Por Daniel López Carballo
En un momento en que la reforma europea en materia de protección de datos y la elaboración del futuro Reglamento tratan sobre el recoconimiento de derechos de segunda generación en el ámbito de la privacidad y la protección a la intimidad de las personas, es importante mirar hacia otras legislaciones que, mediante la regulación constitucional del Habeas Data recogen desde hace años conceptos, hoy novedosos para nosotros en Europa como el derecho al olvido.
En ese sentido quisier poner como ejemplo la regulación ecuatoriana del procedimiento Habeas Data y su aplicación al derecho al olvido. La doctrina constitucional ecuatoriana entiende el derecho al olvido como el derecho inherente a la persona, que ha cometido una falta o infracción, cuya sanción recibió, que ya fue cumplida y prescritos los correspondientes antecedentes, a que toda referencia que conste en registros públicos acerca de la falta, de la sanción y del cumplimiento de la pena, sea borrada o anulada, sin que aparezca referencia alguna de la misma, debiendo constar la persona con un historial limpio, como que si nunca hubiera cometido falta alguna. En defintiva, el “derecho natural indispensable para que el peso de un pasado no destruya a un hombre, haciéndole perder el sentimiento de su libertad al impedirle rehacer su personalidad”.
Mediante el procedimiento del Habeas Data se establece la posibilidad de que se suprima o anule información de la persona, teniendo en cuenta de que en ciertos casos, tal información puede ser cierta, pero ya superada; tal como es el caso referenciado del cumplimiento de una sanción o pena. Ante tal situación, cuando la persona cumplió su falta y resarció el daño que cometió a la sociedad, el registro de aquella información pasada ya no procedería, y de mantenerse en los archivos respectivos, su conocimiento público ocasionaría discriminaciones de todo tipo, atentando contra uno de los fines consagrados en el derecho penal, en relación a la finalidad de la pena: la resocialización. Cabe recordar que la pena, en un sistema jurídico avanzado debe buscar la prevención de la autoría del delito, pero también la reeducación y resolialización de la persona, para una posterior reinsercción social con las garanatías suficientes de que no vuelva a delinquir y que puedar rehacer su vida en condiciones de normalidad..
