Entidades financieras, protección de datos y habeas data en Argentina

finanzas_argentinaPor Romina Florencia Cabrera

Existe una gran variedad de definiciones del concepto de ‘crédito’, y muchos autores han elaborado las propias para trabajar, principalmente, desde el sentido económico. Se puede entender al crédito como el ‘permiso para utilizar el capital de otras personas’, pero también puede verse como ‘un derecho a actuar’ o un ‘poder para obtener bienes y servicios por la promesa de pago en una fecha de terminada’. Con cualquiera de esas definiciones, el crédito es un elemento imprescindible en el sistema económico que representa un derecho presente, a pago futuro. El término proviene del latín y tiene su raíz en la frase ‘lo que es confiado’.

En lo que respecta a los negocios, la palabra adquiere una serie de acepciones: por un lado, una transacción a crédito es un deudor obteniendo un permiso de un acreedor a utilizar su capital, con la promesa de un pago futuro: al crearse esta transacción, se genera un derecho y una obligación. Por otro lado, se lo puede ver como un instrumento financiero, que consiste en una promesa de pago documentada que manifiesta una transacción formal de crédito. De la misma manera puede tratarse de algo establecido con una simple promesa, basada en la buena voluntad del vendedor y la aceptación del compromiso de pago por parte del comprador.

La mayoría de las veces, los vendedores otorgan los créditos una vez realizada una investigación que permita garantizar la solvencia económica por parte del comprador: estar seguro de que podrá pagar conforme con lo estipulado. Sin embargo, la buena voluntad o la firma de la promesa de pago no es lo único que obtiene el vendedor: por el contrario, los créditos siempre tienen una tasa de interés que debe ser pagada, obteniendo una ganancia futura cuando esta sea abonada. Resumamos el concepto: cuando una persona (o empresa) consigue un crédito se compromete a pagar en total un poco más, a cambio de obtener la liquidez y la inmediatez que necesita. Además del otorgamiento de créditos con tasas fijas o variables, hay otras operaciones con crédito entre un banco y los usuarios. Una cuenta de crédito es una cuenta corriente en la que el titular puede disponer de una cantidad superior a su saldo disponible, en tanto que una tarjeta de crédito es un cartón magnético que no solo permite ahorrarse la utilización de dinero en efectivo, sino que da la posibilidad de consumir pagando posteriormente. En ambos casos, se abona el interés correspondiente.

La clasificación de los créditos bancarios se hace de acuerdo con la función que tendrán: un crédito al consumo será para la adquisición de bienes o servicios, mientras que uno hipotecario servirá para la adquisición de una vivienda ya construida (con una hipoteca de garantía). Los créditos prendarios, por otro lado, son los que piden las personas físicas para la compra de un bien mueble, que deberá ser aprobado por el banco que le otorgue el crédito.[1]

Entidad de Crédito. Se entiende por “entidad de crédito” toda sociedad que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público, en forma de deposito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, que llevan aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza (Redactado por Ley 26/1998 de 29 VII, para España).[2]

La protección de Datos Personales es fundamental para resguardar la identidad, información personal y de trasacciones comerciales y financieras , tan expuesta a delitos y otra defraudaciones; y sobre todo, para asegurar el éxito del o los objetivos del negocio, ya sea por un particular o por una persona de existencia ideal, ya que la competencia desleal y el espionaje industrial puede resultar perjudicial para las operaciones de la empresa o particular.

Nos ocuparemos de la cuestión en la República Argentina, mi país de origen y residencia.

El Artículo 26 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, enumera las normas jurídicas en relación a la prestación de servicios de información crediticia: 1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho. 5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.

La ley tiene por objeto .la protección integral de los datos personales.. Antes de su sanción, en doctrina se discutían diversas opiniones en cuanto a los derechos amparados

por la norma constitucional. En la parte dogmática de la Ley Fundamental, capítulo segundo, en “Nuevas Declaraciones, Derechos y Garantías”, en el hábeas data ,en el art. 43 de la Constitución

Nacional., coexistían teorías restrictivas que opinaban que el bien jurídico tutelado era el derecho a la intimidad y otras más amplias, que abarcaban el derecho a la intimidad

y otros valores. La ley afirma la finalidad de garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como también el acceso a la información que de ellas se encuentre registrada. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,Sala B, ha expresado: .El bien jurídico protegido por el hábeas data es la veracidad de la información.[3].Guillermo Peyrano, por su parte, expresa: La tutela perseguida por la ley de protección de datos personales encuentra también sus raíces en el reconocimiento de la dignidad humana, que exige el respeto del ser humano más allá de sus manifestaciones corpóreas, a través del reconocimiento de su intimidad, honor, etc..[4].

El proceso de habeas data, acción de tutela jurídica efectiva, del derecho procesal constitucional, se consagra en nuestro ordenamiento con la figura procesal del amparo. Se diferencia de la protección de datos personales, que es un Derecho autónomo e independiente, entendido así por la Agencia Española de protección de datos.

El Proceso de habeas data

“A decir de García Belaúnde En la Argentina no existe el habeas data como proceso autónomo, sino el amparo en su vertiente protectora del dato; o sea se lo reconoce como una sub-especie del amparo. Pero pese a no existir, la doctrina de manera dominante y cierta jurisprudencia aceptando este hecho, tiende a denominarlo como habeas data, ya que de esta forma es más específico y más preciso en su protección.

Si basamos la naturaleza jurídica del habeas data en estas características, no cabe duda que Argentina tiene un proceso constitucional propio logrado desde la interpretación amplia del artículo 43 de la Constitución. Pero además, el capítulo VII de la ley sancionada incorpora una “acción de protección de datos personales” que se aleja del modelo amparista, pese a que el artículo 37 declara aplicable el procedimiento de este proceso constitucional.

El habeas data es un proceso constitucional

El derecho a la intimidad como género que caracteriza la defensa de la privacidad, del honor, la imagen, la reputación, la identidad, entre otros derechos, es el fundamento de la garantía que tutela el habeas data.

Al ser garantía, es la herramienta procesal que la Constitución dispone para afianzar el cumplimiento de los derechos fundamentales; por eso, a partir del derecho de amparo creado por la Constitución Nacional, se perfila este proceso constitucional específico de protección a la persona agredida o amenazada por los bancos de datos que aprovechan la información personal que le concierne.

El habeas data no es un derecho fundamental stricto sensu –dice de Slavin-, sino que se trata de un proceso constitucional. Nos hallamos frente a un instrumento procesal destinado a garantizar la defensa de la libertad personal en la era informática.

La calidad de los derechos a proteger le otorga esa base constitucional que torna al habeas data como un instrumento procesal irremplazable e incondicionado.

Es un proceso constitucional “autónomo”

La autonomía del habeas data como proceso diferente al amparo se sostiene por la identidad propia que tiene el objeto a demandar. Se tiende a proteger los datos personales de la persona que se han ingresado en un archivo, registro o banco de datos.

Es verdad que la definición del modelo amparista de cada lugar determina el perfil que puede revestir al proceso de protección de datos personales, y a su vez, ocupar más o menos espacios que la tradicional herramienta enumera como derechos de acceso, actualización, rectificación, exclusión y confidencialidad de los datos.

En nuestro país, la inclusión del “habeas data” entre los contenidos del derecho de amparo, no puede llevar a confundir la naturaleza jurídica del mismo.

Actualmente, el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional significa un cambio fundamental en el tratamiento del tradicional proceso de amparo. Ha dejado de ser una figura procesal para constituirse en un “derecho” o “garantía” específico, cuya principal concreción es instalar el derecho al amparo.

Por ello, el criterio que observa al amparo como juicio está abandonado, para convertirse en la garantía por antonomasia; la única herramienta disponible para actuar los derechos fundamentales de inmediato, sin mediateces ni postergaciones.

De este modo, el artículo 43 promete, en realidad, una tutela judicial rápida y expedita, y con varias finalidades que seguidamente enumera:

  • Amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas.
  • Amparo contra actos u omisiones de particulares.
  • Amparo contra la inconstitucionalidad de las leyes.
  • Amparos especiales según se trate de “cualquier forma de discriminación”, “protección del ambiente”, “derechos de la competencia”, “derechos del usuario y consumidor”.
  • Amparo colectivo, para los derechos de incidencia general que se encuentren afectados (derechos de pertenencia difusa).
  • Habeas data.
  • Hábeas Corpus.

Cada uno tiene una finalidad específica e inconfundible, y no pueden tramitar por carriles comunes porqué ellos son independientes. La comunión que los encuentra está en la “tutela judicial efectiva” que cada derecho establece, y las reglamentaciones deberán señalar los procedimientos pertinentes.[5]

Cuidemos los datos personales; auto regulemos nuestra información y defendamos nuestros derechos y respetemos nuestras obligaciones con los demás, creando una cultura de protección de datos, la Iniciativa de este Excelente Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.

[1] http://concepto.de/credito/
Portal Educativo; fecha de consulta del sitio web: 21/8/2014.

[2] http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/finanzas/e/entidad-de-credito.htm;
Fecha de consulta del sitio web: 21/8/2014.

[3] MARTINEZ, MATILDE SUSANA, “ Habeas Data Financiero”. Ediciones de la República. Pablo Ugalde Editor. Año 2009. Argentina. Página 137 .Mimbielle, Carlos A. v. Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.., del 30/6/2005, JA 2007-IV-Síntesis.

[4]MARTINEZ, MATILDE SUSANA, “ Habeas Data Financiero”. Ediciones de la República. Pablo Ugalde Editor. Año 2009. Argentina. Página 137 PEYRANO, G. F., Régimen…, cit., p. 22.

[5] Publicación del Dr. Pablo A. Irigoyen, sitio web:
http://limpiesuveraz.blogspot.com.ar/2009/01/decir-de-garca-belande-en-la-argentina.html
Fecha de la consulta: 20/8/2014. Extraido de “El proceso de habeas data en la nueva ley de protección de datos personales”, por el Dr. Osvaldo Alfredo Gozaini.(www.portaldeabogados.com.ar).

¿Las bases de datos de los empleados están sujetas a la ley colombiana de habeas data?

gente_trabajandoPor Heidy Balanta

Esta pregunta es muy común por parte de las organizaciones, y la respuesta es afirmativa.

La ley 1581 de 2012, es clara al afirmar que los principios y disposiciones contenidos en ella, son aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública y privada.

No hay motivo para que estas bases de datos no estén sujetas a la ley de habeas data, primero, porque como cualquier base de datos personales que no tenga las medidas de seguridad adecuada, puede presentarte para abusos, lo que claramente vulnera el derecho al habeas data.

La empresa por ser la persona jurídica que realiza dicho tratamiento, esta obligada a cumplir con los derechos del responsable del tratamiento de datos personales, estos son, entre otros a:

  • Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias que impidan su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
  • Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley y para la atención de consultas y reclamos.
  • Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares.

Es importante que la empresa ajuste los contratos, acuerdos, políticas necesarias para recabar el consentimiento del trabajador y de los futuros trabajadores, sin importar el tipo de contratación a realizar, el cual quede expresamente señalado el consentimiento dado por el trabajador, recuerde que con el silencio no se presume el consentimiento.

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante concepto número 1713980 de 2013, ha establecido que “Los responsables del tratamiento de los datos personales deben obtener la autorización por parte del titular a más tardar al momento de su recolección informándole la finalidad especifica del tratamiento de los mismos, y debe utilizar mecanismos que garanticen su consulta posterior.

Se entiende que el titular de la información ha dado su autorización para el tratamiento de los datos personales cuando: (i) sea por escrito; (ii) sea oral o (iii) mediante conductas inequívocas, es decir, aquellas que no admiten duda o equivocación del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. El silencio no puede asimilarse a una conducta inequívoca.

Habeas Data: situación venezolana

habeasdata_venPor Stephany Ascanio M.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela

Con el auge de la informática en la sociedad y la utilización de grandes registros de datos de carácter personal surge el habeas data con el objeto de preservar el derecho a la intimidad y el honor de las personas. El “Habeas Data” comprende aquella posibilidad que tiene cualquier ciudadano de acceder a los registros para conocer los datos de carácter personal almacenados en ellos, esto con el fin de preservar los derechos fundamentales como privacidad,  intimidad, honor y reputación. Numerosos autores venezolanos realizaron un estudio referente al artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de determinar los derechos y garantías tutelados, logrando con ello determinar la finalidad del habeas data.

El habeas data es un derecho reconocido en varios países como Austria, Francia, Suecia, Chile, Alemania, Colombia, Brasil entre otros; siendo en Suecia donde se sancionó la Primera Ley Nacional de Protección de Datos del mundo (1.973). La base legal de esta institución del hábeas data se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos tratados internacionales, a su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expone los términos  por la cual todo ciudadano posee una garantía de acceso a información sobre sí misma contenida en base de datos o registros (públicos o privados) y, la posibilidad de actualizarla, rectificarla, suprimirla o cancelarla, si fuese necesario.  Esta acción adquiere una importancia aun mayor con el avance de nuevas tecnologías.

En Venezuela a la entrada en vigencia de su carta magna, se recoge por primera vez de manera oficial el habeas data, como figura que protege estos derechos de la personalidad; de modo que cualquier persona que se vea afectada dentro de su ámbito privado puede ejercer tal acción contra el responsable.  El hábeas data, tiene por finalidad impedir que se conozca la información contenida en los registros de datos relacionados con las personas titulares del derecho que interpone la acción, cuando dicha información esté referida a aspectos de personalidad que están directamente vinculados con su intimidad; este a su vez presupone que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros.

El derecho a la libertad informática es la potestad que tiene el individuo de acceder, conocer y controlar su información de carácter personal; con este derecho se busca proteger sus datos personales. Estos derechos han sido una novedad dentro de las garantías constitucionales pero, es gracias al gran número de portales webs, programas y  hasta redes sociales, que aun siendo manipuladas por cada usuario su mala utilización puede llegar a vulnerar los derechos que el habeas data busca proteger (intimidad, reputación, honor y privacidad); por lo que ha originado la necesidad de regular el acceso y manipulación de tal información suministrada; este instrumento jurídico permite gestionar el dato en cuestión de una forma rápida y urgente, para subsanar la falsedad que pueda implicar. Se trata de una herramienta jurídica destinada a la prevención y defensa de las personas contra toda posible lesión y en resguardo de la buena fe de la información.

La Superintendencia ordena bloqueo la página web DataJurídica.com por violación al Habeas Data

candado

Por 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha ordenado el bloqueo del sitio web www.datajuridica.com por presunta violación de los datos personales de miles de ciudadanos colombianos, mediante la resolución 42412 de 2014.

“La orden impartida por la SIC se adoptó luego de haber recibido más de 35 reclamos de ciudadanos que han denunciado que el portal www.datajuridica.com publica información incompleta, desactualizada y fuera de contexto sobre procesos judiciales en los que los reclamantes han sido parte, cobra por el acceso a dicho contenido y no provee mecanismos que le permitan a los ciudadanos corregir, actualizar o eliminar la información errada” dijo la Superintendencia de Industria y Comercio.

Uno de los principios vulnerados por la actividad de esta página web, es el de veracidad o calidad, el cual establece que la información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, así mismo incumplio con los deberes de los responsables y encargados del tratamiento de datos de información personal.

Cabe advertir que las multas que establece la ley 1581 de 2012, son de caracter  personal e institucional  y van hasta 1.200 millones de pesos, así mismo establece el cierre temporal o definitivo de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales

¿Cuánto le falta al Estado para respetar los datos personales?

colombia_pdPor Heidy Balanta

¿Qué tienen en común, Juan Manuel Santos y el procurador, Alejandro Ordóñez?

Que los dos violan el derecho del Habeas Data, es decir, la facultad que tienen las personas para autorizar el uso de sus datos personales por terceros, así como solicitar su actualización, rectificación incluso la supresión.

No se equivoquen. El Estado, por máxima autoridad que sea, debe respetar la Constitución y la ley, y si realiza tratamiento de los datos personales, debe enmarcarse dentro del principio de legalidad y finalidad, es decir, sus actuaciones deben obedecer lo que se encuentra establecido en la norma, y a una finalidad legítima.

Un candidato Presidente …

Empecemos por el candidato Presidente, a quien sería bueno preguntarle de dónde sacó la base de datos de miles de ciudadanos colombianos, a quienes les envía correos electrónicos invitándolos a votar por él y que apoyen la reelección. Algunas quejas se han manifestado en las redes sociales, como fue el caso de @joymalahierba y @dfmguerrero.

Podríamos decir en principio, que el Presidente Santos actúa como candidato y no como Jefe de Estado, sin embargo, no le queda nada bien, que incumpla una ley que el mismo sancionó y entró en vigencia durante su período la ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012). Esta normativa manifiesta que se pueden utilizar los datos personales siempre y cuando exista previa autorización por el titular del dato, y le informen el uso que se hará del mismo.

Un Procurador …

Hace poco se conoció el famoso “Memorando 18” emitido por la Procuraduría General de la Nación, dando órdenes a los procuradores regionales, provinciales, judiciales de que remitieran información y copias de solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo.

Sin embargo, pareciera que la Procuraduría olvidara que como máximo garante de los Derechos Humanos de la población colombiana, los datos relativos a la vida sexual de las personas, están catalogados como datos sensibles y por tal, afectan la intimidad del titular debido a que un uso indebido puede llegar a generar discriminación; a su vez también, desconoce que está prohibido su recolección y tratamiento, a no ser que el titular haya dado esa autorización, la cual, en este caso no sucedió.

Si el Estado no da ejemplo, ¿qué podemos esperar del resto?

¡Ay pobre Estado, cuánto le falta! Muchas normas, pero poco cumplimiento.

Tratamiento de Datos Personales y Habeas Data en la Legislación Hondureña

legislacionhondureña

Por Daniel A. López Carballo

La Constitución del Estado Centroamericano de Honduras de 1982, recoge en su artículo 76 la garantía al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y en el artículo 182 el derecho fundamental de acceso a la información pública y privada, así como la garantía constitucional de habeas data: “El Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y de Habeas Data”.

En consecuencia en el Habeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Habeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la manera siguiente: (…) 2. El Habeas Data: Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y-o enmendarla. Las acciones de Habeas Corpus y Habeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libres de costas. Únicamente conocerá de la garantía del Habeas Data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar la acción de Habeas Corpus o Exhibición Personal e igualmente tienen la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad y a la seguridad personal. En ambos casos, los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir estas acciones constitucionales, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa. Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en cualquier forma quebranten esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal”.

Del tenor literal del citado precepto constitucional se eleva a rango constitucional el Habeas Data como garantía constitucional exhibitoria de datos de la persona humana y de sus bienes, pudiendo ser promovida únicamente por la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados; a la que se le reconocen los derechos de de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica española, al establecer que si fuere necesario, podrán actualizar, rectificarla y-o enmendar la citada información; tal y como se desprende del Decreto Legislativo N° 381-2005, mediante el que se reformó el Capítulo I, del Título IV de la Constitución de Honduras, donde se reconoce la garantía del Habeas Data: “que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.”

La acción de Habeas Data se constituye por tanto en un mecanismo procedimental de aplicación inmediata por las autoridades jurisdiccionales hondureñas, encaminada a hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la propia imagen. La Constitución hondureña al hacer un listado cerrado de supuestos, descarta la posibilidad que en otra clase de derechos y libertades constitucionales pueda ser posible utilizar este mecanismo procesal.

En el mismo sentido, el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoce la garantía de Habeas Data, regulando en los artículos siguientes la sistematización de los archivos personales y su acceso y prohibición de entrega de documentación afirmándose que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas. Sobre la sistematización de la información, la citada Ley establece que los datos personales serán protegidos siempre. El interesado o en su caso el Comisionado de los Derechos Humanos por sí o en representación de la parte afectada y el Ministerio Publico podrán incoar las acciones legales necesarias para su protección. El acceso a los datos personales únicamente procederá por decreto judicial o a petición de la persona cuyos datos personales se contienen en dicha información o de sus representantes o sucesores.

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS EN HONDURAS.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto número 170-2006) de la República de Honduras, garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública que de ellos tiene la Administración Pública y los diferentes organismos que la componen, en este sentido eleva el derecho a la información a cuestión de orden público e interés social.

Dentro de sus objetivos, recogidos en el artículo 2 de la Ley, se encuentran, garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; promover la utilización eficiente de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares, garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos de información clasificada como reservada por las entidades públicas conforme a esta ley, información entregada al Estado por los particulares, en carácter de confidencialidad y los datos personales confidenciales, entre otras.

La Ley obliga a los tres poderes, así como a las instituciones autónomas, las municipalidades y demás órganos e instituciones del Estado, la Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Privadas de Desarrollo y a aquellas personas físicas o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, nacionalidad. Para su cumplimiento las entidades obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico, que permitan la sistematización de la información, así como la prestación de un servicio de consulta y acceso por las personas, designando un Oficial de Información Pública como responsable de dichos subsistemas, formando en el espíritu de la Ley a los empleados y personas que accedan a la información o la traten por razón de su trabajo.

Se entiende por dato personal confidencial, aquellos relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número de teléfono particular, dirección electrónica particular, participación o afiliación a una organización política o ideológica, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal familiar o la propia imagen.

Se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, capacidad de decisión y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información, así como regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas.

El IAIP cuenta entre sus funciones el conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos en el marco de la citada ley, apoyar las acciones del Archivo Nacional en materia de formación y protección de los fondos documentales, establecer criterios y recomendaciones sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Información, aplicar la potestad sancionadora marcada en la Ley entre otros.

En su Capítulo V la Ley trata sobre los datos personales y el habeas data, reconociendo esta última garantía y la prohibición de entrega de información cuando pueda conllevar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales a las personas. El acceso a los datos personales sólo se podrá realizar por orden judicial o a petición del propio interesado, representantes o sucesores.

La Ley recoge un sistema de infracciones entre las que se encuentran no proporcionar de oficio o negarse a facilitar la información pública en el tiempo estipulado u obstaculizar su acceso; copiar, captar, divulgar o comercializar la información reservada; eliminar o alterar la información pública o reservada sin seguir los procedimientos de depuración establecidos; negarse a rectificar, actualizar o eliminar información falsa referente a datos personales confidenciales contenidos en cualquier archivo, registro o base de datos de las organizaciones e instituciones obligadas por la ley. Sin perjuicio a la responsabilidad civil derivada de las infracciones reseñadas, se establece un sistema de sanciones que incluyen, la amonestación por escrito, suspensión, multa, cese o despido y, multas entre medio salario hasta cincuenta salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción. Cuando la infracción sea constitutiva de delito, será sancionada conforme a lo recogido en la legislación penal hondureña, relativa a los delitos contra la Administración Pública.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y HABEAS DATA EN HONDURAS.

La citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras crea en su Capítulo III el Sistema Nacional de Información Pública, cuyo propósito es integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a la información de carácter público mediante los diferentes subsistemas de información ya existentes, que deberán integrarse en formatos uniformes, establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y la Comisión de Modernización del Estado.

Las instituciones obligadas deben difundir de oficio y actualizar periódicamente, informáticamente, la información relativa a su estructura orgánica, funciones y atribuciones, servicios que presta, así como tasas derechos y procedimientos; la normativa aplicable; sus políticas generales; planes, programas y proyectos; la información catastral que posean y su vinculación al Registro de la Propiedad Inmueble; los Registros públicos de cualquier naturaleza; las remuneraciones, presupuestos, contrataciones concesiones y otras operaciones de carácter mercantil, el nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública, entre otros.

El Congreso Nacional publicará las resoluciones que resulten de las mociones y decretos que se aprueben; las iniciativas legislativas y correspondientes dictámenes. Por su parte el Poder Judicial deberá dar publicación a las sentencias judiciales firmes que hayan causado estado o ejecutoria, sin perjuicio al derecho de las partes a oponerse a dicha publicación. El Tribunal Superior de Cuentas publicará los informes definitivos de las intervenciones fiscalizadoras practicadas, así como las resoluciones firmes de dicho organismo.

Por último deberá ser pública la información relativa a la actividad de las empresas privadas que suministren bienes y servicios públicos con carácter de exclusividad o que celebren contratos financiados con recursos y fondos del Estado.

La información de carácter público deberá facilitarse al solicitante que será responsable del uso y divulgación de la misma. El ejercicio de acceso a la información se verá restringido cuando lo establezca la propia Constitución hondureña; se reconozca como información reservada o confidencial o para desvelar fuentes periodísticas o cuando esta sea base de investigaciones que hayan sido debidamente publicadas o que obren en medios de comunicación.

Tendrán consideración de materia reservada aquella que afecte a la seguridad del Estado, a la vida seguridad y salud de cualquier persona o intereses legitimantes tutelados judicialmente o por la propia garantía del Habeas Data, entre otros tasado por la citada Ley.

La solicitud de acceso a la información pública se realizará por escrito, indicándose los detalles específicos de la información solicitada, no siendo precisa motivación alguna. La solicitud será resuelta en el plazo de diez días. En el caso del ámbito periodístico las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas en el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las expuestas anteriormente u otras que pudieran derivarse de otras leyes de la República.

En todo caso, será de aplicación directa la garantía constitucional del habeas data, en aras a una mejor trazabilidad y protección de los datos de carácter personal, del derecho al honor y a la propia imagen. Así como el ejercicio de los diferentes derechos que componen la garantía recogida en la Constitución de la República: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición a una determinada publicación tal y como ha sido reseñado anteriormente.

INFORMACIÓN CREDITICIA Y HABEAS DATA FINANCIERO EN HONDURAS.

La Ley de Justicia Constitucional de Honduras, bajo el Capítulo II “De la acción de exhibición personal y de habeas data”, en su artículo 13 reconoce que “El Estado reconoce la garantía de habeas corpus o exhibición personal, y de habeas data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el habeas data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: (…) 2.) El Habeas Data. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. Únicamente conocerá de la garantía de habeas data la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.”

En este sentido y para garantizar un correcto tratamiento de la información, para garantizar el derecho a la privacidad, intimidad y el honor de las personas, así como mantener los datos personales actualizados, las personas que se aparecen en el listado de morosidad de la Central de Información Crediticia hondureña, sin que medie justificación, pueden invocar el llamado “habeas data financiero”, mediante el cual se reconoce el derecho personal de modificación o rectificación de información incorrecta o falsa.

Cabe recordar que la garantía del habeas data facilita el acceso a la información; impedir su transmisión o divulgación; rectificar datos inexactos o erróneos; actualizar información, exigir confidencialidad y la eliminación de información falsa; respecto de cualquier archivo o registro, privado o público, que conste en medios convencionales, electrónicos o informáticos, que produzcan daño al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen.

Esta garantía implica además, conocer quien está reportando los datos a la Central de Información Crediticia y el derecho a recibir el finiquito de pago de su obligación en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Para José Luis Moncada, Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros las modificaciones citadas deben ser ejecutadas por las instituciones del sistema financiero, instituciones de seguros, oficinas de representación de instituciones financieras del exterior, organizaciones privadas de desarrollo que se dedican a actividades financieras, así como emisoras de tarjetas de crédito, fondos públicos y privados de pensiones, instituciones de crédito de segundo piso, bolsas de valores sobre los financiamientos que obtengan en bolsa las entidades emisoras de títulos, entre otros, según informaba en 2009 el diario hondureño El Heraldo, momento en que entró en funcionamiento esta garantía financiera de los ciudadanos. El Presidente de la Comisión Nacional afirmaba en relación a la cancelación de los datos que “Si el deudor no cancela la obligación se mantendrá por cinco años, pero si la cancela solo se mantendrá por tres años”.

La acción del habeas data conlleva, conforme a su definición legal, el derecho de acceso, es decir conocer sobre el contenido de la información que a él se refiere, cuando ésta se encuentra registrada en un banco de datos, sea manual, electrónico o informatizado; el derecho de rectificación o actualización de los datos, buscando una mayor veracidad y precisión de la información; el derecho de supresión, eliminado los datos erróneos, falsos o discriminatorios que afecten la verdad; así como el derecho que tienen las personas a que se guarde la debida confidencialidad sobre la información especialmente protegida, que sobre él se tenga.

Se debe hacer referencia, por último, al principio de finalidad en el tratamiento de los datos de los usuarios, la propia Comisión Nacional, a través de su página web reconoce el derecho de las personas a que “la información proporcionada a las instituciones supervisadas sea utilizada y administrada exclusivamente en relación a los fines para los cuales se suministró. Salvo cuando dicha información deba proporcionarse en atención a un mandato judicial o en cumplimiento a una disposición contenida en el marco legal aplicable”.

Publicado por el autor en la Tribuna de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.

Tipología del habeas data en la doctrina constitucional en Perú

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Por José Reynaldo López Viera

 Para el caso del Perú, nuestro Tribunal Constitucional en la STC N° 06164-2007-HD/TC (Caso: Colmenares Jiménez) estableció una tipología de Habeas Data siguiendo la doctrina extranjera sobre este punto. Así tenemos que el Tribunal Constitucional Peruano dijo que existina los siguientes tipos de habeas data:

1. Hábeas Data Puro:

Reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de información computarizados o no.

1.1. Hábeas Data de Cognición:

No se trata de un proceso en virtud del cual se pretende la manipulación de los datos, sino efectuar una tarea de conocimiento y de supervisión sobre la forma en que la información personal almacenada está siendo utilizada.

1.1.1. Hábeas Data Informativo:

Está dirigido a conocer el contenido de la información que se almacena en el banco de datos (qué se guarda).

1.1.2. Hábeas Data Inquisitivo:

Para que se diga el nombre de la persona que proporcionó el dato (quién).

1.1.3. Hábeas Data Teleológico:

Busca esclarecer los motivos que han llevado al sujeto activo a la creación del dato personal (para qué).

1.1.4. Hábeas Data de Ubicación:

Tiene como objeto que el sujeto activo del poder informático responda dónde está ubicado el dato, a fin de que el sujeto pasivo -el accionante- pueda ejercer su derecho (dónde).

1.2. Hábeas Data Manipulador:

No tiene como propósito el conocimiento de la información almacenada, sino su modificación.

1.2.1. Hábeas Data Aditivo:

Agrega al banco de datos una información no contenida. Esta información puede consistir: en la actualización de una información cierta pero que por el paso del tiempo se ha visto modificada; también puede tratarse de una información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado; o incorporar al banco de datos una información omitida que perjudica al sujeto pasivo.

1.2.2. Hábeas Data Correctivo:

Tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos.

1.2.3. Hábeas Data Supresorio:

Busca eliminar la información sensible o datos que afectan la intimidad personal, familiar o cualquier otro derecho fundamental de la persona. También puede proceder cuando la información que se almacena no guarda relación con la finalidad para la cual ha sido creado el banco de datos.

1.2.4. Hábeas Data Confidencial:

Impedir que las personas no autorizadas accedan a una información que ha sido calificada como reservada. En este tipo, se incluye la prohibición de datos que por el paso del tiempo o por sentencia firme se impide su comunicación a terceros.

1.2.5. Hábeas Dala Desvinculador:

Sirve para impedir que terceros conozcan la identificación de una o más personas cuyos datos han sido almacenados en función de determinados aspectos generales como la edad, raza, sexo, ubicación social, grado de instrucción, idioma, profesión.

1.2.6. Hábeas Data Cifrador:

Tiene como objeto que el dato sea guardado bajo un código que sólo puede ser descifrado por quien está autorizado a hacerlo.

1.2.7. Hábeas Data Cautelar:

Tiene como propósito impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un proceso, a fin de asegurar la eficacia del derecho a protegerse.

1.2.8. Hábeas Data Garantista:

Buscan el control técnico en el manejo de los datos, a fin de determinar si el sistema informativo, computarizado o no, garantiza la confidencialidad y las condiciones mínimas de seguridad de los datos y su utilización de acuerdo con la finalidad para la cual han sido almacenados.

1.2.9. Hábeas Data Interpretativo:

Tiene como objeto impugnar las valoraciones o conclusiones a las que llega el que analiza la información personal almacenada.

1.2.10.Hábeas Data Indemnizatorio:

Aunque no es de recibo en  indemnización por el daño causado con la propalación de la información.

2. Habeas Data Impuro:

Solicitar el auxilio jurisdiccional para recabar una información pública que le es negada al agraviado.

2.1. Hábeas Data de Acceso a Información Pública:

Consiste en hacer valer el derecho de toda persona a acceder a la información que obra en la administración pública, salvo las que están expresamente prohibidas por la ley.

La acción del Habeas Data en el derecho ecuatoriano (II)

hdecuatorianoPor Maria Auxiliadora Palacios Gonzalez

La acción de habeas data en el Ecuador, coninuación de “La acción del Habeas Data en el derecho ecuatoriano (I)“.

Por los motivos señalados, existen en la mayoría de legislaciones del mundo, principios protectores dirigidos a garantizar una información veraz sobre las personas o sus bienes, y nuestro país no es la excepción. Esta garantía está establecida en el artículo 92 de nuestra Constitución de la siguiente manera:

Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar el responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.

Tal y como se encuentra enunciado este principio constitucional, en nuestro país, la acción de hábeas data se dirige a proteger por una parte el derecho de las personas a obtener los documentos que contienen información sobre sí misma y sus bienes, de la institución en la cual reposen; y por otra, el derecho a obtener información del uso que se les esté dando y con qué propósito se utilice tal información.

Por lo tanto, esta garantía por una parte consagra el derecho a la información y por el otro el derecho a la intimidad, incluido el derecho a la honra y buena reputación íntimamente ligado con el uso que se le dé a la información.

Protección al Derecho a la Honra y Buena Reputación

Dentro del contexto de las relaciones sociales y económicas en la actualidad, resulta calro el pensar en que el hábeas data, tal como lo concibe nuestra Ley Suprema, protege el derecho a la honra y a la buena reputación, cuando en el inciso tercero del Art. 92 se señala:  “La persona titular de los datos podrá solicitar el responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”.

Esta acción no ha sido muy utilizada en el mundo jurídico, pero las pocas veces que se la ha utilizado, se ha procedido de un modo equívoco pues lo que se solicita es la exhibición de documentos, solicitud relacionada en gran parte con la  necesidad de obtener medios probatorios para hacerlos valer en un proceso judicial o administrativos, es decir, al presentar acción de habeas data en los términos antes señalados se le estaría desnaturalizando a la misma, pues se le estaría dando el carácter de diligencia previa, lo cual nada tiene que ver con su naturaleza misma.

Sino al contrario se funda en el derecho de petición que tenemos los ciudadanos por el hecho de ser tales de poder acceder a documentos, bases de datos, y más aun hace relación al derecho que tienen los titulares de aquella información a que se actualice o se rectifique dicha información, puesto que como tenemos manifestado lo primordial de esta acción es proteger el derecho a la honra, al buen nombre de la persona el cual se vería seriamente afectado en caso de que el habeas data no prevea esta situación.

Confusión en la aplicación del Hábeas Data

Cuando la Constitución habla de acceder a los “documentos, bancos de datos e informes”, se refiere a información de carácter netamente personal, como la que consta en registros creados por instituciones dentro de los cuales se almacena información sobre varias personas, por ejemplo, o en el caso de documentos, o de aquellos que una persona se ve obligada a consignar  en alguna dependencia pública o privada en el evento de realizar algún tipo de actividad.

La confusión puede provenir por la palabra “informes”, pues  muchas de las acciones de hábeas data se han propuesto contra medios de comunicación como periódicos, en los que se publicaron los nombres de determinado ciudadano en el relato de un hecho acontecido; o se suele solicitar por parte de compañías, informes emitidos asimismo en los medios de comunicación u otros, sobre su situación financiera. Este tipo de datos son tomados por los medios de prensa, de otras instituciones, en las que pueden existir bancos de datos sobre las personas o sobre las empresas, o sobre los bienes de cualquiera de éstas.

Por lo tanto, si se considera en estos casos necesaria la interposición de la acción de hábeas data porque se está atentando contra los derechos constitucionales de una persona natural o jurídica, debería acudirse a la entidad en la cual reposan efectivamente esos bancos de datos, esto es, al lugar en el que se encuentran los registros en los cuales reposa tal información, con la finalidad de actualizar o de enmendar información en el caso de que esta sea errónea.

A propósito de las próximas elecciones ¿dónde queda el Derecho al Habeas Data?

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Por Heidy Balanta

Es común por estos días recibir llamadas, mensajes de textos al celular vía Whatsapp, Facebook, Twitter, o correo electrónico, invitándonos a votar por candidatos al Congreso de la República. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuándo di mis datos de contacto?, o ¿cuándo autoricé el uso de envío de publicidad?, ¿cómo obtuvieron mis datos?

Todas estas preguntas que nos hacemos, obedece a un derecho fundamental que tenemos, llamado Habeas Data, y consiste en la facultad de conocer, autorizar, actualizar y rectificar la información que hayan recogido sobre nosotros en bases de datos o en archivos. Este derecho, tiene dos leyes, una conocida como habeas data financiero, Ley 1266 de 2008, que en resumen es la información crediticia y financiera que recopilan sobre nosotros, y otra es el habeas data general, que la regula a través de la Ley 1581 de 2012, la cual establece que cualquier persona o entidad que desee obtener información personal de otra persona debe solicitar su autorización e informarle la finalidad de la recolección de los datos, entre otros deberes.

Las redes sociales visibilizan la violación al Habeas Data

No obstante, el desconocimiento por parte de los políticos abunda. Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló Pliego de cargos contra el candidato al Senado José Francisco García Calume, precisamente por utilizar un formulario para recolección de información personal. La denuncia fue presentada por el Defensor del Pueblo, debido a que se publicó en las redes sociales una foto del formulario que estaba utilizando el candidato para recolectar los datos.

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El siguiente tweet deja entrever que se utilizan aplicaciones móviles y de mensajería instantánea como Whatsapp para enviar información de los candidatos, poniendo en evidencia la desinformación por parte de los mismos líderes políticos, como por ejemplo la ignorancia de la candidata a la Cámara de Representantes Pilar Hernández, quien a través de un tweet se justificó sobre la recolección de datos personales, alegando que la información enviada es por referidos de amigos interesados en esta. Por supuesto, no tiene ninguna base legal esta respuesta y puede llevar a sanciones por parte de la superintendencia.

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En otro tweet un usuario manifestó, que le llegó a su correo electrónico un video de Juan Manuel Galán sobre su campaña política al Senado. La señora indignada, preguntó si es valido que le llegue a su correo este tipo de información

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Por último, el ex vicepresidente Francisco Santos, publicó un tweet en contra de la candidata a la Cámara de Representantes, Ángela Robledo, expresando que violó la ley de Habeas Data, al enviar sin autorización mensajes de texto a los usuarios. La candidata le respondió diciendo que sí respeta la Ley de habeas data, refiriendo en su página web la política de protección de datos personales.

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Los políticos desconocen profundamente esta Ley. En su afán de conseguir votos, despliegan cualquier tipo de estrategias y artimañas para recolectar información, sin saber que les puede salir muy caro. Las multas por la violación del derecho al Habeas Data llegan hasta 2000 SMLMV, esto equivale aproximadamente a 1232 millones de pesos.

Relaciones entre Derechos ARCO y habeas data en el derecho español y ecuatoriano

arco_ecuadorPor Daniel A. López Carballo

El artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, dentro del Capítulo de Garantías Jurisdiccionales, desarrolla el concepto de habeas data. “Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.”

Del texto del precepto se deducen las diferentes dimensiones que garantiza la Acción del habeas data: el derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o privadas, con independencia de la forma de tratamiento de dichos datos, teniendo derecho a conocer sobre el uso, finalidad, origen y destino de sus datos; el derecho a la actualización de sus datos, su rectificación, eliminación o anulación.

Es importante reseñar dos conceptos que encontramos en las disertes normativas en materia de protección de datos. El primero el concepto de finalidad, la razón de ser del tratamiento de datos, conforme a satisfacer unas expectativas de los bancos o archivos de datos personales (figura denominada en la legislación española Responsable del Fichero); en segundo lugar se debe hacer notar que el ejercicio de derechos es sobre los datos de las personas, con independencia de la forma de tratamiento de los mismos, el tipo de soporte o la entidad, pública o privada que se haya en posesión de los mismos.

Se puede deducir del texto constitucional, el establecimiento de una categoría de dato sensibles, a los que habrá que aplicar las medidas de seguridad necesarias que garanticen su seguridad, integridad y confidencialidad, entendiendo como dato cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

La Acción del habeas data, nace como instrumento de las personas en aras a salvaguardar el derecho a su honor, su privacidad y a que la información que de ellos se tiene sea exacta, pertinente, actualizada, fidedigna y no sea utilizada con otra finalidad, distinta de aquella para la que fue recabada. Es la esfera más íntima de la persona, la que las diferentes Constituciones de los Estados pretenden proteger, dotando a las personas de instrumentos jurídicos y acciones que les permitan proteger sus derechos.

El derecho de acceso a documentos, bancos de datos e informes que sobre le interesado o su bienes consten en entidades públicas o privadas, habilita al propio interesado (que así lo acredite por medios suficientes) a conocer la información que de el se esta tratando, con independencia de la forma de tratamiento y los medios empleados por la entidad que los posee.

Este conocimiento se amplía a la finalidad para la que fueron incorporados al banco de datos y aquella con que se están tratando, las posibles cesiones de datos que se hayan realizado, así como la identidad y domicilio del Responsable del banco de datos o Fichero. Este derecho se facilitará por el Responsable sin costo alguno para el ciudadano, garantizándose la gratuidad del mismo.

En segundo lugar se reconoce el derecho a la actualización o rectificación de aquellos datos que sean inexactos, distorsionados, falsos o erróneos, así como la adecuación de la información que sobre el ciudadano consta de tal forma que sea veraz, consecuente con la realidad y el presente.

Por último se reconoce el derecho de las personas de que se anulen o se eliminen sus datos, en caso de que sean erróneos, haya concluido la finalidad para la que fueran recabados sin existir norma que posibilitase su conservación, o afectaren ilegítimamente los derechos de las personas.

En España, es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, la que recoge dichos derechos, en sus artículos 15 y 16, estableciendo sobre el derecho de acceso, que el interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. Así mismo se tratan los derecho de rectificación y cancelación, “serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

Encontramos sin duda similitudes entre ambas legislaciones, ecuatoriana y española, tanto en los conceptos jurídicos, como los bienes protegidos, e incluso la gratuidad en el ejercicio de derechos por parte de las personas ante los Responsable de los Ficheros, bancos o registros de datos.

Estas similitudes se hacen especialmente relevantes en una época en que la informa traspasa fronteras, las entidades que se encargan del tratamiento de los datos se encuentran en diferentes ubicaciones, pudiendo producirse cesiones y comunicaciones para la consecución de finalidades y objetivos, así como dar cumplimiento a obligaciones contractuales, prestaciones de servicio, etc.

En este espectro jurídico se hace necesario que la protección del derecho a la privacidad y los datos de las personas, con independencia de los mecanismos y formas jurídicsa que adquieran en las diferentes legislaciones (acción, garantía ejercicio de derecho, tipos de procedimientos, órganos encargados de velar por su cumplimiento, …), tenga un rango normativo análogo, Constitucionalmente reconocido, de tal forma que el resto del ordenamiento, de las instituciones, organizaciones y entidades, públicas y privadas, se sometan al imperio de la ley, dentro del estado de derecho.