Bases de Datos: Un problema en Ecuador

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Por Carlos Vera Quintana

A diario encontramos que en cualquier Institución Pública nos piden, incluso por Reglamento o norma relacionada, “original y copia de la cédula de identidad”, “original y copia de la papeleta de votación”, “certificado de no adeudar a la Institución”, “certificado de estar al día en el IESS”, “certificado bancario (para certificar que tiene cuenta corriente)”, etc.

No importa cuantas veces, ni que días antes por un mismo trámite hayamos presentado estos infaltables requisitos en la misma institución. Si vuelve a la ventanilla le volverán a pedir “original y copia”.

Si va a matricular un carro, aun cuando sea sin cambiar ningún dato como nombres del propietario, etc., pero Ud no es el titular de la matrícula, le pedirán “poder del propietario, autorizando a realizar la gestión” y cosas similares.

Si va a una notaría, tiene para la mayoría de gestiones, que solicitar a un “profesional del derecho” que suscriba la petición que el notario ha de certificar o registrar.

Si quiere pagar el agua o la luz por Internet, no es raro que el mensaje que salga sea: “horario no autorizado para realizar la transacción. Intente en otro momento”.

Si le van a pagar o a acreditar dineros por un contrato en cualquier institución pública, apréstese a presentar la consabida “certificación bancaria”. No importa cuantos pagos ya le hayan hecho en la misma Institución, a su mismo nombre y en la misma cuenta.

Pese a la supuesta solemnidad de estos requisitos, es usual que el funcionario de ventanilla, lleno de solicitudes que atender, ni siquiera mire con detenimiento la copia presentada o los documentos originales. Simplemente se limite a grapar la copia en el mejor caso al trámite o, lo más usual, a almacenarla junto a otras que tendrán igual destino: El tacho de basura.

Para empeorar la situación, la copia tiene que ser “a color” con un costo entre 25 y 80 centavos o más, depende del pato y del sitio.

Si quiere renovar su licencia de conducir, prepárese a una interminable fila en el banco y luego a una interminable fila en la ANT, para hacerlo.

Y todo esto tiene un origen común: Bases de Datos no estandarizadas ni interconectadas.

En la época actual no tener interconectadas las bases de datos para verificar si una persona votó, sin necesidad de verificarlo manualmente, sino en forma automatizada por el sistema y transparente para el usuario y el funcionario, y en cuestion de milisegundos, es inconcebible, por decir lo menos.

Aun cuando existen grandes avances en la Administración Pública, en la mayoría de sus sistemas hace falta aplicar de modo real el e-gob, que significa integración. No existe e-gob institucional o departamental. Existe e-gob nacional, estatal, integral.

A los problemas de contaminación, ineficiencia, altos costos, desperdicio de recursos, pérdida de tiempo y consecuencias posteriores de sincronizar datos que crecen a velocidad alarmante, se suma la corrupción, que hace uso de lo enmarañado del sistema de gobierno, del control documental manual y parcial, y de las verificaciones manuales discrecionales, para incubarse. Donde quiera que exista una traba cuya solución dependa del funcionario a cargo (ver o no ver una cédula, obviar una cola, etc) hay una opción para coimar y para ser coimado.

Mientras el sistema exista pero la discrecionalidad en su aplicación persista, tendremos corrupción al por menor que luego, simplemente, genera en los ciudadanos, una actitud de contemplación cuando ocurren los casos de corrupción al por mayor.

Existen soluciones simples en la tecnología para empezar a mejorar la calidad de los servicios públicos y la respuesta de los ciudadanos a la autoridad y a las normas. Por ejemplo, ejercer la autoridad para, sin dilaciones, forzar a un cambio en la administración pública que implemente el e-gob, gobierno electrónico real, en Ecuador. Aplicar la tecnología a medias, en parte de los procesos o en tareas de no impacto al ciudadano, no es lo correcto.

El gobierno electrónico implica en esta etapa esencialmente:

  • Uniformidad y estandarización de trámites
  • Uniformidad de información pedida, formularios a llenar y reportes generados
  • Interconección
  • Conectividad

Y esto es posible pues hoy, como nunca antes se cuenta con gran cantidad de Infocentros instalados por el Gobierno Nacional a través del MINTEL, con trámites totalmente en línea en Aduanas, SRI o IESS, con sistemas de identificación seguros en el Registro Civil y Entidad Certificadora del Banco Central, con un Sistema de Datos públicos operando, con una inversión en tecnología de magnitud, con sistemas probados en el INCOP e ICO, con la enorme inversión del CNE en tecnología o con un sistema bancario totalmente integrado y con un sistema postal que funciona, entre muchos otros factores habilitadores.

Ya no se puede argumentar, como se hacía hace una década, desde que estamos proponiendo lo mismo, que hace falta conectividad o capacitación en los ciudadanos.

En un Estado con Gobierno Electrónico, debe ser posible, por ejemplo, ir a una notaría sólo con los datos esenciales para hacer un contrato. El formato de contratos, de escrituras, etc., debe ser estándar y estar en tiempo real conectado a las bases de datos cuya verificación se requiere, en línea, para comprobar si los comparecientes han votado, si no tienen deudas, etc. No se tiene que hacer un escrito con abogado para muchos trámites ya estandarizados en las cuales solamente se requiere llenar los datos. Estos datos llenados deben, en tiempo real igualmente, alimentar las bases de datos que permitan cruzar info para IESS, SRI, Municipios, etc. Generando un círculo contínuo de información y procesos sincronizados.

Unido a esto la responsabilidad del funcionario debe sustentarse e individualizarse. Es decir no debe existir la ineficiencia de X Institución, sino la responsabilidad, a ser reclamada, a un preciso funcionario por su acción u omisión que derive en perjuicio o sea negligente. Ahora hay la remuneración por eficiencia y en paralelo debe exigirse la responsabilidad por ineficiencia.

Quien ha estado en el sector público sabe lo tortuoso que es interactuar entre las mismas instituciones, pidiendo aprobaciones con oficios que vienen y van, cuando tenemos sistemas que deben automatizar con un debido workflow todo trámite interinstituciona.

Ahora el gran salto lo debe dar el Estado estandarizando, integrando e interconectando.

El Gobierno ha dado el mayor paso de la década en conectividad y capacitación. Los ciudadanos estamos preparados y familiarizados con la tecnología. Resta ejercer la autoridad para forzar la integración interinstitucional que es el talón de Aquiles de todo proceso de Gobierno Electrónico que quiera ser exitoso.

Artículo publicado por el autor el miércoles, 2 de enero de 2013, en su blog.