Economía, seguridad y privacidad, un desafío para la protección de datos personales en el 2015

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Por Romina Florencia Cabrera

En el mundo actual, en el que el desarrollo de los mercados se desenvuelve a una velocidad creciente, y más aún, en el mundo tecnológico, es curioso expresar conceptos sobre la seguridad en los datos e informática, privacidad e intimidad;  y protección de datos personales, sin menoscabar el ritmo de crecimiento económico. Muchas empresas podrían expresar que aumentar medidas para proteger sus bases de datos, o su plataforma tecnológica ante un incidente de vulnerabilidad del sistema informático, desaceleraría su ritmo de desarrollo y perdería competitividad.

Creo que por el contrario: la mejor herramienta de la seguridad es la prevención. Con un diseño de plan estratégico ante contingencias de este tipo, se podrían evitar daños colaterales y aumentar la confianza en los usuarios ante los productos a consumir. El marketing positivo sería entonces la calidad de la oferta y su respeto por la privacidad del consumidor, su intimidad y su protección de datos personales.

El desarrollo de la economía, implica aún más el respeto a la privacidad y a la seguridad de los datos en la Sociedad de la Información de la Innovación Tecnológica actual y futura: el desarrollo de aplicaciones en los dispositivos móviles , almacena y reproduce datos personales , aún sin el consentimiento del usuario, porque no puede configurar las opciones de privacidad ( muchas veces no están disponibles o no se le informa de ello al ciudadano) y pierde el control de los datos, más aún en la llamada “computación en la nube”, y en el “Big Data[1]”. Las empresas o instituciones no deben utilizar los algoritmos para captar y  procesar datos por un tiempo prolongado o si es así, deben notificar al usuario.  Los Derechos Fundamentales ( citando al Profesor Manuel  David Massseno[2])  están sobre los negocios, y otra memorable declaración de Edward Snowden[3], cuando expresa que los Estados deben respetar la privacidad de los ciudadanos, lo fundamenta aún más : es un concepto democrático.

Muchos dispositivos móviles ( una de las industrias más desarrolladas hoy en día), traen consigo miles de aplicaciones , muchas de ellas gratuitas , pero sin contar con un filtro de control de calidad y seguridad por parte de la empresa que las ofrece. Los usuarios pueden ver comprometida su privacidad y la seguridad en sus datos, solamente por descargar una aplicación de este tipo, o por no configurar bien el dispositivo para proteger su información personal, administrando los permisos.

Muchas de estas características pueden resultar atractivas o prácticas, pero la conciencia de que nuestros datos personales estén en riesgo debe pesar mucho más; y recalcando   las múltiples conexiones entre correos, redes sociales y ge localizaciones que permiten estos aparatos, lo que daría un mapeo constante de nuestra posición física, gustos, hábitos y costumbres. No solo para vendernos publicidad y utilizar nuestros datos; sino para maniobras de algún delincuente informático o de alguna mente perversa que nos quiera perjudicar en nuestra persona, honor, reputación on line o intimidad.

Quiero rescatar  adecuadamente en este artículo la discusión académica que se desarrolló en la Asociación para la promoción y el desenvolvimiento de la Sociedad de la Información (APDSI).

El APDSI se celebró el 30 de enero de 2015, la tercera edición de Privacidad Conferencia, Innovación e Internet, en Culturgest de Lisboa.

La conferencia, coordinada por José Gomes Almeida, se desarrolló con  el objetivo de promover la discusión sobre cómo combinar los factores que inciden en nuestras vidas, tanto asociado a la protección de datos personales, tales como los relacionados con la adaptación a los retos de las nuevas soluciones en un contexto estimulante y promoción de la economía.

Una convivencia pacífica y equilibrada entre la protección de los derechos y de datos es posible, junto con  el desarrollo y la innovación? Las regulaciones locales para responder a los desafíos globales son eficientes?. Oportunidad o desafío?. Estas fueron algunas de las cuestiones que han alimentado el espacio deliberativo  en el fomento de un debate público sobre esta nueva perspectiva de la Internet en el que los objetivos son tanto en el campo técnico, como en la legal,  en los valores culturales y de comportamiento.

Rescataré nuevamente las palabras del Profesor Manuel David Masseno en dicha conferencia, ya que para mi humilde parecer, han sido un aporte de gran nivel académico: el Profesor, del Instituto Politécnico de Beja, Portugal, nos trae a colación la cuestión del Derecho a ser olvidado. “ Los tribunales están tomando conciencia de que los Derechos Fundamentales están relacionados con el intercambio tecnológico”. Cuestiones como datificación y mudanza temporal influencian en la naturaleza de los asuntos que se litigan en los tribunales. La tónica de los Derechos Fundamentales envuelve también a la Comisión Europea en una Propuesta del Reglamento general  sobre protección de datos presentada el 25 de enero de 2012, y sobre los que David Masenno suscribe las palabras de la Comisaria Europea Viviane Reding : “ Los derechos fundamentales están sobre cualquier Interés económico”.  Las empresas estadounidenses que quieran realizar negocios en la Unión Europea deben someterse a la normativa de la misma, ya  que  en ese país americano los estándares de protección de datos personales son menos exigentes. En un futuro, almacenar cantidades importantes de datos personales durante un tiempo prolongado requerirá  la toma de  medidas adecuadas en la recolección, tratamiento y archivo de los mismos, ya sea para fines de investigaciones históricas, la ciencia o la cultura. [4]

Sobre la Conferencia  de privacidad y seguridad en la red:

Esto no es sólo resultado de las soluciones que se están haciendo disponibles para el  uso y explotación de la Internet, sino  sobre todo porque es la conciencia pública cada vez más aguda de los riesgos a  los que están expuestos  sus valores asociados con la seguridad y la estabilidad.[5]

 Y es cierto: con total razón. El desarrollo económico de una sociedad, no puede realizarse si no se respetan los valores fundamentales de la humanidad , inalterables a través del tiempo, aunque a veces se puede observar en la actualidad, que  estarían fuera de uso o tergiversados. Ninguna civilización puede evolucionar positivamente si no  adhiere al respeto por las culturas y su integridad: aún más , con el desarrollo de la Tecnología ( de aquí a 20 años más o menos dicen los expertos) , habrá que replantearse la posición del ser humano ante la Ciencia; humanidad/ ética Vs. Inteligencia Artificial. Pero eso es para desarrollar en otra oportunidad…

[1] Sitio web:  http://www.apdsi.pt/index.php/news/871/191/3-Conferencia-Privacidade-Inovacao-e-Internet.html. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

[2] Sitio Web: https://archive.org/details/Apdsi2015-PrivacidadeInovacaoInternet-ManuelMasseno. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

[3] Sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden. Fecha de consulta:  2 de marzo de 2015.

[4] Sitio Web: http://www.apdsi.pt/uploads/news/id871/Not%C3%ADcia_APDSI%20discute%20como%20as%20quest%C3%B5es%20de%20privacidade%20na%20Internet%20t%C3%AAm%20impacto%20na%20inova%C3%A7%C3%A3o.pdf.  Fecha de la consulta: 5 de marzo de 2015.

[5] Sitio Web: http://www.apdsi.pt/index.php/news/871/191/3-Conferencia-Privacidade-Inovacao-e-Internet.html. Fecha de la consulta: 2 de marzo de 2015.

Día Internacional de la Protección de Datos Personales: algunas consideraciones

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Por Nathalie Artavia Chavarría

El día 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Protección de Datos Personales, decretado así en homenaje al Convenio 108 del Consejo de Europa que regula esa materia. Debido a su importancia, distintas instituciones y organizaciones del sector privado en distintos países se han sumado a este esfuerzo por regular este derecho, tomando como referente la legislación Europea.

En nuestro país, la influencia del modelo europeo para una propuesta legislativa no fue la excepción, teniendo desde el año 2011 un marco legal que tiene como objetivo la protección de nuestro derecho a la Autodeterminación Informativa, catalogado como un Derecho Humano de Tercera Generación derivado de los derechos a la Intimidad y la privacidad, nacido en virtud del surgimiento de las nuevas tecnologías y con ello, la creación de bases de datos sin control.

Indudablemente, el derecho de acceso a nuestra información personal y la protección de nuestros datos personales frente a aquellas personas u organizaciones que mantienen bancos de este tipo de información, son consustanciales dentro de un Estado Democrático. Asimismo, este derecho se transforma en un elemento capital de la libertad del ciudadano en la sociedad de la información y de la comunicación.

Nuestros datos personales son el principal insumo que requieren terceros para cualquier actividad, siendo la tecnología una herramienta que permite toda acción relacionada con la búsqueda, acceso, transferencia y extracción de datos, por mencionar solo algunas. Ante el panorama que actualmente vivimos, tomando en cuenta la celebración internacional de este Derecho Humano, merece atenderse la reflexión del jurista italiano Stefano Rodota: ¿todo lo que es tecnológicamente posible es al mismo tiempo éticamente posible, socialmente aceptable, jurídicamente legítimo?

Por ende, debemos tomar conciencia como ciudadanos, de que, si bien existe un marco regulatorio tendiente a proteger nuestra información personal, la primer barrera de protección somos nosotros mismos. El punto clave radica en iniciar acciones que aborden los problemas asociados a la recolección y uso de nuestra información personal, sobre todo, hacer respetar este derecho ante aquellas organizaciones que colectan, utilizan y muchas veces transfieren y venden nuestros datos sin nuestro consentimiento. Todo lo anterior, amerita el respaldo estatal, mediante el fortalecimiento de la autoridad reguladora en esta materia, y ratificando su compromiso en la difusión y posicionamiento de este derecho.

Publicado originariamente por la autora en Bona Fides de Mauricio Paris.

La importancia de la capacitación TIC en el perfil del jurista

abogacia_ticPor María González Moreno

El 2015 es un año que se va a caracterizar por la creciente demanda de especialistas en cumplimiento normativo en la utilización de tecnología para el tratamiento de información y datos de carácter personal. Del Congreso Internacional de Derecho Digital ENATIC 2014, que se celebró en el mes de febrero del pasado año, se extraía una conclusión principal, que este año cobra especial relevancia; la necesidad de la capacitación TIC en el perfil del jurista.

En la actualidad el uso de Internet y las tecnologías es una realidad social, que traslada a este entorno “digital” situaciones que anteriormente estaban reservadas al mundo “físico”; desde la contratación, compra de productos y prestación de servicios, hasta la comisión de ilícitos, pasando por otros aspectos críticos como la seguridad nacional a través de la denominada ciberseguridad.

Así el profesional del derecho en la actualidad, no sólo debe conocer y ser especialista de  las materias con las que trate en su día a día (societario, fiscal, laboral, penal, civil, familia,  etc…) sino además estar familiarizados con el medio en el que ahora se desarrollan dichas situaciones.

La capacitación TIC de los profesionales del derecho se ha vuelto pues una cuestión esencial para el desarrollo de sus actividades, si bien existe el profesional especialista en Derecho Tecnológico, todos los profesionales del mundo del derecho deben, en mayor o menor medida, tener conocimientos del uso de los medios tecnológicos, tanto para el desarrollo propio de su actividad, como para la gestión de sus asuntos profesionales.

Además, el profesional del derecho debe cooperar y colaborar, hoy más que nunca, con profesionales del ámbito técnico, tanto a la hora de entender y analizar un asunto en el que medie el uso de medios tecnológicos, como contar con peritos especializados que en sede judicial y de la mano del jurista trasladen al órgano jurisdiccional los aspectos más técnicos que también han de ser valorados a la hora de emitir una resolución o sentencia ante un determinado asunto.

En sede judicial es clave además todo lo relacionado con la prueba o la evidencia electrónica, que si bien la normativa ya reconoce su validez legal en tanto en cuanto cumpla determinados requisitos, la realidad es que en muchos casos, y debido al desconocimiento o la falta de capacitación TIC de dichos órganos y de los propios juristas, hacen que dichas evidencias y pruebas electrónicas no tengan la misma consideración, por falta de conocimiento, que las pruebas eminentemente físicas, y eso que en la mayoría de los casos, dichas pruebas y evidencias electrónicas aportan más información y valor a un asunto judicial que las propias pruebas físicas.

Es por tanto una realidad que los perfiles profesionales cada día se difuminan más, los profesionales del derecho cada día más tienen que entender y conocer la tecnología, y los profesionales técnicos tienen que conocer y entender el marco regulador en el que se mueven. Es por tanto necesario que el lenguaje jurídico y técnico se entienden, colaboren y cooperen en el día a día.

Por otro lado, además, como hemos visto en la prensa en los últimos días, el profesional del derecho con conocimientos tecnológicos es uno de los perfiles más demandados en la actualidad, debido, como ya hemos indicado, a la integración del mundo físico y digital también en los asuntos jurídicos y judiciales.

En palabras de Borja Adsuara, en su intervención durante el Congreso Internacional de Derecho Digital ENATIC 2014, “hasta ahora  a los Abogados TIC se les califica como “freakies”, pero “freak” es quien hoy en día no utiliza las tecnologías”.

Artículo publicado originriamente por la autora en el Blog de ECIJA 2.0 en Legal Today.

Nuevos y no tan nuevos retos para el 2015 en materia de privacidad

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Por Daniel A. López Carballo

Aunque sólo llevamos unos días del nuevo año, ya han comenzado a sucederse noticias en el ámbito de la protección de datos. Facebook y su nueva política de privacidad, el tratamiento de datos de geolocalización o la interconexión entre las diferentes aplicaciones y servicios que ofrece la red social, son algunos de los cambios que afectan a los usuarios, que aceptan “ver anuncios mejorados según las aplicaciones y los sitios” que usa.

En el plano legislativo, continua la larga andanza del Reglamento Europeo. Comenzamos el año como terminamos el anterior, con la vista en un horizonte cada vez más cercano y la esperanza de que vea la luz la esperada normativa.

En este año, previsiblemente se producirán importantes avances normativos en Iberoamérica. En el segundo semestre del año pasado era sometido a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Protección de las Personas en el Tratamiento de sus Datos Personales en Chile, una norma que derogaría las actuales Ley 19.628 y Ley 20.575 del ordenamiento chileno.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, presidido por Ximena Puente, aprobaba la Propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en México, que seguirá este año su curso hasta su aprobación. Honduras se encuentra en la fase socialización y modificación de su Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Acción Hábeas Data, una prioridad del Instituto de Acceso a la Información Pública para desarrollar la garantía constitucional del habeas data y proteger la intimidad, el honor y la privacidad del pueblo catracho.

A los tres proyectos normativos, previsiblemente se unirán otros países como Ecuador que, en su debe, cuenta con elaborar una norma de protección de datos tras la tentativa del Proyecto de Ley del Asambleísta Vethowen Chica en 2010. Además del desarrollo reglamentario y la aplicación efectiva de otras normas análogas en otros países Centroamericanos.

En el plano intencional sería deseable que, durante el 2015, finalizarán satisfactoriamente las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, tendentes a la generación de un nuevo marco regulador del sistema del Safe Harbor, que de respuesta y restablezca la confianza dañada por los últimos hechos que llenaron las portadas de los medios de comunicación europeos el año pasado.

Los nuevos modelos de negocio marcarán también el año que comienza. El avance imparable de la economía colaborativa, tan citada tras el caso Uber, la innovación tecnológica y protagonismo esencial de las personas hacen que la protección de la privacidad cobre un papel relevante. La información de los usuarios necesaria para verificar los servicios ofrecidos y quien los ofrece, la necesidad de llevar a cabo las transacciones entre los mismos, la confluencia de diferentes responsables del tratamiento y escenarios, el flujo de datos entre plataforma y usuarios, entre otros factores y circunstancias, hacen que deban perfilarse los procedimientos y criterios en materia de protección de datos que garanticen, entre otros, los principios de calidad, confidencialidad y seguridad de los datos.

La tecnología avanza, si hace poco nos familiarizábamos con las tecnologías wearables, comenzamos a hablar de earables o eyeables. Dispositivos con gran capacidad para la recolección de datos, no sólo de consumo, tráfico o gustos de los usuarios, sino también de su salud entre otros datos especialmente protegidos. La recolección de datos y su interconexión entre las diferentes aplicaciones que el usuario utiliza, hacen que haya que avanzar la protección de la privacidad.

Los avances tecnológicos y el auge del Internet of things, hacen que la experiencia del usuario este en constante cambio y mejora, junto con las comodidades que estas tecnologías conllevan para la ciudadanía debe tenerse en cuenta el gran volumen de información que los usuarios llegan a generar. Si bien esta información ya era generada anteriormente, la peculiaridad es que se establecen mecanismos que puedan recopilarla, procesarla y tratarla.     Al igual que avanza la tecnología debe avanzar el derecho y definirse mecanismos que contribuyan a la transparencia, el efectivo consentimiento, la delimitación de tratamientos y sus finalidades, y al propio aseguramiento de la información.

La forma en que las personas se comunican con las empresas y viceversa ha evolucionado, la multicanalidad, conlleva un tratamiento más cercano y la mejora de la experiencia de cliente. Los usuarios demandan soluciones e información rápida, por lo que con la implementación de diferentes canales y la unificación de la información generada, se consigue la adaptación al medio usado por el usuario, eliminando las barreras, dando soluciones a las necesidades del usuario (contratación, información, dudas, quejas, reclamaciones, etc.). Un cambio de modelo de comunicación y gestión de la información, no sólo organizativo y procedimental, que en determinadas industrias quedó en 2014 como asignatura pendiente. La implementación de desarrollos y políticas dentro de las empresas será otro de los grandes retos de este año, así como el tratamiento de los datos obtenidos y la adopción de garantías sobre los mismos.

Conceptos muy relacionados con el Big Data, tecnología que permite el análisis de grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes de forma eficaz y rápida, permitiendo, entre otras cuestiones, encontrar relaciones, elaborar perfiles, delimitar tendencias, predecir comportamientos, generar estudios de mercado o medir el grado de satisfacción o aceptación de un determinado producto. Empresas como Google no dejan de sorprender a la ciudadanía con los resultados derivados de este tipo de tratamientos.

Si bien, cada vez más, los datos son moneda de la economía digital, siendo un gran activo para las empresas, en 2015, se deberá avanzar en el establecimiento de garantías para las personas, propulsando el uso ético y responsable de los datos, buscando el equilibrio entre lo tecnológicamente posible y, lo social y jurídicamente aceptable. Deberá avanzarse en criterios que garanticen la transparencia, objeción al tratamiento, la inocuidad para el afectado, el principio de calidad de los datos y las responsabilidades de quienes efectúan este tipo de tratamientos.

En 2015 continuará el aumento y consolidación de modelos de negocio como las start-ups, la generación de modelos innovadores tecnológicos y los medios utilizados por los mismos, ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de la información, así como los principios de calidad y consentimiento.

El derecho debe adaptarse a los nuevos tiempos, debe innovarse en la adopción de modelos y medidas, por eso, durante este año, seguiremos avanzando con antiguos debates aún pendientes de resolución, como es la obtención del consentimiento y el deber de información. Dos conceptos que, al igual que ha ido ocurriendo con el consentimiento y la información sobre cookies, deben adaptarse al usuario, avanzando en la expresividad, el lenguaje y el entendimiento fácil por quien lo lee, para que sea el usuario, dueño de su privacidad, quien tenga la capacidad de consentir y legitimar el tratamiento de sus datos, equilibrando los intereses, derechos y obligaciones de usuarios y empresas en un sistema moderno y transparente.

Este año que iniciamos habrá que seguir avanzando y desarrollando conceptos como el privacy by design, las Evaluaciones de Impacto, el desarrollo de las apps, el tratamiento de datos biométricos, el Fingerprinting y la geolocalización, la externalización de servicios de tecnología, o la necesaria evolución del modelo de protección de datos, dando un paso más, no quedándonos en la mera aplicación del tenor literal de la ley, automatizando su cumplimiento y fundamentándolo de modo exclusivo en obligaciones documentales. Debe avanzarse, en 2015, en la responsabilidad de las empresas, en la adopción de medidas eficaces, de evaluación del impacto de determinados tratamientos, la gestión de crisis e incidencias. Junto al nivel de seguridad reconocido en nuestra normativa, debemos recordar que hay un nivel social de protección de datos, que no siempre se corresponde con el regulado, donde un dato de nivel básico puede tener un interés vital para una persona concreta. En 2015 debe profundizarse en la profesionalización y especialización de quienes dedican sus esfuerzos a la privacidad, en la formación y la educación de los usuarios sobre sus datos y derechos. Los ingredientes están servidos, además de los que se vayan añadiendo según pasen los meses, para que 2015 pueda consolidarse como el año de la privacidad.

Artículo publicado originariamente por el autor en Lawyerpress.

El régimen legal de las APP´s

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Por Jorge Luis Garcia Obregon

En esta era de economía digital que estamos atravesando, para muchos no es desconocida la definición de APP´s, que en LATAM conocemos como aplicaciones móviles. Estas aplicaciones móviles no son más que simplemente programas informáticos diseñados para ser utilizados desde un Smartphone o algún dispositivo móvil.

Este desarrollo de App´s ha crecido de manera exponencial en los últimos años, por varios factores, entre los que resaltan el mayor consumo de dispositivos móviles, el target de las empresas se ha centrado en este tipo de mercado, la web esta siendo desplazada en cuanto a consumo de información por las aplicaciones móviles. Este fenómeno o comportamiento en el consumo de información hace que las aplicaciones traten de hacerse más competitivas para poder conseguir esa parte de mercado que esta ahí….

El desarrollo de aplicaciones móviles crece cada día, debido a que más personas adquieren un dispositivo móvil que les permite acceder al cloud donde las aplicaciones han ganado terreno, llegando a los consumidores. Por todo lo anteriormente explicado, es importante tener en cuenta que las APP´s como tales, son sujetas a normas o preceptos regulatorios de diversas índoles, tales como; fiscales, contractuales, propiedad intelectual, societarios, privacidad, etc., etc.,

Si eres algún diseñador o creador de App´s hay muchos factores legales que debes considerar antes de desarrollar esa idea que tienes en mente. Acá abordaremos de manera somera algunas de los aspectos legales más importantes a tener en cuenta;

  • El vehículo societario; Para todo modelo de negocio que pienses desarrollar es necesario que plasmes primero un modelo societario que permita, de manera más versátil, ampliar los horizontes del negocio en un modelo escalable.
  • La protección de tu idea; Es necesario que al desarrollar tu APP´s, sea basado en un modelo opensource o no, pienses en la protección frente a terceros, de esa idea genial de negocios que tienes. Sí es basado en modelo opensource, debes primero estudiar la legislación de tu país y sobretodo tener en cuenta que lo que vas a inscribir es el desarrollo del código fuente y su transformación, no inscribes el codigo fuente genérico.
  • El tratamiento de los datos personales; A nivel internacional ya hay una fuerte regulación en materia de protección de datos personales, por lo que es necesario que tengas en cuenta el manejo de ficheros, de las direcciones de email, nombres y demás datos sensibles que manejas en tu servidor.
  • Contratos de desarrollo de software; Sí necesitas apoyarte en otros profesionales de la rama de diseño de software a la medida para la complejidad de tu proyecto, debes tener en cuenta un correcto asesoramiento y un contrato significativo que te proteja desde todo punto de vista como propietario de la idea, dueño del software que encargaste desarrollar y la prohibición de reproducción de aplicaciones similares basados en el código fuente de tu proyecto.
  • Régimen Fiscal; si ya tienes constituida una forma societaria, como una sociedad anónima o alguna LLC en una legislación offshore, es necesario que evalúes el régimen fiscal que deberas tributar para evitar futuras sanciones o roces con legislaciones. Sí vendes online un producto, ¿Dónde tributas? ¿En la legislación donde te compran el producto ó donde tienes tu servidor? Estos criterios varían de conformidad a las legislaciones. No es lo mismo vender un producto en Reino Unido, USA ó España, donde el régimen fiscal es más controlador que venderlo en Panamá.
  • Legislación aplicable; en caso de conflicto con algún cliente, por el manejo de los datos personales, el producto que comercialices o la responsabilidad extracontractual, es necesario que definas la legislación y jurisdicción aplicable, por medio del contrato de adhesión que normalmente es identificado con “Sí, acepto” ó un “I agree” al descargar las APPs.

Igual es recomendable que evalúes los regímenes legales de cada aplicación en particular, no es lo mismo tener una aplicación para adultos, una aplicación de juegos de azar, una aplicación de geolocalización, una aplicación espía o una aplicación de BlackList.

Igualmente recomiendo que estudies a fondo las condiciones de comercialización que tienen los marketplace de android ó el que utiliza Appstore de IOS, por ser los más representativos… Pues muchas veces encontramos que android es un poco más permisivo en las políticas de comercialización que IOS.

Estos modelos de contratación de marketplace ó appstore generalmente son modelos de adhesión, donde el desarrollador no tiene poder de negociación sobre las clausulas contractuales.

Hay muchas situaciones que debes evaluar antes de poder emprender esa idea, por lo que te recomiendo que te avoques a un profesional de la materia, con experiencia en el tema, el cual al final será una inversión para ti, en vez de un gasto.

Violación de datos: pan de cada día

vioaciones_datosPor Nathalie Artavia Chavarría

Las recientes publicaciones sobre la aparente intromisión a bases de datos para averiguar la vida privada de un distinguido futbolista nacional llaman a la reflexión sobre el derecho que cada uno de nosotros tiene sobre sus datos personales, el cual se desconoce en muchas ocasiones.

La autodeterminación informativa es un derecho fundamental que surge desde el artículo 24 constitucional, el cual dispone que nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada. Este derecho le da al habitante, en calidad de titular (dueño) de sus datos, poder de decisión sobre su información personal, así como exigir que sus datos se utilicen solo para los fines que fueron recabados.

En nuestro país se cuenta con un marco jurídico que brinda una protección a los datos personales, siendo uno de los países pioneros en la región. Uno de ellos es la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley No. 8968 de 7 de julio de 2011, y su reglamento.

De esta manera, las empresas y entidades públicas que tengan bases de datos personales están obligadas a informar a los clientes sobre la utilización que se dará a su información. Son propietarios del sistema, pero no de nuestros datos personales.

Datos como materia prima. Conforme avanzan los días, la globalización informática adquiere más fuerza, con lo cual el tratamiento de datos personales sucede sin brindar información al ciudadano para que consienta o no su tratamiento.

Pese a que la Ley 8968 obliga a las organizaciones a adecuar sus procesos y actuaciones, existe una latente necesidad por “patrimonializar” nuestros aspectos intangibles, lo que ha hecho de los datos personales “el nuevo petróleo” de la era de la información. Con esto, podemos vislumbrar que nuestra información es consultada, tratada, transferida como objeto de comercialización mientras usted, estimado lector, presta atención a la presente opinión.

Ejemplo de lo anterior es el lamentable caso dado a conocer el 28 de octubre, en la que una destacada figura ha sido víctima de supuestas injerencias en su vida privada por parte de funcionarios públicos, sin existir una causa penal en su contra. Contrario a ello, es admirado y condecorado fuera de nuestras fronteras como una promesa futbolística.

Esta situación es la punta del iceberg del cual somos víctimas. La recolección de datos personales sin el consentimiento expreso del titular, el envío de correos spam y el acoso telefónico son el pan de cada día en nuestras vidas. Pese a la vigencia de una ley que sanciona a las organizaciones por ese motivo, estas aún no han tomado conciencia sobre las consecuencias económicas de sus acciones, sin perjuicio del desprestigio institucional o corporativo y hasta ser sancionados penalmente por violación de datos personales.

Tales situaciones deben llamar a la reflexión en diferentes aristas. La primera de ellas es la orientación para fomentar una cultura acerca del uso de recursos en las entidades estatales para los fines expresamente dispuestos. La segunda tiende a la urgencia en la concientización de entidades privadas, acerca de utilizar la tecnología dentro del marco del respeto a los derechos de sus clientes. Como última acotación, se encuentra la divulgación a la ciudadanía acerca de los derechos que tienen en cuanto al control de sus datos personales y los recursos de los cuales dispone la normativa en caso de ser vulnerados. Estas tres aristas deben unirse a un eje transversal: la responsabilidad del Estado de garantizar a sus habitantes el respeto a sus derechos. En síntesis, con la puesta en práctica de la máxima de Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz”, podremos asegurar la sana convivencia dentro de un Estado de derecho.

Fuente de la imagen: IDNoticias.

Gobierno de la información, desafíos y perspectivas para 2020

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Por Patricia Reyes Olmedo

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) se ha extendido profusamente en las empresas, los ciudadanos y por supuesto en los gobiernos de la mayoría de los países. La disponibilidad casi universal de la red, el desarrollo y asequibilidad de hardware y software en conjunto con la baja sostenida de los costos de telecomunicaciones se constituyeron en la base  para la prestación de servicios por vía electrónica.

En el ámbito gubernamental, mayoritariamente se denominó gobierno electrónico esta entrega en línea de los servicios públicos, y de este modo las TICs comenzaron a ser promocionadas y difundidas como la solución  para  gran parte de los problemas que enfrenta un gobierno, desde su organización y funcionamiento básico, pasando por el mejoramiento en la percepción ciudadana del mismo en las encuesta e incluso como un instrumento eficaz para fortalecer la participación ciudadana.

En efecto, en el memorando enviado por Albert Gore, bajo la presidencia de Clinton en 1999, denominado “Electronic Government” [1] ya se indicaba que las agencias gubernamentales debían incorporar las TICs de manera de mejorar los servicios a los ciudadanos.

En la época también,  Erkki Liikanen[2] y la Comisión de las Comunidad Europeas referían con este término al “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”[3].

En esta línea, Backus[4], basado en el modelo de Garnet Group[5], distinguió cuatro etapas progresivas en el establecimiento del Gobierno Electrónico:

  • Presencial: Web pasiva de la Administración, que sólo proporciona al ciudadano y empresas información unidireccional sin posibilidad de interacción.
  • Interacción: El Portal de la Administración ofrece una información más integrada y de mayor volumen y permite la realización interactiva de trámites sencillos por parte de ciudadanos y empresas.
  • Transacción: Oferta pública de servicios en línea a los ciudadanos.
  • Transformación: Gestión global de procedimientos administrativos de varios órganos y/o administraciones.

Este enfoque del gobierno electrónico, como vemos estaba basado en la tecnología, como lo técnicamente posible. De acuerdo con este punto de vista, el gobierno electrónico es un paso más en un continuo  proceso de lograr la eficiencia del sector público a través del uso de la tecnología, un proceso que comenzó con archivadores, máquinas de escribir y calculadoras, y continuó con la introducción de computadores e Internet, pero que no ha considerado el elemento más relevante en juicio personal, constituido por los flujos de información.  Es indiscutible que en una organización, una decisión certera y oportuna está condicionada, en gran parte por la información disponible.  Por ello, cualquier proceso de modernización pasa necesariamente por los flujos y  sistemas de información.  En el ámbito de la actividad gubernamental esto no es distinto, la información es el fundamento de todo gobierno. Es ésta  quien guía en la práctica, o debiera hacerlo, sus decisiones  y sus procesos.

En este sentido, en los últimos años hemos sido testigos de una revitalización y por tanto de una atención sin precedentes a la maquinaria de la información en el gobierno.

Por lo anterior, en contraste con la perspectiva de un gobierno electrónico que se centra en las TICs, se propone una centrada en los flujos de información, tanto en los que se producen entre los propios servicios u agencias gubernamentales como entre éstas y los ciudadanos.  También es posible rescatar la relación entre los ciudadanos cuando éstas se refieren obviamente al gobierno.

En la relación entre las agencias, se observa que uno de los obstáculos y por tanto desafíos más relevantes  se referirán a la necesidad de reestructurar el sector público para replantear la necesaria colaboración e interacción entre las entidades o agencias gubernamentales.   Esta perspectiva enfatiza el reto de un cambio institucional y el enfoque sobre el papel que juegan las instituciones gubernamentales en cómo utilizar la tecnología en sus actividades.

En el ámbito de la relación con los ciudadanos, refiere a la necesaria comunicación de éstos con el gobierno para acceder a información y prestaciones públicas.

Entre los ciudadanos por su parte, nos referimos a aquellos que guardan referencia explícita con los procesos de democracia, para preguntarse por ejemplo ¿cómo se crea potencial para que los ciudadanos se involucren más en el proceso de formulación de políticas o en la toma de decisiones?

En este sentido,  se plantea la idea de que el examen de los flujos de información dentro de el sector público y entre el sector público y los ciudadanos puede proporcionar un medio para comprender mejor el significado de los cambios en el gobierno y por supuesto otorgar mayor gobernabilidad de cara a una ciudadanía verdaderamente consciente e involucrada de los procesos gubernamentales.

GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Debemos entender que la era de la Sociedad de la Información coincide con la doctrina imperante en el mundo denominada del Estado Administrativo, que otorgaba una competencia general a las autoridades, quedando los individuos sometidos bajo la autoridad de funcionarios e instituciones administrativas.

Hoy en día sin embargo, en la concepción del Estado Constitucional Democrático de la Sociedad en Red, los derechos se derivan de las garantías fundamentales del individuo y cualquier restricción sobre los derechos y libertades de las personas debe ser establecida en la ley.

Esto conlleva y modifica esencialmente las relaciones de poder de nuestra sociedad. Desde la perspectiva de la política, “la libre circulación de información, es indiscutible que ha generado una importante descentralización del poder, tanto estatal como internacional”[6].  Sobre este particular Sayegh, Fernández y Zavarce señalan que “las actuales tendencias globalizadoras están provocando significativas transformaciones en las relaciones internacionales; pero, también tienen un cierto impacto sobre las interacciones que se dan dentro de un Estado-Nación, en lo económico, político, social y cultural”[7].

Por nuestra parte, tal como señaláramos, todas las decisiones gubernamentales se sostienen, o deberían hacerlo al menos, sobre información y por tanto es dable pensar que el gobierno dedica mucho tiempo a adquirirla, procesarla, almacenarla y difundirla.

En este contexto, y para conceptualizar el nuevo orden y relación entre información y gobierno, se sugiere el uso del término “gobierno de la información”. Este concepto que fue introducido por Víctor Mayer-Schönberger y David Lazer[8],  según explica Ahti Saarenpää[9], refiere a una nueva forma de gobierno centrada en los derechos fundamentales del hombre y que está inextricablemente ligado a los sistemas de información, los repositorios y las redes de información.   En este tipo de gobierno, la información no es meramente material en bruto, ni es sólo un factor de producción, se hacen relevantes los flujos de información (dentro del sector público, entre el sector público y los ciudadanos, y entre los propios ciudadanos) para entender la eficiencia, la movilización política y la responsabilidad democrática.

Así entendido, el gobierno de la información es un lugar o forma a través de la cual los se realizan los derechos del individuo en un Estado Constitucional Democrático.

Esta nueva concepción, nos permite también reflejar el cambio en el planteamiento de las etapas o fases que debe alcanzar este gobierno de la información.  Se agrega una etapa que denominaremos Participación y Colaboración, que recoge la idea de interrelación entre los organismos públicos y entre éstos y la ciudadanía de manera de integrar a la acción gubernamental los requerimientos de participación y colaboración de los receptores de los servicios públicos.

En la medida en que los gobiernos avanzan a esta etapa, el gobierno de la información se convierte en algo dinámico, una manera de gobernar de forma orgánica y flexible, que tiene como finalidad liderar la solución de las necesidades sociales en un entorno cambiante.

Flujos de información en el Gobierno de la Información

Flujos entre servicios u agencias gubernamentales

Contempla el necesario intercambio de datos y servicios para el cumplimiento de las funciones de los respectivos órganos en cumplimiento de los procedimientos administrativos definidos.

Flujos entre los servicios o agencia y los ciudadanos

Conformado por el relacionamiento del gobierno con los ciudadanos, sea en cumplimiento de los procedimientos administrativos de prestación de servicios públicos, o en respuesta a los requerimientos de participación más activa de la población.

Flujos de información entre ciudadanos referidos al gobierno

Refiere a los flujos informacionales que tienen lugar entre ciudadanos y que podemos determinar por su carácter político en cuanto involucran o pretenden hacerlo el funcionamiento o acción gubernamental.

DESAFÍOS DEL GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

Interoperabilidad de los Servicios

Un desafío relevante para el flujo de información entre los entes públicos lo constituye la interoperabilidad, es decir el  intercambio continuo y fluido de documentación y servicios. En este sentido, para que exista una interoperabilidad real es necesario adoptar estándares comunes en la generación de la documentación pública, originada en las distintas agencias públicas.  Los desafíos más importantes que se derivan de esto son los siguientes:

Desarrollo de Metadatos y Esquemas. Los metadatos y estructuras para representar la documentación electrónica es el primer paso para soportar la interoperabilidad.  Así lo han entendido los desarrollos más avanzados en servicios gubernamentales en línea, como es el caso por ejemplo de UK Gov en Reino Unido.

Implementación de Repositorios.  Es preciso crear un conjunto de repositorios que permita compartir los metadatos y esquemas definidos y por supuesto la propia documentación estandarizada. Estos repositorios presentan varios desafíos en términos de su construcción, estandarización de las interfaces de consulta,  formalización de roles, permisos y privilegios de acceso, así como en la aplicación de medidas de seguridad para mantener la integridad de la información compartida.

Integración  y migración de datos desde sistemas propietarios. La creación de modelos únicos de datos  para la documentación electrónica que permitan a los servicios interoperar implica hacerse cargo de los distintos software y formatos en que se ha almacenado la documentación en los distintos servicios.  Efectivamente, los software y modelos de datos utilizados, de carácter propietario y/o diseñado aisladamente, hacen que el nivel de interconexión sea bajo o nulo.

Un gran desafío en este sentido es la migración de los datos al nuevo formato unificado, que requiere un nivel importante de reingeniería de los sistemas  para alcanzar la estandarización necesaria.

Seguridad y privacidad. Recordando que el gobierno de la información es un lugar o forma a través de la cual los se realizan los derechos del individuo, este desafío cobra vital importancia pues el gobierno es uno de los mayores detentadores de información de los ciudadanos y por ende cualquier servicio en línea involucra o puede hacerlo el traspaso o comunicación de información sensible de acuerdo con las normas de protección de datos.  En atención a ello, se debe asegurar a los ciudadanos y a los propios operadores gubernamentales, por la responsabilidad subyacente, la adecuada protección de esta información.

Desarrollo y comunicación de servicios Web. No hay interoperabilidad real sin la implementación de tecnologías de servicios Web.  Sin embargo, una limitación común de los servicios basados en XML es la falta de una semántica explícita para representar el servicio que brinda.  Esto significa una importante limitación para lograr una descripción flexible y robusta, lo que deriva en problema de invisibilidad de los servicios Web existentes impidiendo su uso en la construcción de nuevas aplicaciones.  Frente a esta deficiencia y debido a la heterogeneidad de sistemas de información en el ámbito gubernamental, es un desafío crítico poder compartir, buscar, seleccionar y recuperar los servicios disponibles, para lo cual sería necesario construir directorios y publicarlos en la Web, basados en su descripción a nivel semántico.

Open-Linked Data[10]

La información en poder del gobierno es una forma de infraestructura, con el mismo nivel de importancia que otras infraestructuras, tales como el agua y la electricidad, y compartida habilita la transparencia y la innovación. Resultado del flujo de información del gobierno hacia  los ciudadanos, esta información les permite actuar, participar e innovar.

No obstante, los datos públicos del gobierno sólo son un recurso valioso si se comparten libremente bajo principios y estándares comunes.  En este sentido, a información debe cumplir con los requerimientos de ser confiable, consistente, actualizada, encontrable, fácil de usar y de interpretar.  Y además debe ser reusable y redistribuible.  Para ello también debe explotarse al máximo la apertura de los flujos de información a través de redes abiertas.

La tendencia mundial en materia de apertura de los datos públicos nos indica que la filosofía de open data está desarrollándose y creciendo  en los últimos años, existiendo ya varios países que tienen sus datasets[11] publicados o están en vías de hacerlo.  No obstante lo anterior, se debe entender que objetivo no es sólo comunicar información, sino  trasladar efectivamente poder a los ciudadanos y democratizar la información.

Para lograr esto último, el desafío se centra en crear estándares y buenas prácticas que permitan la adopción de políticas públicas y regulaciones acordes con los principios y estándares consensuados por la comunidad internacional.

Analizadas las tendencias mundiales en materia de apertura de datos públicos y las iniciativas públicas y privadas para su implementación, es posible destacar ciertas acciones que deben ser entendidas como buenas prácticas para alcanzar esta apertura.  Entre ellas encontramos:

  • La declaración de una política clara de apertura, considerando el principio de máxima divulgación, es decir la mayor parte de los datos de la información pública gestionada por los órganos públicos deben estar disponibles.
  • El establecimiento de un portal básico de cara al público para satisfacer las necesidades de información de sus ciudadanos que mantenga acceso permanente a los datos públicos.  El sitio Web debe proporcionar funcionalidades de búsqueda y recuperación de todos los registros públicos de acuerdo a las necesidades de sus visitantes.
  • La mejora de la calidad, objetividad y autenticidad de la información y de todo el proceso de gestión de información.
  • La institucionalización del Estado abierto, con órganos de implementación, gestión, coordinación, fiscalización e innovación para la apertura de datos.
  • La existencia de un marco normativo para el gobierno abierto.  Se debe examinar la normativa para adecuarla a esta nueva cultura, especialmente en lo referido a licenciamiento de uso y resguardo en materia de seguridad de los datos personales involucrados.

Relación con los ciudadanos

Un importante desafío del gobierno de la información está en fortalecer los flujos de información con los ciudadanos.   A este efecto, se considera importante fomentar el aprendizaje social respecto de las nuevas formas en que las personas se relacionan y usan información a través de las redes.

Es evidente, que el denso tejido de redes interoperables, con distintos nodos y numerosos dispositivos que permite la conexión e intercambio transversal de distintos usuarios, datos, información e ideas, ha alterado las redes sociales habituales, formado nuevas redes y modificado sustancialmente el comportamiento y actividad de los usuarios.  El cambio de escenario implica una verdadera autonomía comunicativa en que los usuarios buscan, eligen y componen contenidos digitales, relacionándolos a gusto.  Lo anterior ha creado una nueva dimensión social de interacciones, centrada en compartir y distribuir información que debe ser difundida a todos.

El desafío está entonces en incentivar, en palabras de Sáez Vacas[12], un aprendizaje social acerca del significado y oportunidades que abren estas redes a fin de usarlas con eficacia y equidad, persiguiendo como objetivo el equilibrio de intereses individuales y colectivos ante el potencial aumento del poder del gobierno de la información. Las agencias gubernamentales deben necesariamente trabajar en este sentido.

Formación de servidores públicos

Es probablemente el mayor desafío que enfrenta el gobierno de la información, toda vez que se requiere en muchos casos una gran transformación y cambio de las culturas institucionales hoy más proclives a la opacidad que a la transparencia.  Estamos ciertos que esto ocurre normalmente más por ignorancia y desconocimiento de la importancia de la información y de las nuevas TICs que por rechazo irrestricto a ellas.  Por tanto es requisito en la implementación de un gobierno de calidad el entrenamiento y la comprensión por los actores gubernamentales del beneficio asociado a su uso y difusión.

OPORTUNIDADES DEL GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

1. Transparencia y Accountability

Reconociendo el valor de la información para esta forma de gobierno, la disponibilidad inmediata o casi inmediata de la misma en formato estandarizado permitirá a cualquier ciudadano o entidad pública o privada obtener y procesar indicadores estadísticos instantáneos de la acción del gobierno.

A partir de esto es dable esperar una mayor visibilidad del proceso de administración del Estado (transparencia) y una rendición de cuenta en línea (accountability).  Ambos elementos deberían redundar en oportunidades para reducir la corrupción y por ende para  mejorar la imagen institucional de los servicios y servidores públicos.

2. Participación ciudadana

Entender los flujos de información, especialmente los referidos a la relación de la ciudadanía con el gobierno, es centro de atención del gobierno de la información.

En este sentido, una actividad básica es la educación cívica, es decir, mantener al público informado sobre el funcionamiento del gobierno. Se sostiene que a partir de la de transparencia y rendición de cuentas se contará con ciudadanos con conocimiento y educados y que de ese modo se produce un aumento de la confianza ciudadana que redundará en un movilización activa y propositiva.

Del mismo modo, es posible ver una oportunidad en hacer de los ciudadanos seres con mayor autosuficiencia, lo que reduce la necesidad de una alta regulación gubernamental. En este punto, se sugiere que mientras más información el público tiene a su disposición para evaluar los bienes y servicios, los mercados funcionan mejor y hay menor necesidad de la intervención del gobierno.

3. Innovación en productos y servicios

La información es un motor fundamental en la innovación y colaboración.  La información es un tipo único de recurso. Se trata de un llamado “bien público”, donde el consumo por un individuo no reduce la disponibilidad de la información para los demás, diferente del consumo de un bien material perecible.

Así visto, el gobierno centrado en la información, tiene en una posición privilegiada para impulsar la innovación mediante la promoción de aquélla, extendiendo los beneficios de la misma mucho más allá de su propósito inicial.  La información del sector público puede sin lugar a dudas constituir la base de nuevos productos y servicios con alto valor añadido en la sociedad en red, y una acción decidida del gobierno en esta materia puede ser una oportunidad sin igual para impulsar nuevas actividades económicas, abrir nuevos mercados y desarrollar productos y servicios con mayor valor agregado.

4. Compartir experiencias

El desarrollo del gobierno de la información es hoy disímil en el mundo entero, por ende la oportunidad más relevante para las agencias gubernamentales en este ámbito es la colaboración y el aprendizaje compartido.

La mejor forma de alcanzar el buen gobierno y el máximo desarrollo por ende del gobierno de la información, aumentando la credibilidad interna y externa, está en la capacidad de observar, adoptar y difundir las buenas prácticas  desarrolladas, así como en identificar, reconocer y comunicar los errores en la implementación de sus políticas, planes y normas.

Así visto, la oportunidad de aprender en conjunto puede ser el salto cualitativo en el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad gubernamental.

A MODO DE CONCLUSIÓN

  1. Sociedad en Red.

Es claro que vivimos y trabajamos en una forma de sociedad que se organiza en redes, y son estas redes sociales las que están configurando hoy en día de forma principal la organización y las estructuras más importantes de la sociedad moderna en todos los niveles, individual, organizacional y social.

Caracterizan esta sociedad sus nodos interconectados, la accesibilidad y su globalidad.

  1. Gobierno de la Información.

Refiero a ella como una nueva forma de concebir el gobierno centrada en los derechos fundamentales del individuo, que en muchos aspectos depende de la tecnología e inextricablemente ligada a los sistemas de información, los repositorios y las redes de información.

  1. Flujos de la Información.

Se reconocen como el elemento más relevante a considerar en el gobierno de la información. Es tarea fundamental de éste aprenderlos, comprenderlos y canalizarlos en aras del buen gobierno.  Al respecto identificamos al menos tres: Flujos de información entre servicios u agencias gubernamentales, flujos entre los servicios o agencia y los ciudadanos, y los flujos de información entre ciudadanos referidos al gobierno.

  1. Apertura de la información.

Desafío  y  oportunidad en el marco del gobierno de la  información, ya que contar con ciudadanos bien informados refuerza las estructuras y relaciones sociales, asegura las  transacciones económicas y promueve o fomenta la  colaboración e innovación dentro de la sociedad. En definitiva, se puede afirmar que la información gubernamental abierta aumenta el capital social e incentiva la democracia.

  1. Transformación de la cultura gubernamental.

En la concepción del gobierno de la información subyace el cambio de paradigma en la acción de los órganos públicos en orden a interoperar, compartir y colaborar, así como para aprender y comprender su rol articulador en la sociedad en red.

[1] Memorando “Electronic Government” del Presidente William Clinton de fecha de 17 de diciembre de 1999.

Disponible en: http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/memos/elecgovrnmnt.html (consultado julio 2011)

[2]  Liikanen, Erkki. eGovernment for Europe’s public services of the future. In: Inaugural lecture of the UOC 2003-2004. UOC.

Disponible en: http://www.uoc.edu/dt/20336/index.html (consultado julio 2011)

[3] Comunicación “El papel de la administración electrónica en el futuro de Europa” de la Comisión Europea COM (2003) 567, de 26 de septiembre de 2003.

Disponible en:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:ES:PDF (consultado julio 2011)

[4] Backus, Michael. E-governance in Developing Countries. IICD Research Report No 3, Marzo 2001. p. 8

[5] Gartner Group es una consultora internacional en comercio electrónico que formuló en el año 2000  el “E-Governance Maturity Model”.

El modelo se encuentra disponible bajo registro y pago en:

http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=clientFriendlyUrl&id=1390447

[6] Cremades, Javier. Micropoder. La fuerza del ciudadano en la era digital. Espasa, Madrid, 2007. p. 16 y 17

[7]Sayegh, S., Fernández, M., y Zavarce, C.  Gerencia de Estado en Tiempos de Transformación. Caracas: Escuela Superior de Guerra del Ejército Bolivariano. 2010.

[8] Governance and Information Technology. From Electronic Government to Information Government. Editado por Viktor Mayer-Schönberger and David Lazer. p. 1 a 14.

Disponible en: http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262134837chap1.pdf

[9] Saarenpää, Ahti. Legal Informatics today, some theoretical observations. Santiago de Chile. 2011.

[10] Filosofía o doctrina que sustenta la “democratización de la información”, y que considera que los datos pasan por un ciclo de vida que supone que son recogidos, estructurados, y linkeados por los distintos agentes, para permitir su distribución oportuna e incentivar luego la supervisión y/o corrección por parte del público que los utiliza.

[11] Directorios de datos.

[12] Sáez Vacas, F.  El poder tecnológico de los infociudadanos.  Diarios y conversaciones en la Red Universal Digital. En Revista Telos Nº 65.  Madrid. Octubre-Diciembre 2005.  Disponible en línea en:

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=4&rev=65.htm

Gobierno electrónico: propuesta metodológica de desarrollo y evaluación

e-gov

Por Yarina Amoroso Fernández

Muchos países de América Latina y el Caribe han implementado plataformas de e-Gobierno dirigiendo sus esfuerzos en las áreas donde más posibilidades tienen de lograr sus objetivos. Tal es el caso de Colombia, Chile y Uruguay, los cuales se encuentran en los tres primeros lugares de la región en materia de Gobierno Electrónico según la Encuesta del 2010 de UNDESA[1].

Los riesgos en la definición de una solución de e-Gobierno son reales, por lo que si no se conciben e implementan correctamente las iniciativas, se puede desperdiciar recursos, fallar en la promesa de prestar servicios útiles y por tanto, incrementar la frustración pública con el gobierno. Especialmente en el mundo en desarrollo, donde los recursos son limitados, se deben dirigir los mayores esfuerzos a áreas con grandes posibilidades de éxito.

En la región del Caribe, si bien se ha logrado algunos avances en materia de Gobierno Electrónico, aún falta mucho para lograr el desarrollo que se desea. Cuba no está ajena a este proceso, por lo que se encuentra desarrollando esfuerzos en materia de Gobierno Electrónico transitando aún por el segundo nivel, en el “Modelo de cinco niveles de evolución de Gobierno Electrónico”,según UNDESA.

Un esfuerzo en este sentido fue la creación del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana con el propósito de lograr una nueva forma de gobierno centrada en la mejora de los procesos y servicios. El mismo pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la utilización de las TIC, así como, satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad.

Otra iniciativa fue la creación de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) en el año 2002, la cual fue creada con el objetivo de desarrollar la Industria del Software en Cuba. La misma cuenta con varios centros de investigación y desarrollo, como es el Centro de Gobierno Electrónico (CEGEL) de la facultad 3, el cual trabaja aspectos prácticos del  e-Gobierno a través de la gestión de gobierno, implementación de proyectos nacionales e internacionales en  importantes áreas de la Administración Pública y procesos funcionales del Estado.

En este sentido, y dado que la implementación de soluciones de Gobierno Electrónico es un alivio en todas las áreas del funcionamiento social, comercial y gubernamental, así como trae consigo una inmensa reducción de costos, trámites, pérdidas de tiempo y errores humanos, resulta necesario seguir perfeccionando la Proyección de Informatización en Cuba y lograr una definición de una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión gubernamental y la administración pública del Estado.

Para cumplir con éstos objetivos se implementó por una parte una encuesta internacional que permitiera conocer de las mejores prácticas e iniciativas y también se ha elaborado una Guía metodológica para plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico a modo de implementar también variables de medición del proceso y gestionar la calidad del mismo.

Los objetivos específicos son los siguientes:

  1. Elaborar la fundamentación teórica de la investigación.
  2. Proponer una guía metodológica que permita establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas, para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.
  3. Validar la guía metodológica.

Para dar cumplimiento con los objetivos se plantearon las siguientes tareas de la investigación:

  1. Estudio del marco conceptual asociado a los elementos fundamentales del Gobierno Electrónico (conceptos, tipologías, procedimientos y demás elementos).
  2. Estudio del estado del arte de las plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico a nivel internacional, haciendo énfasis y prestando principal atención en las experiencias de la región de América Latina y el Caribe.
  3. Evaluación del estudio realizado por el Consejo del Pacífico en Política Internacional sobre la definición de plataformas tecnológicas de e-Gobierno identificando elementos de interés para el caso de Cuba.
  4. Estudio del marco normativo internacional y nacional a partir de la identificación de políticas, legislaciones y normas técnicas, que permita establecer los principios generales para la concepción de una plataforma tecnológica de e-Gobierno.
  5. Realización de un análisis general de la Legislación Cubana asociada a la normalización para el establecimiento de una plataforma tecnológica de e-Gobierno.
  6. Realización de un estudio detallado en los ministerios y organismos de la administración pública en el país para conocer el estado de los servicios de gobierno de cara a la ciudadanía y si están o no informatizados.
  7. Definición de una guía metodológica que posibilite establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas, para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.
  8. Validación de la guía metodológica a partir de algún instrumento para la evaluación de aceptación, análisis de factibilidad e impacto (desde un enfoque general), aplicado a algunos directivos y funcionarios del Estado (a un determinado nivel) que incidan en el área de las tecnologías y políticas públicas en materia de tecnologías en el país.

Fundamentación:

Para conocer la  situación actual de la implementación de soluciones de Gobierno Electrónico a nivel internacional, haciendo énfasis en las experiencias de los países más destacados de la región de América Latina y el Caribe, fue analizado los respectivos marcos normativos, los que fueron desarrollados bajo un estudio y  análisis de Derecho Comparado. Además, mediante el estudio de plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico se logra identificar conceptos que se utilizarán posteriormente en la investigación. También, se realiza un estudio de la situación actual cubana en cuanto a desarrollo tecnológico e iniciativas de e-Gobierno en el país para justificar la problemática existente.

Conceptos básicos

Gobierno Electrónico

Segúnla Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) del año 2000“el Gobierno Electrónico puede facilitar un buen gobierno, la piedra angular de la visión de un mundo pacífico, próspero y justo.”(ONU, 2011)

La Unión Europea define al Gobierno Electrónico como “la utilización de las TIC en las administraciones públicas, combinadas con cambios organizacionales y nuevas capacidades, de manera a mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos, y reforzar el soporte a las políticas públicas.”(European Commission, 2003)

En el contexto del Proyecto ALFA III que gestiona el Profesor Fernando Galindo, de la Universidad de Zaragoza, España,  el Centro de Gobierno Electrónico (CEGEL) de la UCI, realizó un formulario de Encuesta en el que fueron convocados a colaborar a  especialistas de Ecuador, Argentina, Paraguay, Cuba, Italia, Venezuela, Uruguay y Perú quiénes ofrecieron sus respuestas según sus respectivos criterios. A continuación se presentan algunas opiniones de estos investigadores con respecto a qué entienden por Gobierno Electrónico.

  1. “Supone el paso de la tradicional Administración en “papel” a una Administración usando las tecnologías de la información, lo cual supone, en teoría, una mayor eficacia, eficiencia y racionalización de los recursos. Además, el uso de las citadas tecnologías supondrá que exista una mayor participación ciudadana.“ (Amoroso Fernández, 2011)
  2. “Constituyen las políticas y acciones que los gobiernos puedan adoptar, en beneficio de la colectividad con la ayuda de las nuevas tecnologías dentro las instituciones del Estado. Esta ayuda principalmente está encaminada a facilitar procesos, abreviar trámites y transparentarlos.” (Amoroso Fernández, 2011)
  3. “El Gobierno Electrónico se refiere al empleo de las tecnologías de la información y comunicación para el mejor relacionamiento entre el gobierno y los miembros de la sociedad, a fin de optimizar la prestación de servicios públicos y la interacción entre actores.” (Amoroso Fernández, 2011)
  4. “El Gobierno Electrónico consiste en el uso de las tecnologías de la información que dentro del cumplimiento de los fines de ley a la Administración Pública permite una satisfacción eficiente y eficaz de necesidades respecto a los ciudadanos.”(Amoroso Fernández, 2011)
  5. “El Gobierno Electrónico tiene un carácter multidimensional y el concepto engloba por lo menos los siguientes elementos: a) TIC; b) relación entre actores públicos y privados; c) prestación de servicios; d) optimización y modernización; y e) gobernabilidad. En efecto, no es posible hablar de Gobierno Electrónico sin incluir, al menos, la mejora de la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental, una amplia y transparente relación del gobierno con los distintos actores sociales y una nueva legitimidad.”(Amoroso Fernández, 2011)
  6. “Por Gobierno Electrónico se entiende al empleo de la internet y las TIC para conseguir una mejor administración de los servicios que brinda el gobierno, además hay un acceso público a la información y llega a todos de forma más transparente. El Gobierno Electrónico es el conjunto de procesos y estructuras creadas para brindar los servicios gubernamentales por vía electrónica.“(Amoroso Fernández, 2011)
  7. “Cómo Gobierno Electrónico (e-government, e-Gobierno) entiendo el uso de las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento de los procesos internos de gobierno y la entrega de los productos y servicios del Estado, tanto a los ciudadanos como a la industria, a través de la implementación de portales que mejoren en eficiencia y eficacia los procesos internos y de vinculación con la sociedad.“(Amoroso Fernández, 2011)
  8. “Gobierno Electrónico es la transformación y automatización de todas las entidades estatales haciendo uso de las TIC garantizando una mejor administración del gobierno mediante la transparencia y el acceso público a la información. El gobierno electrónico permite una participación más amplia de los ciudadanos en la gestión del gobierno.“(Amoroso Fernández, 2011)

Con el análisis de los conceptos antes expuestos se llega a la conclusión de que Gobierno Electrónico consiste en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar la administración pública del gobierno a fin de optimizar la prestación de servicios públicos, lograr mejor eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, incrementar la transparencia entre el gobierno y la sociedad, fomentar una participación más amplia de los ciudadanos en la gestión de gobierno, así como, mejor la calidad de vida de los mismos.

Interoperabilidad

Actualmente existen múltiples definiciones de interoperabilidad, una de las más referidas en este sentido es la que propuso IEEE[2] en 1990: “la habilidad de dos o más sistemas, redes de comunicación, aplicaciones o componentes para intercambiar información entre ellos y para usar la información que ha sido intercambiada”. Del mismo modo, en la Interoperability Technical Framework (ITF)[3] el gobierno australiano define la interoperabilidad como “la capacidad de transferir y utilizar información de una manera uniforme y eficiente a través de múltiples organizaciones y sistemas de tecnologías de la información. Permite asegurar el nivel de beneficios que recaudan las empresas, gobierno y la economía en general a través del comercio electrónico”.

En la misma línea, según la Comisión Europea (Comisión Europea, 2006), interoperabilidad no es más que “la habilidad de los sistemas TIC, y de los procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento”.

En los estudios realizados por la CEPAL[4]en el marco de las actividades del programa de cooperación de la Comisión Europea, el análisis del fenómeno de interoperabilidad se desarrolla con base en una tipología que considera los siguientes aspectos relevantes: semánticos, organizacionales, técnicos y de gobernanza. (CEPAL , 2007)

  1. Interoperabilidad semántica: Se ocupa de asegurar que el significado preciso de la información intercambiada sea entendible sin ambigüedad por todas las aplicaciones que intervengan en una determinada transacción y habilita a los sistemas para combinar información recibida con otros recursos de información y así procesarlos de forma adecuada.(CEPAL , 2007)
  2. Interoperabilidad organizacional: Se ocupa de definir los objetivos de negocios, modelar los procesos y facilitar la colaboración de administraciones que desean intercambiar información y pueden tener diferentes estructuras organizacionales y procesos internos. Además de eso, busca orientar, con base en los requerimientos de la comunidad usuaria, los servicios que deben estar disponibles, fácilmente identificables, accesibles y orientados al usuario. (CEPAL , 2007)
  3. Interoperabilidad técnica: Cubre las cuestiones técnicas (hardware, software, telecomunicaciones), necesarias para interconectar sistemas computacionales y servicios, incluyendo aspectos clave como interfaces abiertas, servicios de interconexión, integración de datos y middleware, presentación e intercambio de datos, accesibilidad y servicios de seguridad. (CEPAL , 2007)
  4. Gobernanza de interoperabilidad: Se refiere a los acuerdos entre los gobiernos y actores que participan en los procesos de interoperabilidad y a la forma de alcanzarlos. También se refiere a la definición de los espacios de diálogo donde se definan los acuerdos. Con la gobernanza, se busca que las autoridades públicas cuenten con la institucionalidad necesaria para establecer los estándares de interoperabilidad[5], asegurar su adopción, y dotar a las agencias de capacidad organizacional y técnica necesarias para ponerlos en práctica. (CEPAL , 2007)

Figura: Arquitectura de interoperabilidad.(Moreno, y otros, julio de 2007)

Con el análisis de los conceptos de Interoperabilidad antes expuestos se llega a la conclusión de que el concepto más completo en este sentido es el dictado por la Comisión Europea en el estudio sobre interoperabilidad a nivel local y regional, publicado en diciembre del 2006 (Comisión Europea, 2006) ya que la Unión Europea ha alcanzado numerosos avances en cuanto a interoperabilidad y, además, representa una guía para los países Latinoamericanos y del Caribe de la manera en que pueden enfrentar este desafío según el Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico

Según el gobierno uruguayo (Presidencia de la Rupública Oriental de Uruguay, 2011), la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico es:

  • Un facilitador para el desarrollo de servicios y trámites en línea.
  • Un “proveedor” de servicios transversales y herramientas comunes a los Organismos del Estado, por ejemplo la Herramienta de Gestión de Expedientes Electrónicos del Estado Uruguayo.
  • Un “proveedor” de servicios a personas, empresas y organismos, por ejemplo el Portal del Estado como puerta única de acceso a información y servicios y la consulta web de estado de un expediente.
  • Un medio para instrumentar la interoperabilidad y el intercambio de información entre organismos. El contexto tecnológico y legal que permite asegurar que la información intercambiada cumpla con los requisitos legales y tecnológicos predefinidos.

Según el gobierno mexicano, la plataforma tecnológica del Sistema Nacional e-México “es el conjunto de infraestructuras y arquitecturas para la distribución de contenidos y servicios en línea para los gobiernos federal, estatales y municipales”. (Gobierno Federal. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2010)

Del mismo modo, en El Salvador una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico“ es la infraestructura tecnológica para mecanizar trámites por gobierno electrónico sin duplicar esfuerzos, permitiendo trámites compartidos entre instituciones, y permitiendo trámites semi-manuales”. (Palasí, 2010)

Con el análisis de los conceptos antes expuestos se puede decir que una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico es la infraestructura tecnológica que facilita el desarrollo de servicios y trámites en línea a personas, empresas y organismos a través de una ventanilla única de acceso. Además, es un medio para fomentar la interoperabilidad y el intercambio de información entre organismos.

Comentarios del estudio realizado

La experiencia demuestra que el Gobierno Electrónico provee numerosos beneficios, ya que mejora la confianza en las instituciones públicas, permitiendo mayor transparencia y responsabilidad a la vez que protege al ciudadano. Además, mejora considerablemente la actuación del gobierno, así como, la capacidad de la sociedad de adaptarse a un nuevo entorno.

En el análisis de la experiencia internacional en cuanto a soluciones de Gobierno Electrónico, se demuestra que todos los países involucrados desarrollan estrategias de Gobierno Electrónico con el propósito de mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión de gobierno y la administración pública a través del uso de las nuevas tecnologías, lograr mayor participación ciudadana en las políticas públicas, así como, mejorar la calidad de vida de los mismos.

La gran mayoría de los países estudiados se encuentran desarrollando plataformas tecnológicas de Gobierno Electrónico con el objetivo de facilitar la integración e interoperabilidad, conectando a todas las entidades a través de una red de alta velocidad y proveerles diferentes servicios en línea a través de un conjunto de estándares y directrices.

Situación tecnológica actual en Cuba

En Cuba, a partir de 1996, se dan los primeros pasos para la realización de un trabajo continuo destinado a impulsar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el país. En el año 1997 quedaron definidas orientaciones precisas para trabajar en ese sentido y el Gobierno aprobó, por primera vez, los Lineamientos Generales para la Informatización de la Sociedad, con objetivos generales hasta el año 2000, pero que hasta hoy se encuentran vigentes. En consecuencia se produjeron avances que condujeron en enero de 2000 a la creación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), con la misión fundamental de fomentar el uso masivo de las TIC en la economía nacional, la sociedad y al servicio del ciudadano.

El Gobierno decidió entonces analizar los lineamientos generales de 1997 y la forma de implementarlos, tomando como sustento los cuatro pilares fundamentales del proceso revolucionario cubano: la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. Este trabajo conllevó a la formulación del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad que reflejaba la estrategia cubana para el período 2000-2002. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

El Programa Rector persigue promover el uso masivo de las Tecnologías de la Información a escala nacional, teniendo en cuenta los objetivos generales estratégicos que el país se ha propuesto, buscando un desarrollo coherente y una identificación precisa de los actores de la Sociedad de la Información. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Dicho programa persigue impulsar, de manera coherente, todos los sectores; para ello se han organizado ocho áreas de acción interrelacionadas, bajo las cuales se enmarcan decenas de proyectos específicos. Estas áreas son:

  • Infraestructura, Tecnologías y Herramientas.
  • Fomento de la Cultura Informática.
  • Fortalecimiento del papel de los Joven Club.
  • Sistemas y servicios integrales para el ciudadano.
  • Gobierno, Administración y Economía.
  • Informatización Territorial.
  • Fomento de la industria nacional de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
  • Investigación y Desarrollo y Asimilación de nuevas tecnologías.

Esta estrategia, como expresión del proceso revolucionario cubano, tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural, social y político y en la consecución del fortalecimiento y ampliación de los logros y beneficios que la Revolución le ha dado. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

En la actual situación de limitaciones económicas, tecnológicas y de comunicación, en consecuencia del bloqueo económico impuesto al país por el gobierno estadounidense, Cuba decidió adoptar como opción de desarrollo inicial el uso social intensivo de los recursos escasos de conectividad y medios técnicos con el propósito de mejorar las condiciones socio-económicas del país.

Para ello, en el país ya se cuenta con una estructura central (backbone) de fibra óptica que alcanza a todas las provincias. Además, desde el año 2002 se introdujo la enseñanza de la computación en todas las escuelas del sistema de educación, con el propósito de elevar la calidad de la educación cubana y garantizar la necesaria preparación de los recursos humanosen el uso de las TIC.

También, se promueve la Industria Cubana del Software (ICSW), a través de la Universidad de las Ciencias Informáticas y el sistema de empresas cubanas vinculadas a este trabajo, con el objetivo de lograr ingresos considerables al país, como resultado del correcto aprovechamiento de las ventajas del importante capital humano con que Cuba cuenta.

Además, se promueve la utilización de tecnologías mediante las cuales se obtiene una mejor relación para el país entre la inversión y los resultados, tales como la utilización de redes privadas virtuales sobre la red pública, puntos comunes de acceso territorial, centros de datos, centros de información con servicios combinados por telefonía e Internet, salas colectivas de acceso y uso de la tecnología, entre otros. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

El uso de las TIC en el Gobierno, la Administración y la Economía busca impulsar su aplicación en la esfera de la administración pública, la gestión de los órganos y organismos superiores, centrales y locales, del Gobierno y el Estado, y de los sistemas empresariales. En esta área los proyectos se definen básicamente en dos grandes grupos: los dirigidos hacia dentro del sistema, bases de datos y otros contenidos, proceso de toma de decisiones, sistemas automatizados de gestión, etc.; y los dirigidos hacia afuera, tales como los proyectos de Gobierno en línea, información a los ciudadanos, o a otras instituciones y similares. En general prevé la informatización del Gobierno y de los sectores o ramas de la economía nacional o de un territorio. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Uno de los principales proyectos que se llevan a cabo es el Gobierno en Línea, como estrategia cubana de gobierno electrónico. Se han equipados los 169 Consejos de Administración Municipal del Poder Popular con los medios y conectividad necesarios para garantizar los servicios de correo electrónico y navegación nacional. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Otro proyecto que se encuentra disponible, en su versión inicial, es el Portal del Ciudadano Cubano, sitio al cual los ciudadanos pueden acceder para obtener diferentes informaciones en una primera etapa. Mediante el Sistema de Trámites de la población, actualmente en proceso de implementación, se busca la simplificación, agilización e integración de trámites y otros servicios, mediante el Portal del Ciudadano en su segunda etapa. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

La mayor limitación para la utilización de Internet es el ancho de banda disponible por utilizar enlace satelital, al no permitir el bloqueo estadounidense acceder a la fibra óptica submarina que rodea a Cuba (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004), aunque, gracias a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en febrero del presente año llegó a Cuba el cable submarino de fibra óptica procedente de Venezuela. El Ministro de Informática y Telecomunicaciones de Cuba, Medardo Díaz, señaló que “este proyecto robustece nuestra soberanía en el campo de las telecomunicaciones y abre una brecha al bloqueo genocida…” (Radio Reloj, 2011)

El país se encuentra trabajando para organizar la migración progresiva a software libre de los órganos y Organismos de la Administración Central del Estado. Está creado el grupo de trabajo para el ordenamiento del tema en el país, que es coordinado por la Universidad de las Ciencias Informáticas y la Oficina para la Informatización. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Otro aspecto a destacar es que el marco normativo y regulatorio sobre el Gobierno Electrónico en Cuba se rige por el Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana, el cual ha establecido disposiciones e instrumentos jurídicos que ordenan y aseguran la participación de las diferentes entidades que intervienen en la provisión de los servicios de las TIC, a promover la modernización y desarrollo de la infraestructura necesaria, y garantizar el desarrollo y cumplimiento de los programas priorizados por el Gobierno, aunque se encuentra aún en desarrollo producto del poco avance existente en el país en este sentido.

Pero aún falta mucho por hacer en materia de Gobierno Electrónico para lograr una nueva forma de gobierno centrada en la mejora de los procesos y servicios, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como, satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad cubana.

Guía Metodológica para la definición de una plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba

Para la elaboración de esta guía se definieron varios aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutarla, como son: misión, visión, objetivo y a quién va dirigida.

Misión: Brindar al Gobierno un importante material teórico-metodológico para la definición de una exitosa plataforma tecnológica de e-Gobierno en Cuba.

Visión: Se logrará la implementación de la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.

Objetivo General: Establecer los lineamientos generales, principios y buenas prácticas para lograr la implementación de una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.

Dirigida a: Organismos de la Administración Central del Estado.

Guía Metodológica

A continuación se describen los aspectos necesarios que conforman la guía metodológica para definir la plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba. Estos aspectos se encuentran estructurados en una serie de pasos que dan un mayor entendimiento y organización al trabajo; ayudando a encontrar eficazmente el camino a la construcción de una solución con calidad.

Paso 1: Argumento del Gobierno Electrónico.

Para implementar exitosamente una plataforma de Gobierno Electrónico, primeramente se debe entender completamente la realidad del contenido del Gobierno Electrónico. Esta comprensión es necesaria para lograr el éxito de los proyectos y contrarrestar los efectos negativos que pueden surgir de los mismos.

El éxito del Gobierno Electrónico depende de muchos pilares o factores que lo hagan posible. Algunos de estos factores, a su vez, dependen de la demanda ciudadana y de su capacidad para asimilar el e-Gobierno. Otros factores están más relacionados con los beneficios que ofrece el  e-Gobierno, como la infraestructura tecnológica y una legislación que lo apoye.

Para ello se debe considerar a los ciudadanos como usuarios del e-Gobierno en cuanto a: la demanda de estos, o sea, estudiar si la población quiere el e-Gobierno y cómo lo quieren recibir; su capacidad, es decir, examinar si están preparados para utilizar el e-Gobierno; y el nivel de acceso tecnológico que tienen, que no es más que estudiar si pueden acceder y pagar los servicios.

Otros aspectos que se deben examinar, con relación a los beneficios que ofrece el Gobierno Electrónico, son: analizar si existe una infraestructura tecnológica apropiada disponible; estudiar si la administración pública está preparada para servir a los ciudadanos en la era de las TIC; y analizar si existe un marco legislativo que apoye al Gobierno Electrónico.

Usuarios del Gobierno Electrónico

  • Análisis de demanda

Es importante valorar las necesidades de los usuarios, ya que no puede haber e-Gobierno sin ciudadanos y empresas conectadas. No se debe poner en práctica iniciativas de e-Gobierno sin contar con el conocimiento de lo que realmente quieren los usuarios.

Por otra parte, el Gobierno Electrónico debe estar proyectado desde el punto de vista del usuario, no desde el punto de vista del Gobierno. De esta manera el Gobierno puede proporcionar lo que los usuarios quieren y no lo que el Gobierno piensa que quieren.

  • Análisis de capacidad

Para poder aprovechar los beneficios del Gobierno Electrónico, los ciudadanos deben, primeramente, tener la capacidad de utilizarlo. Para ello se requiere educar a los ciudadanos en el uso de las TIC, y en los beneficios que pueden proporcionar.

La preferencia electrónica y la educación están muy unidas. Para lograr una cultura tecnológica en la sociedad, se deben aprobar proyectos de capacitación informática para los ciudadanos, actualizando constantemente los conocimientos de los dirigentes y del personal especializado en las TIC.

  • Análisis de accesibilidad tecnológica

Con respecto a la accesibilidad hay que considerar además los costos para el ciudadano. Por ello, es preciso contar con centros públicos de acceso a Internet, pues los altos costos de acceso son un impedimento en la utilización de las TIC.

Beneficios que ofrece el Gobierno Electrónico

  • Análisis de infraestructura tecnológica

Contar con una infraestructura, rápida y fiable, es un elemento importante para cualquier estrategia digital. Para que el Gobierno Electrónico se pueda implementar exitosamente se necesita tener provisión de una infraestructura tecnológica.

En este sentido, es preciso realizar un análisis minucioso de los componentes necesarios para contar con una infraestructura tecnológica apropiada a la hora de definir la plataforma tecnológica de e-Gobierno. Estos componentes son: ancho de banda, telefonía celular e inalámbrica, digitalización telefónica, televisión digital, cantidad de computadoras existentes, cantidad de centros de acceso público a las TIC, así como, la cantidad de personal capacitado en su uso.

  • Análisis de la administración pública

La experiencia demuestra que las TIC tienen un poder transformador; pues son la base de la economía del conocimiento. Es por eso que el Gobierno debe prepararse en la utilización de estas tecnologías obteniendo las habilidades y conocimientos necesarios, ya que el eje del Gobierno Electrónico se encuentra  en la propia administración pública.

  • Análisis del marco legislativo

Al considerar la necesidad de una legislación sólida, se debe tener en cuenta la privacidad y la seguridad de la información que circula por la red. Un marco legislativo favorable para el Gobierno Electrónico incita a la población a utilizar las TIC para su beneficio. Esto es muy importante para lograr el desarrollo exitoso de una economía electrónica.

Ahora bien, el análisis de estos elementos requiere una evaluación profunda de los estudios estadísticos efectuados y la realización de nuevos estudios que permitan obtener la información no disponible. Una estrategia puede ser realizar encuestas a los ciudadanos y a las empresas para identificar sus necesidades más apremiantes y cómo resolverlas mejor, pues los mismos son los más indicados para evaluar lo que quieren y necesitan.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las áreas que son prioritarias para la población a la hora de asignar los recursos. En este sentido, es necesario comenzar con una evaluación de cómo se utiliza actualmente la tecnología y qué recursos tecnológicos están disponibles en el país, producto de que las metas trazadas deben estar a la par con los recursos disponibles, y la tecnología debe poder prestar los servicios necesarios y llegar a las audiencias pretendidas.

Una vez construido el marco adecuado con el análisis de los elementos propuestos para desarrollar la infraestructura tecnológica el Estado dispondrá de una base sólida con la cual construir una visión para el Gobierno Electrónico.

Paso 2: Definición de visión y prioridades para el Gobierno Electrónico.

La visión es considerada como la meta a alcanzar; son las distintas actividades que se van a desarrollar en el Gobierno y que persiguen lograr, en un largo plazo, determinados objetivos que constituyen la principal justificación para su nacimiento y existencia, además de conformar el marco elemental sobre el cual debe desarrollarse todo su accionar.

El propósito de un gobierno es fomentar los objetivos compartidos de una sociedad. Por lo tanto, para comenzar el proceso de planeación del Gobierno Electrónico, corresponde establecer una visión amplia del e-Gobierno que sea compartida por todas las partes de la sociedad. Dicha visión debe surgir de los grandes objetivos o inquietudes de la sociedad representando los objetivos prioritarios del gobierno y la voz compartida de todas las partes.

Un aspecto importante es que se debe hacer la visión centrada en el ciudadano, o sea, se deben agrupar las necesidades de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida a través del buen uso de  las tecnologías.

El gobierno cubano ha tomado como sustento para la definición de la visión del Gobierno Electrónico, los cuatro pilares fundamentales del proceso revolucionario cubano: la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. Los cuales se trabajan a través del Programa Rector para la Informatización de la Sociedad Cubana, estrategia cubana que tiene al ciudadano en el centro de sus objetivos, buscando elevar su calidad de vida a través del uso de las TIC.

Ahora bien, se debe estimular a todas las partes de la sociedad a participar en definir la visión, ya que se corre el riesgo de que los proyectos de Gobierno Electrónico no sean aprovechados si los diferentes sectores son consultados sólo después de que se hayan desarrollado los planes de e-Gobierno. Una visión compartida asegura que todas las partes se involucren y apoyen los planes de e-Gobierno de principio a fin.

Para ello es necesario crear confianza en el gobierno y en la tecnología manteniendo la privacidad[6] y la seguridad de la información[7] de los ciudadanos. Si los ciudadanos no perciben que su información personal (por ejemplo, la historia clínica) va a ser tratada confidencialmente, no proporcionarán dicha información electrónicamente. Del mismo modo, los usuarios necesitan saber que sus comunicaciones con el Gobierno son seguras, y que sus documentos y transacciones electrónicas están reconocidos y protegidos por la ley.  También es importante que todo proyecto se desarrolle basada en una filosofía de Open data a modo de favorecer la interoperabilidad y la reutilización adecuada de los datos.

En la bibliografía consultada, todos los países estudiados cuentan con normativas para la protección de los datos personales, y sobre el reconocimiento de las firmas electrónicas. Sin embargo, en Cuba no se cuenta con una legislación única sobre el particular sino disperso en varias normativas, también existe vacio legislativo en materia de firma electrónica. Esto es algo que no se puede dejar pasar por alto, ya que un buen clima normativo es fundamental para el crecimiento exitoso de una economía en red; es un factor que impulsa a la sociedad y a las empresas a invertir y utilizar las TIC para su beneficio.

Dar prioridad: A la hora de dar prioridad, el Gobierno debe analizar los objetivos generales estratégicos que se ha propuesto para desarrollar el Gobierno Electrónico en Cuba. En este sentido se han definido dos grandes grupos donde se puede concentrar para seleccionar los objetivos prioritarios del país.

Priorizar por impacto social

En este grupo se manifiestan los proyectos dirigidos hacia afuera, o sea, los que se encuentran de cara a los ciudadanos.

  • Mejorar la atención al ciudadano

El Gobierno debe progresivamente introducir el uso de las TIC en todos los procesos asociados a brindar beneficios a los ciudadanos, para ello se debe fomentar y promover el acceso de los ciudadanos a los servicios e informaciones gubernamentales mediante las TIC. Para alcanzar este fin, los órganos de la administración pública deben incentivar a los ciudadanos al uso de estos medios, sin que disminuya la calidad de los servicios existentes.

En Cuba, incluso con la situación de limitaciones tecnológicas existente, el 100% de los centros de la enseñanza primaria, secundaria, tecnológica y universitaria del país usan las TIC como apoyo a los programas de clases, con el objetivo de elevar la calidad de la educación cubana y garantizar la necesaria preparación de los recursos humanos en el uso de estas tecnologías. Además, se puso en práctica la formación de los Joven Club de Computación y Electrónica en todos los municipios del país, los cuales han permitido el acceso gratuito a las TIC a personas de todas las edades. También, a través de la red INFOMED[8], se desarrolla la telemedicina y se encuentran en funcionamiento la Universidad Virtual de la Salud y la Biblioteca Virtual de Salud. (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 2004)

Todos estos beneficios sociales que el Gobierno cubano ha puesto en manos del pueblo, se deben continuar incrementando y fortaleciendo, a pesar de las carencias existentes, para lograr elevar la calidad de vida de los ciudadanos en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural, social y político.

  • Mejorar la participación ciudadana en asuntos públicos a través del Gobierno Electrónico

La participación pública es un componente importante en el proceso de e-Gobierno, ya que el mismo equivale a participación. Los ciudadanos puede participar en asuntos de e-Gobierno de diferentes maneras, por ejemplo: comentar entre ellos los planes de e-Gobierno; ofrecer información y contribuir a las políticas públicas en formas innovadoras; o participar en diálogos, ya sean diálogos públicos con el Gobierno o diálogos de ciudadano a ciudadano organizados por el Gobierno.

Para ello se debe incluir todos los tipos de participación pública en los planes de e-Gobierno. Al final,  el  e-Gobierno es para servir a los ciudadanos, por tanto es muy importante, especialmente con proyectos diseñados para servir a la población directamente, evaluar sus necesidades y solicitar su opinión. Sin este esquema de participación, cualquier proyecto de e-Gobierno puede ser arriesgado, producto de que el pueblo no utiliza lo que no necesita. Aunque, se debe tener en cuenta que los ciudadanos, tal vez, no exijan un servicio hasta que el Gobierno lo proporcione primero.

Ahora bien, se debe asegurar de que la población pueda dar su opinión de manera anónima. Esto asegura que los ciudadanos evalúen los servicios y la efectividad gubernamental de manera abierta, y que el Gobierno reciba la información que necesita para evaluar y mejorar sus proyectos de e-Gobierno.

En Cuba no se ha desarrollado ninguna iniciativa de participación electrónica de los ciudadanos en los asuntos públicos del Gobierno. No obstante, esta participación se realiza utilizando los métodos tradicionales para solicitar la opinión pública, como reuniones de grupos, encuestas, grupos de enfoque y otros medios. Pero, si se quiere incursionar en el ámbito del Gobierno Electrónico, es necesario trabajar en este sentido.

Priorizar por interés del Estado

En este grupo se manifiestan los proyectos dirigidos hacia dentro, o sea, los que son de interés interno del Estado.

  • Lograr un buen Gobierno

El uso de las TIC en el Gobierno, la Administración y la Economía busca impulsar su aplicación a la esfera de la administración pública, la gestión de los órganos y organismos superiores, centrales y locales, del Gobierno y el Estado. En este sentido los servicios públicos deben mejorar su eficiencia operacional, mediante el uso de estas tecnologías, simplificando y rediseñando los procesos que implementen.

Para lograr un gobierno más eficiente y transparente, el Estado debe centrarse en la implementación de proyectos que se dirijan hacia dentro del sistema, como bases de datos, proceso de toma de decisiones y sistemas automatizados de gestión, para, de esa manera, mejorar la calidad de los servicios públicos.

En cuanto a los proyectos de toma de decisiones, el Estado puede dirigir sus esfuerzos a la participación electrónica ciudadana para que los usuarios puedan involucrarse en procesos de deliberación, previos a la toma de decisiones, ofrecidos a través de la opción del Voto Electrónico.

Otro aspecto importante del “buen Gobierno” es contar con una legislación que valide la transacción de papeles con certificación legal. En esta etapa mejorar los procesos en línea, incluye pagos, firma digital, entre otros elementos. Por lo que contar con un robusto marco legislativo ahorra tiempo, papel y dinero.

Una vez definidos la visión y los objetivos prioritarios del país, el Estado debe analizar cómo dar paso a la ejecución de los proyectos de e-Gobierno logrando una exitosa implementación.

Paso 3: Implementación de los proyectos de Gobierno Electrónico.

El Estado debe considerar las directrices que se exponen a continuación a la hora de implementar los proyectos de Gobierno Electrónico:

Necesidad de suficiente voluntad política para encabezar los esfuerzos de Gobierno Electrónico

Los programas de e-Gobierno enfrentan muchos desafíos. Existirán dirigentes que se resistirán a los cambios en los procedimientos, pero frente a tales problemas, sólo se logrará un avance sostenido en   el e-Gobierno si el liderazgo cree que los beneficios superan los costos y riesgos, por lo que es necesario motivar a los líderes políticos.

Tener suficiente voluntad política, en especial del liderazgo presidencial, es sumamente importante para hacer realidad el e-Gobierno, pues la experiencia ha demostrado que sólo cuando los líderes y jefes son actores conscientes y voluntarios en el uso de las TIC para su trabajo, es que se producen avances en el proceso de e-Gobierno.

En Cuba, la utilización de las TIC en la Dirección es un espacio importante para lograr que los dirigentes hagan de estas tecnologías una herramienta en la realización de su trabajo diario. En este sentido, se debe continuar trabajando para lograr el apoyo de los dirigentes en las iniciativas de Gobierno Electrónico, y así alcanzar la implementación de una exitosa plataforma de e-Gobierno en el país.

Planeación y administración de los proyectos de Gobierno Electrónico

Las iniciativas de e-Gobierno involucran grandes compromisos de recursos, planeación y personal. Es por eso que los proyectos de Gobierno Electrónico son muy difíciles de implementar sin equipos definidos para supervisar el proceso, por lo que, se debe considerar el establecimiento de equipos de e-Gobierno dentro del propio Gobierno. A dichos equipos se les debe dar el presupuesto suficiente, los recursos humanos y el apoyo administrativo necesario para llevar a cabo su tarea, así como, la autoridad suficiente para poder asegurar que los planes se cumplan.

Cuba cuenta con un grupo de trabajo, coordinado por la UCI y la Oficina para la Informatización, que se encuentra al frente del tema en el país, pero, el mismo debe seguir contando con el apoyo administrativo necesario y con la autoridad suficiente para poder llevar a cabo este gran reto. Sin esos dos ingredientes es en vano realizar esfuerzos en materia de Gobierno Electrónico.

Implementación de soluciones piloto de Gobierno Electrónico

Como todas las transformaciones, es importante mostrar primero el éxito y no invertir mucho tiempo en desarrollar visiones, estrategias y planes de trabajo. Para ello, se deben identificar los problemas que más apremian a la sociedad y resolverlos con soluciones piloto de e-Gobierno.

Además, es importante señalar que todos los servicios de e-Gobierno se deben someter a pruebas piloto con la participación de los ciudadanos antes de que se invierta en una versión nacional a escala completa del proyecto, pues esto podría ocasionar pérdidas de recursos. Los proyectos piloto no sólo resuelven los problemas inmediatos, también pueden llevar a un esfuerzo de e-Gobierno más consecuente.

Necesidad de interoperabilidad entre los proyectos de Gobierno Electrónico

La falta de interacción adecuada entre las diferentes instituciones con el fin de poder resolver trámites o servicios, ha hecho que los ciudadanos se enfrenten a problemas como la necesidad de hacer grandes esfuerzos para intercambiar información, dificultad para identificar la entidad responsable de una información y discrepancias en la información intercambiada por los diferentes organismos.

En este sentido, resulta necesario definir políticas de interoperabilidad que faciliten y optimicen la interoperabilidad de soluciones y sistemas entre entidades, a través de un modelo de gestión que facilite la evolución de las instituciones en sus procesos de interoperabilidad.

Dentro de estas políticas es preciso definir una Plataforma de Interoperabilidad que le permita a los proyectos de Gobierno Electrónico del Estado comunicarse entre sí a través de un lenguaje común para el intercambio de información entre aplicaciones de forma estándar, segura y confiable.

Ahora bien, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL (CEPAL , 2007) identificó como uno de los principales aspectos intensivos para la implementación de plataformas de interoperabilidad, la definición de lenguajes de intercambio que permitan la estandarización y adecuada interpretación de los datos y documentos entre sistemas de cualquier plataforma de e-Gobierno en la región; priorizando tres elementos en el proceso de estandarización: datos y metadatos; formato de documentos y; autenticación y certificados digitales.

En este sentido, el Estado debe trabajar dirigiendo los esfuerzos a la estandarización de los datos y documentos jurídicos de manera electrónica a partir del empleo de esquemas XML, con el propósito de mejorar la calidad, procesamiento y almacenamiento de los datos, así como, permitir su intercambio electrónicamente.

El Centro de Gobierno Electrónico CEGEL, ha trabajado en la solución de Repositorio de Esquemas de Metadatos, la Plataforma de Interoperabilidad y el esquema XML LeyCuba.

Paso 4: Medición y comunicación del progreso en los proyectos de Gobierno Electrónico.

Una vez que los proyectos de Gobierno Electrónico han sido ejecutados con éxito, es el momento de medir los avances.

Debido a que el  e-Gobierno normalmente involucra dinero, recursos humanos, información y compromiso político, la responsabilidad debe ser de extrema importancia. El Gobierno necesita medir y hacer un seguimiento de sus avances, para asegurarse de que el dinero se está inviertiendo de manera adecuada y que los compromisos se están cumpliendo.

La clave del éxito de un proyecto de e-Gobierno es lo bien que el proyecto cumple sus objetivos. Calificar el progreso y el desempeño representa establecer métricas. Para ello se deben establecer criterios generales para medir progreso y desempeño.

Para efectuar correctamente la medición es necesario evaluar atendiendo generalmente a dos áreas generales: el avance de los objetivos del Gobierno Electrónico, y la evaluación de los clientes, o sea, se necesita comprobar el nivel de satisfacción del usuario. La primera significa medir la evolución de los objetivos propuestos. Sin embargo, la segunda está basada en la percepción de los ciudadanos.

El análisis de estas dos dimensiones proporciona una representación suficientemente completa del avance alcanzado. Pero no sería bueno centrar las medidas en el estudio de un área determinada, lo apropiado sería mezclar las medidas para evaluar el desempeño de las dos áreas en conjunto. La decisión depende del alcance de la iniciativa de e-Gobierno.

Una vez establecidas las áreas generales y el grado de la medición, es necesario especificar qué sub-áreas van a ser medidas e identificar indicadores convenientes para dichas sub-áreas. Sin embargo, es necesario establecer indicadores que contemplen ambas dimensiones para lograr una buena medición del progreso de los proyectos de Gobierno Electrónico.

Por ejemplo, Canadá establece dimensiones e indicadores de éxito del  e-Gobierno, donde examina al ciudadano como núcleo fundamental del Gobierno Electrónico, pero no considera indicadores para medir interoperabilidad entre proyectos de e-Gobierno, instituciones y otras organizaciones.

Ahora bien, Cuba actualmente utiliza el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el Sector de Desarrollo (UIT-D) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2010), con el propósito de medir el progreso logrado en el acceso y utilización de las TIC, así como, las habilidades que poseen los ciudadanos para utilizarlas (ver Anexo 3). Pero, aún con la evaluación del desarrollo de las TIC en el país, no es suficiente para medir el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico, pues no es lo mismo medir el desarrollo de las TIC que el avance del Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico va más allá del análisis de la infraestructura disponible, uso de las TIC, así como, habilidades para su utilización. Gobierno Electrónico significa mejorar la administración pública y la gestión gubernamental a través del uso de las TIC, incrementando la transparencia entre el gobierno y la sociedad para lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Es por eso que, a la hora de evaluarlo, se debe atender a las dos dimensiones propuestas pues no se puede evaluar el   e-Gobierno sin la percepción de los ciudadanos.

A continuación se proponen seis áreas, basadas en el análisis de las dos dimensiones generales propuestas, donde cada una de ellas cuenta con una serie de indicadores que se deben utilizar a la hora de evaluar el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico en el país:

ÁREAS INDICADORES
 Gobierno Electrónico centrado en el ciudadano
  • Número de ciudadanos capacitados en el uso de las TIC.
  • Número de iniciativas de capacitación a ciudadanos en el uso de las TIC.
  • Tipo de iniciativas de capacitación a ciudadanos en el uso de las TIC.
  • Número de puntos de acceso a aplicaciones de Gobierno Electrónico para los ciudadanos.
  • Nivel de accesibilidad tecnológica de los ciudadanos.
  • Número de usuarios con acceso a Internet.
  • Información y servicios disponibles en la lengua oficial.
  • Número de servicios públicos en línea.
  • Nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios automatizados.
Participación ciudadana
  • Número de consultas a la ciudadanía vía Internet.
  • Por ciento de participación ciudadana en asuntos públicos.
  • Número de espacios para la interacción electrónica.
  • Nivel de navegabilidad.
Transparencia del Gobierno
  • Número de ciudadanos utilizando los servicios en línea.
  • Nivel de satisfacción ciudadana por los servicios en línea.
  • Disminución de Costos.
  • Disminución de Tiempo.

 

Eficiencia en la gestión de gobierno
  • Número de funcionarios capacitados.
  • Número de servicios y procesos automatizados por ministerios, instituciones, regiones, etc.
  • Por ciento de digitalización de la documentación gubernamental.
Seguridad y privacidad
  • Medida del compromiso de confidencialidad.
  • Red de autoridades certificantes de firma electrónica.
Interoperabilidad
  • Por ciento de instituciones gubernamentales con estándares de interoperabilidad.

Tabla: Propuesta de indicadores para medir el avance de los proyectos de Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico centrado en el ciudadano

Los indicadores de esta área tienen que estar basados en el nivel de capacitación y aprendizaje que presentan los ciudadanos en el uso de las TIC, su nivel de accesibilidad tecnológica, así como, su nivel de satisfacción por los servicios públicos en línea. Esta evaluación permitirá entender los alcances de las aplicaciones del Gobierno Electrónico a través de los factores que impulsan o limitan su implementación.

Participación ciudadana

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de la participación ciudadana en asuntos públicos a través de espacios virtuales donde los usuarios puedan expresar sus opiniones. Dichos espacios deben estar en los portales de e-Gobierno para, de esta manera, medir el nivel de participación electrónica en los asuntos públicos por parte de la sociedad.

Transparencia del Gobierno

Los indicadores de esta área deben estar fundamentados a partir de la evaluación de los beneficios que traen consigo los proyectos de Gobierno Electrónico para mejorar la transparencia del Gobierno. Para ello se debe medir el número de ciudadanos que utilizan los servicios en línea, así como, su nivel de satisfacción según sus expectativas y requerimientos para valorar si dichos proyectos mejoran la credibilidad del Gobierno.

Eficiencia en la gestión de gobierno

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de los servicios y procesos automatizados del Gobierno, en cualquier nivel, para mejorar la eficiencia en la gestión de gobierno. Estas acciones buscan la mejora en las aplicaciones y prestaciones de los servicios de Gobierno Electrónico.

Seguridad y privacidad

Los indicadores de esta área deben estar fundamentados en la evaluación del por ciento de utilización de políticas para salvaguardar la seguridad y privacidad de la información, así como, contar con mecanismos de seguridad y certificación de firma electrónica para garantizar la confidencialidad[9], integridad[10] y disponibilidad[11] de los datos.

Interoperabilidad

Los indicadores para esta área deben estar basados en la evaluación de la cantidad de proyectos de Gobierno Electrónico que se comunican entre sí a través de un lenguaje en común, así como, el número de instituciones gubernamentales que poseen estándares de interoperabilidad para comunicarse.

Conclusiones generales:

  1. Con el análisis de la situación actual cubana en materia de desarrollo tecnológico e iniciativas de Gobierno Electrónico, se comprobó que Cuba necesita definir una plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico que mejore la gestión de gobierno y la administración pública del país.
  2. Con el análisis de las experiencias de los países con mejores resultados en Gobierno Electrónico, según las Naciones Unidas, se pudo obtener ejemplos de buenas prácticas en este aspecto para el desarrollo de la investigación.
  3. La solución propuesta exhibe cuatro pasos que favorecen la implementación de una exitosa plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en el país. Cada paso cuenta con propuestas de buenas prácticas que contribuyen a mejorar la administración pública y la gestión de gobierno del país a través de soluciones de Gobierno Electrónico.
  4. El porcentaje de las respuestas de los especialistas a cada uno de los objetivos propuestos fue positivo, validando así la confección de la guía metodológica Cuba que contribuya a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno y la administración pública del país.
  5. Esta guía metodológica de buenas prácticas constituye un importante material teórico-metodológico, que tributa elementos técnicos para la definición de una exitosa plataforma tecnológica de Gobierno Electrónico en Cuba.

[1] UNDESA, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (2010) E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis.

[2]Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York: IEEE, 1990.

[3]Australian Government Information Management Office. Interoperability Technical Framework for the Australian Government, Version 2, Junio 2003.

[4]CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[5] Estándares de interoperabilidad: Modelos a seguir. Son definiciones, formatos o procesos que han sido aprobados por unas determinadas organizaciones de estandarización o aceptados “de facto” como tales por la industria.

[6]Privacidad de la información: Es la capacidad y el derecho que los usuarios tienen para acceder a ciertos datos, que ellos mismos decidan, sin que nadie más pueda conocerlos sin el consentimiento del usuario, o sea, es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.

[7]Seguridad de la información: Son todas aquellas medidas preventivas y reactivas del hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e Integridad de la misma.

[8]INFOMED: Portal de Salud cubano, creado con el objetivo de facilitar el acceso a la información relacionada con las ciencias de la salud y, especialmente, dar acceso a la información de salud producida en Cuba.

[9]Confidencialidad: Establece que los objetos de un sistema han de ser accedidos únicamente por elementos autorizados a ello, y que esos elementos autorizados no van a convertir esa información en disponible para otras entidades.

[10]Integridad: Significa que los objetos sólo pueden ser modificados por elementos autorizados y de una manera controlada.

[11]Disponibilidad: Indica que los objetos del sistema tienen que permanecer accesibles a elementos autorizados.

Transferencias de datos personales México – España / España – México. Asimetría de regulación

transferencias_mexico

Por Héctor E. Gúzman Rodríguez

Hablar de transferencias de datos personales y su regulación en diversas jurisdicciones puede ser tan entretenido como sorprendente, según el país desde el que se analice este acto jurídico.

Para más de un entendido en la materia, que existan diferencias entre la legislación de un país y otro resulta más que evidente, aún y cuando en la Unión Europea se sigue esperando la aprobación del Reglamento general que vendría a uniformar para todos sus Estados Miembros las reglas relativas al tratamiento de datos personales.

Pero sobre el particular, y en consideración de los diversos intereses económicos que existen entre uno y otro país, nos parece práctico poner de relieve que una transferencia de datos personales desde México a España no deberá cumplir con los mismos requisitos formales que una transferencia desde España a México, aunque en ambos casos, y en última instancia, deberá garantizarse la seguridad de los datos personales transferidos y el cumplimiento de (casi) todos los principios que regulan el tratamiento de este tipo de datos (a día de hoy, México incorpora en su legislación el principio de responsabilidad [accountability]).

La primera diferencia relevante (la más relevante, quizás) consiste en la autorización para poder llevar a cabo la transferencia desde un país hacia el otro. Desde México, NO sería necesario obtener una autorización, en ningún momento. Existe, sin embargo, la posibilidad de que los responsables puedan solicitar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (el “IFAI”) su opinión sobre la licitud de la transferencia (artículo 76 del  Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – el “RLFPD” y la “LFPD”).

Desde España, y hasta en tanto México no sea considerado por la Comisión Europea como un país que ofrece un nivel de protección a los datos personales, similar al que ofrece la legislación europea, para poder llevar a cabo una transferencia hacia ese país SERÁ necesario obtener autorización previa del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (la “AEPD”) (artículo 33 de la Ley Orgánica 17/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal – LOPD) o acreditar que concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 34 de la misma LOPD. La autorización otorgada además sería inscrita en el Registro General de Protección de Datos.

Desde un punto de vista semántico (con trascendencia jurídica) también existen diferencias. En España existen cesiones de datos y transferencias (internacionales) de datos. De hecho,  HYPERLINK , que las comunicaciones de datos dentro del Espacio Económico Europeo (el “EEE”) constituyen cesiones de datos a efectos de la aplicación de la LOPD.

En México, salvo la existencia de un evidente error legislativo que mantuvo el término “cesión” dentro de la normativa mexicana (artículo 63, fracción XII de la LFPD), no se regulan cesiones de datos. Existen “transferencias nacionales” y “transferencias internacionales”. La comunicación de datos desde un responsable hacia un encargado se reputa como “remisión”.

A todos los efectos, el RLFPD establece que las transferencias internacionales “serán posibles cuando el receptor de los datos personales asuma las mismas obligaciones que corresponden al responsable que transfirió los datos personales.” (artículo 74).

En cuanto a la forma de informar a los interesados/titulares sobre las transferencias de sus datos personales, también existen diferencias. En México, esta información debe proporcionarse a través del Aviso de Privacidad correspondiente (artículo 36 LOPD); en España esta información está disponible para los interesados a través del Registro de Ficheros (públicos o privados) de la AEPD, en el que los propios responsables han comunicado la existencia, destino y finalidad de sus transferencias de datos (artículo 55 RLOPD).

Por otro lado, en ambos países existe el mismo principio general: toda comunicación/transferencia de datos personales podrá efectuarse si el titular de los datos ha otorgado su consentimiento para ello. También existen en México y España una serie de supuestos en los cuales el consentimiento del afectado no resulta necesario para poder llevar a cabo la cesión/transferencia de sus datos.

Los supuestos de excepción son muy similares en ambas normativas, pero destaca el tercer supuesto de excepción previsto en el artículo 37 de la LFPD mexicana:

“Artículo 37.- Las transferencias [..] internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

[…]

III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; […]”

Así pues, en México podrán llevarse a cabo transferencias de datos personales hacia empresas del mismo grupo corporativo sin el consentimiento de sus titulares; y si éstas fueran a efectuarse hacia sociedades establecidas en el extranjero, el responsable sujeto a la normativa mexicana podrá efectuarlas a cualquier país sin tener que contar con autorización previa para ello.

En España, el escenario es distinto. Si la comunicación de datos personales hacia empresas del mismo grupo corporativo no acciona alguno de los supuestos del artículo 11.2 LOPD, no HYPERLINK exenta del consentimiento de los interesados. Además, si alguna de dichas empresas estuviese establecida fuera del EEE y no residiese el alguno de los países y territorios que la Comisión Europea considera que brindan un “nivel adecuado de protección”, el responsable sujeto a la normativa española deberá obtener la autorización previa a la que ya hemos hecho mención.

Todo lo anterior corrobora que, en un entorno internacional, no debemos dar por sentado que las reglas relativas al tratamiento de datos personales son las mismas, necesariamente, en un país que en otro. En muchos aspectos, esta forma de pensar tendría cabida, pero hablando de transferencias internacionales de datos personales, desde luego será necesario analizar desde dónde y hacia dónde pretenden efectuarse.

Publicado originariamente por el autor en Lawyerpress.

Consideraciones entorno a la unificación de criterios sobre protección de datos y privacidad en procesos electorales

electoralPor Daniel A. López Carballo, Héctor Revelo HerreraRomina Florencia CabreraCarlos Vera QuintanaFrancisco R. González-Calero Manzanares, Javier Villegas Flores Lissette Robalino López

En la concepción tradicional de democracia representativa, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, como recogen las diferentes Constituciones Iberoamericanas.  En los modelos de democracia participativa el ciudadano es el protagonista no solo en el proceso de selección de precandidatos y candidatos en un sistema electoral, para que posteriormente lo representen en sus derechos e intereses, y gobiernen respetando sus garantías. Los derechos económicos, sociales y culturales; civiles y políticos, se ven reflejados en las elecciones que cada individuo, protagonista de su presente histórico, elecciones que realiza en su derecho a sufragar, en el acto político del voto.

La protección de datos personales en el proceso tradicional de elección está establecida en los diferentes ordenamientos legales de Iberoamérica, donde se puede observar a través de su historia constitucional una fuerte y creciente tradición a los valores democráticos, donde se reafirma el secreto en la identidad del elector, y la elección política de quien lo representará; la opción que mediante su voluntad y raciocinio cree que es la mejor para la representar a la ciudadanía. Este principio se incorpora en los términos “universal, igual, libre y secreto para la elección de sus representantes”, salvaguardando la identidad del votante, la elección del elector. Una granaría reconocida en la mayoría de las Constituciones Iberoamericanas que debe ser aplicable, al propio elector y al candidato que concurre al proceso electoral, debiendo coexistir las granarías de transparencia y protección de la intimidad personal.

El secreto del voto en la identidad del elector y preferencia política, garantizan la libertad y las transparencia en la elección, durante todo el proceso electoral, desde su apertura hasta el escrutinio, conclusiones oficiales, publicidad, y posteriores acontecimientos.

La generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación están planteando innumerables beneficios en nuestra vida diaria y a la vez, pero a la vez generan la necesidad de proteger derechos tan antiguos como la intimidad o la propia imagen y derechos de tercera generación como pueden ser la protección de datos de carácter personal o privacidad.

Desde el punto de vista del sufragio activo y del elector, las nuevas posibilidades del voto electrónico aportan importantes ventajas en cuanto a la rapidez de los escrutinios al facilitar el mismo y limitar los supuestos de votos nulos por duplicidad de papeletas o enmiendas o tachaduras. Pero las declaradas ventajas perderán esa misma condición si ello no va unido a un férreo sistema tanto a nivel técnico informático como sancionador en caso de vulneración, que imposibilite que tras la identificación de elector y la emisión del voto, pueda conocerse la opción conocida. Es por ello que el mecanismo de disociación del voto y del elector debe ser definitivo y así se debería contemplar en las legislaciones iberoamericanas conforme vayan implementando estos sistemas. No debemos olvidar que en procesos electorales se están tratando datos especialmente sensibles.

Pero también Internet y las redes sociales ofrecen la posibilidad al elector a posicionarse, decantarse e incluso promocionar a una de las opciones electorales, con unos efectos virales aún por descubrir. Tanto si lo hacen en abierto como con configuración cerrada al grupo de contactos, las legislaciones deben garantizar que existen mecanismos que permiten la total eliminación por parte del usuario de ese contenido, independientemente de donde se encuentren ubicados los servidores y centros de tratamiento de datos, salvo que pese sobre el mismo una investigación judicial o policial, que obligará a mantenerlo mientras dure la misma.

Las Redes Sociales juegan un papel fundamental en la vida electoral actual. Los candidatos exponen sus propuestas electorales en Internet, y los electores expresan sus preferencias también por estos medios virtuales. Estos medios masivos de comunicación on-line se han transformado en verdaderos observatorios electorales, donde se pueden realizar verdaderos estudios cuantitativos y cualitativos sobre el caudal electoral y la fuerza política de cada partido.

La generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación están planteando innumerables beneficios en nuestra vida diaria y a la vez, pero a la vez generan la necesidad de proteger derechos tan antiguos como la intimidad o la propia imagen y derechos de tercera generación como pueden ser la protección de datos de carácter personal o privacidad.

La deslocalización de centros de tratamientos de datos y servidores debe provocar la unificación de criterios en las diferentes legislaciones iberoamericanas, de manera que opiniones y comentarios constitutivos de delito vertidos por electores u otras candidaturas queden impunes y no puedan ser eliminados.

Allí la protección de datos personales es fundamental, no solo en la identidad de los electores  y en el secreto de sus pensamientos políticos, sino hasta donde la trasparencia de la información de los candidatos que se someten  a la elección popular en el procesos electoral, puede afectar su vida privada, su entorno íntimo o familiar. Debe existir un límite razonable y equilibrado entre la información pública, el derecho a la intimidad, a la privacidad, el honor, la libertad de expresión y la protección de datos personales.

Desde el punto de vista del sufragio activo y del elector, las nuevas posibilidades del voto electrónico aportan importantes ventajas en cuanto a la rapidez de los escrutinios al facilitar el mismo y limitar los supuestos de votos nulos por duplicidad de papeletas o enmiendas o tachaduras.

Desde el punto de vista del sufragio pasivo, los candidatos, al aceptar participar en un proceso electoral se convierten automáticamente en sujetos públicos, de quienes se exige transparencia e información y que en ocasiones se puede afectar a su derecho de privacidad e incluso el de terceros como son sus familiares y amigos, “en el contexto de las campañas electorales y en el seguimiento a las autoridades electas por los ciudadanos es relevante el acceso a la información sobre su desempeño. Sin embargo los ciudadanos necesitan también inferir cuál será el desempeño de las personas que eligen para un puesto público, para poder formarse esa idea y en consecuencias convertirlos en sus representantes políticos necesitan algunos datos más. La tendencia ha mostrado que los votantes se interesan por algunos aspectos de la vida privada de los candidatos y de los  elegidos”.

Pero esta necesidad democrática de formarse por parte de los electores no puede justificar un carta blanca, puesto que el candidato debe tener un cierto grado de intimidad y privacidad dentro de su ámbito privado y familiar. El carácter universal de la red, el efecto viral de las redes sociales y el fenómeno de la deslocalización de centros de tratamiento no pueden ser a la vez una excusa y un problema para el derecho a la privacidad de los candidatos. Por ello se deben unificar criterios tanto a nivel legislativo como jurisprudencial para una mejor delimitación de la esfera íntima y personal de candidato y que esas practicas no puedan quedar impunes.

En los diferentes ordenamientos jurídicos iberoamericanos debe estar presente el respeto a la vida privada a través de la adaptación de derechos ya existentes y de la jurisprudencia que proteja a las personas de los riesgos de atentar contra su personalidad. Deben ser objeto de protección los escritos personales y otras formas de producción personal, no sólo contra la posibilidad de robo, sino contra la posibilidad de publicación; esta protección no sólo debe hacer referencia a la propiedad privada sino también a la “inviolabilidad de la personalidad”. Es este principio el que fundamenta el derecho a permanecer solo y el que permite proteger la vida privada de la intromisión de la prensa, la fotografía o cualquier otro medio moderno de transcripción.

La protección de datos personales es fundamental, no solo en la identidad de los electores  y en el secreto de sus pensamientos políticos, sino hasta donde la trasparencia de la información de los candidatos que se someten  a la elección popular en el procesos electoral, puede afectar su vida privada, su entorno íntimo o familiar. Debe existir un límite razonable y equilibrado entre la información pública, el derecho a la intimidad, a la privacidad, el honor, la libertad de expresión y la protección de datos personales.

La intimidad diferencia la vida pública de la vida privada de las personas, en él los sujetos pueden liberarse de los roles que juegan en público para construir su vida íntima. Y es en este sentido que el derecho a la privacidad es una condición necesaria para la formación de la personalidad. En una época de transparencias y de sobre exposición del sujeto como la que vivimos, este derecho a la opacidad del individuo se vuelve particularmente relevante.

Es por ello que, en época electoral se debe cuidar especialmente el efecto viral de un rumor o de una noticia, mensaje, video, audio o cualquier tipo de mensaje que pueda afectarnos, máxime atendiendo a la velocidad con que la información viaja a través de Internet, donde los datos traspasan fronteras y la reparación del honor de las personas se pierde de página en página, buscador, red social o blog. Ese daño puede llegar a ser irreparable y su trascendencia en el tiempo puede afectar, no sólo al propio candidato, si no a su entorno familiar y personal.

Debe por tanto existir una ética y una cultura de protección de datos en los procesos electorales, que verse tanto en la privacidad de los propios electores como de los elegibles. Ese compromiso debe ser de todos, nos sólo de los ciudadanos, del resto de formaciones políticas, candidatos, medios de comunicación. La transparencia y la protección de datos de las personas no debe estar enfrentada, siempre que garantice la esfera más intima de las personas, aquella que salvaguardan las Constituciones y Declaraciones Internacionales, el derecho a la intimidad personal, diferenciando, aunque en ocasiones sea una ardua labor, la esfera personal de la pública, la personal de la profesional, estableciendo criterios globales atendiendo a la transversalización de la información.

El compromiso debe basarse en la realización de campañas propositivas y de valor, el respeto a los datos personales e íntimos de las personas (electores, candidatos o personajes públicos), la promoción de la cultura de respeto a terceros del círculo cercano y su información personal e íntima

En ese sentido los Estados e Instituciones deben llevar a cabo programas de sensibilización a los sujetos políticos y la ciudadanía, promoviendo esos valores: el respeto y no agresión, con un manejo responsable del derecho a la información. Solo desde una correcta información y formación, desde el compromiso de todas las partes intervinientes se puede garantizar un proceso democrático que respete los derechos de las personas.

Debe protegerse la información más personal de las personas, haciendo hincapié en su esfera más íntima (sus creencias, orientación sexual, situación de salud) y otros temas no relacionados directamente con el objeto electoral, como información personal e íntima del candidato y sus allegados. Este compromiso no debe limitarse o ser excluyente en época electoral. La tipificación de información sensible no debe ser limitada por el medio a través del cual se transmite ni por quién lo hace, la libertad de expresión, el derecho a la información debe encontrarse en consecuencia y comunión con el derecho a la privacidad y ala protección de los datos personales, en un marco de legalidad, al amparo de las diferentes Constituciones.

Los organismos reguladores, los tribunales de justicia y los mecanismos legalmente establecidos deben velar por el derecho ciudadano al buen nombre, la buena reputación, la presunción de inocencia de las personas y el derecho a los datos que le pertenecen, tal y como sucede el resto del tiempo fuera de la época electoral, ésta no puede suponer una excepción dentro de la legalidad vigente y la protección de los derechos