Retos legales del marketing digital

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Por Joel Gómez Treviño

Varias veces al año salen al mercado nuevos y mejores dispositivos electrónicos, desde los tradicionales teléfonos inteligentes y tabletas, hasta drones, pantallas holográficas y dispositivos de vestir. Cada avance tecnológico representa una nueva oportunidad de hacer marketing de una manera novedosa, pero sobre todo, muchas veces abre una posibilidad de llegar a más gente en menor tiempo. De ahí la esmerada atención que se le ha puesto a los fenómenos informáticos del “big data” y el “internet de las cosas”, tanto por sus beneficios como por sus riesgos.

Debo reconocer que el derecho siempre irá varios pasos atrás de la tecnología. Los procesos legislativos son lentos por naturaleza, y usualmente los diputados y senadores están más preocupados por otro tipo de temas; legislar sobre temas tecnológicos no es una de sus prioridades.

En algunos países se dice que las mejores oportunidades para hacer negocios (particularmente los “disruptivos”) se dan cuando no están regulados. Tal vez sea cierto, la gente puede hacer mucho dinero con negocios innovadores o disruptivos que no están regulados, pero… ¿a costa de qué? En muchas ocasiones estos negocios se aprovechan de vacíos legales -o incluso de la ausencia total de regulación- para crecer desmesuradamente, a veces pisando a muchos en el camino.

Ante este panorama legal incierto o de lenta implementación, ¿podrían los marketeros tener un código de ética en la adopción de nuevas tecnologías como medio o estrategia para hacer publicidad? ¿Qué elementos podría tener ese código de ética? ¿Cuáles serían los retos legales a superar? A continuación comparto algunas ideas, traducidas en “derechos del consumidor en la era digital”:

El consumidor debe:

  • Conocer qué información tratas de él (datos personales).
  • Saber cómo obtienes dicha información, a través de qué medios o procesos.
  • Comprender de manera detallada para qué usas esa información, así como poder negarse a determinado tratamiento.
  • Entender si compartes o transfieres dicha información con terceros.
  • Autorizar (otorgar su consentimiento) de manera inequívoca el que trates sus datos personales para determinados fines, así como la transferencia de los mismos.
  • Poder revocar de manera inmediata su consentimiento para evitar que sigas tratando sus datos personales.
  • Ejercer sin dilación sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tratamiento de sus datos personales.
  • Tener garantías de que adoptarás todas las medidas de seguridad necesarias –tanto físicas como técnicas y administrativas– para proteger sus datos personales contra robo, pérdida, alteración, uso, acceso o tratamiento no autorizado.
  • Tener garantías de que usarás siempre sus datos de manera confidencial y que respetarás la ley aplicable, así como cualquier otro acuerdo al que hayas llegado con él, a través de tu aviso de privacidad.
  • Poder acudir ante cualquier autoridad competente en caso de que sus derechos sean vulnerados.

¿Estás listo para enfrentar estos retos?

Las sombras del comercio electrónico y otras estafas comunes en la red

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Por Marta Sánchez Valdeón

El término “comercio electrónico” no es más que la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.

El comercio electrónico puede llevarse a cabo entre particulares o bien entre particulares y empresas. Sin embargo, cada día es más frecuente una nueva modalidad que consiste en que los agentes implicados son sólo empresas.

Según un reciente estudio del INE, en el año 2013 el 69,8% de los hogares españoles (casi 11,1 millones de viviendas) ya tenía acceso a Internet.

Entre las causas por las que los consumidores prefieren comprar online el 78,0% argumenta la comodidad de este servicio como una de las principales razones para preferir esta forma de compra, el 73,2% argumenta la posibilidad de encontrar ofertas y artículos a un mejor precio y el 65,5%, el ahorro de tiempo que ocasiona no tener que desplazarse físicamente.

La comunidad autónoma que más ha utilizado este tipo de comercio es el País Vasco con un 41,1%, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid con el 40,2%. Las que menos lo utilizan son Canarias (20,7%) y Extremadura (24,1%).

En el año 2013, las principales compras que se realizaron por Internet en España fueron laropa, calzado, material deportivo y entradas para eventos. En ambas categorías, un 12% de la población prefirió hacer la compra online antes que desplazarse.

En el e-Commerce no hay crisis.  Cada año incrementa su facturación y  por tanto las empresas que deciden iniciarse en esta forma de negocio.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce: la Comisión Europea ha establecido en un 12% el porcentaje de internautas europeos que han sido víctimas de algún tipo de fraude por Internet, advirtiéndonos que el comercio en línea está en auge entre los consumidores aprovechando el mercado único digital, pero el riesgo de fraude también está creciendo.

En un intento por proteger más a los consumidores y usuarios la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, regula entre otros aspectos los siguientes:

  • Amplia el plazo de desistimiento de 7 (laborales) a 14 días (naturales).
  • En caso de no informar correctamente sobre la existencia del derecho de desistimiento, el plazo para desistir se amplía a doce meses.
  • Establece que no podrán no podrán cobrarse cantidades adicionales por el uso de medios de pago.
  • Si se usan botones o funciones similares, estos deberán etiquetarse únicamente con la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga no ambigua.

Estas y otras disposiciones se aplicarán a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.

Pero quizás los mayores riesgos no estén en la relación del usuario con las empresas, sino cuando las transacciones son entre dos particulares.

Así puede ocurrir que algún particular nos quiera comprar un articulo que estamos vendiendo, principalmente de cantidades importantes, y nos llegue al correo electrónico una notificación de que se ha realizado una transferencia a nuestra cuenta (una copia exacta del mail que nos enviaría nuestro banco), pero siendo la cantidad superior al precio que habíamos pactado. La estafa consiste en que el comprador argumentando que se ha equivocado al hacer la transferencia, nos pide que le devolvamos la cantidad que nos ha ingresado “por error”, cuando la transferencia en realidad nunca se ha realizado.

O puede ocurrir “al revés”, que encontremos un “chollo” y el falso vendedor nos pida una señal anticipada para reservar el artículo, por supuesto para después desaparecer.

El último ejemplo de estafa, fuera del comercio electrónico, es el tema de “las chicas rusas” (“scammers”). Aquellas que comienzan escribiéndose con hombres que localizan a través de las redes sociales, generalmente mayores de 50 años, con los que comienzan a intercambiarse correos electrónicos (normalmente mal escritos debido a que utilizan algún traductor). Tras unos días o semanas escribiéndose terminan por pedirles dinero, para conocerse en persona (para el billete, para el visado, para entregar una fianza para salir del país…).

Hay que estar atentos y abrir bien los ojos ante determinadas situaciones, pues “si algo es demasiado bueno, probablemente no se cierto”.

La farmacia del siglo XXI, aspectos legales y nuevas tecnologías

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Por Daniel A. López Carballo

Con la aprobación del Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, se da un paso en la modernización del sector farmacéutico español, que ya venía sufriendo cambios mediante la incorporación de la receta electrónica en el caso de medicamentos con prescripción financiados por el sistema público de salud. Debe recordarse que según recientes estudios, el 21% de los consumidores que compran por Internet estarían interesados en comprar medicamentos sin receta a través de páginas webs especializadas, debido a la comodidad y al ahorro de tiempo y dinero

El Real Decreto nace para regular la venta legal al público, realizada a distancia, de medicamentos de uso humano elaborados industrialmente no sujetos a prescripción médica, a través de sitios web de oficinas de farmacia., quedando excluidos de su ámbito de aplicación, no sólo los medicamentos sujetos a prescripción, sino también los preparados oficinales y los medicamentos veterinarios. Algo realmente importante que, sin duda, servirá para evitar la proliferación de página web en Internet donde se pueden comprar medicamentos sin ningún tipo de control o supervisión.

Debe reseñarse que la venta por Internet solo podrá hacerse a través de una oficina de farmacia física, como un servicio más que da la misma, lo que conlleva a un mayor control y condiciones de seguridad, que podrán ser supervisadas por la propia Agencia Española del Medicamento, los órganos de la Administración Autonómica y los propios Colegios Profesionales, que podrán elaborar códigos de conducta al respecto. Prohibiéndose la venta de medicamentos a través de otros servicios de la sociedad de la información distintos a las oficinas de farmacia. En este sentido se pronuncia mucho más la diferenciación los servicios de parafarmacia que en la actualidad existen, que en muchos casos no se encuentran ligados a oficinas de farmacia.

La dispensación siempre deberá ser realizada con la intervención de un farmacéutico titular de una farmacia física, desde su oficina de farmacia, previo asesoramiento personalizado, un concepto que realza la atención farmacéutica y que sin duda redunda en un mayor conocimiento por parte del paciente sobre la medicación forma en que debe ser aplicado o las posibles contraindicaciones.

Sólo puede realizarse directamente desde la oficina de farmacia responsable de la dispensación, sin intervención de intermediarios. No podrán realizarse campañas de fidelización: regalos, premios, obsequios, concursos, bonificaciones o actividades similares como medios vinculados a la promoción o venta al público de medicamentos mediante sitios web, cabe recordar que la legislación española prohíbe este tipo de prácticas, tanto a las propias oficinas de farmacia como laboratorios, marcando Farmaindustria unos parámetros muy claros.

Para ser válido el pedido deberá incluir los siguientes datos de contacto del comprador:  nombre y apellidos,  teléfono,  correo electrónico y  dirección postal, para así permitir al farmacéutico responsable de la dispensación ponerse en contacto con el comprador si se considerase oportuno, remitirle la información correspondiente sobre el tratamiento que permita su correcto uso y realizar el envío. Se podrán habilitar cuestionarios a rellenar por parte del público para la identificación del medicamento solicitado.

En relación al  transporte y entrega del medicamento debe realizarse de manera que se asegure que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad. Si el transporte lo hace un tercero, deberá haber un contrato donde estarán establecidas las responsabilidades de cada una de las partes y las condiciones del servicio y las previsiones exigidas por la normativa de protección de datos de carácter personal.  No caben devoluciones de los medicamentos una vez hayan sido dispensados y entregados al cliente, salvo de aquellos medicamentos que hayan sido suministrados por error.

El Real Decreto especifica las obligaciones que la página web debe cumplir, en relación a la seguridad, cifrado de datos, accesibilidad, la diferenciación inequívoca de la parafarmacia o la prohibición de incluir publicidad, en este sentido también se deberá esperar a la elaboración de Sello correspondiente y su desarrollo reglamentario, así como a las indicaciones de la Agencia Española del Medicamento y organismos autonómico, para definir completamente este concepto innovador en España.

Nos encontramos por otro lado, en lo relativo a la dispensación de medicamentos con receta, la continua extensión y mejora del sistema de Receta Electrónica en el ámbito de la sanidad pública. Sistema informatizado que permite al médico transmitir directamente su receta médica a la farmacia, en lugar de escribirla en la receta habitual. Esta receta electrónica no necesita papel Las recetas se envían a la farmacia de forma inmediata por un sistema informatizado privado y seguro. Un procedimiento que agiliza la información y el tratamiento posterior de las recetas, a los efectos de seguimiento y facturación de las mismas.

En relación al sistema receta electrónica y de acuerdo con lo establecido en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, de abril de 2007, del Ministerio de Sanidad y Consumo, se establece como Estrategia 11. Sanidad en línea: “Con el fin de generalizar el uso de las nuevas tecnologías en el sistema sanitario para mejorar la atención a pacientes y a ciudadanos, se promoverá su uso desde los niveles más básicos de asistencia hasta las estructuras y dispositivos de mayor complejidad. Para ello se colaborará con todas las Comunidades Autónomas a fin de que desarrollen un conjunto de servicios sanitarios en línea que se apoyará en la implantación y/o extensión de diferentes soluciones en este ámbito: tarjeta sanitaria, historia clínica digital, receta electrónica y acceso telemático a información y trámites. Dicho apoyo exigirá la adopción de criterios de interoperabilidad entre todos los Servicios de Salud.

En este sentido, la aplicación de criterios de normalización de la información, junto con el desarrollo de una Intranet sanitaria del Sistema Nacional de Salud, permitirá alcanzar uno de los objetivos del Sistema: facilitar al máximo la protección de la salud de los ciudadanos en todo momento y con independencia del lugar donde precisen atención sanitaria.”

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, fija los criterios generales en materia dispensación y tratamiento de las recetas, en sus artículos 9, 11 y Capítulo VI entre otros, advirtiendo que, en todo caso, siempre se deberá salvaguardar la confidencialidad y seguridad de la información tratada.

Es importante recordar que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 103.3 considera las oficinas de farmacia establecimientos sanitarios. Entendiéndose por dato de salud, cualquier dato que haga referencia a la salud presente, pasada o futura de un individuo. Datos de tratamiento, que aparecen, fehacientemente, en la receta.

El artículo 19 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece, además, el derecho del paciente, a que sus datos sean tratados y custodiados de forma diligente y activa, siempre basándose en el principio de confidencialidad.

En este sentido, al analizar ambos caso la venta de medicamento y al receta electrónica, aunque tratando aspectos diferenciados en el ámbito farmacéutico, se deberán cumplir las medidas de seguridad y respetar los principios consagrados en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, su Reglamento de desarrollo y otra normativa vinculada como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, tanto en lo que afecta al Responsable del Fichero como a los diferentes prestadores de servicio y encargados de tratamiento que intervengan en los procesos.

Artículo publicado originariamente por el autor en El Derecho.

Nuevos modelos de negocio, protección de datos y comercio electrónico

ecommerce_lopdPor Romina Florencia Cabrera

El Derecho a la Protección de Datos en un derecho independiente y autónomo, constitucional y que contempla el valor y dignidad la persona humana, como lo son el derecho a la intimidad y a la privacidad.  También son colocados en esta categoría de derechos subjetivos los derechos de consumidores y usuarios con respecto  a bienes y servicios, ofrecidos por empresas comerciales o sociedades privadas, estatales o mixtas.

La inclusión de modelos de negocios en la Web, ha posibilitado al máximo el aumento de conexiones on line entre empresarios, proveedores, distribuidores y usuarios, como la compra y venta a través de la web, la subasta electrónica, las carteras  de clientes en bases de datos virtuales, la reservas de un producto o servicio a través de un sitio web de la empresa, las páginas web y la identificación de la marca comercial como referente de identidad corporativa, el marketing digital a través de las redes sociales, las encuestas a los consumidores sobre las expectativas del producto o su satisfacción o insatisfacción, etc.  La realización de transacciones comerciales y financieras a través de la Web ofrece un sinfín e posibilidades de expansión, pero no descuidando la seguridad de la información y la protección de datos personales, el mayor activo que puede tener una empresa[1], la base de su capital, la información y el adecuado manejo de los recursos humanos, no solo los financieros.

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito.

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordinaria debido a Internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos.

La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el acceso a contenido “premium” de un sitio web.[2]

En el Comercio Electrónico se aplican reglas comunitarias o de Cooperación Internacional, ya que las transacciones entre países y empresas (de diferente índole; casas matrices o sucursales), intercambio de flujos de datos y de operaciones financieras , se desarrollan en el marco de la sociedad globalizada. Las normas debe ser heterogéneas para su fácil aplicación , respetando la legislación interna de los países pero adaptándose al Derecho Internacional Público y Privado, como son los convenios y resoluciones de  de la OMC o de la ONU, Tratados Internacionales incorporados por las Constituciones , jurisprudencia comunitaria ( proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte de Europa), etc.

En la legislación de la República Argentina, el Derecho Constitucional de los Consumidores y usuarios está contemplado en el Art. 42 de la Ley Fundamental: “  Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” También la Ley 24. 240 y sus modificaciones.

La Protección de Datos es fundamental para un correcto desarrollo de las economías en respeto y promoción de los derechos constitucionales y humanos, tanto de los consumidores como de los empresarios, en una sana y equilibrada competencia y labor comercial, donde todos los actores puedas desarrollar sus aptitudes y capacidades en pos del trabajo digno y ético.

La seguridad informática debe estar presente más que nunca en estas cuestiones, ya que los delitos informáticos[3] van en aumento con las incorporación de las Tics[4] al mundo de los negocios, ya que la vulnerabilidad es mayor al estar en  le red: mas circulación de información, a más velocidad, vista y compartida por un número no identificado  de usuarios y de identidades  muchas veces desconocidas o perfiles falsos de contacto. La suplantación de identidades, robo de bases de datos, espionaje industrial, competencia desleal, estafas electrónicas  y todo tipo de acciones maliciosas propagadas a través de la Web conllevan a tomar medidas urgentes en cuanto a la protección de la Información por parte de los actores del comercio electrónico, para lograr una eficaz y eficiente desarrollo de las economías en el mundo globalizado, actual y futuro.



[1] Declaración de Riobamba. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.

[3] Declaración de Riobamba. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.

[4] Tecnologías de la Información y la Comunicación.

¿Qué garantías tiene el consumidor al realizar una compra por Internet?

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Por Francisco R. González-Calero Manzanares

La reciente aprobación de la Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre no es la única que regula este tipo de contratos ya que existe normativa sectorial que puede afectar a este tipo de contratación.

Por una lado aunque se unifican en una sola ley aspectos regulados anteriormente en normas sectoriales, como las ventas a distancia de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista o las condiciones generales de contratación de la Ley 7/1998 o del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, hay que tener presente que determinadas actividades o sectores pueden tener legislación específica como pueden ser la venta de medicamentos o de productos financieros por Internet, y por otro lado, no todas las ventas a distancia son Business to Consumers, sino que también pueden ser Business to Business, por lo que el contenido de esta Ley no sería de aplicación, aunque sí el de otras disposiciones que veremos a continuación.

Teniendo en cuenta que cada día son más los consumidores que se animan a adquirir algún producto o servicio a través de Internet, que la Red es impersonal, que la adquisición se realiza de  manera virtual y no presencial, que ello puede originar problemas de confianza a la hora de utilizar los medios de pago, puesta en ejecución y correcta entrega del bien o servicio contratado, trataremos a lo largo del presente artículo dar unas pistas al lector que le pueda ayudar a conocer sus derechos cuando esta empresa o página Web están sometidos a la legislación española.

Un primer aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar una contratación electrónica es que bien a través de un formulario de contacto, o a través del alta como usuario en la parte privada de la Web, nos van a solicitar algunos datos de carácter personal para poder responder a la solicitud de información y, en su caso, proceder a la contratación del servicio o producto. Deberá existir un aviso de protección de datos que nos debe informar de todos los aspectos regulados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y deberá igualmente obtener nuestro consentimiento, si así es el caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la misma norma. Podemos comprobar si esta empresa tiene debidamente inscritos sus ficheros, su finalidad y uso, los campos de datos que tratan, si se realizan cesiones de datos o transferencias internacionales de datos y cómo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la página Web de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es apartado “Ficheros Inscritos / Titularidad Privada”.

No vamos a profundizar en este tema porque da para un artículo específico, pero si el prestador del servicio instala dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en el terminal del destinatario (cookies) y no son de las consideradas exentas por el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46 o por la propia Agencia Española de Protección de Datos en su “Guía sobre el uso de las Cookies” como pueden ser las de entrada (identificación de usuario) o sesión (carrito de la compra), entra en juego el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y  del Comercio Electrónico (LSSICE), en virtud del cual  se nos deberá informar sobre las mismas mediante un sistema de capas y obtener nuestro consentimiento para su instalación.  En el primer nivel se advertiría sobre el uso de cookies que se instalan al navegar o al utilizar el servicio solicitado y se identificarían sus finalidades, con información sobre si se trata de cookies propias o de terceros así como, en su caso, la advertencia de que si se realiza una determinada acción se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.  Además, habrá un enlace a una segunda capa que contendrá la definición y función de las cookies, los tipos de cookies que utiliza la página web y su finalidad, la forma de desactivar o eliminar las cookies descritas y forma de revocación del consentimiento ya prestado y la identificación de quienes utilizan las cookies, incluidos los terceros con lo que el responsable haya contratado la prestación de un servicio que suponga el uso de cookies.

Para finalizar el apartado del deber de información y obtención del consentimiento, si al cumplimentar el formulario de contacto o el alta como usuario en la parte privada de la Web va a comenzar la actividad de remisión de comunicaciones comerciales por vía electrónica, entran entonces en juego los artículos 19-21 de la LSSICE que las prohíben, salvo que se dirijan a clientes para ofertarles productos o servicios de su propia empresa idénticos o similares a los contratados con anterioridad, o que la comunicación comercial haya sido expresamente solicitada o autorizada. En todo caso la comunicación comercial tiene que ser claramente identificable como tal, además del emisor de la misma, quedando expresamente prohibido ocultar o disimilar la identidad del remitente. Se debe facilitar en cada comunicación un método sencillo y gratuito para oponerse a ese tratamiento, como puede ser la de incluir una dirección de correo electrónico cuando la comunicación se realiza por esa vía.

Por su parte el artículo 10 de la LSSICE dispone que debe existir en la web un aviso legal que contenga la siguiente información:

“1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

  1. Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
  2. Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
  3. En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
  4. Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
    1. Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.
    2. El título académico oficial o profesional con el que cuente.
    3. El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
    4. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
  5. El número de identificación fiscal que le corresponda.
  6. Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
  7. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.

3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.

A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:

  1. Las características del servicio que se va a proporcionar.
  2. Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
  3. El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
  1. El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.

La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e identificable.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.”

Continuando con el estudio de la LSSICE, el prestador del bien o servicio tiene impuestas una serie de obligaciones que pasamos a desglosar a continuación:

Antes de iniciar el proceso de contratación electrónica, se debe poner a disposición del beneficiario (basta con incluirlo en la web), de manera permanente, fácil y gratuita la siguiente información de manera clara, comprensible e inequívoca:

  1. Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  2. Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
  3. Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y
  4. La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo

En el caso que el acceso se produzca por dispositivos de pantalla reducida, se entiende cumplida esta obligación si el prestador facilita de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información esté puesta a disposición del destinatario.

Se puede obviar el cumplimiento de estas obligaciones cuando ambos contratantes no tienen la consideración de consumidor y así lo han pactado o la contratación se ha llevado a cabo mediante el intercambio de correos electrónicos o medio equivalente.

De igual forma, el prestador está obligado a confirmar la recepción de la aceptación del bien o servicio por alguno de los siguientes medios:

  1. El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
  1. La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

Esta información previa y posterior a la contratación sólo podrá obviarse si la contratación se produce entre dos sujetos que no sean consumidores o se realice mediante intercambio de correos electrónicos.

Cuando la contratación por estos medios se materializa con un consumidor, se tienen que aplicar las obligaciones legales establecidas en la Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, que pasamos a detallar a continuación. De acuerdo con su disposición transitoria única, estas disposiciones se aplicarán a los contratos que se firmen con consumidores a partir del 13 de junio de 2014.

El Titulo III de esta Ley al regular los Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, los define como “ los contratos celebrados a distancia con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: el correo postal, Internet, el teléfono o el fax”. Por su parte el artículo 93 excluye por sectores a una serie de contrataciones como pueden ser servicios relacionados con la salud, servicios financieros, servicios sociales, cuidado de niños o personas mayores, juegos de azar, relacionados con la transmisión de bienes inmuebles, edificación de viviendas, viajes o vacaciones combinados, aprovechamiento turístico por turno, en los que sea por Ley preceptiva la intervención de fedatario público, entregas regulares en domicilio de productos alimenticios o bebidas, servicios de transporte de pasajeros o los contratos de operadores de telecomunicaciones realizados a través de teléfonos públicos para la utilización de esos teléfonos, o celebrados para el establecimiento de una única conexión de teléfono, Internet o fax por parte de un consumidor y usuario.

Establecido el ámbito de aplicación de la norma, pasamos a detallar las obligaciones que afectan o pueden afectar a una contratación electrónica.

Al igual que lo establecido para la LSSCE y con carácter adicional, se establece un deber de información previo a la contratación, mediante el cual el empresario debe facilita de forma clara y comprensible la siguiente información:

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.

b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial.

c) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa.

d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones.

e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en que se determina el precio.

f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica.

g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario.

h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.

i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento.

j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos.

k) En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3.

l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda.

m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes.

n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.

o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o sectores económicos.

p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.

q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato.

r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario.

s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de protección aplicables.

t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer.

u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo.

Cabe destacar que esta información será parte integrante del contrato y no se alterará a menos que las partes dispongan expresamente lo contrario correspondiendo al empresario probar el correcto cumplimiento de su deber de informar. Igualmente el empresario facilitará esta información en “la lengua utilizada en la propuesta de contratación o bien, en la lengua elegida para la contratación, y, al menos, en castellano, o la pondrá a su disposición de forma acorde con las técnicas de comunicación a distancia utilizadas, en términos claros y comprensibles y deberá respetar, en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de contratar. Siempre que dicha información se facilite en un soporte duradero deberá ser legible”.

Cuando un contrato implique obligaciones de pago para el consumidor, el empresario debe poner en su conocimiento de una manera clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la información establecida en el artículo 97.1.a), e), p) y q) que acabamos de reproducir.

El empresario igualmente debe velar por que el consumidor, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de una obligación de pago. Si la realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, deberán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión “pedido con obligación de pago” o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario.

Para los sitios de comercio electrónico se establece la obligación de indicar de modo claro y legible, a más tardar al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles son las modalidades de pago aceptadas.

La consecuencia para el empresario que no facilite la información requerida en el artículo 97.1, es que el periodo de ejercicio del derecho de desistimiento que veremos a continuación se amplia doce meses más, a contar desde la fecha de finalización establecida con carácter general en esta Ley.

Finalizadas las explicaciones sobre el deber de información, pasamos a analizar una de las medidas que mas expectación ha levantado durante la elaboración de esta norma, que no es otra que la ampliación de 7 a 14 días naturales del plazo de desistimiento otorgado al consumidor. Según este derecho, el consumidor tendrá derecho a “desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 107.2 y 108”, declarando igualmente nulas de pleno derecho “las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo”.

Las excepciones previstas a este derecho de desistimiento son las recogidas en al artículo 103 que reproducimos a continuación:

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados.

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega.

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega.

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.

El cómputo del plazo de 14 días, se realizará conforme a las siguientes reglas:

a) En el caso de los contratos de servicios, el día de la celebración del contrato.

b) En el caso de los contratos de venta, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados, o bien:

1.º En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor y usuario en el mismo pedido y entregados por separado, el día que éste o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del último de los bienes.

2.º En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del último componente o pieza.

3.º En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo determinado, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes.

c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste en un soporte material, el día en que se celebre el contrato.

Para ejercitar este derecho, el consumidor antes de la expiración del plazo deberá comunicar al empresario su intención de desistir pudiendo utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo B de la ley, o bien realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que señale su decisión de desistir del contrato. Además el empresario puede ofrecer la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo B, o cualquier otra declaración inequívoca a través del sitio web del empresario debiendo en esos casos comunicar sin demora al consumidor y usuario en un soporte duradero el acuse de recibo de dicho desistimiento. Corresponde la carga de la prueba del ejercicio de este derecho al consumidor.

Notificado el desistimiento, el empresario debe reembolsar antes de 14 días naturales desde que tenga conocimiento del ejercicio del derecho de desistimiento, todo el pago recibido por el consumidor, incluidos en su caso, los gastos de entrega (salvo que el consumidor solicitara una modalidad de entrega diferente a la ordinaria que originara costes extras). El retraso injustificado por parte del empresario de la devolución de las cantidades previamente pagadas faculta al consumidor a exigir el pago del doble de la cantidad pendiente de devolución, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios que pueda llegar a entablar. El empresario puede retener la devolución de las cantidades hasta que reciba los bienes, o hasta que el consumidor le acredite que ya lo ha hecho, eso siempre que no se haya ofrecido el empresario para recogerlos el mismo.

Para el consumidor la única obligación que se le impone al ejercitar este derecho es la de devolver a su costa (salvo que no se le informara previamente de esta circunstancia) el bien en el plazo máximo de 14 días naturales desde que comunicó su intención de desistir. Si el bien ya está en el domicilio del consumidor y por su naturaleza no puede ser devuelto por correo será el empresario el que deberá recogerlo a su cargo. En cuanto a la depreciación del valor del bien el consumidor “sólo será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer su naturaleza, sus características o su funcionamiento” a no ser que no se le informara previamente de esta circunstancia.

Para la ejecución del contrato se establece como norma general el de 30 días naturales desde la aceptación de la oferta, salvo que las partes hayan acordado otra cosa. En el supuesto que  no se encuentre disponible el bien o servicio contratado, “el consumidor y usuario deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar sin ninguna demora indebida las sumas que haya abonado en virtud del mismo”. Si se produce un retraso injustificado en la devolución de las cantidades abonadas, el consumidor podrá exigir que se le abone el doble de la cantidad a devolver, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios que pueda entablar. Para que proceda entregar por sustitución un bien similar al originalmente contratado, el consumidor deberá haber sido informado expresamente.

Para finalizar este estudio abordaremos la cuestión de pagos realizados fraudulentamente por tarjeta de crédito. En este supuesto el artículo 112 dispone que cuando el importe de una compra de un bien o servicio ha sido cargado “fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor y usuario titular de la tarjeta se efectuarán a la mayor brevedad”.

Bitcoins ¿moneda de cambio del presente o el futuro?

bitcoin

Por Romina Florencia Cabrera

El Dinero (del latín denarius, denario, moneda romana) es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligación (deudas). Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día es dinero fiduciario.[1]

En los tiempos actuales, ha aparecido un nuevo tipo de cambio virtual, cuya estructura tecnológica se basa en códigos encriptados, llamada Bitcoin.

Sin comisiones, sin control fiscal y sin poder palparla. Sólo existe de manera virtual y no tiene Banco Central que la regule.

Con esas características apareció Bitcoin, la “moneda virtual” nacida hace cinco años como alternativa al sistema monetario convencional.

Apareció en 2009 con la crisis mundial, pero en los últimos días ha acaparado la atención mundial debido a que la semana pasada por primera vez superó los 1.000 dólares en el mercado de divisas Mt. Gox, establecido en Tokio.

¿De qué se trata esta divisa electrónica que poco a poco concentra miradas? Estas son las respuestas básicas:

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una nueva moneda que fue creada en 2009 por una persona desconocida usando el alias de Satoshi Nakamoto. Las transacciones se realizan sin intermediarios, es decir, ¡sin bancos! No hay comisiones por transacciones y no hay necesidad de proporcionar tu verdadero nombre. Cada vez más comerciantes están empezando a aceptarlas: Puede comprar servicios de ‘webhosting’, pizza e incluso manicuras.

¿Por qué Bitcoins?

Las Bitcoins pueden ser usadas para comprar mercancías anónimamente. Además, los pagos internacionales son fáciles y baratos, ya que las bitcoins no están atadas a ningún país o sujetas a regulaciones. Los pequeños comercios pueden gustar de ellas, ya que no tienen tasas de tarjetas de crédito. Algunas personas compran bitcoins como una inversión, esperando que su valor suba.

Adquisición de Bitcoins

Compre en una Bolsa Varios mercados llamados “bolsas de bitcoin” permiten a las personas comprar o vender bitcoins utilizando distintas monedas. Mt. Gox es la mayor bolsa de bitcoin.

Transferencias

Las personas pueden enviarse bitcoins entre sí por medio de aplicaciones móviles o sus ordenadores. Es muy parecido a enviar efectivo de forma digital.

Minería Las personas compiten por “extraer” bitcoins utilizando sus ordenadores para resolver complejos rompecabezas matemáticos. Así es como se crean los bitcoins. En la actualidad, se premia a un ganador con 25 bitcoins aproximadamente cada 10 minutos.

Ser propietario de Bitcoins

Los bitcoins se guardan en una “billetera digital” que existe ya sea en la nube o en el ordenador de un usuario. Esta billetera es algo así como una cuenta bancaria virtual que permite a los usuarios enviar o recibir bitcoins, pagar por artículos o ahorrar su dinero. A diferencia de las cuentas bancarias, las billeteras de bitcoin no están aseguradas por la FDIC.

Billetera en la nube: Los servidores han sido pirateados. Empresas han huido con los Bitcoins de los clientes.

Billetera en el ordenador: Puede eliminarla por accidente. Los virus podrían destruirlas.

Anonimato

Aunque cada transacción con bitcoin es grabada en un registro público, los nombres de los compradores y de los vendedores nunca se revelan, únicamente la identificación de su billetera. A pesar de que esto mantiene privadas las transacciones de los usuarios de bitcoins, también les permite vender o comprar cualquier cosa sin que se les rastree fácilmente hasta su origen. Es por esto que se ha convertido en la moneda que eligen las personas en línea para comprar drogas o para realizar otras actividades ilícitas.

Nadie sabe qué sucederá con las bitcoins. En su mayoría no están reguladas, pero eso podría cambiar. A los gobiernos les preocupan los impuestos y su falta de control sobre la moneda.[2]

Bitcoin es una moneda digital, un protocolo y un software que permite:

  • Transacciones instantáneas punto a punto
  • Pagos en todo el mundo
  • Bajos o cero costos de procesamiento
  • Y mucho más

Bitcoin utiliza tecnología punto a punto para operar sin una autoridad central; gestionando las transacciones y la emisión de Bitcoins que se llevan a cabo conjuntamente por la red. A través de muchas de sus propiedades únicas, Bitcoin permite usos interesantes que no pueden ser cubiertos por otros sistemas de pago.

El software es un proyecto libre de código abierto, impulsado por la comunidad y liberado bajo la licencia MIT.[3]

Nadie sabrá si será la moneda del futuro, o desaparecerá como tantas modas, ya que las conductas humanas condicionan a la economía y a las normas jurídicas. Lo único que se sabe con exactitud es que esta modalidad existe y se realizan importantes transacciones económicas con ella, lícitas e ilícitas.


[1] Wikipedia.org.

[2] CNNespañol.

[3] Bitcoin.org.es

Implicaciones legales del marketing online

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Por Alberto Cuesta Ureña

Hoy día nos encontramos en un periodo de recesión económica, tiempos en los que la competencia es feroz en aras de alcanzar los pocos clientes que están dispuestos a desembolsar unos euros para comprar nuestros productos y servicios. Este hecho, junto con el desarrollo de nuevas técnicas que permiten el envío de comunicaciones comerciales personalizadas, ha provocado que los “inputs” publicitarios que recibimos a diario se hayan multiplicado de forma exponencial.
Quizás uno de los más efectivos es la remisión de publicidad personalizada acorde a nuestros gustos y preferencias. Existen dos mecanismos que debemos destacar:
Por un lado, ello es posible alcanzarlo puesto que en la actualidad las TIC permiten rastrear la actividad de las personas que están conectadas a Internet analizando sus pautas de navegación, lugares que visitan y tiempo que pasan en cada sitio web. Por medio del uso de “cookies”, sin solicitar autorización ni consentimiento a un usuario, podemos obtener un perfil de usuario, potencial consumidor extremadamente valioso para las empresas dedicadas a segmentar el mercado para enviar publicidad personalizada.
Por otro lado, una de las técnicas usadas actualmente para conocer los gustos y preferencias de las potenciales consumidores, es la recopilación por parte de de empresas de marketing de información de personas que está difundida públicamente en Internet.
En ambos casos deberemos atender a una serie de prescripciones legales para evitar atentar contra las normativas de privacidad, protección de consumidores-usuarios y publicidad.
Sucintamente, desde el punto de vista de la privacidad es necesario recordar que para poder usar los datos de las personas es necesario cumplir con unos requisitos deinformación previa al uso de los mismos y solicitarles autorización, conforme a lo establecido en el artículo 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Al mismo tiempo, los datos personales sólo los podremosutilizar en relación a la finalidad para los que nos fueron prestados, así lo indica el artículo 4 de la LOPD.
En consecuencia, lo referido choca frontalmente con las prácticas del uso de las “cookies” y, del mismo modo, con la creación de bases de datos de personas tras almacenar la información de éstas en Internet.
¿Os imagináis que nos hacemos un análisis de sangre y el centro médico cuelga por error el informe en Internet?, ¿sería legal que una entidad aprovechara esa información para almacenarla y enviarle al paciente una comunicación comercial?, por ejemplo, si descubren que tiene el colesterol alto…le podrían enviar un catálogo sobre comida sana…No toda la información personal que circula por la red es susceptible de ser tratada con fines comerciales. Más bien al contrario, puesto que nosotros colgamos información, fotografías, etc. para un fin concreto. En una red social, para interactuar con mis amigos u otros profesionales (artículo 4 de la LOPD) y no para que un tercero la aproveche sin informarme previamente y sin solicitarme el consentimiento para remitirme publicidad (art.5 y 6 LOPD).
Respecto a las “cookies”, desde el año pasado, se han endurecido los requisitos para poder hacer uso de ellas en un portal web. Actualmente es necesario informar extensamente, de forma clara y en un link distinto al del Aviso Legal y la Política de Privacidad, sobre el uso de las cookies y la finalidad de su utilización. Es recomendable para evitar problemas en relación al consentimiento que el usuario las acepte expresamente mediante la inserción de un “opt-in” en la web. Se puede aprovechar el momento de aceptación de la Política de Privacidad o Condiciones de Uso para en el mismo acto aceptar las “cookies”.
Esta realidad tecnológica ha desarrollado un mercado relacionado con el marketing online en el que participan básicamente tres sujetos: (a) La empresa de marketing (Ad networking provider), proveedor de servicios de publicidad online; (b) el publicista (Publisher), empresa que configura su página web para incluir un mensaje publicitario de un tercero y que facilita que la cookies se aloje en el ordenador del usuario y (c) el beneficiario de la publicidad (Advertisers), que promociona sus productos o servicios a través de las webs de publicistas que trabajan con una empresa de marketing. Bajo este modelo, al usuario que acceda a la web del publicista le será insertada una “cookie” en su ordenador de forma que sea posible detectar cuando el citado usuario vuelve a acceder a la web o cuando este navegue por otras webs de publicistas controladas por la empresa de marketing.
Como se puede observar, nos encontramos desde hace varios años, con el hecho cierto que las técnicas publicitarias han evolucionado alcanzando un grado de intrusismo muy elevado para las personas. Por este motivo, es imprescindible contar con la tan preciada “vista de águila legal” para saber cómo abordar esta nueva realidad y evitar que las entidades dedicadas al marketing on-line superen los límites de las normativas de privacidad.
Desde las instituciones se intenta poner freno a estas prácticas elevando cada día más las sanciones económicas en caso de incumplimiento de las normas, es una forma de conseguirlo. Pero, en mi opinión, sería fundamental que todos adquiriéramos consciencia de que los datos personales son un valor de cada individuo y que la propiedad de los mismos nos corresponde aunque los hayamos difundido públicamente con una finalidad concreta y en un determinado momento. En todo caso, cedemos la posesión temporal de los datos en la mayoría de los casos y no su propiedad, ese es el cambio de chip que debemos tener presente y aplicar en todo tratamiento de información personal de terceros.

El Perú: situación legal en privacidad y e-commerce

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Por Alberto Cuesta Ureña

la privacidad de las personas y dispersión normativa respecto a contratación electrónica.

Esta situación es debida a que el marco regulatorio peruano en relación a la privacidad dispone de la Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos Personales (2011) y el Reglamento de la Ley N° 29733 (2013) que desarrolla la misma.

En cambio a nivel de comercio electrónico, existen multitud de textos legales que regulan la publicidad online, el uso del email, la prestación de servicios de acceso a internet, etc: Ley de firma digital, Ley de delitos informáticos, Ley de manifestación de la voluntad por medio electrónico, Ley anti SPAM, Ley de control de contenidos (pornografía infantil), Ley de centrales de riesgo, Decreto sobre micro formas digitales, Ley de derechos de autor, Ley de propiedad industrial, Decisión andina de derechos de autor, Decisión andina de propiedad industrial Legislación sobre tributación de contenidos digitales. Además de estas leyes, es importante destacar los aspectos relativos a propiedad intelectual y comercio electrónico del texto del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.  Asimismo, los capítulos similares de los TLC negociados con Canadá, la Unión Europea y los países del EFTA (en castellano, la Asociación Europea de Libre Comercio, formada por Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza).

Respecto a la Ley y Reglamento de protección de datos, son en esencia similares a las bases fijadas por la  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo que se conforma como el pilar de la legislación de los países miembros de la U.E sobre protección de datos personales, y por lo tanto podemos concluir que la regulación peruana y europea respetan los mismos principios (uso para una finalidad concreta de los datos personales, solicitud del consentimiento al afectado, deber de información, deber de secreto), es decir en su estructura principal son análogas ambas regulaciones. Un ejemplo de lo que conlleva la entrada en vigor de una Ley de protección de datos podemos comprobarlo en lo que está sucediendo en el Perú desde el año 2011. Todas las entidades tanto públicas como privadas se han visto obligadas a publicar políticas de privacidad en sus páginas webs en aras de cumplir con el principio de información. Asimismo, las entidades peruanas están inscribiendo los ficheros que tratan internamente y que contienen datos personales (los llamados Bancos de Datos) en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Es decir, obligaciones calcadas a las que las entidades privadas y públicas europeas deben cumplir.

Respecto al comercio electrónico, la dispersión normativa es fruto del avance de esta nueva forma de contratación debido a que el uso de la informática está cada vez más extendido. Se han ido poniendo parches a las necesidades según iban apareciendo, pero llegará el momento que por seguridad jurídica será recomendable hacer un acto de análisis, síntesis y coordinación para aunar todos los textos en uno solo. Aunque actualmente aún queda mucho camino por recorrer para llegar a los índices de implantación de Europa, el Perú posee uno de los potenciales de crecimiento más altos de Latinoamérica en los próximos años en e-commerce y ello, provocará que en breve dicho Estado disponga de una regulación mucho más ágil y unitaria tal y como ocurre con la privacidad. Las instituciones bancarias peruanas son las que han realizado mayor avance en el comercio electrónico con la implantación de sus operaciones bancarias por medio de Internet, preocupándose con prioridad en el tema de seguridad y privacidad de la información.

Como corolario, apuntar que en el Perú  las bases de la legislación de privacidad y contratación electrónica están puestas, ahora sólo falta implementarlas adecuadamente. Esperemos que no deban pasar 10 años desde la aprobación de la Ley de Protección de Datos o de Internet como ocurrió en España hasta que la sociedad comience a adquirir conciencia de que estas normativas son una garantía para los ciudadanos, consumidores y usuarios, así como una prueba de calidad y trato adecuado de los mismos por parte de las entidades.

Aspectos a tener en cuenta para realizar una contratación electrónica

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Por Francisco R. González-Calero Manzanares

Cada día son más los consumidores que se animan a adquirir algún bien o servicio a través de Internet.  Debido a la impersonalidad de la red y a que la adquisición se realiza de  manera virtual y no presencial, salvo el caso de grandes empresas que son conocidas por el consumidor, se plantean problemas de confianza a la hora de utilizar los medios de pago y de puesta en ejecución y correcta finalización del bien o servicio contratado.

Es por ello que a lo largo del presente artículo vamos a dar unas pistas al consumidor que le puedan ayudar a detectar si lo que realmente está detrás de ese Website es una empresa seria y solvente o no lo es, siempre y cuando esta empresa o su página Web estén sometidos a la legislación española.

Un primer aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar una contratación electrónica es que bien a través de un formulario de contacto o a través del alta como usuario en la parte privada de la Web, nos van a solicitar algunos de nuestros datos de carácter personal para poder ejecutar la solicitud de información planteada o el servicio contratado. Deberá existir un aviso de protección de datos o una mal denominada “Política de Privacidad”, en la cual se nos debe informar de todos los aspectos regulados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y deberá igualmente obtener nuestro consentimiento, si así es el caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la misma norma. Podemos comprobar igualmente que esta empresa tiene debidamente declarados sus ficheros de datos de carácter personal, su finalidad y uso, los campos de datos que tratan, si se realizan cesiones de datos o transferencias internacionales de datos y como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la página Web de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.esapartado “Ficheros Inscritos / Titularidad Privada”.

Igualmente en virtud del artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y  del Comercio Electrónico (LSSICE), tiene que existir en la Web un aviso legal que contenga la siguiente información:

“1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

  1. Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
  2. Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
  3. En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
  4. Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:El número de identificación fiscal que le corresponda.
    1. Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.
    2. El título académico oficial o profesional con el que cuente.
    3. El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
    4. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
  5. Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
  6. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.

3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.

A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:

  1. Las características del servicio que se va a proporcionar.
  2. Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
  3. El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
  4. El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.

La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e identificable.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.”

Continuando con el estudio de la LSSICE, el prestador del bien o servicio tiene impuestas una serie de obligaciones que pasamos a desglosar a continuación:

Antes de iniciar el proceso de contratación electrónica, se debe poner a disposición del beneficiario (basta con incluirlo en la Web), de manera permanente, fácil y gratuita la siguiente información de manera clara, comprensible e inequívoca:

  1. Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  2. Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
  3. Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y
  4. La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
  5. Las condiciones generales de la contratación de manera que estas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario del servicio.

En el caso que el acceso se produzca por dispositivos de pantalla reducida, se entiende cumplida esta obligación si el prestador facilita de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información esté puesta a disposición del destinatario.

De igual forma, el prestador está obligado a confirmar la recepción de la aceptación del bien o servicio por alguno de los siguientes medios:

  1. El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
  2. La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

Esta información previa y posterior a la contratación sólo podrá obviarse si la contratación se produce entre dos sujetos que no sean consumidores o se realice mediante intercambio de correos electrónicos.

Otro aspecto a tener en cuenta durante el proceso de contratación es el referente a las condiciones generales de la contratación, si las hubiera. Ya hemos mencionado anteriormente que el prestador debe poner a disposición del solicitante Las condiciones generales de la contratación de manera que estas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario del servicio. Además de esta obligación debemos tener en cuenta el RD 1906/1999 por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales de la contratación en desarrollo de la Ley 7/1998 de condiciones generales de la contratación.  Cabe destacar del mismo los siguientes aspectos regulados en los artículos 3 y 4:

1. Celebrado el contrato, el predisponente deberá enviar al adherente inmediatamente y, a más tardar, en el momento de la entrega de la cosa o comienzo de la ejecución del contrato, justificación por escrito o, a propuesta del mismo, en cualquier otro soporte duradero adecuado al medio de comunicación empleado y en su propio idioma o en el utilizado por el predisponente para hacer la oferta, relativa a la contratación efectuada donde deberán constar todos los términos de la misma. A los efectos de lo indicado en este apartado, el predisponente deberá indicar en la información previa a que se refiere el artículo anterior los distintos tipos de soportes entre los que podrá elegir el adherente como medio de recepción de la justificación de la contratación efectuada.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable a los contratos relativos a servicios de tracto único que se ejecutan mediante el empleo de técnicas de comunicación a distancia y cuya facturación sea efectuada por un operador de tales técnicas de comunicación, y sin perjuicio de informar en todo caso al adherente de la dirección del establecimiento del proveedor donde pueda presentar sus reclamaciones y del coste especifico y separado de la comunicación y del servicio.

3. Se entiende por soporte duradero cualquier instrumento que permita al consumidor conservar sus informaciones sin que se vea obligado a realizar por si mismo su almacenamiento, en particular los disquetes informáticos y el disco duro del ordenador del consumidor que almacena los mensajes del correo electrónico.

4. El adherente dispondrá de un plazo de siete días hábiles, según el calendario oficial de su lugar de residencia habitual, para resolver el contrato sin incurrir en penalización ni gasto alguno, incluidos los correspondientes a la devolución del bien.

El ejercicio del derecho a que se refiere este apartado no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite, en cualquier forma admitida en derecho.

5. El plazo para el ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior se computará, en el caso de que el contrato tenga por objeto la entrega de bienes, a partir de su recepción por el adherente, y en los casos de prestaciones de servicios a partir del día de celebración del contrato.

6. Si la información sobre las condiciones generales o la confirmación documental tiene lugar con posterioridad a la entrega de los bienes o a la celebración del contrato, respectivamente, el plazo se computará desde que tales obligaciones queden totalmente cumplidas. En caso de cumplimiento defectuoso o incompleto de la obligación de remitir justificación documental de los términos del contrato a que se refiere el artículo anterior, la acción de resolución no caducará hasta transcurridos tres meses computados en la forma establecida en el apartado anterior.

7. Ejercitado el derecho de resolución el predisponente estará obligado a devolver las cantidades recibidas sin retención alguna inmediatamente y nunca después de treinta días.

8. Queda excluido el derecho de resolución en aquellos casos en que por la naturaleza del contenido de las prestaciones sea imposible llevarlo a cabo, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios sufridos.

Finalmente la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista regula en su Titulo III, Capitulo II las ventas a distancia.  Teniendo en cuenta que las ventas a distancia son “las celebradas sin presencia física simultanea del comprador y el vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor”, su régimen jurídico es aplicable a la contratación electrónica, con las salvedades que si la contratación se lleva a cabo por medios electrónicos, se aplicará preferentemente la normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (prevalencia de la LSSICE en caso de conflicto normativo) y que la prestación de servicios de la sociedad de la información está exenta de comunicación en el plazo de tres meses desde el inicio de su actividad al Registro de ventas a distancia, según lo regulado en el RD 225/2006 por el que se regulan determinados aspectos de las ventas a distancia y la inscripción en el registro de empresas a distancia.

Pasamos a continuación a resaltar algunos aspectos regulados en este tipo de ventas, con la advertencia que complementan lo dispuesto en la LSSICE y nunca pueden llegar a sustituir su regulación en caso de contradicción entre las dos normas cuando estemos hablando de una contratación electrónica realizada por un prestador de servicios de la sociedad de la información.

Información previa

1. Antes de iniciar el procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el vendedor deberá suministrar al consumidor, de forma veraz, eficaz y suficiente, la siguiente información:

  1. La identidad del vendedor y su dirección.
  2. Las características esenciales del producto.
  3. El precio, incluidos todos los impuestos.
  4. Los gastos de entrega y transporte, en su caso.
  5. La forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución.
  6. La existencia de un derecho de desistimiento o resolución, o su ausencia en los contratos a que se refiere el artículo 45.
  7. El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica.
  8. El plazo de validez de la oferta y del precio.
  9. La duración mínima del contrato, si procede, cuando se trate de contratos de suministro de productos destinados a su ejecución permanente o repetida.
  10. Las circunstancias y condiciones en que el vendedor podría suministrar un producto de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor, cuando se quiera prever esta posibilidad.
  11. En su caso, indicación de si el vendedor dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos.

2. La información contenida en el apartado anterior, cuya finalidad comercial debe ser indudable, deberá facilitarse al comprador de modo claro, comprensible e inequívoco, mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado, y deberá respetar, en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de quienes sean incapaces de contratar.

Necesidad de consentimiento expreso

1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá considerarse como aceptación de ésta.

Prohibición de envíos no solicitados

Queda prohibido enviar al consumidor artículos o mercancías no pedidos por él al comerciante cuando dichos suministros incluyan una petición de pago. En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello suponga, el receptor de tales artículos no estará obligado a su devolución, ni podrá reclamársele el precio.

En caso de que decida devolverlo no deberá indemnizar por los daños o deméritos sufridos por el producto.

No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero cuando quede claramente de manifiesto al receptor que el envío no solicitado se debía a un error, correspondiendo al vendedor la carga de la prueba. El receptor tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos y por los daños y perjuicios que se le hubieran causado.

Ejecución y pago

1. Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el vendedor deberá ejecutar el pedido a más tardar en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en que el comprador le haya comunicado su pedido.

2. En caso de no ejecución del contrato por parte del vendedor por no encontrarse disponible el bien objeto del pedido, el comprador deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en un plazo de treinta días como máximo, las sumas que haya abonado. En el supuesto de que el vendedor no realice este abono en el plazo señalado, el comprador podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad.

3. De no hallarse disponible el bien objeto del pedido, cuando el consumidor hubiera sido informado expresamente de tal posibilidad, el vendedor podrá suministrar sin aumento de precio un producto de características similares que tenga la misma o superior calidad. En este caso, el comprador podrá ejercer sus derechos de desistimiento y resolución en los mismos términos que si se tratara del bien inicialmente requerido.

Derecho de desistimiento

1. El comprador dispondrá de un plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin indicación de los motivos. Será la ley del lugar donde se ha entregado el bien la que determine qué días han de tenerse por hábiles.

2. El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho.

3. El derecho de desistimiento no puede implicar la imposición de penalidad alguna, si bien podrá exigirse al comprador que se haga cargo del coste directo de devolución del producto al vendedor.

No obstante lo anterior, en los supuestos en que el vendedor pueda suministrar un producto de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor, los costes directos de devolución, si se ejerce el derecho de desistimiento, serán por cuenta del vendedor que habrá debido informar de ello al consumidor.

Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.

4. A efectos del ejercicio del derecho de desistimiento, el plazo se calculará a partir del día de recepción del bien, siempre que se haya cumplido el deber de información que impone el artículo 47.

5. En el caso de que el vendedor no haya cumplido con tal deber de información, el comprador podrá resolver el contrato en el plazo de tres meses a contar desde aquel en que se entregó el bien. Si la información a que se refiere el artículo 47 se facilita durante el citado plazo de tres meses, el período de siete días hábiles para el desistimiento empezará a correr desde ese momento. Cuando el comprador ejerza su derecho a resolver el contrato por incumplimiento del deber de información que incumbe al vendedor, no podrá éste exigir que aquel se haga cargo de los gastos de devolución del producto.

6. Cuando el comprador haya ejercido el derecho de desistimiento o el de resolución conforme a lo establecido en el presente artículo, el vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el comprador sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de treinta días desde el desistimiento o la resolución. Corresponde al vendedor la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo. Transcurrido el mismo sin que el comprador haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad.

7. En caso de que el precio haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido al comprador por parte del vendedor o por parte de un tercero previo acuerdo de éste con el vendedor, el ejercicio del derecho de desistimiento o de resolución contemplados en este artículo implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna para el comprador.

8. El transcurso del plazo del derecho de desistimiento sin ejecutarlo no será obstáculo para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del contrato cuando procedan conforme a derecho.

Excepciones al derecho de desistimiento

Salvo pacto en contrario, lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los siguientes contratos:

  1. Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el vendedor no pueda controlar.
  2. Contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.
  3. Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente.
  4. Contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.

Pago mediante tarjeta

1. Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del titular se efectuarán a la mayor brevedad.

2. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el titular de la tarjeta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de haberse ejercido el derecho de desistimiento o de resolución reconocido en el artículo 44 y, por tanto, hubiese exigido indebidamente la anulación del correspondiente cargo, aquel quedará obligado frente al vendedor al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha anulación.

Información

1. Además de la información señalada en el artículo 40, el consumidor deberá haber recibido, a la ejecución del contrato, las siguientes informaciones y documentos:

  1. Información escrita sobre las condiciones y modalidades de ejercicio de los derechos de desistimiento y resolución, así como un documento de desistimiento o revocación, identificado claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.
  2. La dirección del establecimiento del vendedor donde el comprador pueda presentar sus reclamaciones.
  3. Información relativa a los servicios postventa y a las garantías comerciales existentes.
  4. En caso de celebración de un contrato de duración indeterminada o de duración superior a un año, las condiciones de rescisión del contrato.

2. La información a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en cualquier otro soporte duradero adecuado a la técnica de comunicación empleada y en la lengua utilizada en la propuesta de contratación.

Publicado por el autor en TodoNoticiasLOPD el 14 de mayo de 2012.

Regulación del Comercio Electrónico en Iberoamérica y España

e-commerce

Por Marta Sánchez Valdeón

Sobre la protección de datos en el comercio electrónico y con el fin de que se regularice en los países donde no exista una ley para su normalización, concluyó  este viernes en Santo domingo, (República Dominicana) el “III Foro Internacional de Protección al Consumidor”.

Los países participantes apoyaron la inclusión del tema de comercio electrónico y  servicios financieros, Educación al consumidor,  y protección de datos  proponiendo que  serán  revisión y discutido en la próxima reunión.

Las Directivas del Parlamento Europeo que han servido de base para la redacción de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico en España, son:

  • Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.
  • Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).
  • Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
  • Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

Nuestra Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSI), asegura la validez y eficacia de los contratos que se celebren por vía electrónica, aunque no consten en soporte papel. Se equipara la forma electrónica a la forma escrita y se refuerza la eficacia de los documentos electrónicos como prueba ante los Tribunales,  resultando también éstos admisibles en juicio como prueba documental.

Pueden celebrarse por vía electrónica todo tipo de contratos, salvo los relativos al Derecho de familia y sucesiones, por ejemplo adopciones, matrimonio o testamento. Si los contratos deben ir seguidos del cumplimiento de ciertos requisitos formales, como su elevación a escritura pública o su inscripción en algún Registro, dichos requisitos seguirán siendo exigibles para que el contrato sea plenamente válido o eficaz.

Igualmente prevé que las Administraciones Públicas deberán fomentar la elaboración y aplicación de códigos de conducta e impulsar la participación en los mismos de todas las asociaciones y organizaciones interesadas.

Asimismo, establece que los códigos de conducta serán accesibles por vía telemática, debiendo informar los prestadores de servicios a los usuarios sobre los códigos a que se han adherido y la forma de consultarlos electrónicamente. La adhesión a un Código de conducta es voluntaria.

En este sentido, nuestra Ley potencia especialmente los instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos por medios electrónicos, para que éstos puedan solucionarse de manera sencilla, cómoda y económica para las partes.

Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Los procedimientos existentes para la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en relación con los servicios de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico son los siguientes:

Procedimientos de resolución judicial de conflictos

Los usuarios tienen a su disposición todo el repertorio de acciones civiles y penales para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por vía electrónica, la reparación debida por la producción de daños y perjuicios o que se restaure la legalidad ante la comisión de un hecho delictivo perpetrado con la ayuda de medios electrónicos.

La LSSI añade a éstas una nueva acción, la acción de cesación, dirigida a obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a la Ley que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios o a prohibir su reiteración futura.

Esta acción podrá ser ejercida por las personas, asociaciones o grupos de consumidores y usuarios perjudicados, así como por el Ministerio Fiscal, el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con competencias en materia de defensa de los consumidores. Se reconoce igualmente capacidad a las entidades legitimadas en otros Estados miembros de la Unión Europea para ejercitar esta acción si la conducta lesiva tiene su origen en la actividad de un prestador de servicios español.

El procedimiento de tramitación de esta acción se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos

Hay muchos tipos de procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, desde los más simples, como la institución de un “defensor del cliente” o de un servicio de reclamaciones en la propia empresa, hasta los órganos creados por la propia industria para controlar el cumplimiento de normas deontológicas que se hayan comprometido a cumplir (normalmente incluidas en Códigos de conducta).

Por lo que respecta a los sistemas de arbitraje, además de poder acudir al arbitraje convencional, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, existe el Arbitraje de Consumo, regulado por el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, dictado en desarrollo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que resuelve con carácter vinculante conflictos entre empresas y consumidores, siempre que ambas partes se sometan voluntariamente al mismo. El sistema arbitral de consumo tiene la ventaja de que los conflictos se resuelven con rapidez (en menos de cuatro meses desde que son designados los árbitros) y de forma gratuita para las partes (salvo si las partes solicitan la práctica de determinadas pruebas).

El sistema arbitral de consumo español está integrado dentro de una red europea de órganos de resolución extrajudicial de conflictos con consumidores, que ha sido concebida para proporcionar un mecanismo rápido, cómodo y económico de resolución de disputas en las relaciones comerciales transfronterizas que se concierten por medios electrónicos.

Durante el foro los participantes se dividieron en dos secciones para abordar  temas de  protección al consumidor y defensa de la competencia, la protección de los datos en el comercio electrónico, los programas educativos dirigidos a proveedores, la cooperación inter-agencia en asuntos de servicios turísticos y la  propuesta sobre comercio electrónico y servicios financieros.

Participaron trece antiguos jefes de agencias de protección al consumidor y defensa de la competencia latinoamericanos que sirven de guía estratégica para las actividades del programa y de la UNCTAD , y del Instituto de Protección al Consumidor.

Fuente de la imagen: BITS en imagen.