Colombia invitada a adherirse a la Convención sobre Delitos Cibernéticos

ciberseguridad_budapest

Por Alexander Díaz García

Hace eco en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Colombia, la publicación del pasado viernes 20 de septiembre, en donde se nos invita a adherirnos, a la Convención sobre el Delito Cibernético, por parte del Consejo de Europa, ya Argentina[1] se adhirió y México está en puertas para hacerlo.

La internacionalización o globalización y el desarrollo de nuevos medios económicos han hecho posible la aparición, ejecución y masificación de las TIC. Coetáneamente este avance tecnológico ha abierto la brecha para la creación de nuevas conductas delictuales que tienen por medio o finalidad los sistemas informáticos y/o las redes electrónicas. Las características de estos nuevos delitos obligan a un tratamiento colectivo y acorde con la realidad de la vulneración, sin olvidar su problemática como son los elementos transnacionales, ello invita a una cooperación internacional para la aplicación de medidas globales, para alcanzar su freno, la cooperación internacional deberá ponerse de acuerdo a través de convenios, con requisitos mínimos cualitativos. El Convenio de Budapest se presenta como una solución internacional existente para atacar los delitos informáticos y/o electrónicos; recordemos que no todos los delitos informáticos se consuman a través de medios electrónicos, ni todas las conductas penales que se realizan a través de medios electrónicos, son delitos informáticos. A pesar de sus deficiencias, se convierte en una adecuada herramienta para la armonización legislativa internacional y su lucha contra el ciberdelito.

Para una mejor ilustración, transcribimos la nota publicada por el Ministerio:

“Como resultado de las gestiones del Gobierno Nacional, encaminados a contar con instrumentos jurídicos y de cooperación internacional para enfrentar de forma efectiva el Delito Cibernético, Colombia logró la invitación del Consejo de Europa para adherir a la denominada Convención de Budapest.

Este Convenio es el único marco global existente para aplicar una política penal común con el objetivo de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, mediante la adopción de legislación adecuada y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

La invitación a Colombia se produjo como resultado de un largo proceso interno que inició en el año 2011, con la promulgación del Documento CONPES 3701[2] sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa, el cual requirió que  el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionara  la posibilidad de adherir a los principales instrumentos internacionales para la prevención y lucha contra el Delito Cibernético. Para cumplir con ese cometido, la Canciller María Ángela Holguín hizo una solicitud formal al Consejo de Europa para que Colombia fuera invitada a hacer parte de la Convención de Budapest.

El pasado 11 de septiembre, como resultado del análisis de la normatividad de Colombia en materia de delito cibernético, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa dio su aprobación para invitar a Colombia a adherir a la Convención sobre Delito Cibernético, abriendo también la puerta a ser parte de su Protocolo adicional relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. A partir de tal decisión,  Colombia tiene un máximo de cinco (5) años para adherir al Instrumento internacional.

Sólo cuatro países No Miembros del Consejo de Europa son parte del Convenio de Budapest: Estados Unidos, Canadá, Japón y República Dominicana”.

Sobre la propuesta que hace el Consejo de Europa[3], de invitarnos a la adhesión al Convenio de Budapest, en donde se gestó la norma marco de los delitos informáticos en el mundo, he de hacer algunas precisiones como autor de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia, tema que me llena las horas diarias de mi vida concentrándome en la investigación y estudio, en los últimos veinte años. El convenio lo firmaron los países miembros de la Unión Europea de entonces, se firmó el 23 de Noviembre de 2001 y aún, ocho años después no habíamos aún legislado sobre delitos informáticos, incluso tuvimos resistencia en su trámite legislativo. Y ya llevamos cuatro años, tomando la fecha de promulgación de nuestra Ley, sin haber estudiado la viabilidad o no de adherencia a dicho acuerdo de ciberdelincuencia.

Recuerdo cuando el Senador Parmenio Cuéllar (este Senador registró ponencia negativa para enterrar el proyecto, sino es por la Comisión de Conciliación, aún se estaríamos pensando en su necesidad) y el Representante Navas Talero (Mi Maestro), me decían en el Congreso, cuando estábamos en el trámite legislativo de la Ley de Delitos Informáticos : “Alexander para qué quiere cambiar el Código, si los artículos existentes son suficientes y no necesitamos reforma alguna”, se me quiso ridiculizar al decirme que: “usted quiere casuisticar las conductas penales, tendremos que tipificar también a aquellos que rompan vidrios con piedras, para que también sean penalizados” La historia me dio la razón, que sí necesitábamos la Ley para ponernos a tono con el mundo y sus necesidades legales.

No podemos olvidar, la adhesión no podrá ser a ojos cerrados, sin un estudio detallado o concienzudo, porque tenemos que discutir cuales serían las condiciones dicho convenio y qué se nos podría exigir, como otorgar concesiones o perder derechos sin ninguna contraprestación, como ha ocurrido con los TLC[4] firmados y que ha generado inconformidad con el sector afectado; al estar derechos fundamentales de los Colombianos en juego, como podría ser y en forma especial el manejo de su información y los datos, que puedan estar almacenados en ficheros sin ningún control del titular y su acceso o transferencia sometidos al capricho de autoridad extranjera ora locales, sin el control constitucional del Sistema Judicial Colombiano, motivará que su discusión sea obligatoria y generosamente amplia y, por ende, por todas las fuerzas vivas del territorio.

Una vez revisada la propuesta completa de la adhesión, las consecuencias favorables y no favorables para los países que se adhieren, así como las implicaciones que ello tendría en la vida jurídica colombiana, será el momento de analizar con más detalle las implicaciones y la adhesión de Colombia a la misma.


[1] Información encontrada, en visita que se realizó a la web.

[2] Lo pueden descargar visitando la página web del Ministerio.

[4] Acrónimo de Tratado de Libre Comercio.