transparencia, colaboración y participación ciudadana son los ejes centrales de lo que se conoce como Open Govemment, también tienen proyección en la Open Justice o, simplemente, en la justicia abierta.

El Open Justice, concepto que encuentra originariamente asociado al Common Law, básicamente alude al hecho de que los procesos deberían ser abiertos al público, incluido los contenidos e información de los archivos judiciales y audiencias públicas[2].

Partiendo de lo anterior, puede decirse que la transparencia judicial concebida como un escrutinio público de los tribunales, resulta esencial para mantener la confianza pública en el sistema de impartición y administración de justicia de cualquier país. De ahí que puede decirse, en palabras de Dyson, el principio de justicia abierta es un principio central que hace alusión al desarrollo tecnológico actual, el cual es un elemento fundamental para abrir al a justicia[3].

Esto es, desde una perspectiva de evolución del principio de justicia abierta, puede decirse que con ella se da una mejora en la rendición de cuentas, en su eficacia y eficiencia y participación[4]. Además, la eliminación progresiva del uso del papel supondrá, además de una administración más comprometida con el medio ambiente, un incremento en la rapidez y agilidad de los múltiples trámites procesales, haciendo con ello una administración de justicia más accesible y cercana. Sin dejarse de lado, el binomio privacidad-apertura en la justicia, sobre todo, con relación a la transición a los documentos digitales.

Consideraciones finales

El creciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como los beneficios que presentan, pueden incorporar al ámbito judicial nuevos y complejos problemas. Para ello, es preciso que tanto los operadores jurídicos como los administrativos conozcan los efectos –positivos y negativos– que pueden llegar a ocasionar ante su creciente uso.

De ahí que, resulta necesario crear una mayor consciencia, mejor aún, una nueva cultura institucional en el uso de las tecnologías por parte de los servidores públicos encargados de administrar e impartir justicia.

En definitiva, la incorporación de la tecnología en la impartición y administración de justicia y, a fin de hacer frente al binomio privacidad-apertura, resulta necesario que se fomente una cultura jurídico-social en materia de transparencia y protección de los datos personales[5], a fin de que los operadores judiciales, conozcan y puedan asumir sus nuevas responsabilidades en una justicia cada vez más moderna e informatizada.

[1] Vid. García González, Aristeo “Los retos de la nueva administración pública en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Una visión comparada”, Derecho Comparado de la Información, julio-diciembre de 2011, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas/ Universidad de Palermo/ Fundación Konrad Adenauer, México, 2011, pp. 3-33.

[2] Neuberger of Abbotsbury, Openness a ‘fundamental principle’ of justice, says Britain’s most senior judge. The Telegraph. (D. Barrett, Interviewer) UK, 2013.

[3] Cfr. Dyson J., Advances in open justice in England and Wales. Hong Kong, China: Master of the Rolls, 2013

[4] Cfr. Simpson M., Open justice and the English criminal process. University of Nottingham, 2008, p. 279

[5] García Gonzalez, Aristeo. “La cultura en materia de protección de dato personales”, en Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, marzo 2013 (http://oiprodat.com/).

 

De la idea de Rousseau sobre un Pacto Social, a su refundación en la era Digital

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Por Romina Florencia Cabrera

Siempre me ha gustado investigar y defender en sentido social de la vida. Tal vez…esto se lo debo a mi mamá, Estela Gulizzi, psicóloga, amplia defensora de la humanística , en su juventud.

Ella me enseñó, además de mi papá Hector Cabrera ( debe ser por el origen griego paterno), abogado, el amor por el conocimiento y  los Derechos Humanos .  El valioso significado de la Libertad, de la Justicia; del respeto de los Derechos de los sectores menos favorecidos y del desarrollo sustentable.  Y sobre todo, el sentido del “Bien común”: cooperar entre todos ,para lograr con un granito de arena, una sociedad  más positiva para todos , donde los habitantes de este planeta puedan ser más felices ( algún iluminado, con todo respeto, me discutirá el concepto de “Felicidad”, pero no tengo la sabiduría suficiente para responder, y no es mi intención filosofar sobre ello ahora).

 Así como en el  cuerpo humano, la interrelación de todos los órganos es fundamental para el funcionamiento del mismo;  para que una persona  se desarrolle y tenga una conducta adecuada en la sociedad, es importante el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social (el medio). Por ello,  la homeostasis es necesaria que todo sistema se integre correctamente, de  una manera eficiente y eficaz.

Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia en las ideas políticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doctrina planteada por Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre diversos temas en materia política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes.

Su obra “El contrato social“ constituye una lectura muy consultada, estudiada e interpretada en la reflexión sobre diversos temas, como los fundamentos de la sociedad; la legitimidad de las decisiones; la voluntad general; la soberanía, entre otros. Sin embargo, muchas veces esa lectura es realizada de forma aislada del resto de sus obras, circunstancia que ciertamente impide una comprensión más amplia de las ideas políticas vertidas en el contrato.

Obras como el “Discurso sobre las ciencias y las artes”; el “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres“; el “Emilio o de la educación”; las “Consideraciones sobre el gobierno de Polonia”; el “Proyecto de constitución para Córcega” o los “Fragmentos políticos”, a pesar de tener un contenido esencial para entender su propuesta política son desplazadas en ese estudio. Sobre todo, una obra poco conocida pero de especial importancia para comprender la complejidad del contrato la encontramos en la primer versión del contrato social también conocida como “Manuscrito de Ginebra“.

Este manuscrito no es una obra publicada, constituye el borrador de lo que será la versión final del contrato social. En diversos pasajes de obras y cartas se revela la existencia de este borrador, especialmente en las “Las confesiones”, en donde Rousseau describe cómo la falta de tiempo le obligo a renunciar a un proyecto más amplio sobre política. Su justificación fue que estos temas necesitan mucha reflexión, espacio y tranquilidad, circunstancias con las que no contaba.

Asimismo, consideraba que las ideas expuestas ahí eran muy atrevidas para el tiempo y el país en que vivía, además de encontrar indicios de los problemas que vendrían a partir de la sorpresa que causó el borrador a sus amigos. Incluso, consciente de los ataques que realiza al iusnaturalismo, no quiso comunicar el contenido.

Por estas razones Rousseau recortó diversas partes del manuscrito para no ser publicadas en la versión final del contrato, incluso puede notarse la supresión de un capitulo completo. Los fragmentos recortados se refieren a la interpretación del contrato social, las ideas sobre el estado de naturaleza y la naturaleza del hombre.

El manuscrito, publicado en revistas filosóficas de otros países, puede encontrarse en la web. Resulta interesante acercarse a esa lectura porque sirve para complementar ideas que parecen vagas en el contrato.[1]

La Comisión Mundial sobre Gobernanza de Internet (GCIG; por sus siglas en inglés) fue establecida en enero de 2014 para articular y promover una visión estratégica para el futuro de la gobernanza de Internet.

 En recientes reuniones, la Comisión discutió sobre la potencial y perjudicial erosión de la

confianza en Internet en la ausencia de un amplio acuerdo social sobre las normas de seguridad y privacidad digital. La Comisión considera que, para que Internet siga siendo un motor global de progreso social y económico que refleje la diversidad cultural del mundo, debe restablecerse la confianza en Internet. Internet debe ser abierta y estar libremente disponible para todos en un entorno de seguridad. Así, la Comisión plantea la necesidad de que todos los Stakeholders deben colaborar y trabajar conjuntamente para adoptar normas de comportamiento responsable en Internet. Con motivo de la Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio en La Haya, en abril del 2015, la Comisión llama a la comunidad global a construir un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus representantes electos,

el poder judicial, las agencias para el cumplimiento de la ley y de inteligencia, las empresas, la sociedad civil y la comunidad técnica de Internet con el objetivo de restaurar la confianza y mejorar la confiabilidad en Internet.[2]

En este momento es primordial que los gobiernos, en colaboración con todos los demás Stakeholders, adopten medidas para generar la confianza básica en que se respetará el derecho a la privacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esencial asegurar la primacía de la Ley . Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se refuerzan mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la mala utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de la extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los datos privados.

El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso compartido de todos los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, para tomar medidas concretas en sus propias jurisdicciones con miras a generar confianza y confiabilidad en Internet. El compromiso con el concepto de seguridad colaborativa y con la privacidad debe reemplazar las prolongadas y sobrepolitizadas negociaciones y conferencias.

Los siguientes son los principios esenciales que la Comisión promueve para la elaboración del nuevo pacto social:[3]

  • Los Derechos Humanos fundamentales, que incluyen la protección de la privacidad y de los datos personales, deben estar protegidos en línea. Las amenazas a estos derechos deben ser atendidas por los gobiernos y otros Stakeholders actuando dentro de su propia jurisdicción y en cooperación.
  • La interceptación de las comunicaciones, la recopilación, el análisis y el uso de datos en Internet por parte de agencias para el cumplimiento de la Ley y de inteligencia debe hacerse con propósitos pública y previamente especificados, autorizados por la ley (incluida la Ley Internacional de Derechos Humanos) y en consonancia con los principios de necesidad y de

proporcionalidad. Propósitos como obtención de ventaja política o ejercicio de represión no son legítimos.

  • En especial, las leyes deben ser públicamente accesibles, claras, precisas, comprensivas y no discriminatorias, generadas abiertamente y transparentes para las personas y las empresas. Mecanismos sólidos e independientes deben existir con el fin de que se garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos. Los abusos deberían ser susceptibles de una reparación apropiada, con acceso a un mecanismo efectivo para remediar el daño causado a las personas cuyo derecho a la privacidad haya sido violado por alguna actuación de vigilancia ilegal o arbitraria.
  • Las empresas u otras organizaciones que transmiten y almacenan datos usando Internet deben asumir una mayor responsabilidad para proteger dichos datos de intrusiones ilegales, de daños o de su destrucción. Los usuarios de los servicios pagados o de los llamados “servicios gratuitos” ofrecidos en Internet deben conocer y tener alguna alternativa de elección sobre todos los usos comerciales para los cuales se pudieran explotar sus datos, sin ser excluidos por ello del uso de software o de los servicios habituales que les permitan participar activamente en la sociedad de la información. Este tipo de empresas también deben demostrar capacidad de rendición de cuentas y proporcionar reparaciones en el caso de una falla de seguridad.
  • Es necesario revertir el proceso de pérdida de confianza en Internet producto de la operación de un mercado no transparente que recopila, centraliza, integra y analiza enormes cantidades de información privada de personas y empresas — una especie de vigilancia privada en el servicio de “big data”, que por lo general opera bajo el pretexto de ofrecer un servicio gratuito.
  • En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las comunicaciones deben ser consideradas inherentemente como privadas entre las partes involucradas independientemente de la tecnología de comunicación que utilicen. El rol del gobierno debe ser el de fortalecer la tecnología de la cual depende Internet y su uso, no el de debilitarla.
  • Los gobiernos no deben crear ni requerir a terceros que establezcan “puertas traseras” para acceder a datos que debilitarían la seguridad de Internet. Se deben alentar y realizar esfuerzos para que la comunidad técnica de Internet incorpore soluciones que mejoren la privacidad bajo los estándares y protocolos de Internet, incluyendo el cifrado end-to-end de datos en tránsito y en reposo.
  • Los gobiernos, trabajando en colaboración con los técnicos, las empresas y la sociedad civil, deben ayudar a educar al público con respecto a las buenas prácticas de seguridad informática. También deben colaborar para mejorar la capacitación y el desarrollo de taskforces de software a nivel mundial para incentivar la creación de redes más estables y seguras en todo el mundo.
  • La naturaleza transfronteriza de muchas formas de intrusión informática restringe la capacidad del estado agredido de interceptar, investigar y enjuiciar a las personas u organizaciones responsables de esa intrusión. Los estados deberían coordinar sus respuestas y ayudarse mutuamente con el fin de reducir las amenazas, limitar los daños e impedir futuros ataques.Esta declaración ofrece la visión de la Comisión de los temas en cuestión y describe detalladamente los elementos esenciales para lograr un pacto social para la seguridad y la privacidad digital.

El pacto social para una sociedad digital requerirá un nivel muy elevado de acuerdo entre gobiernos,corporaciones privadas, personas y la comunidad técnica. Los gobiernos pueden proveer liderazgo, sin embargo ellos solos no pueden definir el contenido del pacto social. Para lograr un acuerdo y aceptación amplia de todos los Stakeholders se necesitará la participación de todos los actores del ecosistema de Internet. En principio parece poco probable que un pacto social de estas características pueda ser de naturaleza universal, adecuado a las distintas realidades económicas o culturales, y ello no debería ser la meta inmediata a la que abocarnos. Internet es utilizada y valorada en todas las culturas y todas las fronteras. A veces, los cambios importantes de actitud suceden más rápidamente y de una manera más flexible de lo que podría ser posible a través de los tratados negociados o los instrumentos jurídicos internacionales. Con el tiempo, los enfoques nacionales pueden obtener reconocimiento como buenas prácticas internacionales y eventualmente adquirir el estado de derecho internacional consuetudinario. Pero eso está todavía a algunos años de distancia y la velocidad del cambio tecnológico necesita flexibilidad y soluciones innovadoras. El área de inteligencia asociada a la seguridad nacional es especialmente difícil de regular ya que hay pocas leyes internacionales que la rigen, pero ni siquiera ese dominio, en gran parte secreto, debería estar libre de consideraciones éticas y legales.

El pacto social contribuirá a generar un nuevo tipo de “seguridad y privacidad colaborativa.” El término resalta una verdad fundamental de Internet: cada parte del ecosistema digital afecta a las otras. Por ende, el nuevo pacto social no puede tratar de encontrar el equilibrio entre los derechos humanos y la privacidad y los intereses del estado o los derechos comerciales. Se trata de asegurar que exista un marco dentro del cual cada Stakeholder tenga la responsabilidad de actuar no sólo por su propio interés, sino también en el interés del ecosistema de Internet como un todo. Por definición, el proceso debería generar resultados tipo ganar-ganar en lugar de generar ganadores y perdedores. La seguridad efectiva, los modelos de negocios exitosos y los derechos humanos se refuerzan mutuamente en el largo plazo. Todos los actores deben reconocer y ejercer su cuota de responsabilidad en la seguridad y privacidad en Internet en colaboración con todos los demás, o nadie tendrá éxito.[5]

Al final, a todos los actores les interesa que Internet siga siendo confiable como un recurso global común: abierto, asequible, sin restricciones y disponible para todos como un medio seguro para generar más innovación. El gobierno, las empresas y la sociedad civil deben trabajar juntos hacia ese objetivo.[6]

El nuevo pacto social para la Sociedad Digital, implica el modelo de colaboración entre los diversos sectores del esquema de Gobernanza de Internet ( Empresa, Estado, Sector Académico, Técnico, Sociedad Civil); fortaleciendo los lazos de Cooperación Internacional, y confianza entre los Estados Miembro de la Comunidad Global. En esta época, donde tantas amenazas endógenas y exógenas, ponen en riesgo muchos proyectos, pactos y hasta factores como la credibilidad, seguridad y estabilidad del esquema donde se desarrolla Internet, habría más que nunca que poner énfasis en los principios que nos llevan a creer y a promover los Derechos Humanos, concebidos en el seno de Naciones Unidas y otros organismos Internacionales ( como fue la etapa Pos Segunda Guerra Mundial), y defendiendo más que nunca los Estados democráticos, que garantizan nuestros Derechos y Libertades.

El  Terrorismo, sobre todo  el ciberterrorismo, no reconoce fronteras, es difícil su encuadramiento, ya que no respeta reglas como en cualquier declaración de Guerra; es imprevisible, mucho más intensificado y su objetivo es cambiar el orden mundial hacia una nueva manera de vivir ( según sus creencias).

No me voy a detener en este tema. Lo único que quería rescatar, es que no se puede perder la confianza ni la fé en la evolución del esquema de Internet; creo que el respeto de los Derechos, Garantías y Deberes, deben defenderse de igual manera en línea como en la Vida no Virtual, ya que todos los habitantes de este planeta estamos inmersos en este fenómeno tecnológico, y lo que mejor se puede hacer, es avanzar hacia un futuro más estable, confiable, solidario y más ameno no solo para nosotros, sino para los futuros habitantes de este planeta. No tengo hijos, pero si los tuviera, me gustaría que gocen de las mismas libertades que yo disfruté, o más aún, que crezcan en un mundo sin tantos prejuicios, donde se desarrolle el verdadero concepto de libertad, respeto y tolerancia.

[1] Grado Cero Prensa; un espacio para la  difusión de las Ciencias Sociales y la Filosofía. “El manuscrito de Ginebra de Jean- Jacques Rousseau”. 15 de mayo de 2015. Sitio Web: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/05/15/el-manuscrito-de-ginebra-de-jean-jeacques-rousseau/

Fecha de consulta del sitio: 15/5/2015.

[2] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.

[3] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.

[5] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.

[6] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.

Conciliación de la Ley de Transparencia con la Ley Orgánica de Protección de Datos

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Por Francisco R. González-Calero Manzanares

Hace poco más de un año me preguntaba si ¿ningunea la Ley de transparencia a la Ley Orgánica de protección de datos? al establecer la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el artículo 12 un derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

Como comentábamos en el artículo mencionado y al que nos remitimos, el ciudadano no tiene que justificar el motivo que origina su solicitud, y la propia Ley 19/2013 establece una serie de materias en las que puede denegarse total o parcialmente ese derecho, y fija una serie de reglas para el acceso a documentos cuando en los mismos consten datos de carácter personal de terceros. Dejando al margen los criterios establecidos para los documentos con datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal (artículos 7.2 y 7.3) más los de imposición de infracciones penales o administrativas que no conlleven la amonestación pública del infractor, cuyas reglas quedan claras, retomamos los criterios de ponderación establecidos en la Ley 19/2013 y las habilitaciones legales para restringir o facilitar el acceso a la información pública,  puesto que nos darán la idea de cómo hay que aplicar y cómo se está aplicando la conciliación a través de la ponderación de derechos protegidos en las dos leyes en cuestión. No hay que olvidarse que lo que está en juego es una posible vulneración del artículo 11 de la LOPD que, a grosso modo, obliga a contar con el consentimiento expreso del afectado para poder comunicar sus datos a terceros, salvo que esa comunicación esté prevista en una Ley.

Comenzando con la ponderación entre leyes y derechos, disponemos ya de una primera Resolución conjunta en base a la disposición adicional quinta de la Ley 19/2013que dispone que “el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las reglas contenidas en el artículo 15 de esta Ley”. En este caso se plantean varias cuestiones en relación a la posibilidad de facilitar las retribuciones del personal que trabaja para la administración  (funcionario, laboral o eventual) vinculando el dato retributivo a la persona, productividad percibida por cada empleado público y RPT de los órganos administrativos e identidad de la persona que ocupa un determinado puesto de trabajo.

De la mencionada resolución cabría destacar que a los efectos de ponderar entre ambas leyes, se toma como criterio el de la relevancia del cargo y su nivel de confianza, entendiendo que sí procede dar publicidad a los cargos directivos(Titulares de las Subdirecciones Generales, las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y de los órganos directivos de las Agencias Estatales, Entes y otros organismos públicos que tengan atribuida la condición de directivos) en el supuesto planteado,personal eventual “cuya designación se basa en criterios de confianza y discrecionalidad“ y personal funcionario de libre designación siempre atendiendo al nivel del puesto desempeñado, cuando más alto esté en la jerarquía, más justificación existirá para su publicidad ya que en la ponderación pesará con mayor fuerza el interés público. En relación con la productividad entiende que debe regir el mismo criterio “acerca de los niveles de responsabilidad, confianza y  participación en el proceso de toma de decisiones“.

Finalmente se incluyen unas consideraciones adicionales entre las que destacan que loscriterios de ponderación lo son a efectos de la resolución del derecho de acceso y no son extrapolables a la publicidad activa de la información (por ejemplo publicación en portal de la transparencia), ya que los criterios podrían diferir, y que a la hora de conceder el acceso hay que informar expresamente al interesado de acuerdo con el artículo 15.5, de la Ley 19/2013 que dispone que la normativa vigente de protección de datos personales será en todo caso de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

Tenemos por ello un primer límite al derecho de acceso a la información pública basado en el grado de confianza, responsabilidad y discrecionalidad en la designación del empleado público. Cuanto más alto esté en el escalafón jerárquico, más discrecionalidad en el nombramiento exista y más poder de decisión posea, menos derecho a la protección de datos tendrá, al menos en lo que a su retribución se refiere.

En cuanto al segundo bloque que queríamos analizar, a saber la habilitación legal que faculta la comunicación de datos personales a terceros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la LOPD contamos con la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 957/2015 de 9 de marzo  de 2015 que anula y casa la Sentencia de la Audiencia Nacional 2898/2012 de 15 de junio de 2012 desestimando por ello el recurso planteado contra la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de 20 de abril de 2009 (procedimiento AP/00063/2008).

El supuesto analizado parte de la denuncia de una persona contra la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, al comprobarque esta había publicado en Internet una relación de admitidos para ayudas de discapacitados del Fondo de Acción Social de la Xunta de Galicia, donde figuraban los nombre y apellidos, entre ellos los del denunciante y a esta información se podía acceder desde cualquier buscador de Internet. En concreto se había publicado una “lista de admitidos a la mencionada subvención, que contenía un total de 658 registros o datos de personas, en la que se indicaba el concepto de la ayuda “discapacitados” (finalidad de la subvención), e incluía dos columnas de nombres y apellidos, una columna con los nombres y apellidos de los solicitantes de la subvención (los beneficiarios) y la otra columna con los nombres y apellidos de los causantes de la subvención (las personas discapacitadas)“. La AEPD estimó que se había producido una infracción del artículo 10 de la LOPD del deber de secreto, siendo posteriormente anulada por la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo no comparte el criterio de la Audiencia Nacional puesto que “… en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, pues la sentencia de instancia considera que este último precepto contiene una excepción al deber de guardar secreto del artículo 10 LOPD , lo que supone un error, pues la legislación sobre subvenciones no permite la publicación de los datos del causante de la subvención, el discapacitado, que están especialmente protegidos por el artículo 7 de la LOPD, ni exige que se publiquen otros datos personales más allá de los datos del beneficiario“. Y todo ello en base a lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción vigente en la fecha de los hechos que causan este recurso, establecía que “Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención“, lo que lleva al Tribunal Supremo a entender que “Los términos del precepto son claros, al indicar los datos de las subvenciones que han de ser objeto de publicación en los diarios oficiales, la convocatoria, el programa y crédito presupuestario, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención. Entre dichos datos no existe referencia alguna a la publicación del nombre y apellidos de la persona causante de la subvención, en este caso, de la persona discapacitada, que es persona distinta del beneficiario de la subvención“. Una cosa es el beneficiario de la subvención (personal de la Xunta de Galicia detallado en las bases de la resolución que regula estas subvenciones) y otra los discapacitados en dependencia directa y con grado de parentesco estipulado en la resolución que causan el derecho a la subvención.

Como podemos comprobar el derecho de acceso a la información pública no es absoluto. En este caso opera como habilitador el artículo 18.1 de la Ley General de Subvenciones para poder conocer los beneficiarios de las mismas, sin que quede habilitado conocer el dato del causante de la subvención (discapacitado).  Por ello a la hora de facilitar una información o publicarla, se deberá actuar con suma cautela analizando si existe una habilitación legal para ello, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, o que la concesión del derecho de acceso se pueda justificar en base a alguno de los criterios o reglas de ponderación establecidos en la Ley 19/2013 cuando no se trate de datos especialmente protegidos que tienen sus propias reglas.

Herramientas legales no nos faltan, así por poner dos ejemplos, el artículo 61 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, permite al órgano competente a publicar en el Diario o Boletín Oficial que corresponda, una somera indicación del contenido del acto, del plazo y del lugar donde los interesados pueden comparecer para conocer el contenido íntegro del mismo, cuando aprecie que la publicación o la notificación por medio de anuncios puede vulnerar derechos o intereses y el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local al disponer, que las sesiones del Pleno son públicas, pudiendo acordarse por mayoría absoluta el debate y votación secreta de los puntos, que puedan afectar al derecho constitucional de la intimidad personal (art. 18.1). De producirse este hecho, queda claro que a la hora de redactar el Acta del Pleno se debería extractar el contenido de este punto. Poco a poco se irá produciendo la conciliación entre las dos leyes y tendremos más resoluciones y sentencias que irán construyendo doctrina y jurisprudencia, pero mientras eso va ocurriendo, las máximas a aplicar en estos casos son el interés legítimo, el interés público y el sentido común.

Publicado originariamente por el autor en Legaltoday

Economía, seguridad y privacidad, un desafío para la protección de datos personales en el 2015

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Por Romina Florencia Cabrera

En el mundo actual, en el que el desarrollo de los mercados se desenvuelve a una velocidad creciente, y más aún, en el mundo tecnológico, es curioso expresar conceptos sobre la seguridad en los datos e informática, privacidad e intimidad;  y protección de datos personales, sin menoscabar el ritmo de crecimiento económico. Muchas empresas podrían expresar que aumentar medidas para proteger sus bases de datos, o su plataforma tecnológica ante un incidente de vulnerabilidad del sistema informático, desaceleraría su ritmo de desarrollo y perdería competitividad.

Creo que por el contrario: la mejor herramienta de la seguridad es la prevención. Con un diseño de plan estratégico ante contingencias de este tipo, se podrían evitar daños colaterales y aumentar la confianza en los usuarios ante los productos a consumir. El marketing positivo sería entonces la calidad de la oferta y su respeto por la privacidad del consumidor, su intimidad y su protección de datos personales.

El desarrollo de la economía, implica aún más el respeto a la privacidad y a la seguridad de los datos en la Sociedad de la Información de la Innovación Tecnológica actual y futura: el desarrollo de aplicaciones en los dispositivos móviles , almacena y reproduce datos personales , aún sin el consentimiento del usuario, porque no puede configurar las opciones de privacidad ( muchas veces no están disponibles o no se le informa de ello al ciudadano) y pierde el control de los datos, más aún en la llamada “computación en la nube”, y en el “Big Data[1]”. Las empresas o instituciones no deben utilizar los algoritmos para captar y  procesar datos por un tiempo prolongado o si es así, deben notificar al usuario.  Los Derechos Fundamentales ( citando al Profesor Manuel  David Massseno[2])  están sobre los negocios, y otra memorable declaración de Edward Snowden[3], cuando expresa que los Estados deben respetar la privacidad de los ciudadanos, lo fundamenta aún más : es un concepto democrático.

Muchos dispositivos móviles ( una de las industrias más desarrolladas hoy en día), traen consigo miles de aplicaciones , muchas de ellas gratuitas , pero sin contar con un filtro de control de calidad y seguridad por parte de la empresa que las ofrece. Los usuarios pueden ver comprometida su privacidad y la seguridad en sus datos, solamente por descargar una aplicación de este tipo, o por no configurar bien el dispositivo para proteger su información personal, administrando los permisos.

Muchas de estas características pueden resultar atractivas o prácticas, pero la conciencia de que nuestros datos personales estén en riesgo debe pesar mucho más; y recalcando   las múltiples conexiones entre correos, redes sociales y ge localizaciones que permiten estos aparatos, lo que daría un mapeo constante de nuestra posición física, gustos, hábitos y costumbres. No solo para vendernos publicidad y utilizar nuestros datos; sino para maniobras de algún delincuente informático o de alguna mente perversa que nos quiera perjudicar en nuestra persona, honor, reputación on line o intimidad.

Quiero rescatar  adecuadamente en este artículo la discusión académica que se desarrolló en la Asociación para la promoción y el desenvolvimiento de la Sociedad de la Información (APDSI).

El APDSI se celebró el 30 de enero de 2015, la tercera edición de Privacidad Conferencia, Innovación e Internet, en Culturgest de Lisboa.

La conferencia, coordinada por José Gomes Almeida, se desarrolló con  el objetivo de promover la discusión sobre cómo combinar los factores que inciden en nuestras vidas, tanto asociado a la protección de datos personales, tales como los relacionados con la adaptación a los retos de las nuevas soluciones en un contexto estimulante y promoción de la economía.

Una convivencia pacífica y equilibrada entre la protección de los derechos y de datos es posible, junto con  el desarrollo y la innovación? Las regulaciones locales para responder a los desafíos globales son eficientes?. Oportunidad o desafío?. Estas fueron algunas de las cuestiones que han alimentado el espacio deliberativo  en el fomento de un debate público sobre esta nueva perspectiva de la Internet en el que los objetivos son tanto en el campo técnico, como en la legal,  en los valores culturales y de comportamiento.

Rescataré nuevamente las palabras del Profesor Manuel David Masseno en dicha conferencia, ya que para mi humilde parecer, han sido un aporte de gran nivel académico: el Profesor, del Instituto Politécnico de Beja, Portugal, nos trae a colación la cuestión del Derecho a ser olvidado. “ Los tribunales están tomando conciencia de que los Derechos Fundamentales están relacionados con el intercambio tecnológico”. Cuestiones como datificación y mudanza temporal influencian en la naturaleza de los asuntos que se litigan en los tribunales. La tónica de los Derechos Fundamentales envuelve también a la Comisión Europea en una Propuesta del Reglamento general  sobre protección de datos presentada el 25 de enero de 2012, y sobre los que David Masenno suscribe las palabras de la Comisaria Europea Viviane Reding : “ Los derechos fundamentales están sobre cualquier Interés económico”.  Las empresas estadounidenses que quieran realizar negocios en la Unión Europea deben someterse a la normativa de la misma, ya  que  en ese país americano los estándares de protección de datos personales son menos exigentes. En un futuro, almacenar cantidades importantes de datos personales durante un tiempo prolongado requerirá  la toma de  medidas adecuadas en la recolección, tratamiento y archivo de los mismos, ya sea para fines de investigaciones históricas, la ciencia o la cultura. [4]

Sobre la Conferencia  de privacidad y seguridad en la red:

Esto no es sólo resultado de las soluciones que se están haciendo disponibles para el  uso y explotación de la Internet, sino  sobre todo porque es la conciencia pública cada vez más aguda de los riesgos a  los que están expuestos  sus valores asociados con la seguridad y la estabilidad.[5]

 Y es cierto: con total razón. El desarrollo económico de una sociedad, no puede realizarse si no se respetan los valores fundamentales de la humanidad , inalterables a través del tiempo, aunque a veces se puede observar en la actualidad, que  estarían fuera de uso o tergiversados. Ninguna civilización puede evolucionar positivamente si no  adhiere al respeto por las culturas y su integridad: aún más , con el desarrollo de la Tecnología ( de aquí a 20 años más o menos dicen los expertos) , habrá que replantearse la posición del ser humano ante la Ciencia; humanidad/ ética Vs. Inteligencia Artificial. Pero eso es para desarrollar en otra oportunidad…

[1] Sitio web:  http://www.apdsi.pt/index.php/news/871/191/3-Conferencia-Privacidade-Inovacao-e-Internet.html. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

[2] Sitio Web: https://archive.org/details/Apdsi2015-PrivacidadeInovacaoInternet-ManuelMasseno. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

[3] Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden. Fecha de consulta:  2 de marzo de 2015.

[4] Sitio Web: http://www.apdsi.pt/uploads/news/id871/Not%C3%ADcia_APDSI%20discute%20como%20as%20quest%C3%B5es%20de%20privacidade%20na%20Internet%20t%C3%AAm%20impacto%20na%20inova%C3%A7%C3%A3o.pdf.  Fecha de la consulta: 5 de marzo de 2015.

[5] Sitio Web: http://www.apdsi.pt/index.php/news/871/191/3-Conferencia-Privacidade-Inovacao-e-Internet.html. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

El derecho al acceso a la información pública, avance legislativo, adopción lenta

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Por Heidy Balanta

El derecho al acceso a la información pública, tiene el carácter de fundamental. La Corte Constitucional ha establecido que tiene mínimo tres funciones esenciales. Por un lado, garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos, por otro lado, cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales, y por último, garantiza la transparencia de la gestión pública por lo que se constituye un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.

Este derecho a su vez, impone dos deberes a las entidades públicas. Por un lado, deben suministrar a quien lo solicite información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre su actividad, y por otro lado, las entidades públicas deben conservar y mantener la información sobre su actividad, ya que no hacerlo se vulnera el derecho a las personas de acceso a la información pública, y en consecuencia el derecho a que ejercer un control sobre sus actuaciones.

Sin embargo, de lo que plantea la Corte, poco se cumple en la realidad, y más bien, impera un desbalance entre la oferta y demanda de la información pública. Un estudio realizado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República arroja que del 80% de las entidades del orden nacional publican convocatorias y/o licitaciones, solo el 13% de la ciudadana la consulta.

Así, del 81% de las entidades del orden nacional publican información misional y administrativa, solo el 5% de la ciudadanía la consulta. El 64% de las entidades del orden nacional publican información sobre trámites y procedimientos, solo el 20% de la ciudanía la consulta, y el 27% de las entidades del orden nacional publican información sobre subsidios, solo el 13% de la ciudadanía la consulta. Se puede inferir diversas lecturas de la poca demanda de información pública por parte de la ciudadanía.

No obstante, estas cifras evidencian aspectos como desinterés por parte de los ciudadanos de las ejecuciones de los dirigentes o el desconocimiento de las facultades que recaen sobre ellos para conocer, solicitar información pública que requieran. Así mismo, estas cifras evidencia el escaso control ciudadano que se ejerce sobre la gestión pública, lo que facilita en ciertos estadios la corrupción al existir poca presión ciudadana sobre la rendición de cuentas que deben dar los funcionarios públicos.

Más desoladoras se convierten estas cifras cuando este derecho está reconocido en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y está regulado por la ley 1712 de 2014 y reglamentada recientemente por el Decreto 103 de 2015.

Sin duda falta mucha más sensibilización ciudadana conocedora y empoderada de los mecanismos de ejercicio ciudadano para exigir, conocer y hacer prevalecer el control ciudadano respecto a las actuaciones de los dirigentes.

Publicado originariamente por la autora en Diario Occidente.

El derecho a la información y la protección de los datos personales. Dos valores complementarios: el caso mexicano

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Por Aristeo García González

Acceso a la información y protección de datos en México.

La protección de datos personales en México hasta hace algunos años había sido una tarea pendiente por parte del legislador mexicano. En el año del 2007 se reabriría un viejo debate por virtud de la reforma al Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1] –en adelante, Constitución Mexicana– y, en donde por primera vez se incorporaría una mención expresa a los datos personales[2].

Sin embargo, con dicha incorporación se aludiría más a una “garantía institucional” que al reconocimiento de un nuevo derecho, como lo es la protección de los datos personales. En virtud de que se trataba más bien de un mandato al legislador, quien a partir de él es que debería proteger otros bienes jurídicos, entre los que se encontraban los datos personales[3].

En un sentido lato y, previo a dicha reforma de 2007 se había incorporado en la parte última del citado artículo constitucional el siguiente texto: el “derecho a la información será garantizado por el Estado” allá por 1977[4].

A partir de entonces, es que se vendrían a reformular las libertades tradicionales de expresión e imprenta, con la firme intención de adaptarlas a la situación actual, constituyendo así, el moderno contenido (reciente) del derecho a la información[5]. Ya que a partir del derecho a la libertad de expresión –donde todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión, y comprende el derecho a no ser molestado, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión– se iba a desprender su contenido.

Fue entonces que en 1977, en México, el derecho a la información había nacido para atribuir potestad a los partidos políticos para que estos pudieran acceder a los medios de comunicación[6]. Posteriormente, este mismo derecho adquiriría un matiz social, y consecuentemente un carácter individual.

En palabras de LÓPEZ AYLLÓN, el derecho a la información comprende tres facultades interrelacionadas: la de buscar (investigar), de recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas[7]. En lato sensu viene a constituir una “prerrogativa fundamental” en donde toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informado”[8]. Es decir, se está frente a una potestad o facultad que el Estado reconoce u otorga a sus gobernados[9].

De donde se desprende que, frente al acto concreto de una autoridad, debe establecerse la relación con el gobernado y sí este acto arbitrario vulnera directamente el derecho de informar o el de estar informado, se estará ante a un derecho fundamental –derecho a la libertad de información– y si se requiere de la implementación de una serie de medidas a través de la legislación ordinaria, se estará frente a uno de carácter social derecho de acceso a la información pública–.

Mientras que, a nivel jurisprudencial el Alto Tribunal Mexicano –Suprema Corte de Justicia de la Nación– aunque con alguna imprecisión identificaría, por un lado, a la información como un derecho en sentido lato, manifestando que se trataba de “… un derecho fundamental que toda persona posee para atraerse información, informar y a ser informado”. Por su parte, el acceso a la información pública dicho tribunal señalo que lo era derecho en strictu sensu, toda vez que se trataba de una prerrogativa estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad y como todo derecho se halla sujeto a limitaciones[10].

A lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, agregaría lo siguiente: “puesto que sí el Derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, […] que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de comunicación, se manifiesten de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos”, por lo que una definición del citado derecho, en palabras de la Corte de Justicia “ […] queda a la legislación secundaría”, concluye manifestando “ que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información […], es decir, el derecho a la información no crea a favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente[11].

Con base en lo anterior, se puede destacar que, el Alto Tribunal Mexicano al tratar de identificar el derecho a la información con el derecho de acceso a la información pública, dejaría esta tarea para que sea la normativa sectorial la encargada en especificar y desarrollar el segundo de los preceptos, tal como aconteció con la aprobación de la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIP)[12].

Siendo uno de los objetos de la LFTAIP el garantizar la protección de los datos personales que estén en posesión de sujetos públicos, sin embargo, en la misma no se alude a los datos personales que obren en poder de los particulares. Para ello, se aprobó una legislación diferente a la ya citada[13].

De ahí que, la protección de datos personales, en un principio, al constituirse como un límite al derecho de acceso a la información y, dada la necesidad de proteger la privacidad de los ciudadanos por virtud del uso vertiginoso de las tecnologías de la información, posteriormente sería incorporado al texto constitucional como un derecho fundamental, con contenido propio.

Del derecho a la información a la protección de los datos personales como derechos fundamentales: Origen y desarrollo.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)[14], contiene los criterios a partir de los cuales puede ejercerse el derecho de acceso a la información pública en México.

Sin embargo, tras su aprobación en el año 2002 y, luego de que todos los Estados aprobaran sus propias leyes en la materia, iba iniciarse un nuevo camino, toda vez que los requisitos que en ellas se recogían iban a variar de un Estado a otro, lo cual originó que se planteará nuevamente en el año 2007 una nueva reforma al artículo 6º del texto constitucional, esto es, la adición de varios numerales, entre los que se encontraba la protección de los datos personales como una limitante al ejercicio del derecho de acceso a la información.

Tras un largo camino, sería calificada como histórica, no solo porque a partir de ella se inscribe un antes y un después el derecho a la información, sino porque además estaba contribuyendo al reconocimiento de lo que más tarde sería conocido como el derecho a la protección de los datos personales.

Dicha reforma fue publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y tuvo como objetivo el dotar de unas herramientas jurídicas a todas las personales para que estas pudieran ejercer el derecho de acceso a la información pública en el sentido más amplio del término. Pues como se había manifestado el derecho a la información que se recogía en el citado precepto constitucional era bastante escueta. Ahora con esta reforma se iban a establecer las condiciones mínimas que aseguran el derecho a toda persona para que tenga acceso a la información pública, lo cual se haría en los siguientes términos:

“… Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

  1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
  2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
  • Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
  1. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión…”

Cabe destacar, que con dicha reforma se recogería por primera vez una alusión expresa al término datos personales, el cual se iba convertir en el referente para su posterior reconocimiento como un derecho fundamental dentro del artículo 16 del texto constitucional mexicano.

Sin embargo y, en sus inicios se iba a constituir como una “garantía institucional”, es decir, se trataba más bien de un mandato al legislador, que de un derecho fundamental, a partir del cual debían protegerse otros bienes jurídicos, entre los que se encontraban los datos personales[15], por lo que su protección se llevaría a cabo en base a los “términos y con las excepciones que fijen las leyes”, las cuales se encontraban recogidas en el marco de la LFTAIPG. Razón por la cual, la alusión a la protección de los datos personales que se había recogido en la Constitución, no era la de un derecho fundamental, sino el de una garantía institucional de la que el legislador no podía desentenderse.

Este sería el argumento que llevaría al legislador mexicano a plantearse la necesidad de elevar a rango constitucional un derecho que estuviera acorde con los tiempos modernos de la sociedad, en este caso, se trataba del reconocimiento del derecho a la protección de los datos personales, como una prerrogativa fundamental. El cual llegaría tras una reforma constitucional, pero esta vez en el marco de un precepto constitucional distinto en el cual, se habían recogido sus primeras referencias. Pues ahora, se trataba de derecho que mantenía una relación con la privacidad de las personas, más que con el derecho de acceso a la información pública.

Fue entonces que el pasado 5 de julio del 2010, se expide en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDP), con la cual se estaba dando cumplimiento al mandato constitucional recogido en el marco del artículo 73, fracción XXXIX-O que a la letra señala: “El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares”[16].

Ya que anteriormente, los datos personales —no como derecho fundamental— en México sólo se encontraban garantizados en base a lo establecido en la LFTAIPG[17], es decir, sólo se protegían aquellos datos que estaban en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal[18].

Tras la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México, se venía a llenar el vacío legislativo que a nivel federal existía en esta materia, el cual había comenzado a ser llenado por algunos Estados, quienes desde hace algún tiempo habían comenzado a aprobado su propia ley en esta materia, como en el caso de los Estados de Colima[19] y Tlaxcala[20]. Mientras que, Estado como el Distrito Federal[21], Guanajuato[22] y Oaxaca[23], había aprobado sus respectivas leyes, pues a diferencia de las anteriores, en ellas solo se protegían los datos que estuviesen en posesión de alguna autoridad pública y de manera más reciente, Campeche[24], Veracruz[25], Chihuahua[26], Durango[27], Puebla[28] y el Estado de México[29].

De donde se aprecia que, a diferencia de otros textos legales de otros países[30], en México, la protección de los datos se encuentra recogida en dos textos normativos diferentes. Por un lado, la protección de los datos en posesión de los sujetos públicos se encuentra recogida en la LFTAIPG; de otro, los que están en posesión de particulares se van a proteger en la reciente LFPDP, puesto que con la misma se busca proteger “a la persona en relación con el tratamiento que se da a su información en el desarrollo de las actividades que día a día, realizan los entes privados.

A pesar de ello, cabe destacar uno de los argumentos que se dieron previo a la aprobación de la LFPDP en México:

 “…nuestro país se haría más competitivo en el ámbito mundial, ubicándose en posición de privilegiado en el aspecto económico, ya que al contar con una ley específica en la materia, no sólo se permitirá al gobernado ejercer eficazmente un nuevo derecho fundamental, sino que también traerá consigo que nuestro país, pueda ampliar su relación comercial con bloques económicos de la importancia de la Unión Europea, toda vez que nos encontraremos en posibilidades de garantizar conforme a los estándares internacionales, un nivel de protección de datos personales adecuado al prever principios y derechos de protección y una autoridad independiente que los garantice[31].

Cabe mencionar que, tras la aparición de las normas en materia de protección de datos personales, al menos en el Estado mexicano ha correspondido a un tiempo y a una etapa específica, dado que en cada momento la realidad ha sido distinta, por lo que ofrecer unas garantías a los ciudadanos, iba a obedecer a cada momento en que se hacía presenten la necesidad de garantizar los datos personales de los ciudadanos.

La importancia del reconocimiento a la Protección de los Datos Personales en la Ley Fundamental.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 constitucional…”[32], se estaba reconociendo la existencia de un nuevo derecho, distinto a los que ya se encontraban recogidos en Ley Fundamental mexicana. Poniéndose con ello fin al camino que se había iniciado años atrás[33].

El nuevo texto que aludía a la existencia de un nuevo derecho se ha recogido en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros…”

El camino para llegar a este texto no fue fácil, pues, el legislador tuvo que reconocer la existencia de un catálogo abierto de derechos, en este caso, estaba dotando de un nuevo derecho a los ciudadanos, a fin de que ellos pudieran tener pleno poder de disposición sobre sus datos personales. Puesto que, además de tratarse de una prerrogativa fundamental, con la misma podría generarse una mayor seguridad a los datos que estuviesen en posesión de entes tanto públicos como privados y con la cual podría garantizarse una mayor protección a la privacidad de las personales.

Lo anterior, además tiene su razón de ser en la necesidad de amparar los derechos y libertades de las personas físicas, para hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas que surgen como consecuencia del uso e implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual. Tal como se puso de manifiesto en el Dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados[34], donde se puso de manifestó que:

“… Sin duda, es necesario la protección jurídica de los datos personales, ya que el tratamiento por mecanismos electrónicos y computarizados que se han incorporado de manera creciente a la vida social y comercial, ha conformado una cuantiosa red de datos que, sin alcanzar a ser protegidos por la ley, son susceptibles de ser usados de ilícita, indebida o en el mejor de los casos inconvenientemente para quienes afectan. Si a ello se le suma el importante papel que las bases de datos desempeñan en el mundo tecnificado y globalizado…[35]. 

En definitiva, se trata de nuevos argumentos a los que no se habían hecho alusión desde la aprobación de la Constitución Mexicana en 1917. Los cuales han sido la base de este nuevo derecho, en virtud de que es la primera vez que se hace mención a los riesgos que puede ocasionar el uso de las computadoras y el tratamiento que éstas podían hacer de los datos almacenados en ellas y no solo a su concepto, tal como había acontecido tras la aprobación de la LFTAIP y posteriormente con la reforma al artículo 6º constitucional.

En otras palabras, el derecho de acceso a la información se ha constituido en México como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información, creada o administrada por parte de las entidades públicas”, al mismo tiempo que la protección de los datos personales se ha constituido como una limitante al ejercicio de aquél derecho. Lo cual no implica que ambos pierdan su esencia, más bien, se complementa y dan vida al catálogo de derechos que se encuentra recogidos en el texto constitucional mexicano.

[1] Dicha reforma se llevó a cabo el 20 de Julio de 2007.

[2] El citado artículo a la letra señala que “[…], Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos […]”.

[3] Cfr. Carbonell, M. (2008). El Régimen Constitucional de Transparencia. México. Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 25.

[4] El texto original enunciaba: Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[5] Cfr. López Ayllón, S. (2000). El Derecho a la información como Derecho Fundamental. En Carpizo, J. y Carbonell, M. Derecho a la Información y Derechos Humanos. Estudios en Homenaje al Maestro Mario de la Cueva. México. Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 157-179.

[6] Conclusión que se desprende de la Exposición de Motivos y de la incorporación de esta modificación dentro de la iniciativa de reforma constitucional, denominada “La Reforma Política de 1977” del 5 de Octubre. Para un mayor estudio véase Rojas Caballero, A. (2003). Las Garantías Individuales en México. Su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México. Porrúa, pp. 623-650.

[7] De esta formulación el citado autor señala que el derecho a la información consiste en que “cualquier individuo puede, en relación con el Estado, buscar, recibir o difundir –o no buscar, no recibir, ni difundir– informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, y que tal individuo tiene frente al Estado un derecho a que éste no le impida buscar, recibir o difundir –o no lo obligue a buscar, recibir o difundir– informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio. Vid. López Ayllón, S. (2000). op cit., p.163.

[8] Cabe destacar de los tres aspectos en donde a) el atraerse información, incluye las facultades de acceso a los archivos y documentos públicos; b) a informar, se incorporan las libertades de expresión y de imprenta; y, c) a ser informado en donde se establecen las facultades de recibir información objetiva y oportuna –enterarse de todas las noticias– con carácter universal –que la información sea para todas las personas sin exclusión alguna–. Vid. Villanueva, E. (2003). Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica: Estudio Introductorio y Compilación. México. Universidad Nacional Autónoma de México.

[9] Ídem.

[10] Para un mayor alcance sobre estas consideraciones pueden verse las siguientes resoluciones emitidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos “Derecho de Información. Su Ejercicio se Encuentra Limitado tanto por los Intereses Nacionales y de la Sociedad, como por los Derechos de Terceros”, en Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, p. 74; así como, “Derecho a la información. La Suprema Corte de Interpretó Originalmente el Artículo 6º Constitucional como Garantía de Partidos Políticos, Ampliando Posteriormente ese Concepto a Garantía Individual y a Obligación del Estado a Informar Verazmente”, en Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, p. 72.

[11] Ídem.

[12] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2002.

[13] Se trata de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial dela Federación, el 5 de julio de 2010.

[14] Dicha Ley “tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.

[15] Cfr. Carbonell, Miguel, El Régimen Constitucional de Transparencia. op. cit., p. 25.

[16] Luego de haberse incorporado al texto constitucional esta facultad, el Congreso contaba con un plazo no mayor de 12 meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  El cual había fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril de 2009.

[17] Otras normas en las que se recogían de alguna manera aspectos vinculados con la protección de datos personales se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Artículos 27, Fracción XXI), el Código Fiscal de la Federación (Artículos 17-D, 27, 29, 30 y 38, Fracción V), la Ley Federal de Telecomunicaciones (Artículos 16, Fracción I, inciso D y 44, Fracción XIII, cabe mencionar que estos artículos fueron reformados el 2 de Febrero de 2009), la Ley Federal del Trabajo (Artículos 121, 320 y 544), la Ley de Instituciones de Crédito (Artículos 987 y 117-118), el Código Federal de Procedimientos Penales (Artículos 16, 128 y 193 Quintus), la Ley de Población (Artículos 14, 91, 98, 100, 103y 107), el Código Civil Federal (Artículos 1916 y 1917), la Ley de Amparo (Artículo 184, Fracción III) e incluso, la propia Ley Federal de Transparencia. Solo por citar algunas.

[18] Vid. Artículo 6. Fracción I de la Constitución mexicana y el artículo 1º de la LFTAIPG.

[19] “La presente Ley será aplicable a los datos de carácter personal que sean registrados en cualquier soporte físico que permita su tratamiento, tanto por parte del sector público como privado dentro del Estado […]”, artículo 2º de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Colima, publica, del 14 de junio de 2003.

[20] “Artículo 5º. De manera enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acceso a la información pública, así como proteger los datos personales que tengan a su cargo: I. las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal; […]; XI. En general cualquier servidor público titular de alguna oficina pública o privada que maneje, administre o aplique recursos públicos […]”. Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, del 10 de diciembre de 2009.

[21] Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 3 de octubre de 2008.

[22] Publicada en el Periódico Oficial núm. 80, segunda parte, de 19 de mayo de 2006.

[23] Publicada en el Periódico Oficial, el 23 de agosto de 2008.

[24] Publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 9 d julio de 2012.

[25] Publicada en la Gaceta Oficial del Estado, el 2 de octubre de 2012.

[26] Publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de enero de 2013.

[27] Publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 13 de junio de 2013.

[28] Publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de noviembre de 2013.

[29] Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Estado”, el 31 de agosto de 2012.

[30] Tal es el caso del Estado español,  que recoge la protección de los datos personales en posesión tanto de los sujetos públicos como privadas ha sido recogida en un sólo instrumento legal

[31] Vid. “Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y se reforman los artículos 3, fracción II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 22 de abril de 2009, pp.24-25.

[32] “Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 1º de Junio de 2009.

[33] Pues, el primer paso se había alcanzado con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la cual por primera vez en México se reconoció la existencia de este derecho, en el contexto del acceso a la información pública. Posteriormente, tras aprobación de la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que también por primera ocasión un texto constitucional hace referencia expresa al derecho a la protección de datos, en este caso, como un límite al derecho de acceso a la información.

[34] “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en la Gaceta Parlamentaria, el 11 de diciembre de 2008.

[35] Ídem.

Gobierno de la información, desafíos y perspectivas para 2020

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Por Patricia Reyes Olmedo

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) se ha extendido profusamente en las empresas, los ciudadanos y por supuesto en los gobiernos de la mayoría de los países. La disponibilidad casi universal de la red, el desarrollo y asequibilidad de hardware y software en conjunto con la baja sostenida de los costos de telecomunicaciones se constituyeron en la base  para la prestación de servicios por vía electrónica.

En el ámbito gubernamental, mayoritariamente se denominó gobierno electrónico esta entrega en línea de los servicios públicos, y de este modo las TICs comenzaron a ser promocionadas y difundidas como la solución  para  gran parte de los problemas que enfrenta un gobierno, desde su organización y funcionamiento básico, pasando por el mejoramiento en la percepción ciudadana del mismo en las encuesta e incluso como un instrumento eficaz para fortalecer la participación ciudadana.

En efecto, en el memorando enviado por Albert Gore, bajo la presidencia de Clinton en 1999, denominado “Electronic Government” [1] ya se indicaba que las agencias gubernamentales debían incorporar las TICs de manera de mejorar los servicios a los ciudadanos.

En la época también,  Erkki Liikanen[2] y la Comisión de las Comunidad Europeas referían con este término al “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”[3].

En esta línea, Backus[4], basado en el modelo de Garnet Group[5], distinguió cuatro etapas progresivas en el establecimiento del Gobierno Electrónico:

  • Presencial: Web pasiva de la Administración, que sólo proporciona al ciudadano y empresas información unidireccional sin posibilidad de interacción.
  • Interacción: El Portal de la Administración ofrece una información más integrada y de mayor volumen y permite la realización interactiva de trámites sencillos por parte de ciudadanos y empresas.
  • Transacción: Oferta pública de servicios en línea a los ciudadanos.
  • Transformación: Gestión global de procedimientos administrativos de varios órganos y/o administraciones.

Este enfoque del gobierno electrónico, como vemos estaba basado en la tecnología, como lo técnicamente posible. De acuerdo con este punto de vista, el gobierno electrónico es un paso más en un continuo  proceso de lograr la eficiencia del sector público a través del uso de la tecnología, un proceso que comenzó con archivadores, máquinas de escribir y calculadoras, y continuó con la introducción de computadores e Internet, pero que no ha considerado el elemento más relevante en juicio personal, constituido por los flujos de información.  Es indiscutible que en una organización, una decisión certera y oportuna está condicionada, en gran parte por la información disponible.  Por ello, cualquier proceso de modernización pasa necesariamente por los flujos y  sistemas de información.  En el ámbito de la actividad gubernamental esto no es distinto, la información es el fundamento de todo gobierno. Es ésta  quien guía en la práctica, o debiera hacerlo, sus decisiones  y sus procesos.

En este sentido, en los últimos años hemos sido testigos de una revitalización y por tanto de una atención sin precedentes a la maquinaria de la información en el gobierno.

Por lo anterior, en contraste con la perspectiva de un gobierno electrónico que se centra en las TICs, se propone una centrada en los flujos de información, tanto en los que se producen entre los propios servicios u agencias gubernamentales como entre éstas y los ciudadanos.  También es posible rescatar la relación entre los ciudadanos cuando éstas se refieren obviamente al gobierno.

En la relación entre las agencias, se observa que uno de los obstáculos y por tanto desafíos más relevantes  se referirán a la necesidad de reestructurar el sector público para replantear la necesaria colaboración e interacción entre las entidades o agencias gubernamentales.   Esta perspectiva enfatiza el reto de un cambio institucional y el enfoque sobre el papel que juegan las instituciones gubernamentales en cómo utilizar la tecnología en sus actividades.

En el ámbito de la relación con los ciudadanos, refiere a la necesaria comunicación de éstos con el gobierno para acceder a información y prestaciones públicas.

Entre los ciudadanos por su parte, nos referimos a aquellos que guardan referencia explícita con los procesos de democracia, para preguntarse por ejemplo ¿cómo se crea potencial para que los ciudadanos se involucren más en el proceso de formulación de políticas o en la toma de decisiones?

En este sentido,  se plantea la idea de que el examen de los flujos de información dentro de el sector público y entre el sector público y los ciudadanos puede proporcionar un medio para comprender mejor el significado de los cambios en el gobierno y por supuesto otorgar mayor gobernabilidad de cara a una ciudadanía verdaderamente consciente e involucrada de los procesos gubernamentales.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Debemos entender que la era de la Sociedad de la Información coincide con la doctrina imperante en el mundo denominada del Estado Administrativo, que otorgaba una competencia general a las autoridades, quedando los individuos sometidos bajo la autoridad de funcionarios e instituciones administrativas.

Hoy en día sin embargo, en la concepción del Estado Constitucional Democrático de la Sociedad en Red, los derechos se derivan de las garantías fundamentales del individuo y cualquier restricción sobre los derechos y libertades de las personas debe ser establecida en la ley.

Esto conlleva y modifica esencialmente las relaciones de poder de nuestra sociedad. Desde la perspectiva de la política, “la libre circulación de información, es indiscutible que ha generado una importante descentralización del poder, tanto estatal como internacional”[6].  Sobre este particular Sayegh, Fernández y Zavarce señalan que “las actuales tendencias globalizadoras están provocando significativas transformaciones en las relaciones internacionales; pero, también tienen un cierto impacto sobre las interacciones que se dan dentro de un Estado-Nación, en lo económico, político, social y cultural”[7].

Por nuestra parte, tal como señaláramos, todas las decisiones gubernamentales se sostienen, o deberían hacerlo al menos, sobre información y por tanto es dable pensar que el gobierno dedica mucho tiempo a adquirirla, procesarla, almacenarla y difundirla.

En este contexto, y para conceptualizar el nuevo orden y relación entre información y gobierno, se sugiere el uso del término “gobierno de la información”. Este concepto que fue introducido por Víctor Mayer-Schönberger y David Lazer[8],  según explica Ahti Saarenpää[9], refiere a una nueva forma de gobierno centrada en los derechos fundamentales del hombre y que está inextricablemente ligado a los sistemas de información, los repositorios y las redes de información.   En este tipo de gobierno, la información no es meramente material en bruto, ni es sólo un factor de producción, se hacen relevantes los flujos de información (dentro del sector público, entre el sector público y los ciudadanos, y entre los propios ciudadanos) para entender la eficiencia, la movilización política y la responsabilidad democrática.

Así entendido, el gobierno de la información es un lugar o forma a través de la cual los se realizan los derechos del individuo en un Estado Constitucional Democrático.

Esta nueva concepción, nos permite también reflejar el cambio en el planteamiento de las etapas o fases que debe alcanzar este gobierno de la información.  Se agrega una etapa que denominaremos Participación y Colaboración, que recoge la idea de interrelación entre los organismos públicos y entre éstos y la ciudadanía de manera de integrar a la acción gubernamental los requerimientos de participación y colaboración de los receptores de los servicios públicos.

En la medida en que los gobiernos avanzan a esta etapa, el gobierno de la información se convierte en algo dinámico, una manera de gobernar de forma orgánica y flexible, que tiene como finalidad liderar la solución de las necesidades sociales en un entorno cambiante.

Flujos de información en el Gobierno de la Información

Flujos entre servicios u agencias gubernamentales

Contempla el necesario intercambio de datos y servicios para el cumplimiento de las funciones de los respectivos órganos en cumplimiento de los procedimientos administrativos definidos.

Flujos entre los servicios o agencia y los ciudadanos

Conformado por el relacionamiento del gobierno con los ciudadanos, sea en cumplimiento de los procedimientos administrativos de prestación de servicios públicos, o en respuesta a los requerimientos de participación más activa de la población.

Flujos de información entre ciudadanos referidos al gobierno

Refiere a los flujos informacionales que tienen lugar entre ciudadanos y que podemos determinar por su carácter político en cuanto involucran o pretenden hacerlo el funcionamiento o acción gubernamental.

DESAFÍOS DEL GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Interoperabilidad de los Servicios

Un desafío relevante para el flujo de información entre los entes públicos lo constituye la interoperabilidad, es decir el  intercambio continuo y fluido de documentación y servicios. En este sentido, para que exista una interoperabilidad real es necesario adoptar estándares comunes en la generación de la documentación pública, originada en las distintas agencias públicas.  Los desafíos más importantes que se derivan de esto son los siguientes:

Desarrollo de Metadatos y Esquemas. Los metadatos y estructuras para representar la documentación electrónica es el primer paso para soportar la interoperabilidad.  Así lo han entendido los desarrollos más avanzados en servicios gubernamentales en línea, como es el caso por ejemplo de UK Gov en Reino Unido.

Implementación de Repositorios.  Es preciso crear un conjunto de repositorios que permita compartir los metadatos y esquemas definidos y por supuesto la propia documentación estandarizada. Estos repositorios presentan varios desafíos en términos de su construcción, estandarización de las interfaces de consulta,  formalización de roles, permisos y privilegios de acceso, así como en la aplicación de medidas de seguridad para mantener la integridad de la información compartida.

Integración  y migración de datos desde sistemas propietarios. La creación de modelos únicos de datos  para la documentación electrónica que permitan a los servicios interoperar implica hacerse cargo de los distintos software y formatos en que se ha almacenado la documentación en los distintos servicios.  Efectivamente, los software y modelos de datos utilizados, de carácter propietario y/o diseñado aisladamente, hacen que el nivel de interconexión sea bajo o nulo.

Un gran desafío en este sentido es la migración de los datos al nuevo formato unificado, que requiere un nivel importante de reingeniería de los sistemas  para alcanzar la estandarización necesaria.

Seguridad y privacidad. Recordando que el gobierno de la información es un lugar o forma a través de la cual los se realizan los derechos del individuo, este desafío cobra vital importancia pues el gobierno es uno de los mayores detentadores de información de los ciudadanos y por ende cualquier servicio en línea involucra o puede hacerlo el traspaso o comunicación de información sensible de acuerdo con las normas de protección de datos.  En atención a ello, se debe asegurar a los ciudadanos y a los propios operadores gubernamentales, por la responsabilidad subyacente, la adecuada protección de esta información.

Desarrollo y comunicación de servicios Web. No hay interoperabilidad real sin la implementación de tecnologías de servicios Web.  Sin embargo, una limitación común de los servicios basados en XML es la falta de una semántica explícita para representar el servicio que brinda.  Esto significa una importante limitación para lograr una descripción flexible y robusta, lo que deriva en problema de invisibilidad de los servicios Web existentes impidiendo su uso en la construcción de nuevas aplicaciones.  Frente a esta deficiencia y debido a la heterogeneidad de sistemas de información en el ámbito gubernamental, es un desafío crítico poder compartir, buscar, seleccionar y recuperar los servicios disponibles, para lo cual sería necesario construir directorios y publicarlos en la Web, basados en su descripción a nivel semántico.

Open-Linked Data[10]

La información en poder del gobierno es una forma de infraestructura, con el mismo nivel de importancia que otras infraestructuras, tales como el agua y la electricidad, y compartida habilita la transparencia y la innovación. Resultado del flujo de información del gobierno hacia  los ciudadanos, esta información les permite actuar, participar e innovar.

No obstante, los datos públicos del gobierno sólo son un recurso valioso si se comparten libremente bajo principios y estándares comunes.  En este sentido, a información debe cumplir con los requerimientos de ser confiable, consistente, actualizada, encontrable, fácil de usar y de interpretar.  Y además debe ser reusable y redistribuible.  Para ello también debe explotarse al máximo la apertura de los flujos de información a través de redes abiertas.

La tendencia mundial en materia de apertura de los datos públicos nos indica que la filosofía de open data está desarrollándose y creciendo  en los últimos años, existiendo ya varios países que tienen sus datasets[11] publicados o están en vías de hacerlo.  No obstante lo anterior, se debe entender que objetivo no es sólo comunicar información, sino  trasladar efectivamente poder a los ciudadanos y democratizar la información.

Para lograr esto último, el desafío se centra en crear estándares y buenas prácticas que permitan la adopción de políticas públicas y regulaciones acordes con los principios y estándares consensuados por la comunidad internacional.

Analizadas las tendencias mundiales en materia de apertura de datos públicos y las iniciativas públicas y privadas para su implementación, es posible destacar ciertas acciones que deben ser entendidas como buenas prácticas para alcanzar esta apertura.  Entre ellas encontramos:

  • La declaración de una política clara de apertura, considerando el principio de máxima divulgación, es decir la mayor parte de los datos de la información pública gestionada por los órganos públicos deben estar disponibles.
  • El establecimiento de un portal básico de cara al público para satisfacer las necesidades de información de sus ciudadanos que mantenga acceso permanente a los datos públicos.  El sitio Web debe proporcionar funcionalidades de búsqueda y recuperación de todos los registros públicos de acuerdo a las necesidades de sus visitantes.
  • La mejora de la calidad, objetividad y autenticidad de la información y de todo el proceso de gestión de información.
  • La institucionalización del Estado abierto, con órganos de implementación, gestión, coordinación, fiscalización e innovación para la apertura de datos.
  • La existencia de un marco normativo para el gobierno abierto.  Se debe examinar la normativa para adecuarla a esta nueva cultura, especialmente en lo referido a licenciamiento de uso y resguardo en materia de seguridad de los datos personales involucrados.

Relación con los ciudadanos

Un importante desafío del gobierno de la información está en fortalecer los flujos de información con los ciudadanos.   A este efecto, se considera importante fomentar el aprendizaje social respecto de las nuevas formas en que las personas se relacionan y usan información a través de las redes.

Es evidente, que el denso tejido de redes interoperables, con distintos nodos y numerosos dispositivos que permite la conexión e intercambio transversal de distintos usuarios, datos, información e ideas, ha alterado las redes sociales habituales, formado nuevas redes y modificado sustancialmente el comportamiento y actividad de los usuarios.  El cambio de escenario implica una verdadera autonomía comunicativa en que los usuarios buscan, eligen y componen contenidos digitales, relacionándolos a gusto.  Lo anterior ha creado una nueva dimensión social de interacciones, centrada en compartir y distribuir información que debe ser difundida a todos.

El desafío está entonces en incentivar, en palabras de Sáez Vacas[12], un aprendizaje social acerca del significado y oportunidades que abren estas redes a fin de usarlas con eficacia y equidad, persiguiendo como objetivo el equilibrio de intereses individuales y colectivos ante el potencial aumento del poder del gobierno de la información. Las agencias gubernamentales deben necesariamente trabajar en este sentido.

Formación de servidores públicos

Es probablemente el mayor desafío que enfrenta el gobierno de la información, toda vez que se requiere en muchos casos una gran transformación y cambio de las culturas institucionales hoy más proclives a la opacidad que a la transparencia.  Estamos ciertos que esto ocurre normalmente más por ignorancia y desconocimiento de la importancia de la información y de las nuevas TICs que por rechazo irrestricto a ellas.  Por tanto es requisito en la implementación de un gobierno de calidad el entrenamiento y la comprensión por los actores gubernamentales del beneficio asociado a su uso y difusión.

OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

1. Transparencia y Accountability

Reconociendo el valor de la información para esta forma de gobierno, la disponibilidad inmediata o casi inmediata de la misma en formato estandarizado permitirá a cualquier ciudadano o entidad pública o privada obtener y procesar indicadores estadísticos instantáneos de la acción del gobierno.

A partir de esto es dable esperar una mayor visibilidad del proceso de administración del Estado (transparencia) y una rendición de cuenta en línea (accountability).  Ambos elementos deberían redundar en oportunidades para reducir la corrupción y por ende para  mejorar la imagen institucional de los servicios y servidores públicos.

2. Participación ciudadana

Entender los flujos de información, especialmente los referidos a la relación de la ciudadanía con el gobierno, es centro de atención del gobierno de la información.

En este sentido, una actividad básica es la educación cívica, es decir, mantener al público informado sobre el funcionamiento del gobierno. Se sostiene que a partir de la de transparencia y rendición de cuentas se contará con ciudadanos con conocimiento y educados y que de ese modo se produce un aumento de la confianza ciudadana que redundará en un movilización activa y propositiva.

Del mismo modo, es posible ver una oportunidad en hacer de los ciudadanos seres con mayor autosuficiencia, lo que reduce la necesidad de una alta regulación gubernamental. En este punto, se sugiere que mientras más información el público tiene a su disposición para evaluar los bienes y servicios, los mercados funcionan mejor y hay menor necesidad de la intervención del gobierno.

3. Innovación en productos y servicios

La información es un motor fundamental en la innovación y colaboración.  La información es un tipo único de recurso. Se trata de un llamado “bien público”, donde el consumo por un individuo no reduce la disponibilidad de la información para los demás, diferente del consumo de un bien material perecible.

Así visto, el gobierno centrado en la información, tiene en una posición privilegiada para impulsar la innovación mediante la promoción de aquélla, extendiendo los beneficios de la misma mucho más allá de su propósito inicial.  La información del sector público puede sin lugar a dudas constituir la base de nuevos productos y servicios con alto valor añadido en la sociedad en red, y una acción decidida del gobierno en esta materia puede ser una oportunidad sin igual para impulsar nuevas actividades económicas, abrir nuevos mercados y desarrollar productos y servicios con mayor valor agregado.

4. Compartir experiencias

El desarrollo del gobierno de la información es hoy disímil en el mundo entero, por ende la oportunidad más relevante para las agencias gubernamentales en este ámbito es la colaboración y el aprendizaje compartido.

La mejor forma de alcanzar el buen gobierno y el máximo desarrollo por ende del gobierno de la información, aumentando la credibilidad interna y externa, está en la capacidad de observar, adoptar y difundir las buenas prácticas  desarrolladas, así como en identificar, reconocer y comunicar los errores en la implementación de sus políticas, planes y normas.

Así visto, la oportunidad de aprender en conjunto puede ser el salto cualitativo en el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad gubernamental.

A MODO DE CONCLUSIÓN

  1. Sociedad en Red.

Es claro que vivimos y trabajamos en una forma de sociedad que se organiza en redes, y son estas redes sociales las que están configurando hoy en día de forma principal la organización y las estructuras más importantes de la sociedad moderna en todos los niveles, individual, organizacional y social.

Caracterizan esta sociedad sus nodos interconectados, la accesibilidad y su globalidad.

  1. Gobierno de la Información.

Refiero a ella como una nueva forma de concebir el gobierno centrada en los derechos fundamentales del individuo, que en muchos aspectos depende de la tecnología e inextricablemente ligada a los sistemas de información, los repositorios y las redes de información.

  1. Flujos de la Información.

Se reconocen como el elemento más relevante a considerar en el gobierno de la información. Es tarea fundamental de éste aprenderlos, comprenderlos y canalizarlos en aras del buen gobierno.  Al respecto identificamos al menos tres: Flujos de información entre servicios u agencias gubernamentales, flujos entre los servicios o agencia y los ciudadanos, y los flujos de información entre ciudadanos referidos al gobierno.

  1. Apertura de la información.

Desafío  y  oportunidad en el marco del gobierno de la  información, ya que contar con ciudadanos bien informados refuerza las estructuras y relaciones sociales, asegura las  transacciones económicas y promueve o fomenta la  colaboración e innovación dentro de la sociedad. En definitiva, se puede afirmar que la información gubernamental abierta aumenta el capital social e incentiva la democracia.

  1. Transformación de la cultura gubernamental.

En la concepción del gobierno de la información subyace el cambio de paradigma en la acción de los órganos públicos en orden a interoperar, compartir y colaborar, así como para aprender y comprender su rol articulador en la sociedad en red.

[1] Memorando “Electronic Government” del Presidente William Clinton de fecha de 17 de diciembre de 1999.

Disponible en: http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/memos/elecgovrnmnt.html (consultado julio 2011)

[2]  Liikanen, Erkki. eGovernment for Europe’s public services of the future. In: Inaugural lecture of the UOC 2003-2004. UOC.

Disponible en: http://www.uoc.edu/dt/20336/index.html (consultado julio 2011)

[3] Comunicación “El papel de la administración electrónica en el futuro de Europa” de la Comisión Europea COM (2003) 567, de 26 de septiembre de 2003.

Disponible en:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:ES:PDF (consultado julio 2011)

[4] Backus, Michael. E-governance in Developing Countries. IICD Research Report No 3, Marzo 2001. p. 8

[5] Gartner Group es una consultora internacional en comercio electrónico que formuló en el año 2000  el “E-Governance Maturity Model”.

El modelo se encuentra disponible bajo registro y pago en:

http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=clientFriendlyUrl&id=1390447

[6] Cremades, Javier. Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era digital. Espasa, Madrid, 2007. p. 16 y 17

[7]Sayegh, S., Fernández, M., y Zavarce, C.  Gerencia de Estado en Tiempos de Transformación. Caracas: Escuela Superior de Guerra del Ejército Bolivariano. 2010.

[8] Governance and Information Technology. From Electronic Government to Information Government. Editado por Viktor Mayer-Schönberger and David Lazer. p. 1 a 14.

Disponible en: http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262134837chap1.pdf

[9] Saarenpää, Ahti. Legal Informatics today, some theoretical observations. Santiago de Chile. 2011.

[10] Filosofía o doctrina que sustenta la “democratización de la información”, y que considera que los datos pasan por un ciclo de vida que supone que son recogidos, estructurados, y linkeados por los distintos agentes, para permitir su distribución oportuna e incentivar luego la supervisión y/o corrección por parte del público que los utiliza.

[11] Directorios de datos.

[12] Sáez Vacas, F.  El poder tecnológico de los infociudadanos.  Diarios y conversaciones en la Red Universal Digital. En Revista Telos Nº 65.  Madrid. Octubre-Diciembre 2005.  Disponible en línea en:

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=4&rev=65.htm

La función documental en el gobierno electrónico: trasformacion de los registros y notarias en Venezuela

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Por Nayibe Chacón Gómez

El tema que será tratado a continuación se ubica dentro del estudio de la informática jurídica documental, particularmente aplicada al sistema registral y notarial venezolano.

En este sentido, la investigación ha sido dividida en dos partes; por un lado, se tratará la función documental entendida como parte de las tareas del Gobierno Electrónico; y por el otro lado, la transformación que han vivido los Registros (Públicos, Mercantiles e Inmobiliarios) y las Notarias en Venezuela, como consecuencia de los proyectos de modernización tecnológica que ha adelantado el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ).

I.- La Función Documental en el Gobierno Electrónico:

La Informática Jurídica Documental se presenta como un subtipo de la Informática Jurídica, la cual consiste en el tratamiento lógico y automático de la información legal.

Se desconoce cuando se empezó a utilizar el término de «Informática Jurídica», no obstante, los autores concuerdan que fue en los años 50 que comenzaron las investigaciones relativas al empleo de los medios informáticos en la recuperación de documentos jurídicos. Particularmente, el Profesor John Horty en la Universidad de Pittsburg, a través del Health Law Center, donde concibió la idea de crear un mecanismo del cual se pudiera tener acceso a la información legal de manera automatizada, ha sido reconocido como el precursor del uso de la tecnología para el acceso a la información jurídica.

Por su parte, la Informática Jurídica Documental o Documentaria, consiste en la creación y recuperación de información jurídica como leyes, doctrina y jurisprudencia, y se contrapone a la Informática Jurídica Metadocumental o Metadocumentaria, a través de la cual se ayuda o se apoya en la toma de decisiones, en la educación, investigación, redacción y previsión del Derecho, a través de sistemas de inteligencia artificial.

Se presume que esta clasificación o estos subtipos de la Informática Jurídica proviene del trabajo del año 1958 del jurista francés Lucien Mehl, titulado “Automatización en el mundo legal”, donde expuso bajo la denominación de “maquinas de leyes”, dos categorías: a) maquinas documentales, referidas a la creación y almacenamiento de documentos con relevancia jurídica; y b) maquinas de consulta, como grandes ficheros o bases de datos en los cuales se apoyaba la función judicial, e incluso la enseñanza de las ciencias jurídicas.

Es preciso delimitar el alcance de este trabajo, ya que nos proponemos presentar a la Informática Jurídica Documental o Documentaria como una de las funciones del Gobierno Electrónico, dado que la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación procura la mayor eficiencia y efectividad de la organización del Estado y el logro de los máximos ahorros del erario público, alcanzando un modelo de servicios públicos, donde encontramos las funciones de los Registros y de las Notarias, de fácil acceso y ubicación que permite garantizar la seguridad jurídica de los actos al convertirse en un mecanismo para aumentar la transparencia de la gestión pública documental. A los efectos de este trabajo utilizaremos la definición de Director General de la Oficina de Tecnologías de Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2005, Arturo Gallegos: “El Gobierno Electrónico en Venezuela significa el aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación para aumentar la inclusión de amplios sectores que han estado al margen de la acción social del Estado.” Gallegos, Arturo (2005). ¿Qué es el Gobierno Electrónico? Directorio de Gobierno Electrónico Venezuela Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Disponible en:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/gob_electronico.html (Carballo, 2011)

Teniendo en cuenta que el sistema registral y notarial forman parte de la administración pública, particularmente de la administración de justicia, nos referiremos en el siguiente punto a la metamorfosis que ha sufrido en esta última década, producto de la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los procesos de documentación pública.

II.- Transformación de los Registros y Notarias como garantía de seguridad jurídica de los documentos:

Con la entrada en vigencia de la Ley de Registro Público y del Notariado en el año 2001, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela extraordinaria Nº 5.556 de fecha 13/11/2001, reformada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela extraordinaria Nº 5.833 de fecha 26/12/2006, se planeo la reestructuración del sistema registral y notarial en Venezuela, que se fundamento en la automatización de estos servicios, tarea que correspondió desde sus inicios al Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ). Dicho proceso de automatización iniciado en el año 2002, formó parte de uno de los Convenios de Cooperación suscritos entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, hablar de la automatización de los Registros y Notarias no era un tópico nuevo en este país, ya que en los años 70 y 80 se encuentran proyectos de automatización, que fueron recogidos desde una perspectiva académica en el I Foro sobre Modernización del Sistema Notarial y Registral, organizado por el entonces Ministerio de Justicia en el año 1989, el cual contó con destacadas participaciones de prominentes juristas de la época, junto con la contribución de un ingeniero, quien presento, no solo la necesidad, ya conocida, de optimizar la función registral y notarial, sino que evidenció la fórmula para la automatización, incluso con la legislación vigente en la época.

No obstante, la modernización del sistema de los Registros y Notarias, tuvo que esperar un par de décadas más, y especialmente, un desarrollo más depurado de las técnicas informáticas de tratamiento documental para ver la luz. Los periódicos nacionales impresos y digitales destacaron a mediados del año 2008 la puesta en marcha de la primera parte de la automatización, la cual consistió en la incorporación de la tecnología representada por una software hecho a medida para los procesos que son llevados en los Registros Mercantiles e Inmobiliarios; así los Registros Principales y las Notarias tendrían que esperar su tiempo de ejecución, el cual corresponde a la segunda etapa del proceso de automatización emprendido.

De los reportes presentados por los entonces Directores del Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN), particularmente la  Abogada María Eugenia Urbina, Ex-Directora del SAREN, en una entrevista en diario Últimas Noticias, publicada en fecha 16/06/2008, los objetivos que se han procurado cumplir con la automatización de los procesos registrales se encuentran en cuatro pilares:

  1. Optimizar los tiempos y brindar seguridad jurídica: “una persona que requiera constituir una compañía o saber cuanto debe pagar en aranceles por determinada diligencia puede obtener esa información a través de la página web y acudir a las oficinas de Registros y Notarías ya con una información previa, lo que le permitirá agilizar su acción al saber cuánto debe pagar…”
  2. Crear una base de datos sobre los abogados en ejercicio, lo que permite a los registradores y notarios, verificar que éstos sean en realidad profesionales del Derecho: “pues se han dado casos en los que personas que no son abogados fungen como tales…”
  3. Contribuir a la prevención y el enfrentamiento de hechos ilícitos y situaciones de corrupción, como el lavado de dinero: “la información relativa a la venta de una casa estará a disposición de los entes que intervengan en este trámite. En cuanto a los vehículos tanto el Instituto Nacional de Transporte y Transito Terrestre (INTTT) como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Policiales y Criminalisticas (CICPC), así como los registros y notarias van a poder cruzar información acerca del vehículo en cuestión y así determinar si es legal, si está buscado por robo, o si tiene algún inconveniente legal por resolver.”
  4. Crear una “Planilla única y código de identificación” que se utilizará en todos los registros y notarías del país, en la cual quedará constancia de los pagos realizados: firma de un “convenio con el Banco del Tesoro, Banfoandes y el Banco Industrial de Venezuela, a fin de que a través de estas instituciones se lleven a cabo los pagos; y se verificará que se cancele sólo lo que dispone el ordenamiento legal. Se hará una conciliación que garantice que sólo se ha cobrado y recibido lo estipulado en la ley, de acuerdo con las transacciones hechas durante el día.”

Así la automatización de los Registros y Notarias a la luz de la legislación actual permite la creación de la ficha electrónica, entendida como la digitalización y transferencia a bases de datos de los todos los soportes físicos del sistema registral y notarial actuales; permitiendo que el proceso registral y notarial sea llevado a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico.

La elaboración de la ficha electrónica trae consigo la necesidad de digitalizar la información o capturar los datos, lo cual ha requerido de la conjugación de dos procesos distintos, el primero dedicado a los datos existentes en las oficinas de Registros y Notarias, los cuales en la mayoría de los casos han sido procesados a través de “scanners” o lectores ópticos; y el segundo proceso referido a los datos nuevos, cuya captura electrónica se realiza de manera inmediata.

Por su parte, debemos destacar que desde el año 2009 y en virtud del artículo 24 de la Ley de Registro Público y del Notariado: La firma electrónica de los registradores o registradoras y notarios o notarias tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga.”, estos funcionarios cuentan con firma electrónica; es decir, con la posibilidad de emitir certificados electrónicos autorizados por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), lo cual se puede traducir en la posibilidad de elaboración del documento público electrónico conjugando las normas de la Ley de Registro Público y del Notariado, y de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas vigentes en nuestro país.

Ahora bien, la principal función de los Registradores y Notarios se encuentra en la firma o signatura de los documentos que le son presentados, “como cualquier funcionario administrativo, con su firma, lo que hace es “autorizar” o “aprobar” asientos, diligencias de cierre del diario y notas al pie del título, todo lo cual “califica” a las diversas funciones registrales a ellos encomendadas aunque con las peculiaridades funcionales y subjetivas.” (FERNÁNDEZ, p. 21.)

La necesidad de formas particulares entre ellas la intervención del Registrador o Notario, para la validez de un determinado negocio o acto jurídico, se le conoce como formalismo jurídico, el cual es susceptible de clasificación según la naturaleza y finalidad que el mismo ordenamiento jurídico ha dispuesto. Así tenemos que, en primer lugar, si estamos en presencia del formalismo constitutivo la finalidad del cumplimiento de determinas formas preestablecidas por el legislador, será la búsqueda de la seguridad jurídica de las partes contratantes con respecto a las obligaciones que están asumiendo en virtud del nacimiento del acto o negocio jurídico de que se trate.

En segundo lugar, cuando hablamos de formalismo probatorio, el propósito de su existencia es proporcionar seguridad jurídica a las partes contratantes y a los terceros, de la existencia del negocio o acto jurídico, en el momento de plantearse una controversia o litigio sobre el contenido y alcance de las obligaciones contraídas.

En tercer y último lugar, vemos el formalismo publicitario, cuya intención es suministrar seguridad jurídica a los terceros en general y en particular, que puedan tener algún  interés en el negocio o acto jurídico realizado por las partes, a través de la certeza del contenido de las obligaciones generadas por ese negocio o acto.

Siendo los Registradores y Notarios funcionarios del Estado y perteneciendo al aparato de la Administración Pública, ya que en Venezuela son subordinados de la Dirección de Registros y Notarias del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, son los encargados de otorgar seguridad jurídica a los actos de los particulares. De allí que la actuación de los Registradores y Notarios tiene como objetivo fundamental la seguridad jurídica, es decir, aquella que:

“se erige en el interés público fundamental; interés que es preciso proteger a través de todo el bloque normativo jurídico administrativo que puede y debe sustentarse de forma independiente respecto al ámbito jurídico mercantil… a pesar de la diferente naturaleza de estas instituciones registrales, les une a todas ellas el responder al interés público del logro de la seguridad jurídica en los diversos órdenes en que cada uno de ellos opera: en el tráfico jurídico-inmobiliario, en el mercantil, en el industrial e intelectual y en el del estado civil particular… desde una perspectiva de Derecho Privado, la inscripción o registración es el medio formal obligado para obtener una determinada protección jurídica y, en definitiva, la actividad administrativa propia de estas instituciones registrales opera en el marco de los derechos y las relaciones inter. privatos, produciéndose así un entrecruzamiento normativo y de efecto característico que obliga a delimitar e integrar un Derecho administrativo registral, relacionándolo necesariamente con otros sectores de nuestro ordenamiento.” (FERNÁNDEZ, pp. 23 y ss.)

Siendo la finalidad de la actividad Registral y Notarial la búsqueda de la seguridad jurídica, como la garantía dada a las personas, de su integridad física, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos, o que, de llegar a suceder, le serán asegurados por la sociedad protección y reparación. En un sentido subjetivo, seguridad pasa a ser la convicción que tiene un individuo de que sus derechos no serán modificados intempestivamente, por medio de la agresión, ejerciendo una acción contraria a las reglas y a los principios que rigen la vida en sociedad, ordenada por un sistema jurídico.

Así vemos que como anotara Pérez Luño, la seguridad jurídica supone dos aspectos, un aspecto estructural y otro funcional. En el primero, el aspecto estructural, la seguridad jurídica precisa de: a.- lege promulgata: una norma suficientemente publicada para que todos la conozcamos; b.- lege manifiesta: una norma clara que no induzca a error; c.- lege plena: una norma que evite campos no regulados sin orientación de principios de cómo decidir; d.- lege stricta: una norma que supone una clara jerarquía de normativa, derivada de la distinción de poderes; e.- lege previa: una norma que descarta la aplicación retroactiva de la ley, es decir, a situaciones preexistentes antes de la entrada en vigor; y, f.- lege perpetua: una norma que implica estabilidad en el derecho respecto a los derechos adquiridos, e igualmente, instituciones como la cosa juzgada, que prohíbe juzgar de nuevo situaciones sobre las cuales existe una decisión definitivamente firme. (PÉREZ LUÑO, pp. 22-23.)

En el aspecto funcional, la seguridad jurídica compele de la regularidad de la actuación de los órganos del Estado, que implica principalmente el sometimiento de estos órganos al principio de legalidad. “Un ordenamiento jurídico no puede llenar jamás las exigencias de la seguridad jurídica, a pesar de que sus normas sean técnicamente perfectas, si se carece de órganos idóneos de aplicación, pues en este caso se hace imposible la realización práctica de los principios legales, por más inspirados que ellos estén en cualquiera de los valores a que debe aspirar el Derecho.” (TOSTA, p. 83.)

Entendida como un todo armónico, la seguridad jurídica consiste en la realización plena del orden jurídico positivo apropiado para la estructura de la comunidad que rige. Resulta pues condición indispensable para el desarrollo de la vida de los integrantes de las comunidades, más aún, para la persistencia de las organizaciones colectivas, que los diferentes preceptos que integran el ordenamiento jurídico sean aplicados tal como lo pide el sistema.

La seguridad jurídica material o funcional se refiere a la previsibilidad de la conducta de las personas en la sociedad y si esa previsibilidad deriva de las reglas formales del sistema jurídico, Se trata de conocer si el cumplimiento de los contratos o de las obligaciones legales deriva de la operación del sistema jurídico.

En este orden de ideas, al referirnos a la seguridad jurídica, como finalidad del formalismo, debemos entender que los motivos que han inspirado al legislador moderno en mantener requisitos nacidos en el derecho romano, devienen de la necesidad tanto de las partes contratantes como de los terceros de conocer el alcance, validez y eficacia de las obligaciones que son asumidas por los intervinientes en el negocio o acto jurídico, toda vez que su desconocimiento puede producir daños.

La presencia de la seguridad jurídica como finalidad de las normas que imponen una determinada forma, bien sea para la existencia, validez o prueba del negocio jurídico, hace surgir particulares efectos. En el caso de las normas que prescriben ciertas formas, el incumplimiento de ellas, por parte de los intervinientes en el acuerdo de voluntades, conllevaran según el caso, a que se repute inexistente, ineficaz o que no surta prueba de las obligaciones y derechos que, de suyo, se derivan del negocio o acto mismo; estas sanciones al igual que la forma a cumplir, deben estar previamente establecidas en la norma, puesto que de ahí nace parte de la seguridad jurídica.

Siendo que la seguridad jurídica es un valor al cual aspira el Derecho, ésta depende tanto de la perfección de las normas, en cuyo caso, remitiéndonos al estudio que nos ocupa, podemos hablar de normas que establecen formas, modos o medios idóneos para la creación y prueba de los negocios o actos jurídicos, para alcanzar esa anhelada seguridad, tanto de las partes contratantes como de los terceros, dado que depende de ese elemento subjetivo o convicción de los individuos para que realicen sus actividades, ya sean civiles o comerciales, ajustados al ordenamiento jurídico y con el predominio de la buena fe.

A manera de conclusión, es preciso entonces reconocer que la intervención de la Administración Pública, aquí llamada Gobierno Electrónico, a través de los Registros y Notarias, en las actividades de los particulares e incluso en la vida ordinaria de la sociedad venezolana con  el empleo de las TIC’s busca una interacción más transparente, coordinada, coherente, ágil, eficaz y eficiente, aunque es un proceso complejo que implica grandes esfuerzos por parte de todos, que no todas las veces se manifiesta de la forma requerida. Es necesaria pues, la presencia de elementos que permitan asegurar no solo la seguridad jurídica, sino también la seguridad técnica, y más allá, la protección de la información en formato electrónico de los particulares.

Somos de la opinión que solo el conocimiento de la ciencia informática conjuntamente con la jurídica, y particularmente la aplicación de los métodos hoy conocidos, a la función pública pueden llevarnos a los resultados esperados, es decir, la eficiencia del Estado.

Gobierno electrónico: propuesta metodológica de desarrollo y evaluación

e-gov

Por Yarina Amoroso Fernández

Muchos países de América Latina y el Caribe han implementado plataformas de e-Gobierno dirigiendo sus esfuerzos en las áreas donde más posibilidades tienen de lograr sus objetivos. Tal es el caso de Colombia, Chile y Uruguay, los cuales se encuentran en los tres primeros lugares de la región en materia de Gobierno Electrónico según la Encuesta del 2010 de UNDESA[1].

Los riesgos en la definición de una solución de e-Gobierno son reales, por lo que si no se conciben e implementan correctamente las iniciativas, se puede desperdiciar recursos, fallar en la promesa de prestar servicios útiles y por tanto, incrementar la frustración pública con el gobierno. Especialmente en el mundo en desarrollo, donde los recursos son limitados, se deben dirigir los mayores esfuerzos a áreas con grandes posibilidades de éxito.

En la región del Caribe, si bien se ha logrado algunos avances en materia de Gobierno Electrónico, aún falta mucho para lograr el desarrollo que se desea. Cuba no está ajena a este proceso, por lo que se encuentra desarrollando esfuerzos en materia de Gobierno Electrónico transitando aún por el segundo nivel, en el “Modelo de cinco niveles de evolución de Gobierno Electrónico”,según UNDESA.

Un esfuerzo en este sentido fue la creación del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana con el propósito de lograr una nueva forma de gobierno centrada en la mejora de los procesos y servicios. El mismo pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la utilización de las TIC, así como, satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad.

Otra iniciativa fue la creación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en el año 2002, la cual fue creada con el objetivo de desarrollar la Industria del Software en Cuba. La misma cuenta con varios centros de investigación y desarrollo, como es el Centro de Gobierno Electrónico (CEGEL) de la facultad 3, el cual trabaja aspectos prácticos del  e-Gobierno a través de la gestión de gobierno, implementación de proyectos nacionales e internacionales en  importantes áreas de la Administración Pública y procesos funcionales del Estado.

En este sentido, y dado que la implementación de soluciones de Gobierno Electrónico es un alivio en todas las áreas del funcionamiento social, comercial y gubernamental, así como trae consigo una inmensa reducción de costos, trámites, pérdidas de tiempo y errores humanos, resulta necesario seguir perfeccionando la Proyección de Informatización en Cuba y lograr una definición de una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión gubernamental y la administración pública del Estado.

Para cumplir con éstos objetivos se implementó por una parte una encuesta internacional que permitiera conocer de las mejores prácticas e iniciativas y también se ha elaborado una Guía metodológica para plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico a modo de implementar también variables de medición del proceso y gestionar la calidad del mismo.

Los objetivos específicos son los siguientes:

  1. Elaborar la fundamentación teórica de la investigación.
  2. Proponer una guía metodológica que permita establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas, para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.
  3. Validar la guía metodológica.

Para dar cumplimiento con los objetivos se plantearon las siguientes tareas de la investigación:

  1. Estudio del marco conceptual asociado a los elementos fundamentales del Gobierno Electrónico (conceptos, tipologías, procedimientos y demás elementos).
  2. Estudio del estado del arte de las plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico a nivel internacional, haciendo énfasis y prestando principal atención en las experiencias de la región de América Latina y el Caribe.
  3. Evaluación del estudio realizado por el Consejo del Pacífico en Política Internacional sobre la definición de plataformas tecnológicas de e-Gobierno identificando elementos de interés para el caso de Cuba.
  4. Estudio del marco normativo internacional y nacional a partir de la identificación de políticas, legislaciones y normas técnicas, que permita establecer los principios generales para la concepción de una plataforma tecnológica de e-Gobierno.
  5. Realización de un análisis general de la Legislación Cubana asociada a la normalización para el establecimiento de una plataforma tecnológica de e-Gobierno.
  6. Realización de un estudio detallado en los ministerios y organismos de la administración pública en el país para conocer el estado de los servicios de gobierno de cara a la ciudadanía y si están o no informatizados.
  7. Definición de una guía metodológica que posibilite establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas, para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.
  8. Validación de la guía metodológica a partir de algún instrumento para la evaluación de aceptación, análisis de factibilidad e impacto (desde un enfoque general), aplicado a algunos directivos y funcionarios del Estado (a un determinado nivel) que incidan en el área de las tecnologías y políticas públicas en materia de tecnologías en el país.

Fundamentación:

Para conocer la  situación actual de la implementación de soluciones de Gobierno Electrónico a nivel internacional, haciendo énfasis en las experiencias de los países más destacados de la región de América Latina y el Caribe, fue analizado los respectivos marcos normativos, los que fueron desarrollados bajo un estudio y  análisis de Derecho Comparado. Además, mediante el estudio de plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico se logra identificar conceptos que se utilizarán posteriormente en la investigación. También, se realiza un estudio de la situación actual cubana en cuanto a desarrollo tecnológico e iniciativas de e-Gobierno en el país para justificar la problemática existente.

Conceptos básicos

Gobierno Electrónico

Segúnla Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) del año 2000“el Gobierno Electrónico puede facilitar un buen gobierno, la piedra angular de la visión de un mundo pacífico, próspero y justo.”(ONU, 2011)

La Unión Europea define al Gobierno Electrónico como “la utilización de las TIC en las administraciones públicas, combinadas con cambios organizacionales y nuevas capacidades, de manera a mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y reforzar el soporte a las políticas públicas.”(European Commission, 2003)

En el contexto del Proyecto ALFA III que gestiona el Profesor Fernando Galindo, de la Universidad de Zaragoza, España,  el Centro de Gobierno Electrónico (CEGEL) de la UCI, realizó un formulario de Encuesta en el que fueron convocados a colaborar a  especialistas de Ecuador, Argentina, Paraguay, Cuba, Italia, Venezuela, Uruguay y Perú quiénes ofrecieron sus respuestas según sus respectivos criterios. A continuación se presentan algunas opiniones de estos investigadores con respecto a qué entienden por Gobierno Electrónico.

  1. “Supone el paso de la tradicional Administración en “papel” a una Administración usando las tecnologías de la información, lo cual supone, en teoría, una mayor eficacia, eficiencia y racionalización de los recursos. Además, el uso de las citadas tecnologías supondrá que exista una mayor participación ciudadana.“ (Amoroso Fernández, 2011)
  2. “Constituyen las políticas y acciones que los gobiernos puedan adoptar, en beneficio de la colectividad con la ayuda de las nuevas tecnologías dentro las instituciones del Estado. Esta ayuda principalmente está encaminada a facilitar procesos, abreviar trámites y transparentarlos.” (Amoroso Fernández, 2011)
  3. “El Gobierno Electrónico se refiere al empleo de las tecnologías de la información y comunicación para el mejor relacionamiento entre el gobierno y los miembros de la sociedad, a fin de optimizar la prestación de servicios públicos y la interacción entre actores.” (Amoroso Fernández, 2011)
  4. “El Gobierno Electrónico consiste en el uso de las tecnologías de la información que dentro del cumplimiento de los fines de ley a la Administración Pública permite una satisfacción eficiente y eficaz de necesidades respecto a los ciudadanos.”(Amoroso Fernández, 2011)
  5. “El Gobierno Electrónico tiene un carácter multidimensional y el concepto engloba por lo menos los siguientes elementos: a) TIC; b) relación entre actores públicos y privados; c) prestación de servicios; d) optimización y modernización; y e) gobernabilidad. En efecto, no es posible hablar de Gobierno Electrónico sin incluir, al menos, la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental, una amplia y transparente relación del gobierno con los distintos actores sociales y una nueva legitimidad.”(Amoroso Fernández, 2011)
  6. “Por Gobierno Electrónico se entiende al empleo de la internet y las TIC para conseguir una mejor administración de los servicios que brinda el gobierno, además hay un acceso público a la información y llega a todos de forma más transparente. El Gobierno Electrónico es el conjunto de procesos y estructuras creadas para brindar los servicios gubernamentales por vía electrónica.“(Amoroso Fernández, 2011)
  7. “Cómo Gobierno Electrónico (e-government, e-Gobierno) entiendo el uso de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento de los procesos internos de gobierno y la entrega de los productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la industria, a través de la implementación de portales que mejoren en eficiencia y eficacia los procesos internos y de vinculación con la sociedad.“(Amoroso Fernández, 2011)
  8. “Gobierno Electrónico es la transformación y automatización de todas las entidades estatales haciendo uso de las TIC garantizando una mejor administración del gobierno mediante la transparencia y el acceso público a la información. El gobierno electrónico permite una participación más amplia de los ciudadanos en la gestión del gobierno.“(Amoroso Fernández, 2011)

Con el análisis de los conceptos antes expuestos se llega a la conclusión de que Gobierno Electrónico consiste en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar la administración pública del gobierno a fin de optimizar la prestación de servicios públicos, lograr mejor eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, incrementar la transparencia entre el gobierno y la sociedad, fomentar una participación más amplia de los ciudadanos en la gestión de gobierno, así como, mejor la calidad de vida de los mismos.

Interoperabilidad

Actualmente existen múltiples definiciones de interoperabilidad, una de las más referidas en este sentido es la que propuso IEEE[2] en 1990: “la habilidad de dos o más sistemas, redes de comunicación, aplicaciones o componentes para intercambiar información entre ellos y para usar la información que ha sido intercambiada”. Del mismo modo, en la Interoperability Technical Framework (ITF)[3] el gobierno australiano define la interoperabilidad como “la capacidad de transferir y utilizar información de una manera uniforme y eficiente a través de múltiples organizaciones y sistemas de tecnologías de la información. Permite asegurar el nivel de beneficios que recaudan las empresas, gobierno y la economía en general a través del comercio electrónico”.

En la misma línea, según la Comisión Europea (Comisión Europea, 2006), interoperabilidad no es más que “la habilidad de los sistemas TIC, y de los procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento”.

En los estudios realizados por la CEPAL[4]en el marco de las actividades del programa de cooperación de la Comisión Europea, el análisis del fenómeno de interoperabilidad se desarrolla con base en una tipología que considera los siguientes aspectos relevantes: semánticos, organizacionales, técnicos y de gobernanza. (CEPAL , 2007)

  1. Interoperabilidad semántica: Se ocupa de asegurar que el significado preciso de la información intercambiada sea entendible sin ambigüedad por todas las aplicaciones que intervengan en una determinada transacción y habilita a los sistemas para combinar información recibida con otros recursos de información y así procesarlos de forma adecuada.(CEPAL , 2007)
  2. Interoperabilidad organizacional: Se ocupa de definir los objetivos de negocios, modelar los procesos y facilitar la colaboración de administraciones que desean intercambiar información y pueden tener diferentes estructuras organizacionales y procesos internos. Además de eso, busca orientar, con base en los requerimientos de la comunidad usuaria, los servicios que deben estar disponibles, fácilmente identificables, accesibles y orientados al usuario. (CEPAL , 2007)
  3. Interoperabilidad técnica: Cubre las cuestiones técnicas (hardware, software, telecomunicaciones), necesarias para interconectar sistemas computacionales y servicios, incluyendo aspectos clave como interfaces abiertas, servicios de interconexión, integración de datos y middleware, presentación e intercambio de datos, accesibilidad y servicios de seguridad. (CEPAL , 2007)
  4. Gobernanza de interoperabilidad: Se refiere a los acuerdos entre los gobiernos y actores que participan en los procesos de interoperabilidad y a la forma de alcanzarlos. También se refiere a la definición de los espacios de diálogo donde se definan los acuerdos. Con la gobernanza, se busca que las autoridades públicas cuenten con la institucionalidad necesaria para establecer los estándares de interoperabilidad[5], asegurar su adopción, y dotar a las agencias de capacidad organizacional y técnica necesarias para ponerlos en práctica. (CEPAL , 2007)

Figura: Arquitectura de interoperabilidad.(Moreno, y otros, julio de 2007)

Con el análisis de los conceptos de Interoperabilidad antes expuestos se llega a la conclusión de que el concepto más completo en este sentido es el dictado por la Comisión Europea en el estudio sobre interoperabilidad a nivel local y regional, publicado en diciembre del 2006 (Comisión Europea, 2006) ya que la Unión Europea ha alcanzado numerosos avances en cuanto a interoperabilidad y, además, representa una guía para los países Latinoamericanos y del Caribe de la manera en que pueden enfrentar este desafío según el Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico

Según el gobierno uruguayo (Presidencia de la Rupública Oriental de Uruguay, 2011), la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico es:

  • Un facilitador para el desarrollo de servicios y trámites en línea.
  • Un “proveedor” de servicios transversales y herramientas comunes a los Organismos del Estado, por ejemplo la Herramienta de Gestión de Expedientes Electrónicos del Estado Uruguayo.
  • Un “proveedor” de servicios a personas, empresas y organismos, por ejemplo el Portal del Estado como puerta única de acceso a información y servicios y la consulta web de estado de un expediente.
  • Un medio para instrumentar la interoperabilidad y el intercambio de información entre organismos. El contexto tecnológico y legal que permite asegurar que la información intercambiada cumpla con los requisitos legales y tecnológicos predefinidos.

Según el gobierno mexicano, la plataforma tecnológica del Sistema Nacional e-México “es el conjunto de infraestructuras y arquitecturas para la distribución de contenidos y servicios en línea para los gobiernos federal, estatales y municipales”. (Gobierno Federal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2010)

Del mismo modo, en El Salvador una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico“ es la infraestructura tecnológica para mecanizar trámites por gobierno electrónico sin duplicar esfuerzos, permitiendo trámites compartidos entre instituciones, y permitiendo trámites semi-manuales”. (Palasí, 2010)

Con el análisis de los conceptos antes expuestos se puede decir que una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico es la infraestructura tecnológica que facilita el desarrollo de servicios y trámites en línea a personas, empresas y organismos a través de una ventanilla única de acceso. Además, es un medio para fomentar la interoperabilidad y el intercambio de información entre organismos.

Comentarios del estudio realizado

La experiencia demuestra que el Gobierno Electrónico provee numerosos beneficios, ya que mejora la confianza en las instituciones públicas, permitiendo mayor transparencia y responsabilidad a la vez que protege al ciudadano. Además, mejora considerablemente la actuación del gobierno, así como, la capacidad de la sociedad de adaptarse a un nuevo entorno.

En el análisis de la experiencia internacional en cuanto a soluciones de Gobierno Electrónico, se demuestra que todos los países involucrados desarrollan estrategias de Gobierno Electrónico con el propósito de mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión de gobierno y la administración pública a través del uso de las nuevas tecnologías, lograr mayor participación ciudadana en las políticas públicas, así como, mejorar la calidad de vida de los mismos.

La gran mayoría de los países estudiados se encuentran desarrollando plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico con el objetivo de facilitar la integración e interoperabilidad, conectando a todas las entidades a través de una red de alta velocidad y proveerles diferentes servicios en línea a través de un conjunto de estándares y directrices.

Situación tecnológica actual en Cuba

En Cuba, a partir de 1996, se dan los primeros pasos para la realización de un trabajo continuo destinado a impulsar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el país. En el año 1997 quedaron definidas orientaciones precisas para trabajar en ese sentido y el Gobierno aprobó, por primera vez, los Lineamientos Generales para la Informatización de la Sociedad, con objetivos generales hasta el año 2000, pero que hasta hoy se encuentran vigentes. En consecuencia se produjeron avances que condujeron en enero de 2000 a la creación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), con la misión fundamental de fomentar el uso masivo de las TIC en la economía nacional, la sociedad y al servicio del ciudadano.

El Gobierno decidió entonces analizar los lineamientos generales de 1997 y la forma de implementarlos, tomando como sustento los cuatro pilares fundamentales del proceso revolucionario cubano: la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. Este trabajo conllevó a la formulación del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad que reflejaba la estrategia cubana para el período 2000-2002. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

El Programa Rector persigue promover el uso masivo de las Tecnologías de la Información a escala nacional, teniendo en cuenta los objetivos generales estratégicos que el país se ha propuesto, buscando un desarrollo coherente y una identificación precisa de los actores de la Sociedad de la Información. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Dicho programa persigue impulsar, de manera coherente, todos los sectores; para ello se han organizado ocho áreas de acción interrelacionadas, bajo las cuales se enmarcan decenas de proyectos específicos. Estas áreas son:

  • Infraestructura, Tecnologías y Herramientas.
  • Fomento de la Cultura Informática.
  • Fortalecimiento del papel de los Joven Club.
  • Sistemas y servicios integrales para el ciudadano.
  • Gobierno, Administración y Economía.
  • Informatización Territorial.
  • Fomento de la industria nacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
  • Investigación y Desarrollo y Asimilación de nuevas tecnologías.

Esta estrategia, como expresión del proceso revolucionario cubano, tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural, social y político y en la consecución del fortalecimiento y ampliación de los logros y beneficios que la Revolución le ha dado. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

En la actual situación de limitaciones económicas, tecnológicas y de comunicación, en consecuencia del bloqueo económico impuesto al país por el gobierno estadounidense, Cuba decidió adoptar como opción de desarrollo inicial el uso social intensivo de los recursos escasos de conectividad y medios técnicos con el propósito de mejorar las condiciones socio-económicas del país.

Para ello, en el país ya se cuenta con una estructura central (backbone) de fibra óptica que alcanza a todas las provincias. Además, desde el año 2002 se introdujo la enseñanza de la computación en todas las escuelas del sistema de educación, con el propósito de elevar la calidad de la educación cubana y garantizar la necesaria preparación de los recursos humanosen el uso de las TIC.

También, se promueve la Industria Cubana del Software (ICSW), a través de la Universidad de las Ciencias Informáticas y el sistema de empresas cubanas vinculadas a este trabajo, con el objetivo de lograr ingresos considerables al país, como resultado del correcto aprovechamiento de las ventajas del importante capital humano con que Cuba cuenta.

Además, se promueve la utilización de tecnologías mediante las cuales se obtiene una mejor relación para el país entre la inversión y los resultados, tales como la utilización de redes privadas virtuales sobre la red pública, puntos comunes de acceso territorial, centros de datos, centros de información con servicios combinados por telefonía e Internet, salas colectivas de acceso y uso de la tecnología, entre otros. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

El uso de las TIC en el Gobierno, la Administración y la Economía busca impulsar su aplicación en la esfera de la administración pública, la gestión de los órganos y organismos superiores, centrales y locales, del Gobierno y el Estado, y de los sistemas empresariales. En esta área los proyectos se definen básicamente en dos grandes grupos: los dirigidos hacia dentro del sistema, bases de datos y otros contenidos, proceso de toma de decisiones, sistemas automatizados de gestión, etc.; y los dirigidos hacia afuera, tales como los proyectos de Gobierno en línea, información a los ciudadanos, o a otras instituciones y similares. En general prevé la informatización del Gobierno y de los sectores o ramas de la economía nacional o de un territorio. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Uno de los principales proyectos que se llevan a cabo es el Gobierno en Línea, como estrategia cubana de gobierno electrónico. Se han equipados los 169 Consejos de Administración Municipal del Poder Popular con los medios y conectividad necesarios para garantizar los servicios de correo electrónico y navegación nacional. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Otro proyecto que se encuentra disponible, en su versión inicial, es el Portal del Ciudadano Cubano, sitio al cual los ciudadanos pueden acceder para obtener diferentes informaciones en una primera etapa. Mediante el Sistema de Trámites de la población, actualmente en proceso de implementación, se busca la simplificación, agilización e integración de trámites y otros servicios, mediante el Portal del Ciudadano en su segunda etapa. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

La mayor limitación para la utilización de Internet es el ancho de banda disponible por utilizar enlace satelital, al no permitir el bloqueo estadounidense acceder a la fibra óptica submarina que rodea a Cuba (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004), aunque, gracias a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en febrero del presente año llegó a Cuba el cable submarino de fibra óptica procedente de Venezuela. El Ministro de Informática y Telecomunicaciones de Cuba, Medardo Díaz, señaló que “este proyecto robustece nuestra soberanía en el campo de las telecomunicaciones y abre una brecha al bloqueo genocida…” (Radio Reloj, 2011)

El país se encuentra trabajando para organizar la migración progresiva a software libre de los órganos y Organismos de la Administración Central del Estado. Está creado el grupo de trabajo para el ordenamiento del tema en el país, que es coordinado por la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Oficina para la Informatización. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Otro aspecto a destacar es que el marco normativo y regulatorio sobre el Gobierno Electrónico en Cuba se rige por el Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana, el cual ha establecido disposiciones e instrumentos jurídicos que ordenan y aseguran la participación de las diferentes entidades que intervienen en la provisión de los servicios de las TIC, a promover la modernización y desarrollo de la infraestructura necesaria, y garantizar el desarrollo y cumplimiento de los programas priorizados por el Gobierno, aunque se encuentra aún en desarrollo producto del poco avance existente en el país en este sentido.

Pero aún falta mucho por hacer en materia de Gobierno Electrónico para lograr una nueva forma de gobierno centrada en la mejora de los procesos y servicios, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como, satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad cubana.

Guía Metodológica para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba

Para la elaboración de esta guía se definieron varios aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutarla, como son: misión, visión, objetivo y a quién va dirigida.

Misión: Brindar al Gobierno un importante material teórico-metodológico para la definición de una exitosa plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.

Visión: Se logrará la implementación de la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.

Objetivo General: Establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas para lograr la implementación de una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.

Dirigida a: Organismos de la Administración Central del Estado.

Guía Metodológica

A continuación se describen los aspectos necesarios que conforman la guía metodológica para definir la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba. Estos aspectos se encuentran estructurados en una serie de pasos que dan un mayor entendimiento y organización al trabajo; ayudando a encontrar eficazmente el camino a la construcción de una solución con calidad.

Paso 1: Argumento del Gobierno Electrónico.

Para implementar exitosamente una plataforma de Gobierno Electrónico, primeramente se debe entender completamente la realidad del contenido del Gobierno Electrónico. Esta comprensión es necesaria para lograr el éxito de los proyectos y contrarrestar los efectos negativos que pueden surgir de los mismos.

El éxito del Gobierno Electrónico depende de muchos pilares o factores que lo hagan posible. Algunos de estos factores, a su vez, dependen de la demanda ciudadana y de su capacidad para asimilar el e-Gobierno. Otros factores están más relacionados con los beneficios que ofrece el  e-Gobierno, como la infraestructura tecnológica y una legislación que lo apoye.

Para ello se debe considerar a los ciudadanos como usuarios del e-Gobierno en cuanto a: la demanda de estos, o sea, estudiar si la población quiere el e-Gobierno y cómo lo quieren recibir; su capacidad, es decir, examinar si están preparados para utilizar el e-Gobierno; y el nivel de acceso tecnológico que tienen, que no es más que estudiar si pueden acceder y pagar los servicios.

Otros aspectos que se deben examinar, con relación a los beneficios que ofrece el Gobierno Electrónico, son: analizar si existe una infraestructura tecnológica apropiada disponible; estudiar si la administración pública está preparada para servir a los ciudadanos en la era de las TIC; y analizar si existe un marco legislativo que apoye al Gobierno Electrónico.

Usuarios del Gobierno Electrónico

  • Análisis de demanda

Es importante valorar las necesidades de los usuarios, ya que no puede haber e-Gobierno sin ciudadanos y empresas conectadas. No se debe poner en práctica iniciativas de e-Gobierno sin contar con el conocimiento de lo que realmente quieren los usuarios.

Por otra parte, el Gobierno Electrónico debe estar proyectado desde el punto de vista del usuario, no desde el punto de vista del Gobierno. De esta manera el Gobierno puede proporcionar lo que los usuarios quieren y no lo que el Gobierno piensa que quieren.

  • Análisis de capacidad

Para poder aprovechar los beneficios del Gobierno Electrónico, los ciudadanos deben, primeramente, tener la capacidad de utilizarlo. Para ello se requiere educar a los ciudadanos en el uso de las TIC, y en los beneficios que pueden proporcionar.

La preferencia electrónica y la educación están muy unidas. Para lograr una cultura tecnológica en la sociedad, se deben aprobar proyectos de capacitación informática para los ciudadanos, actualizando constantemente los conocimientos de los dirigentes y del personal especializado en las TIC.

  • Análisis de accesibilidad tecnológica

Con respecto a la accesibilidad hay que considerar además los costos para el ciudadano. Por ello, es preciso contar con centros públicos de acceso a Internet, pues los altos costos de acceso son un impedimento en la utilización de las TIC.

Beneficios que ofrece el Gobierno Electrónico

  • Análisis de infraestructura tecnológica

Contar con una infraestructura, rápida y fiable, es un elemento importante para cualquier estrategia digital. Para que el Gobierno Electrónico se pueda implementar exitosamente se necesita tener provisión de una infraestructura tecnológica.

En este sentido, es preciso realizar un análisis minucioso de los componentes necesarios para contar con una infraestructura tecnológica apropiada a la hora de definir la plataforma tecnológica de e-Gobierno. Estos componentes son: ancho de banda, telefonía celular e inalámbrica, digitalización telefónica, televisión digital, cantidad de computadoras existentes, cantidad de centros de acceso público a las TIC, así como, la cantidad de personal capacitado en su uso.

  • Análisis de la administración pública

La experiencia demuestra que las TIC tienen un poder transformador; pues son la base de la economía del conocimiento. Es por eso que el Gobierno debe prepararse en la utilización de estas tecnologías obteniendo las habilidades y conocimientos necesarios, ya que el eje del Gobierno Electrónico se encuentra  en la propia administración pública.

  • Análisis del marco legislativo

Al considerar la necesidad de una legislación sólida, se debe tener en cuenta la privacidad y la seguridad de la información que circula por la red. Un marco legislativo favorable para el Gobierno Electrónico incita a la población a utilizar las TIC para su beneficio. Esto es muy importante para lograr el desarrollo exitoso de una economía electrónica.

Ahora bien, el análisis de estos elementos requiere una evaluación profunda de los estudios estadísticos efectuados y la realización de nuevos estudios que permitan obtener la información no disponible. Una estrategia puede ser realizar encuestas a los ciudadanos y a las empresas para identificar sus necesidades más apremiantes y cómo resolverlas mejor, pues los mismos son los más indicados para evaluar lo que quieren y necesitan.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las áreas que son prioritarias para la población a la hora de asignar los recursos. En este sentido, es necesario comenzar con una evaluación de cómo se utiliza actualmente la tecnología y qué recursos tecnológicos están disponibles en el país, producto de que las metas trazadas deben estar a la par con los recursos disponibles, y la tecnología debe poder prestar los servicios necesarios y llegar a las audiencias pretendidas.

Una vez construido el marco adecuado con el análisis de los elementos propuestos para desarrollar la infraestructura tecnológica el Estado dispondrá de una base sólida con la cual construir una visión para el Gobierno Electrónico.

Paso 2: Definición de visión y prioridades para el Gobierno Electrónico.

La visión es considerada como la meta a alcanzar; son las distintas actividades que se van a desarrollar en el Gobierno y que persiguen lograr, en un largo plazo, determinados objetivos que constituyen la principal justificación para su nacimiento y existencia, además de conformar el marco elemental sobre el cual debe desarrollarse todo su accionar.

El propósito de un gobierno es fomentar los objetivos compartidos de una sociedad. Por lo tanto, para comenzar el proceso de planeación del Gobierno Electrónico, corresponde establecer una visión amplia del e-Gobierno que sea compartida por todas las partes de la sociedad. Dicha visión debe surgir de los grandes objetivos o inquietudes de la sociedad representando los objetivos prioritarios del gobierno y la voz compartida de todas las partes.

Un aspecto importante es que se debe hacer la visión centrada en el ciudadano, o sea, se deben agrupar las necesidades de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida a través del buen uso de  las tecnologías.

El gobierno cubano ha tomado como sustento para la definición de la visión del Gobierno Electrónico, los cuatro pilares fundamentales del proceso revolucionario cubano: la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. Los cuales se trabajan a través del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana, estrategia cubana que tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad de vida a través del uso de las TIC.

Ahora bien, se debe estimular a todas las partes de la sociedad a participar en definir la visión, ya que se corre el riesgo de que los proyectos de Gobierno Electrónico no sean aprovechados si los diferentes sectores son consultados sólo después de que se hayan desarrollado los planes de e-Gobierno. Una visión compartida asegura que todas las partes se involucren y apoyen los planes de e-Gobierno de principio a fin.

Para ello es necesario crear confianza en el gobierno y en la tecnología manteniendo la privacidad[6] y la seguridad de la información[7] de los ciudadanos. Si los ciudadanos no perciben que su información personal (por ejemplo, la historia clínica) va a ser tratada confidencialmente, no proporcionarán dicha información electrónicamente. Del mismo modo, los usuarios necesitan saber que sus comunicaciones con el Gobierno son seguras, y que sus documentos y transacciones electrónicas están reconocidos y protegidos por la ley.  También es importante que todo proyecto se desarrolle basada en una filosofía de Open data a modo de favorecer la interoperabilidad y la reutilización adecuada de los datos.

En la bibliografía consultada, todos los países estudiados cuentan con normativas para la protección de los datos personales, y sobre el reconocimiento de las firmas electrónicas. Sin embargo, en Cuba no se cuenta con una legislación única sobre el particular sino disperso en varias normativas, también existe vacio legislativo en materia de firma electrónica. Esto es algo que no se puede dejar pasar por alto, ya que un buen clima normativo es fundamental para el crecimiento exitoso de una economía en red; es un factor que impulsa a la sociedad y a las empresas a invertir y utilizar las TIC para su beneficio.

Dar prioridad: A la hora de dar prioridad, el Gobierno debe analizar los objetivos generales estratégicos que se ha propuesto para desarrollar el Gobierno Electrónico en Cuba. En este sentido se han definido dos grandes grupos donde se puede concentrar para seleccionar los objetivos prioritarios del país.

Priorizar por impacto social

En este grupo se manifiestan los proyectos dirigidos hacia afuera, o sea, los que se encuentran de cara a los ciudadanos.

  • Mejorar la atención al ciudadano

El Gobierno debe progresivamente introducir el uso de las TIC en todos los procesos asociados a brindar beneficios a los ciudadanos, para ello se debe fomentar y promover el acceso de los ciudadanos a los servicios e informaciones gubernamentales mediante las TIC. Para alcanzar este fin, los órganos de la administración pública deben incentivar a los ciudadanos al uso de estos medios, sin que disminuya la calidad de los servicios existentes.

En Cuba, incluso con la situación de limitaciones tecnológicas existente, el 100% de los centros de la enseñanza primaria, secundaria, tecnológica y universitaria del país usan las TIC como apoyo a los programas de clases, con el objetivo de elevar la calidad de la educación cubana y garantizar la necesaria preparación de los recursos humanos en el uso de estas tecnologías. Además, se puso en práctica la formación de los Joven Club de Computación y Electrónica en todos los municipios del país, los cuales han permitido el acceso gratuito a las TIC a personas de todas las edades. También, a través de la red INFOMED[8], se desarrolla la telemedicina y se encuentran en funcionamiento la Universidad Virtual de la Salud y la Biblioteca Virtual de Salud. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Todos estos beneficios sociales que el Gobierno cubano ha puesto en manos del pueblo, se deben continuar incrementando y fortaleciendo, a pesar de las carencias existentes, para lograr elevar la calidad de vida de los ciudadanos en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural, social y político.

  • Mejorar la participación ciudadana en asuntos públicos a través del Gobierno Electrónico

La participación pública es un componente importante en el proceso de e-Gobierno, ya que el mismo equivale a participación. Los ciudadanos puede participar en asuntos de e-Gobierno de diferentes maneras, por ejemplo: comentar entre ellos los planes de e-Gobierno; ofrecer información y contribuir a las políticas públicas en formas innovadoras; o participar en diálogos, ya sean diálogos públicos con el Gobierno o diálogos de ciudadano a ciudadano organizados por el Gobierno.

Para ello se debe incluir todos los tipos de participación pública en los planes de e-Gobierno. Al final,  el  e-Gobierno es para servir a los ciudadanos, por tanto es muy importante, especialmente con proyectos diseñados para servir a la población directamente, evaluar sus necesidades y solicitar su opinión. Sin este esquema de participación, cualquier proyecto de e-Gobierno puede ser arriesgado, producto de que el pueblo no utiliza lo que no necesita. Aunque, se debe tener en cuenta que los ciudadanos, tal vez, no exijan un servicio hasta que el Gobierno lo proporcione primero.

Ahora bien, se debe asegurar de que la población pueda dar su opinión de manera anónima. Esto asegura que los ciudadanos evalúen los servicios y la efectividad gubernamental de manera abierta, y que el Gobierno reciba la información que necesita para evaluar y mejorar sus proyectos de e-Gobierno.

En Cuba no se ha desarrollado ninguna iniciativa de participación electrónica de los ciudadanos en los asuntos públicos del Gobierno. No obstante, esta participación se realiza utilizando los métodos tradicionales para solicitar la opinión pública, como reuniones de grupos, encuestas, grupos de enfoque y otros medios. Pero, si se quiere incursionar en el ámbito del Gobierno Electrónico, es necesario trabajar en este sentido.

Priorizar por interés del Estado

En este grupo se manifiestan los proyectos dirigidos hacia dentro, o sea, los que son de interés interno del Estado.

  • Lograr un buen Gobierno

El uso de las TIC en el Gobierno, la Administración y la Economía busca impulsar su aplicación a la esfera de la administración pública, la gestión de los órganos y organismos superiores, centrales y locales, del Gobierno y el Estado. En este sentido los servicios públicos deben mejorar su eficiencia operacional, mediante el uso de estas tecnologías, simplificando y rediseñando los procesos que implementen.

Para lograr un gobierno más eficiente y transparente, el Estado debe centrarse en la implementación de proyectos que se dirijan hacia dentro del sistema, como bases de datos, proceso de toma de decisiones y sistemas automatizados de gestión, para, de esa manera, mejorar la calidad de los servicios públicos.

En cuanto a los proyectos de toma de decisiones, el Estado puede dirigir sus esfuerzos a la participación electrónica ciudadana para que los usuarios puedan involucrarse en procesos de deliberación, previos a la toma de decisiones, ofrecidos a través de la opción del Voto Electrónico.

Otro aspecto importante del “buen Gobierno” es contar con una legislación que valide la transacción de papeles con certificación legal. En esta etapa mejorar los procesos en línea, incluye pagos, firma digital, entre otros elementos. Por lo que contar con un robusto marco legislativo ahorra tiempo, papel y dinero.

Una vez definidos la visión y los objetivos prioritarios del país, el Estado debe analizar cómo dar paso a la ejecución de los proyectos de e-Gobierno logrando una exitosa implementación.

Paso 3: Implementación de los proyectos de Gobierno Electrónico.

El Estado debe considerar las directrices que se exponen a continuación a la hora de implementar los proyectos de Gobierno Electrónico:

Necesidad de suficiente voluntad política para encabezar los esfuerzos de Gobierno Electrónico

Los programas de e-Gobierno enfrentan muchos desafíos. Existirán dirigentes que se resistirán a los cambios en los procedimientos, pero frente a tales problemas, sólo se logrará un avance sostenido en   el e-Gobierno si el liderazgo cree que los beneficios superan los costos y riesgos, por lo que es necesario motivar a los líderes políticos.

Tener suficiente voluntad política, en especial del liderazgo presidencial, es sumamente importante para hacer realidad el e-Gobierno, pues la experiencia ha demostrado que sólo cuando los líderes y jefes son actores conscientes y voluntarios en el uso de las TIC para su trabajo, es que se producen avances en el proceso de e-Gobierno.

En Cuba, la utilización de las TIC en la Dirección es un espacio importante para lograr que los dirigentes hagan de estas tecnologías una herramienta en la realización de su trabajo diario. En este sentido, se debe continuar trabajando para lograr el apoyo de los dirigentes en las iniciativas de Gobierno Electrónico, y así alcanzar la implementación de una exitosa plataforma de e-Gobierno en el país.

Planeación y administración de los proyectos de Gobierno Electrónico

Las iniciativas de e-Gobierno involucran grandes compromisos de recursos, planeación y personal. Es por eso que los proyectos de Gobierno Electrónico son muy difíciles de implementar sin equipos definidos para supervisar el proceso, por lo que, se debe considerar el establecimiento de equipos de e-Gobierno dentro del propio Gobierno. A dichos equipos se les debe dar el presupuesto suficiente, los recursos humanos y el apoyo administrativo necesario para llevar a cabo su tarea, así como, la autoridad suficiente para poder asegurar que los planes se cumplan.

Cuba cuenta con un grupo de trabajo, coordinado por la UCI y la Oficina para la Informatización, que se encuentra al frente del tema en el país, pero, el mismo debe seguir contando con el apoyo administrativo necesario y con la autoridad suficiente para poder llevar a cabo este gran reto. Sin esos dos ingredientes es en vano realizar esfuerzos en materia de Gobierno Electrónico.

Implementación de soluciones piloto de Gobierno Electrónico

Como todas las transformaciones, es importante mostrar primero el éxito y no invertir mucho tiempo en desarrollar visiones, estrategias y planes de trabajo. Para ello, se deben identificar los problemas que más apremian a la sociedad y resolverlos con soluciones piloto de e-Gobierno.

Además, es importante señalar que todos los servicios de e-Gobierno se deben someter a pruebas piloto con la participación de los ciudadanos antes de que se invierta en una versión nacional a escala completa del proyecto, pues esto podría ocasionar pérdidas de recursos. Los proyectos piloto no sólo resuelven los problemas inmediatos, también pueden llevar a un esfuerzo de e-Gobierno más consecuente.

Necesidad de interoperabilidad entre los proyectos de Gobierno Electrónico

La falta de interacción adecuada entre las diferentes instituciones con el fin de poder resolver trámites o servicios, ha hecho que los ciudadanos se enfrenten a problemas como la necesidad de hacer grandes esfuerzos para intercambiar información, dificultad para identificar la entidad responsable de una información y discrepancias en la información intercambiada por los diferentes organismos.

En este sentido, resulta necesario definir políticas de interoperabilidad que faciliten y optimicen la interoperabilidad de soluciones y sistemas entre entidades, a través de un modelo de gestión que facilite la evolución de las instituciones en sus procesos de interoperabilidad.

Dentro de estas políticas es preciso definir una Plataforma de Interoperabilidad que le permita a los proyectos de Gobierno Electrónico del Estado comunicarse entre sí a través de un lenguaje común para el intercambio de información entre aplicaciones de forma estándar, segura y confiable.

Ahora bien, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL (CEPAL , 2007) identificó como uno de los principales aspectos intensivos para la implementación de plataformas de interoperabilidad, la definición de lenguajes de intercambio que permitan la estandarización y adecuada interpretación de los datos y documentos entre sistemas de cualquier plataforma de e-Gobierno en la región; priorizando tres elementos en el proceso de estandarización: datos y metadatos; formato de documentos y; autenticación y certificados digitales.

En este sentido, el Estado debe trabajar dirigiendo los esfuerzos a la estandarización de los datos y documentos jurídicos de manera electrónica a partir del empleo de esquemas XML, con el propósito de mejorar la calidad, procesamiento y almacenamiento de los datos, así como, permitir su intercambio electrónicamente.

El Centro de Gobierno Electrónico CEGEL, ha trabajado en la solución de Repositorio de Esquemas de Metadatos, la Plataforma de Interoperabilidad y el esquema XML LeyCuba.

Paso 4: Medición y comunicación del progreso en los proyectos de Gobierno Electrónico.

Una vez que los proyectos de Gobierno Electrónico han sido ejecutados con éxito, es el momento de medir los avances.

Debido a que el  e-Gobierno normalmente involucra dinero, recursos humanos, información y compromiso político, la responsabilidad debe ser de extrema importancia. El Gobierno necesita medir y hacer un seguimiento de sus avances, para asegurarse de que el dinero se está inviertiendo de manera adecuada y que los compromisos se están cumpliendo.

La clave del éxito de un proyecto de e-Gobierno es lo bien que el proyecto cumple sus objetivos. Calificar el progreso y el desempeño representa establecer métricas. Para ello se deben establecer criterios generales para medir progreso y desempeño.

Para efectuar correctamente la medición es necesario evaluar atendiendo generalmente a dos áreas generales: el avance de los objetivos del Gobierno Electrónico, y la evaluación de los clientes, o sea, se necesita comprobar el nivel de satisfacción del usuario. La primera significa medir la evolución de los objetivos propuestos. Sin embargo, la segunda está basada en la percepción de los ciudadanos.

El análisis de estas dos dimensiones proporciona una representación suficientemente completa del avance alcanzado. Pero no sería bueno centrar las medidas en el estudio de un área determinada, lo apropiado sería mezclar las medidas para evaluar el desempeño de las dos áreas en conjunto. La decisión depende del alcance de la iniciativa de e-Gobierno.

Una vez establecidas las áreas generales y el grado de la medición, es necesario especificar qué sub-áreas van a ser medidas e identificar indicadores convenientes para dichas sub-áreas. Sin embargo, es necesario establecer indicadores que contemplen ambas dimensiones para lograr una buena medición del progreso de los proyectos de Gobierno Electrónico.

Por ejemplo, Canadá establece dimensiones e indicadores de éxito del  e-Gobierno, donde examina al ciudadano como núcleo fundamental del Gobierno Electrónico, pero no considera indicadores para medir interoperabilidad entre proyectos de e-Gobierno, instituciones y otras organizaciones.

Ahora bien, Cuba actualmente utiliza el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el Sector de Desarrollo (UIT-D) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2010), con el propósito de medir el progreso logrado en el acceso y utilización de las TIC, así como, las habilidades que poseen los ciudadanos para utilizarlas (ver Anexo 3). Pero, aún con la evaluación del desarrollo de las TIC en el país, no es suficiente para medir el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico, pues no es lo mismo medir el desarrollo de las TIC que el avance del Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico va más allá del análisis de la infraestructura disponible, uso de las TIC, así como, habilidades para su utilización. Gobierno Electrónico significa mejorar la administración pública y la gestión gubernamental a través del uso de las TIC, incrementando la transparencia entre el gobierno y la sociedad para lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que, a la hora de evaluarlo, se debe atender a las dos dimensiones propuestas pues no se puede evaluar el   e-Gobierno sin la percepción de los ciudadanos.

A continuación se proponen seis áreas, basadas en el análisis de las dos dimensiones generales propuestas, donde cada una de ellas cuenta con una serie de indicadores que se deben utilizar a la hora de evaluar el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico en el país:

ÁREAS INDICADORES
 Gobierno Electrónico centrado en el ciudadano
  • Número de ciudadanos capacitados en el uso de las TIC.
  • Número de iniciativas de capacitación a ciudadanos en el uso de las TIC.
  • Tipo de iniciativas de capacitación a ciudadanos en el uso de las TIC.
  • Número de puntos de acceso a aplicaciones de Gobierno Electrónico para los ciudadanos.
  • Nivel de accesibilidad tecnológica de los ciudadanos.
  • Número de usuarios con acceso a Internet.
  • Información y servicios disponibles en la lengua oficial.
  • Número de servicios públicos en línea.
  • Nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios automatizados.
Participación ciudadana
  • Número de consultas a la ciudadanía vía Internet.
  • Por ciento de participación ciudadana en asuntos públicos.
  • Número de espacios para la interacción electrónica.
  • Nivel de navegabilidad.
Transparencia del Gobierno
  • Número de ciudadanos utilizando los servicios en línea.
  • Nivel de satisfacción ciudadana por los servicios en línea.
  • Disminución de Costos.
  • Disminución de Tiempo.

 

Eficiencia en la gestión de gobierno
  • Número de funcionarios capacitados.
  • Número de servicios y procesos automatizados por ministerios, instituciones, regiones, etc.
  • Por ciento de digitalización de la documentación gubernamental.
Seguridad y privacidad
  • Medida del compromiso de confidencialidad.
  • Red de autoridades certificantes de firma electrónica.
Interoperabilidad
  • Por ciento de instituciones gubernamentales con estándares de interoperabilidad.

Tabla: Propuesta de indicadores para medir el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico centrado en el ciudadano

Los indicadores de esta área tienen que estar basados en el nivel de capacitación y aprendizaje que presentan los ciudadanos en el uso de las TIC, su nivel de accesibilidad tecnológica, así como, su nivel de satisfacción por los servicios públicos en línea. Esta evaluación permitirá entender los alcances de las aplicaciones del Gobierno Electrónico a través de los factores que impulsan o limitan su implementación.

Participación ciudadana

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de la participación ciudadana en asuntos públicos a través de espacios virtuales donde los usuarios puedan expresar sus opiniones. Dichos espacios deben estar en los portales de e-Gobierno para, de esta manera, medir el nivel de participación electrónica en los asuntos públicos por parte de la sociedad.

Transparencia del Gobierno

Los indicadores de esta área deben estar fundamentados a partir de la evaluación de los beneficios que traen consigo los proyectos de Gobierno Electrónico para mejorar la transparencia del Gobierno. Para ello se debe medir el número de ciudadanos que utilizan los servicios en línea, así como, su nivel de satisfacción según sus expectativas y requerimientos para valorar si dichos proyectos mejoran la credibilidad del Gobierno.

Eficiencia en la gestión de gobierno

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de los servicios y procesos automatizados del Gobierno, en cualquier nivel, para mejorar la eficiencia en la gestión de gobierno. Estas acciones buscan la mejora en las aplicaciones y prestaciones de los servicios de Gobierno Electrónico.

Seguridad y privacidad

Los indicadores de esta área deben estar fundamentados en la evaluación del por ciento de utilización de políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información, así como, contar con mecanismos de seguridad y certificación de firma electrónica para garantizar la confidencialidad[9], integridad[10] y disponibilidad[11] de los datos.

Interoperabilidad

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de la cantidad de proyectos de Gobierno Electrónico que se comunican entre sí a través de un lenguaje en común, así como, el número de instituciones gubernamentales que poseen estándares de interoperabilidad para comunicarse.

Conclusiones generales:

  1. Con el análisis de la situación actual cubana en materia de desarrollo tecnológico e iniciativas de Gobierno Electrónico, se comprobó que Cuba necesita definir una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico que mejore la gestión de gobierno y la administración pública del país.
  2. Con el análisis de las experiencias de los países con mejores resultados en Gobierno Electrónico, según las Naciones Unidas, se pudo obtener ejemplos de buenas prácticas en este aspecto para el desarrollo de la investigación.
  3. La solución propuesta exhibe cuatro pasos que favorecen la implementación de una exitosa plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en el país. Cada paso cuenta con propuestas de buenas prácticas que contribuyen a mejorar la administración pública y la gestión de gobierno del país a través de soluciones de Gobierno Electrónico.
  4. El porcentaje de las respuestas de los especialistas a cada uno de los objetivos propuestos fue positivo, validando así la confección de la guía metodológica Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.
  5. Esta guía metodológica de buenas prácticas constituye un importante material teórico-metodológico, que tributa elementos técnicos para la definición de una exitosa plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba.

[1] UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (2010) E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis.

[2]Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York: IEEE, 1990.

[3]Australian Government Information Management Office. Interoperability Technical Framework for the Australian Government, Version 2, Junio 2003.

[4]CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[5] Estándares de interoperabilidad: Modelos a seguir. Son definiciones, formatos o procesos que han sido aprobados por unas determinadas organizaciones de estandarización o aceptados “de facto” como tales por la industria.

[6]Privacidad de la información: Es la capacidad y el derecho que los usuarios tienen para acceder a ciertos datos, que ellos mismos decidan, sin que nadie más pueda conocerlos sin el consentimiento del usuario, o sea, es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.

[7]Seguridad de la información: Son todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e Integridad de la misma.

[8]INFOMED: Portal de Salud cubano, creado con el objetivo de facilitar el acceso a la información relacionada con las ciencias de la salud y, especialmente, dar acceso a la información de salud producida en Cuba.

[9]Confidencialidad: Establece que los objetos de un sistema han de ser accedidos únicamente por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no van a convertir esa información en disponible para otras entidades.

[10]Integridad: Significa que los objetos sólo pueden ser modificados por elementos autorizados y de una manera controlada.

[11]Disponibilidad: Indica que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a elementos autorizados.