Panamá Papers y la privacidad de los corruptos

Por Sebastián A. Gamen

Las sociedades off shore están hechas para delinquir dice Ricardo Nissen, abogado y ex titular de la Inspección General de Justicia. Si se quiere algo más suave, podemos decir que las sociedades offshore sirven para planificar tributariamente un negocio, es decir, eludir al fisco de algún país.

Caliente, por no decir en llamas, está la mayor filtración de documentos privados. Si, aún mayor que Wikileaks que divulgó 1,7GB. Panamá Papers filtró 2.600 GB, equivalentes a once millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, estudio jurídico que se dedica a crear sociedades en Panamá. Según sus dichos crearon 250.000 sociedades desde su fundación.

El escándalo salpica a 12 presidentes, incluyendo a sus familiares. Entre otros, se encuentran involucrados el expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exlíder de Libia Muamar Gadafi y el actual presidente de Siria, Bashar al Assad.

Todavía no se pudo determinar quién y cómo filtró los documentos confidenciales.

Hace 2 años Panamá se incorporó al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Este tratado internacional elaborado por el Consejo Europeo busca combatir los delitos informáticos y en internet, armonizando las leyes nacionales, mejorando las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional.

Justamente, el primer título de ese Convenio protege la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos penalizando el acceso deliberado e ilegítimo.

Hace pocos días vivíamos la pelea entre Apple y el FBI, para que se abriera el acceso a los datos encriptados de un celular. Apple argumentaba que acceder a la orden sería una violación injustificada de los derechos de Apple y de la privacidad de sus clientes. Por el lado del FBI decían que los derechos que Apple protegía cedían paso a un interés público imperativo como la prevención o detección de la delincuencia.

Ahora nos encontramos frente a una situación similar. Alguien violó la privacidad de los clientes de Mossack Fonseca, pero ¿acaso no sirvió para descubrir posibles delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y los que pudieren aparecer? ¿Debe primar el interés público?

Quién violó la seguridad de Mossack Fonseca y los periodistas que luego divulgaron los documentos gozan del derecho a la privacidad y a la confidencialidad de sus asuntos legales. Ese derecho corresponde a “todas” las personas.

Sin dudas, la transparencia y la rendición de cuentas son buenas para la sociedad. Pero también lo son el derecho a la privacidad y a obtener asesoramiento jurídico confidencial.