Siempre me ha gustado investigar y defender en sentido social de la vida. Tal vez…esto se lo debo a mi mamá, Estela Gulizzi, psicóloga, amplia defensora de la humanística , en su juventud.
Ella me enseñó, además de mi papá Hector Cabrera ( debe ser por el origen griego paterno), abogado, el amor por el conocimiento y los Derechos Humanos . El valioso significado de la Libertad, de la Justicia; del respeto de los Derechos de los sectores menos favorecidos y del desarrollo sustentable. Y sobre todo, el sentido del “Bien común”: cooperar entre todos ,para lograr con un granito de arena, una sociedad más positiva para todos , donde los habitantes de este planeta puedan ser más felices ( algún iluminado, con todo respeto, me discutirá el concepto de “Felicidad”, pero no tengo la sabiduría suficiente para responder, y no es mi intención filosofar sobre ello ahora).
Así como en el cuerpo humano, la interrelación de todos los órganos es fundamental para el funcionamiento del mismo; para que una persona se desarrolle y tenga una conducta adecuada en la sociedad, es importante el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social (el medio). Por ello, la homeostasis es necesaria que todo sistema se integre correctamente, de una manera eficiente y eficaz.
Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia en las ideas políticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doctrina planteada por Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre diversos temas en materia política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes.
Su obra “El contrato social“ constituye una lectura muy consultada, estudiada e interpretada en la reflexión sobre diversos temas, como los fundamentos de la sociedad; la legitimidad de las decisiones; la voluntad general; la soberanía, entre otros. Sin embargo, muchas veces esa lectura es realizada de forma aislada del resto de sus obras, circunstancia que ciertamente impide una comprensión más amplia de las ideas políticas vertidas en el contrato.
Obras como el “Discurso sobre las ciencias y las artes”; el “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres“; el “Emilio o de la educación”; las “Consideraciones sobre el gobierno de Polonia”; el “Proyecto de constitución para Córcega” o los “Fragmentos políticos”, a pesar de tener un contenido esencial para entender su propuesta política son desplazadas en ese estudio. Sobre todo, una obra poco conocida pero de especial importancia para comprender la complejidad del contrato la encontramos en la primer versión del contrato social también conocida como “Manuscrito de Ginebra“.
Este manuscrito no es una obra publicada, constituye el borrador de lo que será la versión final del contrato social. En diversos pasajes de obras y cartas se revela la existencia de este borrador, especialmente en las “Las confesiones”, en donde Rousseau describe cómo la falta de tiempo le obligo a renunciar a un proyecto más amplio sobre política. Su justificación fue que estos temas necesitan mucha reflexión, espacio y tranquilidad, circunstancias con las que no contaba.
Asimismo, consideraba que las ideas expuestas ahí eran muy atrevidas para el tiempo y el país en que vivía, además de encontrar indicios de los problemas que vendrían a partir de la sorpresa que causó el borrador a sus amigos. Incluso, consciente de los ataques que realiza al iusnaturalismo, no quiso comunicar el contenido.
Por estas razones Rousseau recortó diversas partes del manuscrito para no ser publicadas en la versión final del contrato, incluso puede notarse la supresión de un capitulo completo. Los fragmentos recortados se refieren a la interpretación del contrato social, las ideas sobre el estado de naturaleza y la naturaleza del hombre.
El manuscrito, publicado en revistas filosóficas de otros países, puede encontrarse en la web. Resulta interesante acercarse a esa lectura porque sirve para complementar ideas que parecen vagas en el contrato.[1]
La Comisión Mundial sobre Gobernanza de Internet (GCIG; por sus siglas en inglés) fue establecida en enero de 2014 para articular y promover una visión estratégica para el futuro de la gobernanza de Internet.
En recientes reuniones, la Comisión discutió sobre la potencial y perjudicial erosión de la
confianza en Internet en la ausencia de un amplio acuerdo social sobre las normas de seguridad y privacidad digital. La Comisión considera que, para que Internet siga siendo un motor global de progreso social y económico que refleje la diversidad cultural del mundo, debe restablecerse la confianza en Internet. Internet debe ser abierta y estar libremente disponible para todos en un entorno de seguridad. Así, la Comisión plantea la necesidad de que todos los Stakeholders deben colaborar y trabajar conjuntamente para adoptar normas de comportamiento responsable en Internet. Con motivo de la Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio en La Haya, en abril del 2015, la Comisión llama a la comunidad global a construir un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus representantes electos,
el poder judicial, las agencias para el cumplimiento de la ley y de inteligencia, las empresas, la sociedad civil y la comunidad técnica de Internet con el objetivo de restaurar la confianza y mejorar la confiabilidad en Internet.[2]
En este momento es primordial que los gobiernos, en colaboración con todos los demás Stakeholders, adopten medidas para generar la confianza básica en que se respetará el derecho a la privacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esencial asegurar la primacía de la Ley . Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se refuerzan mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la mala utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de la extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los datos privados.
El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso compartido de todos los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, para tomar medidas concretas en sus propias jurisdicciones con miras a generar confianza y confiabilidad en Internet. El compromiso con el concepto de seguridad colaborativa y con la privacidad debe reemplazar las prolongadas y sobrepolitizadas negociaciones y conferencias.
Los siguientes son los principios esenciales que la Comisión promueve para la elaboración del nuevo pacto social:[3]
- Los Derechos Humanos fundamentales, que incluyen la protección de la privacidad y de los datos personales, deben estar protegidos en línea. Las amenazas a estos derechos deben ser atendidas por los gobiernos y otros Stakeholders actuando dentro de su propia jurisdicción y en cooperación.
- La interceptación de las comunicaciones, la recopilación, el análisis y el uso de datos en Internet por parte de agencias para el cumplimiento de la Ley y de inteligencia debe hacerse con propósitos pública y previamente especificados, autorizados por la ley (incluida la Ley Internacional de Derechos Humanos) y en consonancia con los principios de necesidad y de
proporcionalidad. Propósitos como obtención de ventaja política o ejercicio de represión no son legítimos.
- En especial, las leyes deben ser públicamente accesibles, claras, precisas, comprensivas y no discriminatorias, generadas abiertamente y transparentes para las personas y las empresas. Mecanismos sólidos e independientes deben existir con el fin de que se garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos. Los abusos deberían ser susceptibles de una reparación apropiada, con acceso a un mecanismo efectivo para remediar el daño causado a las personas cuyo derecho a la privacidad haya sido violado por alguna actuación de vigilancia ilegal o arbitraria.
- Las empresas u otras organizaciones que transmiten y almacenan datos usando Internet deben asumir una mayor responsabilidad para proteger dichos datos de intrusiones ilegales, de daños o de su destrucción. Los usuarios de los servicios pagados o de los llamados «servicios gratuitos» ofrecidos en Internet deben conocer y tener alguna alternativa de elección sobre todos los usos comerciales para los cuales se pudieran explotar sus datos, sin ser excluidos por ello del uso de software o de los servicios habituales que les permitan participar activamente en la sociedad de la información. Este tipo de empresas también deben demostrar capacidad de rendición de cuentas y proporcionar reparaciones en el caso de una falla de seguridad.
- Es necesario revertir el proceso de pérdida de confianza en Internet producto de la operación de un mercado no transparente que recopila, centraliza, integra y analiza enormes cantidades de información privada de personas y empresas — una especie de vigilancia privada en el servicio de “big data”, que por lo general opera bajo el pretexto de ofrecer un servicio gratuito.
- En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las comunicaciones deben ser consideradas inherentemente como privadas entre las partes involucradas independientemente de la tecnología de comunicación que utilicen. El rol del gobierno debe ser el de fortalecer la tecnología de la cual depende Internet y su uso, no el de debilitarla.
- Los gobiernos no deben crear ni requerir a terceros que establezcan “puertas traseras” para acceder a datos que debilitarían la seguridad de Internet. Se deben alentar y realizar esfuerzos para que la comunidad técnica de Internet incorpore soluciones que mejoren la privacidad bajo los estándares y protocolos de Internet, incluyendo el cifrado end-to-end de datos en tránsito y en reposo.
- Los gobiernos, trabajando en colaboración con los técnicos, las empresas y la sociedad civil, deben ayudar a educar al público con respecto a las buenas prácticas de seguridad informática. También deben colaborar para mejorar la capacitación y el desarrollo de taskforces de software a nivel mundial para incentivar la creación de redes más estables y seguras en todo el mundo.
- La naturaleza transfronteriza de muchas formas de intrusión informática restringe la capacidad del estado agredido de interceptar, investigar y enjuiciar a las personas u organizaciones responsables de esa intrusión. Los estados deberían coordinar sus respuestas y ayudarse mutuamente con el fin de reducir las amenazas, limitar los daños e impedir futuros ataques.Esta declaración ofrece la visión de la Comisión de los temas en cuestión y describe detalladamente los elementos esenciales para lograr un pacto social para la seguridad y la privacidad digital.
El pacto social para una sociedad digital requerirá un nivel muy elevado de acuerdo entre gobiernos,corporaciones privadas, personas y la comunidad técnica. Los gobiernos pueden proveer liderazgo, sin embargo ellos solos no pueden definir el contenido del pacto social. Para lograr un acuerdo y aceptación amplia de todos los Stakeholders se necesitará la participación de todos los actores del ecosistema de Internet. En principio parece poco probable que un pacto social de estas características pueda ser de naturaleza universal, adecuado a las distintas realidades económicas o culturales, y ello no debería ser la meta inmediata a la que abocarnos. Internet es utilizada y valorada en todas las culturas y todas las fronteras. A veces, los cambios importantes de actitud suceden más rápidamente y de una manera más flexible de lo que podría ser posible a través de los tratados negociados o los instrumentos jurídicos internacionales. Con el tiempo, los enfoques nacionales pueden obtener reconocimiento como buenas prácticas internacionales y eventualmente adquirir el estado de derecho internacional consuetudinario. Pero eso está todavía a algunos años de distancia y la velocidad del cambio tecnológico necesita flexibilidad y soluciones innovadoras. El área de inteligencia asociada a la seguridad nacional es especialmente difícil de regular ya que hay pocas leyes internacionales que la rigen, pero ni siquiera ese dominio, en gran parte secreto, debería estar libre de consideraciones éticas y legales.
El pacto social contribuirá a generar un nuevo tipo de “seguridad y privacidad colaborativa.” El término resalta una verdad fundamental de Internet: cada parte del ecosistema digital afecta a las otras. Por ende, el nuevo pacto social no puede tratar de encontrar el equilibrio entre los derechos humanos y la privacidad y los intereses del estado o los derechos comerciales. Se trata de asegurar que exista un marco dentro del cual cada Stakeholder tenga la responsabilidad de actuar no sólo por su propio interés, sino también en el interés del ecosistema de Internet como un todo. Por definición, el proceso debería generar resultados tipo ganar-ganar en lugar de generar ganadores y perdedores. La seguridad efectiva, los modelos de negocios exitosos y los derechos humanos se refuerzan mutuamente en el largo plazo. Todos los actores deben reconocer y ejercer su cuota de responsabilidad en la seguridad y privacidad en Internet en colaboración con todos los demás, o nadie tendrá éxito.[5]
Al final, a todos los actores les interesa que Internet siga siendo confiable como un recurso global común: abierto, asequible, sin restricciones y disponible para todos como un medio seguro para generar más innovación. El gobierno, las empresas y la sociedad civil deben trabajar juntos hacia ese objetivo.[6]
El nuevo pacto social para la Sociedad Digital, implica el modelo de colaboración entre los diversos sectores del esquema de Gobernanza de Internet ( Empresa, Estado, Sector Académico, Técnico, Sociedad Civil); fortaleciendo los lazos de Cooperación Internacional, y confianza entre los Estados Miembro de la Comunidad Global. En esta época, donde tantas amenazas endógenas y exógenas, ponen en riesgo muchos proyectos, pactos y hasta factores como la credibilidad, seguridad y estabilidad del esquema donde se desarrolla Internet, habría más que nunca que poner énfasis en los principios que nos llevan a creer y a promover los Derechos Humanos, concebidos en el seno de Naciones Unidas y otros organismos Internacionales ( como fue la etapa Pos Segunda Guerra Mundial), y defendiendo más que nunca los Estados democráticos, que garantizan nuestros Derechos y Libertades.
El Terrorismo, sobre todo el ciberterrorismo, no reconoce fronteras, es difícil su encuadramiento, ya que no respeta reglas como en cualquier declaración de Guerra; es imprevisible, mucho más intensificado y su objetivo es cambiar el orden mundial hacia una nueva manera de vivir ( según sus creencias).
No me voy a detener en este tema. Lo único que quería rescatar, es que no se puede perder la confianza ni la fé en la evolución del esquema de Internet; creo que el respeto de los Derechos, Garantías y Deberes, deben defenderse de igual manera en línea como en la Vida no Virtual, ya que todos los habitantes de este planeta estamos inmersos en este fenómeno tecnológico, y lo que mejor se puede hacer, es avanzar hacia un futuro más estable, confiable, solidario y más ameno no solo para nosotros, sino para los futuros habitantes de este planeta. No tengo hijos, pero si los tuviera, me gustaría que gocen de las mismas libertades que yo disfruté, o más aún, que crezcan en un mundo sin tantos prejuicios, donde se desarrolle el verdadero concepto de libertad, respeto y tolerancia.
[1] Grado Cero Prensa; un espacio para la difusión de las Ciencias Sociales y la Filosofía. “El manuscrito de Ginebra de Jean- Jacques Rousseau”. 15 de mayo de 2015. Sitio Web: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/05/15/el-manuscrito-de-ginebra-de-jean-jeacques-rousseau/
Fecha de consulta del sitio: 15/5/2015.
[2] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web:: http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[3] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web:: http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[5] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web:: http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[6] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web:: http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
